Sin lugar a duda, el hecho político más destacado del inicio de ciclo de Javier Milei fue el tratamiento de la Ley Bases, que contenía una serie de reformas y decisiones que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para obtener las herramientas que a su percepción requería para poder avanzar con parte de su programa de gobierno.
El tratamiento frustrado de la Ley sirvió como elemento ilustrativo de la restricción decisional que opera sobre la voluntad del Poder Ejecutivo de ejecutar un plan de gobierno.
Lo interesante era auscultar en la opinión pública la percepción sobre las responsabilidades del frustrado tratamiento de la ley. En ese sentido, y consultada sobre el asunto, la opinión pública repartió responsabilidades casi equilibradas entre oficialismo y oposición. Mientras un 46,7% le asignó más responsabilidad a la oposición por el frustrado tratamiento, otro 42,3% consideró que la mayor responsabilidad por la no aprobación de la ley era del presidente. Un 6,9% se inclinó por repartir culpas a ambos lados del mostrador, y un 4,1% no supo o no quiso asignar responsabilidad.
Con la caída de la ley, en algún momento se especuló (Milei lo había advertido durante la campaña) con la posibilidad de que el presidente decidiera convocar a la gente a decidir y someter la decisión a una consulta popular no vinculante. Y a pesar de que hay una ligera mayoría que se inclina por avalar ese método (48% dice estar de acuerdo con que el presidente decida hacer eso), hay una ligera mayoría que votaría en contra del proyecto (50,4%). En conclusión, si miramos estos números, parece acertada la decisión de no someter a discusión popular la iniciativa, ya que no teniendo asegurado que la votación la ganará, sería un golpe muy fuerte, políticamente hablando, para el oficialismo perder una votación de estas características al inicio de ciclo.
La presente es una síntesis del Panorama de opinión pública, exclusivo para clientes Corporate.
