El IPC Ecolatina para el Gran Buenos Aires trepó 6,6% mensual en febrero (+105,5% i.a.), consolidando el rebote registrado en enero y acumulando en el año un alza del 13,4%. En este sentido, la categoría que más creció fue el IPC Núcleo (7,5%), acelerándose 2.3 p.p respecto a enero. Al proveer una aproximación del comportamiento tendencial del nivel general de precio -excluyendo precios regulados, estacionales o con un alto componente regulado -, el indicador da cuenta de la persistencia de una elevada inercia del proceso inflacionario.
La aceleración de esta categoría ejercería presión sobre el BCRA en su próxima decisión sobre la tasa de política monetaria (TPM) si busca un colchón de tasa real positiva más robusto (hoy rinde 6,3% de TEM mensual). Cabe recordar que el mes pasado el argumento central de la autoridad monetaria para mantener inalterada la TPM fue que la inflación Núcleo se había ubicado en un nivel similar al de diciembre (5,4%, +0,1 p.p.).
La suba estuvo impulsada principalmente por el fuerte aumento en el capítulo de Alimentos y bebidas (+10,6%), que explicó 57% del nivel general, exhibiendo la mayor incidencia desde septiembre de 2016. Su importancia fue tal que, de excluir este rubro, el IPC habría trepado 4,4%. Como esperábamos, el aumento fue traccionado principalmente por el salto en los precios de la carne vacuna (+25,8% m/m), que respondieron al incremento en el precio de la hacienda más asociada al consumo interno, que fue del 50% desde la segunda quincena de enero. De esta forma, la carne vacuna explicó 1,3 p.p. del incremento del nivel general. También se destacaron los aumentos en Frutas (+17,9%) y Verduras (+10,4%), impactados por la sequía.
El IPC Consumo Masivo, que contiene precios empaquetados y está atravesado por el programa “Precios Justos”, se mantuvo relativamente más contenido (registró 4,7%, 1,6 p.p. por debajo del promedio del trimestre septiembre-noviembre, previo al acuerdo).
En cuando al resto de las categorías, Estacionales anotó 7,1%, explicado por los ya mencionados aumentos en frutas y verduras, pero moderado por la caída de indumentaria exterior (-0,2%) y un menor crecimiento de los servicios asociados al turismo (+3,1%). Por su parte, Regulados creció “sólo” 3,4% (+109,3% i.a.), registrándose en el mes subas en combustibles, telefonía e internet y prepagas, entre otros.
¿Qué esperamos para los próximos meses?
Históricamente, marzo tiende a ser un mes con una inflación mensual superior al promedio del resto del año, producto de la incidencia de incrementos estacionales en Indumentaria (cambio de estación) y Educación (inicio de clases). En ese sentido se entiende la decisión del Gobierno de incluir a estos sectores bajo el paraguas del programa “Precios Justos”: una mayor aceleración de precios en marzo le imprimiría mayor tensión al esquema económico del Gobierno. En este sentido, en marzo impactarán puntualmente los aumentos en las tarifas de agua y gas, trenes y colectivos (+6%), colegios privados (+16,4%), combustibles (+3,8%), prepagas (7,7% para quienes perciban ingresos netos iguales o superiores a $392.562 y 5% para quienes tengan salarios inferiores a ese monto) y servicio doméstico (+4%).
Hacia adelante, distintos factores seguirán presionando sobre una inercia inflacionaria difícil de desarmar en el corto plazo. Entre ellos, el impacto de la sequía sobre el precio de algunos alimentos frescos; margen para un mayor traslado al consumidor del ajuste en los precios de la hacienda vacuna; la dinámica de los ajustes salariales en un año de elecciones; los incrementos pendientes en las tarifas de servicios públicos; un deslizamiento cambiario más alineado con la inflación; las restricciones sobre las importaciones y tensiones sobre la brecha y las expectativas de devaluación en medio de la transición electoral.
Si bien Precios Justos puede contribuir a moderar los aumentos en algunos sectores, contribuyendo en el margen a moderar la inercia, presenta tres principales debilidades que le restan eficacia: (i) rige mayormente en super e hipermercados, pero no en pequeños autoservicios o comercios de cercanía, donde consumen en mayor medida los hogares de deciles de ingresos más bajos; (ii) está compuesto principalmente por productos empaquetados, y la dificultad de concretar un acuerdo amplio y robusto para los alimentos frescos (frutas, verduras, carne vacuna) radica en la gran atomización de productores distribuidos a lo largo y ancho del país, el elevado índice de informalidad presente en algunos eslabones y el impacto sobre los precios de factores asociados a la estacionalidad, los ciclos biológicos y/o las inclemencias climáticas; (iii) la escasez de divisas dificultará el cumplimiento de la parte que le toca al Gobierno en Precios Justos: garantizar un mayor acceso al MULC, por lo cual los riesgos de que algunos acuerdos se resquebrajen no son menores.
En este contexto, la meta del Gobierno de una inflación alrededor del 60% i.a. para diciembre luce cada vez más inasequible. A modo ilustrativo, si la inflación de febrero fuera del 6%, entre marzo y diciembre la variación mensual del IPC debería ser en promedio del 3,6%. Sin embargo, creemos que la tentativa oficial ordenar la nominalidad al 60%, en un contexto de ajuste fiscal y una política monetaria contractiva, resulta mejor que intentar meramente que la inflación no se acelere. En este sentido, es valorable la coordinación desde comienzos de año, ya que de cualquier otro modo la inflación iba a superar cómodamente los tres dígitos este año.
En consecuencia, esperamos que la nominalidad se mantenga elevada los próximos meses, con un 2023 mostrando una inflación en la zona del 100%.
