Así como Francos pudo encaminar la sanción de la Ley Bases, podría decirse que también pudo reconstruir los vínculos con el sindicalismo, o al menos relajar una relación que había comenzado con mucha tensión. Lo cierto es que, en las últimas semanas, quizá porque las dos partes entendieron que lo mejor que les puede pasar a ambos es hablar, el vínculo entre el Gobierno y la CGT se relajó. No hay que desmerecer el efecto que pudiera estar generando la desaceleración de la inflación y la -por ahora- leve recuperación de los salarios, sobre todo los privados registrados. Pero tampoco la importancia de que el diálogo retomó temas de mucho interés para el sindicalismo como la búsqueda de financiamiento de las obras sociales, con los fondos que el estado nacional sistemáticamente le adeuda a los sindicatos del Fondo Solidario de Redistribución.
Más allá de cierto relajamiento, subsisten temas conflictivos entre el gobierno y la CGT, como lo fue la sanción de la Ley Bases que incluía algunas reformas laborales cuestionadas por los sindicatos y la reposición del impuesto a las ganancias de la Ley Fiscal. Pero la discusión de esas leyes en el Senado demostró que no todo el sindicalismo estaba dispuesto a movilizar para evitar que esas leyes se sancionaran. Una señal de que hay cuestionamientos, pero que hay también predisposición de buscar tener algún tipo de vínculo que se preserve de la disputa política, sobre todo para administrar asuntos de interés sindical.
El conjunto de iniciativas de reformas laborales sancionadas con la Ley Bases fueron las siguientes:
Pero la relativa recomposición del vínculo entre CGT y Gobierno no recoge la simpatía de todos los dirigentes sindicales. De hecho, hubo dirigentes que movilizaron su gente para evitar la sanción de la Ley Bases, con Pablo Moyano a la cabeza. Esa actitud, no compartida por el resto del triunvirato y la gran mayoría de los gremios, produjo un quiebre en la relación entre los jerarcas sindicales de la entidad, y los rumores de fractura en la CGT volvieron a circular.
Pablo Moyano no oculta su malestar con el Gobierno y reclama a la dirigencia sindical adoptar una actitud más combativa con la administración Milei. Pero esa tesitura no prevalece en el resto de los dirigentes, que creen que hay que preservar a la CGT de adoptar un rol que le debería caber a la oposición política, y que quieren conservar los puentes de diálogo con el oficialismo para que ello ayude a resolver los temas urgentes de la agenda de la CGT.
