¿Por qué se tomó la medida?
Luego de la derrota electoral sufrida el 11 de agosto el gobierno decidió instrumentar un paquete de medidas. Reducción de impuestos laborales para empleados en relación de dependencia y monotributistas, aumento de transferencias sociales, ayuda para familias con créditos UVA y reducción de IVA a productos de la canasta básica fueron pilares importantes de este paquete de ayuda. Nadie entendió que este set de medidas fuera suficiente para compensar la caída de ingresos reales que comenzó luego de las elecciones primarias y continuará durante los próximos meses, pero algunos fueron un poco más allá.
Preocupados por el efecto fiscal sobre la Nación y especialmente las provincias y convencidos de que la quita del IVA no tendría efectos sobre los precios a los que se venderían los productos, distintos voceros y sectores sociales hicieron foco en la ineficacia de este tipo de medidas y la posibilidad de que los precios afectados por la quita del IVA no bajaran. La idea de que el relevante esfuerzo fiscal asociado no hiciera otra cosa que darle aire a los comercios sin mejorar la situación del electorado fue vista como una señal de alerta. Tres semanas después de que la medida se instrumentara estamos en condiciones de analizar el efecto que efectivamente tuvo sobre el nivel de precios.
¿Tuvo efecto?
Desde hace más de una década Ecolatina realiza un IPC propio. A partir de los precios que lo componen podemos analizar el comportamiento de un amplio set de productos. Tomemos los bienes de consumo masivo (alimentos y bebidas, artículos para el hogar y artículos de cuidado personal) vendidos en cadenas de supermercados. El promedio simple de variaciones para este set de productos entre la primera quincena de julio y mismo periodo de agosto fue 1,3%, claramente por debajo del periodo pasado (se observaba un lento proceso de desinflación). Recordemos que la primera parte de agosto mostraba una inflación cercana al 2% en un contexto de calma cambiaria. El resultado de las elecciones cambió este panorama. Durante la segunda quincena de agosto estos precios crecieron 5,2% en promedio, pero ¿qué pasó con los precios alcanzados con la quita del IVA?
En el siguiente gráfico podemos ver la variación de precios de distintos grupos de productos. En verde están marcados aquellos a los que el gobierno les quitó el IVA. Se puede ver también la variación que esos grupos mostraron durante la primer quincena. Se observa que de los diez grupos que mostraron deflación durante la segunda quincena del mes nueve responden a aquellos beneficiados por la quita del IVA. Al mismo tiempo, prácticamente todos los grupos que desaceleraron su variación respecto a la primer quincena fueron grupos alcanzados por la medida, mientras que el resto se aceleró. Dentro de aquellos afectados solo harina de trigo y yogur muestran aumentos significativos. En el primer caso, el salto cambiario arrastró al precio del trigo (bien dolarizado) y por lo tanto de la harina, es por esto que el aumento, si bien significativo, es menor al que se hubiera registrado si la medida no se hubiera llevado adelante.
Si tomamos el promedio de variaciones entre aquellos grupos afectados por la medida el efecto es todavía más claro. Mientras que los primeros registraron una deflación promedio de casi un punto porcentual, los segundos sufrieron un crecimiento superior al 7%.
Si bien el impacto de la medida fue positivo en las distintas cadenas de supermercados relevadas, no fue así para el canal tradicional (autoservicios y almacenes). En estos comercios no se observó una reducción en ninguno de los grupos relevados, lo cual implica que estos comercios aprovecharon el crédito fiscal para recomponer márgenes en un contexto de ventas muy deprimidas.
Tengamos en cuenta que la medida se tomó en una quincena en la que el tipo de cambio aumentó más de 20%, por lo que la reducción de precios nominales implicó una importante reducción del precio relativo de estos productos. En este marco, podemos considerar que la medida fue exitosa en su objetivo de compensar parcialmente la degradación de ingresos reales que sufrió buena parte de la población. Dado que la misma se aplicó sobre bienes de primera necesidad que hacen a buena parte de la estructura de consumo de las familias más vulnerables, es necesario plantear la posibilidad de continuar con la misma en la medida que el espacio fiscal así lo permita.
