Debido al impacto inflacionario y en la estructura de gasto del Estado, las tarifas de los servicios públicos son un tema relevante para nuestra economía. Además, tienen un costo político importante: Cambiemos suspendió los aumentos previstos para el segundo semestre de 2019, esperando que esto no afectara negativamente su performance electoral. En la misma línea, el Frente de Todos extendió el congelamiento seis meses más a comienzos de su gestión, en pos de controlar la inflación durante el primer semestre de 2020. Luego, la irrupción de la pandemia/cuarentena estiró el congelamiento al resto del año y, recientemente, se agregaron tres meses más, al menos hasta marzo de 2021.
Este último anuncio da cuenta de una situación social que sigue compleja: en los primeros meses de 2021, la recuperación del salario real será esquiva y la inflación no cederá. Además, la posible llegada de una segunda ola de contagios de Covid-19 antes de la vacunación a gran escala, pondría en riesgo la incipiente mejora de la actividad.
Sin embargo, la necesidad de alcanzar una reducción significativa del gasto, en el marco de un acuerdo con el FMI, y de evitar un mayor atraso tarifario que podría desembocar en crecientes dificultades en la segunda parte de la gestión de Alberto Fernández, juegan en favor de una pronta corrección en las tarifas, ya que es posible que menores aumentos representen mayores ajustes mañana. Poner en números esta situación nos permitirá divisar las alternativas que tendrá el gobierno de cara al año electoral.
El último incremento en las tarifas de servicios públicos se remonta al primer semestre de 2019. En todo este tiempo, el avance de los precios tuvo diversos drivers: traslado a precios del salto cambiario post-PASO de 2019, cierto dinamismo de algunos precios regulados (combustibles, comunicaciones, prepagas) y, ya en 2020, un fuerte aumento en productos estacionales -frutas, verduras e indumentaria- junto a subas de bienes no esenciales, más permeables a la creciente brecha cambiaria. De este modo, los precios siguieron trepando a un ritmo elevado, en torno al 3% promedio mensual, acumulando una suba del 80%. En cambio, las tarifas de servicios públicos (luz, gas, agua y transporte) avanzaron al ritmo de 0,5% mensual, acumulando un incremento cercano al 10%.
Si además contemplamos los precios mayoristas y los salarios privados, que son parte de los costos operativos de los servicios públicos, durante el período de vigencia del congelamiento, observamos incrementos del orden del 85% y 67% respectivamente. Ante esta dinámica nominal, el congelamiento implica que el Estado se haga cargo de una porción cada vez mayor de las facturas a pagar por parte de hogares y, en menor medida, firmas. Esto explica la suba de los subsidios económicos, que pasaron de 1,6% del PBI en 2019 a 2,6% del PBI en 2020.
La extensión del congelamiento a marzo continuará presionando sobre los precios relativos y las cuentas públicas. Pensando en lo que pueda ocurrir una vez finalizado el mismo, aparecen dos alternativas con significativas implicancias en la inflación y en el sendero fiscal. Una es sostener el congelamiento tarifario durante todo 2021 y la otra es dar lugar a una recomposición -relativa- de estos precios.
Para analizar el primer caso, nos iremos a diciembre del año que viene: en este momento la inflación y los salarios acumularán un alza superior a 150% desde el último ajuste de tarifas. En este escenario, utilizando la información del IPC GBA Ecolatina el atraso de las tarifas en relación con los servicios privados y los bienes no estaría muy lejos del nivel de fines de 2015. La principal consecuencia será el crecimiento de los subsidios económicos, que superarían 3% del PBI. Por otro lado, la inflación que se evitaría posponiendo la corrección tarifaria podría ser neutralizada si el gasto extra que se usa para sostener los precios “pisados” se financiara con emisión y el exceso de pesos se fuera al dólar, forzando una devaluación.
La segunda alternativa implica el aumento en alguna magnitud de las tarifas en el segundo trimestre del año, ya no muy lejos de las elecciones legislativas. La dificultad radica en encontrar un monto que no agregue presiones adicionales sobre la inflación, pero que frene el avance de los subsidios económicos. Como se observa en el gráfico, el aumento debería ubicarse en torno al 40% para estabilizar el gasto en subsidios en relación al PBI, una magnitud nada despreciable -al momento del aumento, pesa más la suba que el tiempo de congelamiento-.
De todos modos, el gobierno parece demorar las decisiones para evaluar cómo inicia en 2021 la dinámica inflacionaria y, fundamentalmente, la velocidad de recuperación de la actividad. Esto también determinará el espacio que tendrán los ingresos laborales para solventar la suba de las tarifas y la capacidad que tenga el gobierno de focalizar los aumentos manteniendo la tarifa social para los sectores más postergados.
Luego del congelamiento de 2019 y 2020, las tarifas deberían subir alrededor de 40% el año que viene para que los subsidios económicos no sigan aumentando como porcentaje del PBI. Se viene un año electoral complejo, donde las tensiones sociales e inflacionarias acumuladas a lo largo de este año tan pandémico como atípico podrían pasar factura. ¿Facturas que se trasladarán a la luz, el gas y el agua?
