Los pasivos del Estado Nacional fueron, al término del primer trimestre del año, más de USD 335.000 millones. Este monto alcanzó el 102% del PBI, lo que implica que la deuda equivale a algo más que toda la producción de bienes y servicios que genera anualmente nuestro país. Alternativamente, representan 6 años de exportaciones. El ratio de deuda como porcentaje del PBI creció 13 p.p. en relación con el primer trimestre del 2020, a pesar de la reestructuración realizada en ese lapso. ¿Por qué fue así?
En primer lugar, debemos hablar del denominador: la actividad económica (promedio de los 4 trimestres anteriores) cayó 8% en ese período. De esta forma, una deuda de la misma magnitud habría crecido en relación con una producción declinante. Para peor, el tipo de cambio creció 3 puntos por encima de los precios internos en este lapso, agravando la caída del PBI en dólares. Considerando que más de tres cuartas partes de los pasivos son en moneda extranjera, y que la producción se mide en pesos, una suba del dólar por encima de la inflación eleva el peso de la deuda sobre los ingresos domésticos. Esta inflación, aunque elevada, tampoco cumplió el rol de licuar las obligaciones del fisco, ya que apenas el 11% de la deuda está denominada en moneda local sin ajuste por inflación.
Pero, además, el monto en dólares de lo que debemos aumentó un 4% en el mismo lapso (pasando de USD 324.000 millones en marzo de 2020 a los USD 335.000 millones actuales). Esta combinación de factores hizo que el peso de la deuda trepara por encima de la producción anual.
El aumento de los pasivos se debió en partes iguales al aumento de la deuda de corto y la de largo plazo. Dentro de los pasivos de largo aliento, se destacan los títulos públicos, que aumentaron USD 16.000 millones, impulsados por el segmento de deuda denominada en moneda extranjera y también por aquella denominada en CER -en pesos con ajuste por inflación-. La primera de éstas tuvo un alza con el canje de instrumentos realizado en septiembre (es menester recordar que el objetivo de este no fue reducir los pasivos, sino extender los vencimientos). De esta forma, en dicho mes, los títulos denominados en moneda extranjera crecieron USD 4.500 millones. Por el lado de los títulos atados a la inflación, el incremento se dio mayormente en los BONCER, y tuvo que ver con el avance de su valuación y con nuevas colocaciones realizadas previo a la reestructuración. Por otro lado, las Letras en dólares (LETEs) se redujeron en USD 8.600 millones, pero los préstamos crecieron en casi USD 2.400 millones, mayormente por la suba del DEG que encarece nuestra deuda con el FMI. En lo que hace a los pasivos de corto plazo, la suba de títulos y letras en pesos impulsaron estas acreencias (treparon USD 3.000 millones cada uno).
Aunque la deuda con el sector privado es abundante, nuestro escenario más probable es que Argentina no incurra en un default de sus títulos en el corto plazo. Esto se debe a que, por la mencionada reestructuración, los pagos por bonos en moneda extranjera son acotados en el horizonte inmediato. Estos recién se incrementan en 2025, cuando se ubican cerca de los USD 10.000 millones anuales. Hasta entonces, cada año son menores a los USD 5.000 millones, la mitad de las Reservas netas actuales. Por el contrario, el tipo de deuda que sí será exigente de cumplir en el futuro cercano es aquella con el FMI: de no alcanzarse un nuevo acuerdo, nuestro país deberá pagarle a este organismo más de USD 38.000 millones entre 2022 y 2023, lo cuál no es posible (implicaría más de 4 veces y media nuestras reservas netas actuales).
Así, el gran desafío de la deuda consiste en la negociación con este único acreedor. Si esta se destrabara, podríamos esperar un alivio en la necesidad de financiamiento por el próximo lustro. Por el contrario, si un acuerdo no se alcanza antes de marzo del año próximo, podría ocurrir una muy importante sangría de divisas, drenando las reservas del BCRA y provocando tensiones muy relevantes en el frente cambiario. Por este motivo, el acuerdo es la salida más probable.
