El déficit fiscal crónico con el que convive la economía local fue reduciendo los márgenes de maniobra para su administración. Las múltiples vías exploradas para financiar el desbalance de las cuentas públicas se fueron agotando y, con ellas, las oportunidades de encarrillar de forma suavizada un sendero fiscal que luzca sostenible y creíble en el tiempo.

En este marco, la nueva gestión resolvió realizar un fuerte ordenamiento de las cuentas públicas, alcanzando en los primeros siete meses del año un superávit fiscal no visto en más de una década. Con esto como telón de fondo, las autoridades contaron con un espacio mayor para lidiar con una deuda pública en pesos heredada que mostraba una dinámica explosiva. Así, Finanzas fue rotando de títulos indexados y de corto plazo hacia colocaciones de instrumentos capitalizables de renta fija, algo que no se evidenciaba desde el 2019, generando una curva de rendimientos de mayor duration y a tasa fija. No obstante, esta estrategia aún es dependiente de las restricciones cambiarias, las cuales acotan las opciones de inversión de los individuos y facilitan el rollover de la deuda pública en moneda nacional. A su vez, los vencimientos en moneda dura lucen desafiantes en el marco de reservas netas en terreno negativo y controles cambiarios que desalientan el ingreso de divisas. Justamente, salir del CEPO introduce un trade-off con la deuda en pesos: en un contexto de unificación cambiaria, el BCRA deberá deslizar una tasa de interés real positiva para evitar un potencial exceso de demanda en el MULC. Como contrapartida, el Tesoro cargará con exigencias mayores que deberá compensar mediante un superávit fiscal mayor y/o rollear los vencimientos con instrumentos que compensen la devaluación esperada.

Hacia adelante, el desafío será balancear los riesgos entre una deuda en dólares que requerirá de algún grado de flexibilización de los controles cambiarios y evitar sobresaltos en una deuda en pesos dependiente del CEPO. Para esto, no sólo será crucial sostener el superávit fiscal, sino que también deberá percibirse como sostenible en el tiempo con un historial de la economía local jugando en contra.

La costumbre del déficit fiscal y su financiamiento

El déficit fiscal crónico fue una característica típica de la economía argentina en las últimas décadas. El desbalance de las cuentas públicas, iniciado en el 2009, fue profundizándose hasta establecerse en un nivel cercano al 5% del PIB en el ultimo trienio.

Lo novedoso, más allá de su magnitud, se encuentra en observar cómo se fueron modificando las diferentes fuentes de financiamiento a través de las gestiones: 1) Cuando se cerró el mercado financiero internacional, se requirió a la asistencia directa del BCRA (en detrimento de su balance);       2) Cuando se retomó el acceso al crédito externo, se utilizó esa vía tanto para financiar el déficit como para sanear el balance del BCRA; y 3) Cuando el mercado externo volvió a cerrarse y los límites legales restringían la asistencia monetaria, se utilizó el mercado de deuda en pesos como principal mecanismo de financiamiento, donde el BCRA intervenía generando una especia de asistencia indirecta al tesoro.

Justamente, este último caso fue el de la gestión 2020-23, que tenía como desafío paralelo la renegociación de la deuda en moneda extranjera y la resolución del problema fiscal. Dejando atrás la acuciante necesidad de asistencia social en el contexto de la pandemia, en lo subsiguiente se gestó la renegociación de deuda con acreedores externos privados y el FMI, pero nuevamente la materia pendiente fue la principal: el déficit fiscal.

De empujar a saltar por arriba

Durante 2023, se agudizaron los desequilibrios macroeconómicos. Asociado a un déficit cercano al 5% del PIB, el escenario se componía de una inflación acelerando a una tasa no vista desde los 90’, una brecha cambiaria volátil y rozando los tres dígitos, y una grave sequía que deprimió el ingreso de divisas.

Producto de ello, la estrategia de Finanzas se concentró en la oferta de instrumentos indexados y de corto plazo para tornar atractivas las licitaciones, los cuales llegaron a representar el 80% de las colocaciones. De esta forma, la dinámica se volvió explosiva: el Tesoro se enfrentaba sucesivamente a umbrales de vencimientos que debía rollear de forma holgada para cubrir los mismos y las necesidades de financiamiento corrientes.

