Economía
El pasado 31 de agosto el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional por el período 2020-2024 dentro del mandato constitucional de seis meses desde la asunción de Gobierno. El mismo puede definirse como optimista (presupone una rápida recuperación de la actividad económica en 2021; +4,3% del PBI), contractivo (reducen los gastos de funcionamiento del Estado y la inversión pública) y bien estructurado en lo referente a las políticas macroeconómicas (monetaria, fiscal y salarial). Dado que se mantendrá y profundizará en 2020 el déficit fiscal -producto de los recursos destinados para mitigar el impacto del COVID19- toma relevancia el manejo proyectado de la deuda. En tal sentido, se continuará accediendo al financiamiento en el mercado local e internacional en moneda local de manera de continuar con la desdolarización de la deuda. No se prevé una degradación de la calificación de la deuda (actualmente en grado inversor) aunque es uno de los riesgos inherentes dada la rigidez a la baja del déficit fiscal y de la relación deuda/PBI.
Política
Tanto la Cámara de Senadores como la de Representantes debe pronunciarse sobre el proyecto dentro del término de cuarenta y cinco días de recibido, en caso de no haber pronunciamiento en ese término se considerará rechazado y se prorroga el Presupuesto del período anterior. Lo mismo ocurriría en el caso de que el Poder Legislativo repruebe el Proyecto que le fuere remitido. Es de señalar que dentro de los veinte días a partir de la primera entrada del proyecto a cada Cámara, el Poder Ejecutivo podrá enviar mensajes complementarios o sustitutivos. El proyecto presenta un cambio de enfoque dejando la lógica anterior del presupuesto incremental, para pasar a otra en la cual se encomienda a cada organismo a un análisis de su funcionamiento para elaborar propuestas de cambio sobre su propia gestión, derivado de un mandato de reducción de gastos de funcionamiento e inversión. También incluye aspectos relevantes como la institucionalidad fiscal y la gobernanza de las empresas públicas.
