El acuerdo con el FMI endureció la meta fiscal de 2019, llevando el rojo primario del sector público Nacional de 2,2% del PBI a 1,3% del PBI. Sin embargo, al contabilizar parte de las rentas del FGS de la ANSES como ingreso y la posibilidad de elevar el deficit por la salvaguarda social, el esfuerzo fiscal necesario sería algo menor.
Las expectativas de magro crecimiento de la actividad y la ambiciosa desaceleración de la inflación acordada con el FMI, dificultarán el cumplimiento de la meta fiscal en 2019. Además, el Ejecutivo descartó operar sobre los ingresos, por lo que todo el esfuerzo recaerá sobre la reducción del gasto primario.
Como las prestaciones sociales (que representan 60% de las erogaciones primarias del Sector Público Nacional) se actualizan automáticamente por Ley de Movilidad, los recortes se concentrarán en pocas partidas: empleo público, subsidios económicos, transferencias a provincias y obra pública.
El objetivo fiscal de 2019 choca con la ambiciosa reducción de la meta de inflación pautada (10 p.p.). En primer lugar, cómo la fórmula de movilidad por la que ajustan las prestaciones sociales ajusta por inflación pasada, cuanto más profunda sea la desaceleración del alza de precios, mayor será el incremento real del 60% de las erogaciones primarias, forzando un mayor recorte en los demás rubros del gasto público. Asimismo, una mayor alza de tarifas para reducir subsidios acelera la inflación.
El riesgo de la dinámica propuesta por el Ejecutivo reside en caer en un círculo vicioso de más ajuste y menos actividad, que demande nuevos recortes del gasto por caída de ingresos. Es que en última instancia, el cumplimiento de la meta fiscal depende del crecimiento: la economía entró en recesión y no sabemos cuando saldrá.