A su vez, el BCRA intervino para evitar rispideces en el programa financiero. En la búsqueda por aumentar el apetito de los inversores, la autoridad monetaria ofreció primero bids (precio asegurado de intervención en el mercado secundario) y luego puts (opción de venta a un precio preestablecido), al tiempo que intervino en el mercado secundario para sostener los precios de los bonos del Tesoro. Asimismo, con el objeto de evitar disrupciones nominales, buscó retirar el exceso de pesos de la economía mediante el aumento de los pasivos remunerados (leliq y pases).

En este marco, la herencia recibida por el nuevo gobierno requería de una administración cautelosa. De esta forma, en lo inmediato la estrategia consistió en: 1) Superávit fiscal sostenido como bandera política (no visto desde 2008); 2) Canje de la deuda pública indexada (alcanzaba los $35 bn) para estirar la duration de vencimientos en medio del salto devaluatorio y el ajuste de precios relativos.

Ahora bien, el foco estuvo principalmente en la desindexación y mayor duration de la deuda pública colocada. Con el objeto de traspasar los pasivos remunerados en los que incurrió el BCRA debido al déficit público (representando cerca del 9% del PIB en 2023) y limpiar la hoja de balance de la institución, el BCRA y el Tesoro avanzaron en tándem en la estrategia financiera.

En este marco, nacieron las LECAP: letras a tasa fija cuyos intereses se capitalizan de forma mensual y, por lo tanto, no tienen impacto directo en el resultado financiero, pero aumentan el stock de deuda pública. En la previa de cada licitación, el BCRA introdujo recortes sistemáticos sobre la tasa de interés ofrecida por los Pases, generando incentivos para redireccionar la liquidez hacia las subastas de LECAPs de Finanzas.

De este modo, la estrategia del Tesoro contó con un colchón inicial que le permitió ir conformando y extendiendo una curva de instrumentos a tasa fija. Para dimensionar, las colocaciones de LECAP representan el 66% de los instrumentos adjudicados en lo que va del año.

El elefante en la sala

Si bien el equipo económico dio pasos necesarios en la normalización de la deuda en pesos, en el centro de este manejo se ubica el CEPO. El superávit fiscal es una condición necesaria para administrar los vencimientos de la deuda en pesos, pero la estrategia aún es dependiente de los controles cambiarios, los cuales acotan las opciones de inversión de los pesos circulantes y facilitan el rollover de deuda púbica en moneda nacional.

Para peor, los umbrales de vencimiento pasarán de pesos a dólares. Los vencimientos en moneda dura (FMI, BOPREAL y bonos soberanos en manos privadas) trepan en 2025 a los USD 11.000 M, con exigencias que representan USD 3.000 M sólo durante enero (a pesar de los trascendidos sobre la constitución de un REPO para contar con la suma, pasado un mes se sigue sin novedades) y reservas netas negativas cercanas a los USD 4.000 M (excluyendo depósitos del Tesoro en USD y sin restar BOPREAL).

En el marco de los controles, el único ingreso genuino de divisas provendría del excedente de la balanza comercial. Sin embargo, una actividad recuperando y un tipo de cambio real perdiendo competitividad podría redundar en un saldo menor al de 2024 (o incluso una reversión). Eventualmente, el Gobierno podría contar con algún ingreso extra debido al RIGI y préstamos de organismos internacionales, aunque la magnitud luce incierta bajo las condiciones actuales.

Justamente, desmantelar al menos gradualmente el CEPO sentaría bases más firmes para el ingreso de divisas. Aliviar los controles cambiarios permitiría reducir un riesgo país que hoy se ubica por encima de los 1.400 puntos básicos, explorar opciones para rollear los vencimientos con acreedores privados e incluso abordar un nuevo programa con un FMI que exige esta medida como prerrequisito.

No obstante, el CEPO introduce un trade-off entre la deuda en pesos y en dólares. En un contexto de unificación cambiaria, el BCRA deberá deslizar una tasa de interés real positiva para evitar un exceso de demanda de divisas en el MULC. Como contrapartida, en una suerte de dominancia monetaria, el Tesoro cargará con exigencias mayores (recordar que la LEFI está atada a la TPM) que deberá compensar mediante un superávit fiscal mayor y/o rollear los vencimientos con instrumentos que compensen la devaluación esperada.

