Precios que arden
Si bien el dato de inflación de marzo fue preocupante, solo con la inflación acumulada a febrero igualábamos la suma de las inflaciones anuales de Colombia y Perú del 2020. Con el dato del tercer trimestre, acumulamos más inflación que la suma de las de estas dos economías más las del año pasado de Bolivia, Chile y Brasil. Mientras tanto, en solo un trimestre nos consumimos más de dos quintas partes del objetivo oficial de inflación previsto para el 2021. El 29% pautado en el Presupuesto se desdibuja a pasos agigantados.
Esta patología históricamente irresuelta (transversal a cada gobierno de turno, salvo por el impasse de la convertibilidad) derrite mes a mes el ya colapsado poder adquisitivo argentino. Entonces, ¿qué puede hacer el Gobierno para comenzar a resolver el problema inflacionario?
Atacar el problema
El reconocimiento por parte de las autoridades de que la inflación es un fenómeno multicausal es un gran avance (al menos en los dichos). Esto no implica que la célebre, aunque tautológica, frase de Friedman no tenga muchas certezas: la emisión sí genera inflación. Obviarlo sería una necedad, aunque atribuirle el 100% de causalidad seguramente sería un análisis incompleto. ¿Es la emisión la causa última de la inflación? No es el objetivo de esta nota responderlo, aunque sí sabemos que la emisión en Argentina es la consecuencia de un Sector Público que cubre su exceso de gasto recurriendo a la monetización del déficit, lo cual nos lleva a la importancia del ahorro fiscal.
El ahorro fiscal per se no tiene por qué ser un objetivo de política económica. Ahora bien, experiencias recientes argentinas deberían llamar a la reflexión a todo el arco político.
La experiencia del gobierno anterior de recurrir al endeudamiento sin una corrección genuina y perdurable del déficit fiscal es simplemente patear el problema para más adelante. El año pasado, un shock imprevisible nos encontró con el mercado de deuda cerrado. Sin voluntad de reducir la presión impositiva, para sostener la demanda agregada con políticas fiscales expansivas (como en todas las economías del mundo) la única vía de financiamiento restante fue la financiación monetaria de éstas (a diferencia del resto del mundo). La aceleración inflacionaria de estos últimos meses es consecuencia (al menos en parte) de la gran expansión monetaria del año pasado, con sus rezagos. Por los motivos mencionados, una vez que la política mire más allá de la próxima elección, el ahorro (o al menos equilibrio) fiscal debe ser un primer paso.
El problema actual es la coyuntura: estamos sumergidos en lo profundo del ciclo económico con la mayor crisis mundial desde el crac del 29. Una contracción fiscal sería contraproducente en el cortísimo plazo, como también inviable por la dinámica electoral. Por ello, acertadamente, se recurre a la reconstrucción del mercado de deuda en pesos para financiar más de la mitad del desequilibrio fiscal proyectado. Sin embargo, esto solo es posible ofreciendo tasas de interés reales positivas. Chocamos nuevamente contra la coyuntura: tasas reales positivas raspan la actividad económica y elevan el déficit financiero. Sin corregir el déficit primario, se recurrirá a una mayor monetización para cubrir los intereses. Volvimos al punto de inicio.
Además, por el maltrato histórico que recibió nuestra “moneda” (¿acaso podemos llamar moneda al peso?) para fomentar el ahorro en moneda local deben ofrecerse tasas reales doblemente positivas, ya que deben ganarle tanto a la inflación como a la depreciación del tipo de cambio. Nos chocamos con dos paredes: la coyuntura y la restricción externa.
Dejando de lado la inefectiva política de controles de precios y el atraso tarifario (que representa un mayor costo fiscal hoy y una mayor presión inflacionaria futura), la gran ancla de precios del 2021 parece que será el atraso del tipo de cambio oficial. Si con estos niveles de inflación el gobierno pisa el tipo de cambio, volveremos a un mini-ciclo de apreciación real con una mejora (no genuina) del salario real que se destinará en parte al consumo y en parte a la demanda de dólares. A pesar de un ingreso de divisas mayor a lo esperado (por el boom de los precios de los commodities y por el potencial ingreso dólares vía Derechos Especiales de Giro), la coyuntura se topará con la restricción externa que sigue latente debido al históricamente bajo nivel de las reservas netas del Central.
Pasado el flujo positivo estacionalmente alto de divisas, se presentará nuevamente la clásica disyuntiva argentina: comprimir más las importaciones y poner en jaque cualquier recuperación económica, o devaluar para corregir el atraso cambiario que surgiría de cumplirse la meta oficial de devaluación. Un tipo de cambio que no pierda contra la inflación puede atentar contra la desinflación en el corto plazo pero es necesario a mediano plazo.
Pasada la emergencia sanitaria: estabilizar para volver a crecer
Si bien es un cliché, se necesita un shock de expectativas. Una mayor demora del acuerdo con el FMI, un Ministerio de Economía dividido en distintas autoridades con diferentes concepciones respecto al problema inflacionario y un arco político guiado por una dinámica electoral miope y cortoplacista es todo lo contrario a lo que necesita el país en este momento. En Argentina, la política económica es más política que económica y el primer paso lo tienen los políticos.
Es necesario un consenso de todo el arco político respecto al problema inflacionario que sea perdurable en el tiempo más allá del gobierno de turno. Ningún modelo económico (independientemente de su orientación) es viable con estos niveles de inflación. Ningún proceso de reducción de la pobreza ni de mejor distribución del ingreso es posible si arrastramos más de una década de elevada inflación. Pasada la emergencia sanitaria, para escapar de la coyuntura y empezar a hablar sobre recuperación y crecimiento económico, Argentina necesitará un plan de estabilización consensuado por todo el arco político cuyo principal objetivo sea la reducción de la inflación.
