Milei sabe que ya pagó los costos de vetarle al Congreso todas las leyes que no desee. Ese anuncio se hizo el año pasado y fue metabolizado por la opinión pública como una necesidad que permitirá bajar la inflación y sanar la economía. Allí están depositadas las esperanzas de la gente, que son las que le permiten a este presidente sostener esta actitud autoritaria de mantener bloqueado el Congreso. Pero Milei sabe que hay dos leyes que serán difíciles de frenar, la de los gobernadores. Por eso, por primera vez busca una salida negociada (hizo una contrapropuesta) para evitar que las leyes salgan, y busca apoyo de gobernadores aliados.
Se trata de las iniciativas que fueron presentadas por los 24 Gobernadores y que buscan obligar al Ejecutivo a no retener fondos que las Provincias consideran que son de ellas. Si bien no implican más erogaciones, sí implican una disminución en los recursos que se queda el Estado nacional para afrontar sus necesidades fiscales. Y si efectivamente son ratificadas por los mandatarios a través de sus legisladores, no habrá forma de defender el veto.
Por eso, el Gobierno está buscando, por primera vez, entablar algún tipo de negociación. Si bien no es directa (el gobierno no quiere dar el brazo a torcer y mostrar predisposición al diálogo) lo hace presentando una contrapropuesta a través de sus diputados. Y en buena medida, lo hace porque sabe que no podrá frenar esta ley con un veto. Por lo que habrá que ver si logra doblegar la voluntad de alguno de los gobernadores aliados.
La otra opción para el Gobierno es la de ralentizar todo lo que pueda el proceso, y aspirar a que todo quede para después de la elección (quedan dos meses y medio), y que un buen resultado lo fortalezca para evitar la imposición del Congreso. Pero suena desafiante, ya que quedan al menos 7 semanas en las que podrían tratarse la media sanción restante (que podría suceder las próximas), el veto y las insistencias.