Hacia adelante, el desafío será balancear los riesgos entre una deuda en dólares que requerirá de algún grado de flexibilización de los controles cambiarios y evitar sobresaltos en una deuda en pesos dependiente del CEPO. Para esto, no sólo será crucial sostener el superávit fiscal, sino que también deberá percibirse como sostenible en el tiempo con un historial de la economía local jugando en contra.

¿Cómo le fue al fisco en julio?

El Sector Público Nacional No Financiero registró en julio el séptimo mes consecutivo con superávit primario y el primer mes con déficit financiero. En números, las cuentas públicas registraron un superávit primario de $0,91 billones y, con un pago de intereses que se ubicó en $1,51 billones, se obtuvo un déficit financiero de $0,6 billones.

¿Qué explicó el déficit fiscal de julio? En sintonía con la dinámica observada en los meses previos, pero moderando la magnitud, continuó el recorte real sobre el gasto (-24% i.a) acompañado de la caída real de los ingresos (-5% i.a). Ahora bien, considerando que los tributos ligados a la actividad siguen sin dar señales de mejora, la clave para el relativo sostenimiento de los ingresos fue el Impuesto PAIS, que de no ser por su aporte el déficit financiero de julio se hubiese duplicado. Por su parte, el salto que pegaron los intereses se explicaría por los pagos correspondientes a los Bonares y Globales (Bonos en USD).

Como resultado, el sector público acumula un superávit primario del 1,3% del PIB y un superávit financiero del 0,3% del PIB en lo que va del año. De esta manera, los primeros siete meses del año estuvieron caracterizados por un marcado recorte sobre el gasto público (-31% i.a) y una caída sostenida en los ingresos vinculados a la actividad (-5%). En tal sentido, el sostén de los recursos vino de la mano del extraordinario aporte del impuesto a las Ganancias en mayo, de lo recaudado por derechos de la exportación y de la ampliación del Impuesto PAIS desde el cambio de mandato (de no ser por su aporte, el Gobierno habría mostrado un déficit financiero en el acumulado).

Un zoom al interior de las cuentas públicas

Los ingresos continuaron en terreno negativo (aunque moderando su caída), pero el gasto se contrajo lo suficiente para mostrar un resultado primario positivo en julio (situación que no se evidenciaba desde 2019). Además de la mencionada importancia del Impuesto PAIS, los ingresos provenientes de los Derechos de exportación (+150% i.a. real) impactaron de manera positiva, mientras que el resto de los recursos se mantuvo en rojo.

En cuanto a los ingresos ligados al nivel de actividad, el IVA registró una caída real de (-12% i.a), mientras que los ingresos provenientes de la Seguridad social continuaron moderando la caída (-8% i.a) que comenzó once meses atrás. Alejándose del resultado excepcional de mayo, Ganancias profundizó su contracción en julio cayendo -26% i.a. en términos reales.

Por su parte, y como resultado de un recorte transversal sobre las principales partidas, el Gasto Primario registró una contracción real de -24% i.a, hilando un año con consecutivas caídas reales interanuales.

Haciendo foco, las Prestaciones Sociales explicaron casi un tercio de la disminución del gasto: cayendo 18% i.a real, en línea con la caída de los meses previos, pero evidenciando una dinámica heterogénea en su interior. Por un lado, las Jubilaciones y Pensiones (incluyendo Pensiones No Contributivas) experimentaron una merma de 14% i.a (en términos reales), al tiempo que las Asignaciones Familiares se redujeron un 7% i.a. real. En contraposición, la AUH tuvo un crecimiento de 15% i.a (explicado en gran parte por el cambio en la fórmula de movilidad y el aumento discrecional otorgado al inicio de la gestión) y las prestaciones del PAMI le ganaron a la inflación creciendo 27% i.a. real.

Por su parte, los Subsidios Económicos cayeron en términos reales un 15% respecto a julio de 2023, moderando la caída de los meses previos, y explicando menos de una décima parte de la contracción del gasto. A su interior, los subsidios energéticos mostraron una dinámica similar, dado que se habrían retomado los pagos pendientes a CAMMESA.

En cuanto a la negociación con los gobiernos provinciales, tanto las Transferencias a Provincias (corrientes y de capital) como los Gastos de Capital (obra pública excluyendo transferencias), mostraron otra contundente contracción real en julio del -78%, que explicó el 22% de la caída en el gasto primario.

