Las tensiones financieras derivadas del shock en el mercado de deuda en pesos, las restricciones a las importaciones y el turbulento recambio ministerial, desembocaron en la actual crisis: las cotizaciones paralelas del dólar llevaron la brecha cambiaria a la zona del 150% (récord para la actual gestión) y el riesgo país se ubicó cerca de los 3.000 puntos básicos por el desplome generalizado del precio de los bonos (cotizan en su mayoría a una paridad por debajo de los 20 centavos por dólar).
El análisis de la situación actual requiere tener en cuenta que:
- 1) Los elevados niveles de brecha cambiaria no son consistentes con un escenario de estabilidad económica y debilitan la capacidad del gobierno para evitar un salto discreto del tipo de cambio oficial.
- 2) Un salto del tipo de cambio oficial conlleva riesgos agudos de empeoramiento del escenario nominal y real (aceleración de la inflación y caída del consumo y la actividad), si no se acompaña con un cambio de expectativas y correcciones de fondo.
- 3) La situación actual es diferente respecto de otros episodios recientes. La disponibilidad de reservas, los niveles de inflación, la situación social y los conflictos en la coalición gobernante lucen más acuciantes, dificultando el margen de reacción.
Considerando estos tres elementos se entiende por qué las principales acciones del gobierno estuvieron directamente apuntadas a reencauzar la situación (desdoblamiento para turismo receptivo, limitación en la tenencia de CEDEARs, flexibilización para importaciones estratégicas). Sin embargo, por el momento la instrumentación de la política económica careció de la fortaleza necesaria para torcer las expectativas. Esto se ve agudizado por una crisis de desconfianza que contribuye a retroalimentar los riesgos.
En otras palabras, el principal objetivo del gobierno es evitar una devaluación del tipo de cambio oficial, pero el éxito parece cada vez más lejano: la velocidad que tomó la crisis financiera es indicativa de la fragilidad subyacente y muestra que el escenario se torna más inestable.
En lo inmediato, seguramente se anuncien medidas adicionales para descomprimir las tensiones cambiarias y aplacar las cotizaciones alternativas del dólar, idealmente acompañadas con un mayor grado de cohesión política. Por lo pronto, la ministra Batakis se reunirá con la titular del FMI; lo que constituye una señal de ratificación del rumbo económico.
Cabe señalar que el gobierno cuenta a su favor con un stock de agrodivisas por liquidarse (fundamentalmente soja), que no quedan muchos meses de importaciones fuertes de energía (aumentaron 190% i.a. en el primer semestre) y que los dólares alternativos se sitúan en precios de overshooting o pánico (niveles similares pudieron desinflarse en el pasado alineando expectativas).
Sin embargo, los próximos meses serán desafiantes y no permiten despejar el escenario en el que la crisis financiera se traslada a la economía real.
Por el lado cambiario, las importaciones no energéticas no pueden permanecer reprimidas indefinidamente sin un traslado a precios y sin un impacto sobre la actividad, al tiempo que las perspectivas de la cosecha fina no lucen alentadoras. Por el lado fiscal, el programa depende en extremo de la colocación de deuda en pesos, actualmente no atractiva para el mercado, y el aporte del Banco Central. Por esta razón, seguramente veamos aumentos en las tasas de interés.
En ese marco, el segundo semestre transitará indefectiblemente con mayor inflación, menor consumo y retracción de la actividad respecto a la primera mitad del año.
Con poco tiempo para realizar correcciones de fondo que arrojen resultados positivos y duraderos, la actual crisis financiera está forzando al gobierno a priorizar la minimización de costos hasta las elecciones del año próximo. Y evitar una devaluación figura al tope de sus prioridades: en el contexto actual el riesgo de una escalada nominal es mucho más nocivo que el impacto sobre la economía real para contenerla.
