La crisis económica se aceleró tras el salto cambiario de la última semana. El impreciso y precipitado anuncio presidencial de que el FMI iba a acelerar el desembolso de fondos para garantizar el cierre del programa financiero durante 2019 no redujo el riesgo país (indicador que refleja el costo financiero de la deuda de un país) y desató una nueva corrida contra el peso. Es que tanto los argentinos como los inversores internacionales percibieron la ansiedad y la urgencia del Ejecutivo: las modificaciones del acuerdo con el FMI se están aún negociando y el anuncio del Presidente solo garantizaba el pago de la deuda hasta fin del año que viene, consumiendo casi todos los fondos que se iban a desembolsar a lo largo de tres años, generando mayor incertidumbre sobre el repago de la deuda pública argentina de 2020 en adelante.
A principios de la semana que viene habrá precisiones sobre las modificaciones del acuerdo con el FMI y anuncios de medidas económicas. El ministro de Hacienda y Finanzas anticipó que Argentina va a acelerar la convergencia al equilibrio fiscal y suena fuerte el rumor de suba de retenciones a las exportaciones y la postergación de la reducción de impuestos estipulada para 2019 en la reforma tributaria aprobada.
Antes de analizar la viabilidad del déficit cero en 2019 y la suba de derechos de exportación y el apuntalamiento de ingresos (vía postergación de reducción de impuestos), es importante destacar que no solo el programa económico de Cambiemos fracasó, sino también el rescate pactado con el FMI. Es que, tras la firma del Stand By, no se logró estabilizar el mercado cambiario ni reabrir el acceso al financiamiento externo (el riesgo país está muy por encima de los valores del día de la firma del acuerdo), y la inflación en agosto ya superó el 32% (meta máxima acordada con el FMI). El único pilar en pie es la meta fiscal, pero su cumplimiento está jaqueado por la profunda recesión que estamos atravesando y por el creciente deterioro de la situación social.
Tras la depreciación del 35% del tipo de cambio ocurrida durante agosto, la inflación se encamina a superar el 6% en septiembre y cerrar el año por encima del cuarenta por ciento. Incluso con reapertura de paritarias y algún bono de fin de año, los ingresos de las familias van a perder significativamente la carrera contra los precios. Para peor, las decisiones de las firmas sobre ajustar la dotación se van a acelerar en un contexto de fuerte recesión y riesgo cierto de quiebre en la cadena de pago. Es que, para tratar de estabilizar el mercado cambiario, el BCRA ya había fijado la tasa de referencia en 40% anual hasta octubre, afectando peligrosamente la situación de las pymes con necesidades financieras. Recientemente, la tasa subió a 60% hasta fin de año, lo que implica el virtual cierre de muchas empresas endeudas.
El nuevo acuerdo con el FMI que se está negociando tiene que contemplar todo lo anteriormente expuesto y aportar un plan para salir de la actual crisis. Esto significa reformular muchos aspectos. En primer lugar, pese a que el FMI insista en la austeridad fiscal, la Argentina necesita prioritariamente garantizar la estabilidad cambiaria, paso previo a conseguir la calma financiera. En criollo, esto significa que el Fondo acelere desembolsos para abultar las reservas y que, además, le permita al BCRA vender divisas. La tasa de interés ha demostrado ser un instrumento insuficiente para bajar la inflación y estabilizar el mercado cambiario, y ello jaquea al aparato productivo en un contexto de fuerte alza de costos y baja de ventas.
Al FMI puede gustarle un esquema de libre flotación, pero tras el fuerte salto cambiario de la última semana el tipo de cambio real de nuestro país es claramente competitivo. Para no caer en una regla discrecional, el BCRA se puede comprometer a sostener el tipo de cambio real (recomponiendo reservas) cuando baja más de 10% respecto de los valores de cierre de agosto, y el FMI tiene que dejarle al gobierno intervenir en el mercado (vender divisas) cuando el tipo de cambio real supere en 10% el nivel del viernes pasado. Esta flotación entra bandas se tiene que hacer en términos reales, porque en la Argentina la inflación es muy elevada. De hecho, en el bimestre septiembre-octubre la suba de precios alcanzaría el diez por ciento.
El compromiso conjunto de sostener un tipo de cambio real va a generar mayor estabilidad cambiara, pero también financiera. En primer lugar, porque nuestro país va a volver a generar divisas genuinas producto de un superávit del intercambio de bienes y servicios, aumentando las chances del repago de la deuda en moneda extranjera. Asimismo, con un tipo de cambio competitivo y estable, el pago de retenciones es sostenible en el tiempo, acelerando la convergencia al déficit cero. Con equilibrio primario y excedentes comerciales, en 2020 el acceso a los mercados financieros estaría garantizado, ya que la nuestra economía habría reducido al mínimo sus déficits gemelos.
El esfuerzo fiscal que recaerá sobre el sector exportador (suba de retenciones y probable eliminación de reintegros) se justifica por dos razones: la rentabilidad de las actividades transables (agropecuario, software, turismo, parte de la industria, etcétera) mejoraron significativamente tras el salto cambiario, y en un contexto de crisis es necesario del aporte de toda la sociedad. Vale destacar, además, que las retenciones sobre el sector agropecuario también van a ayudar a reducir el traslado del 35% de depreciación del peso sobre el costo de los alimentos, gasto clave en el presupuesto de los hogares de menores ingresos. El argumento de que la recesión disciplina a los precios es válido para los bienes y los servicios no transables, pero no para aquellos que se pueden exportar.
Por último, pese a que el gobierno negocia contrarreloj un nuevo plan económico, tiene que evitar firmar una mayor disciplina fiscal. Producto del rápido deterioro del contexto económico-social de nuestro país, la meta fiscal acordada con el FMI hace tres meses se ha vuelto mucho más difícil de cumplir en 2019. Hay que convencer al staff del fondo de que mantener dicho compromiso original es de por sí una muestra de mayor compromiso. Profundizar el ajuste fiscal en medio de una fuerte recesión podría acelerar la crisis económica, lo que complica aún más el frente social y la gobernabilidad. Esperemos que el nuevo acuerdo entre el Gobierno y el FMI no sea un nuevo salvavidas de plomos, sino que ayude a nuestro país a salir de la crisis, condición necesaria para .garantizar el repago de la deuda pública a los inversores extranjeros.
Esta nota fue publicada en el portal de Infobae el 1 de septiembre de 2018 y puede ser leída también aquí.