Con respecto al resto de las partidas, las Transferencias a Universidades tuvieron un recorte real del 74%, y los Gastos en Funcionamiento, donde se incluyen salarios públicos, cayeron 23% i.a en términos reales. De este modo, ambas partidas anotaron el séptimo mes consecutivo en baja.

¿Qué esperamos hacia adelante?

Desde el inicio de la gestión, el Poder Ejecutivo enfatizó la necesidad del ordenamiento de las cuentas públicas y estableció el ancla fiscal como driver y pilar de la política económica. Por ende, el contundente resultado financiero acumulado en los primero siete meses le dio un respiro al gobierno de cara a lo que resta del año.

Sin embargo, las características del ajuste implementado sobre el gasto, la dinámica que arrastra la recaudación por el contexto recesivo, la indexación de las partidas previsionales (con proyectos de Ley que podrían acentuar el impacto fiscal) y los ruidos asociados al cambio en la estrategia monetaria y cambiaria siembran incertidumbre sobre su sostenibilidad a mediano plazo.

Ya aprobados la Ley Bases y el Paquete Fiscal, persiste el interrogante en torno a su impacto en la recaudación de los próximos meses. En concreto, con la recomposición de la cuarta categoría de Ganancias esperamos una mejora fiscal (a partir de agosto) tanto en las finanzas nacionales como provinciales ya que es un impuesto coparticipable. Por su parte, el blanqueo generará un ingreso excepcional, aunque habrá que ver si predomina el incentivo de una menor alícuota al inicio o la incertidumbre alrededor de lo que suceda con el régimen cambiario. Del mismo modo, también jugarían a favor la moratoria previsional (que busca regularizar las deudas tributarias, aduaneras y de seguridad social con el fisco), y el adelanto de Bienes Personales.

En otro orden, habrá que seguir de cerca las resoluciones ligadas al Impuesto PAIS, uno de los pilares de la recaudación durante el primer semestre, aunque en algún momento deberá reducirse si se pretende salir del CEPO. Según adelantaron las autoridades se espera una reducción de la alícuota desde el 17,5% al 7,5% en algún momento de septiembre. De todos modos, hacia finales de año esta fuente extraordinaria de ingresos encontrará su fecha de vencimiento.

Adicionalmente, se suma al debate el proyecto impulsado por la UCR que eleva la recomposición inicial a las jubilaciones y, por ende, el gasto previsional. Consecuentemente, el gobierno estaría intentando introducirle modificaciones al proyecto para mitigar el impacto fiscal.

Por otro lado, en los primeros meses de septiembre el Ejecutivo debería presentar el Proyecto de Presupuesto para año 2025 (tiene tiempo hasta mediados de septiembre), el cual no sólo revelará la estrategia fiscal de cara al año próximo, sino también cómo esperan las autoridades cerrar 2024 y los supuestos macroeconómicos detrás de los escenarios previstos.

Por último, las primeras semanas bajo el nuevo esquema monetario nos develaron que el eventual desarme de LEFI por parte de los bancos no tiene como contrapartida la utilización de los depósitos en pesos del Tesoro, sino que es el mismo BCRA el que emite los pesos correspondientes para brindar liquidez a las entidades financieras en caso de que lo necesiten.

Por ende, el traspaso del excedente de pesos desde Pases del BCRA a LEFI del Tesoro no parecería tener impacto fiscal inmediato (el pago de intereses se daría recién a mediados de 2025, en caso de no renovarse). Diferente es el caso de las LECAP, que con sus vencimientos incrementan las necesidades de financiamiento en el corto plazo. Si bien en ambos casos los pagos de intereses se camuflan debido a cuestiones contables, la nueva estrategia está teniendo un impacto claro en el nivel de la deuda pública: superó en julio los USD 450.000 M y alcanzó su máximo nivel histórico, producto tanto de las operaciones de deuda mencionadas como de la apreciación real del peso.

En definitiva, el contundente superávit fiscal acumulado en lo que va del año representa un logro para el gobierno. Sin embargo, en los próximos meses no solamente se enfrentará a una estacionalidad fiscal menos favorable (especialmente en diciembre), sino también a diversas cuestiones que afectan tanto a los recursos como a los gastos y que podrían modificar el sendero fiscal esperado. En resumen, habrá que seguir de cerca lo que suceda con el blanqueo, la moratoria, la reducción del Impuesto PAIS, el proyecto de movilidad de la UCR y la presentación del Proyecto de Presupuesto para 2025.