En diciembre, el déficit primario del Sector Público Nacional no Financiero superó ARS 300.000 millones, representando 1,1% del PBI. De este modo, el rojo operativo fue de ARS 1.750.000 millones durante 2020, representando 6,5% de PBI. El salto en el déficit en el último mes del año es habitual y responde a cuestiones estacionales como el pago de aguinaldos o la decisión de adquirir bienes y servicios con precios ya establecidos en función de convenios anuales.
Por su parte, el pago de ARS 10.000 millones en concepto de intereses significó que el déficit financiero acumule casi ARS 2.300.000 millones el año pasado, equivalente a 8,5% del PBI. En un contexto de escaso acceso del sector público al financiamiento, 9 de cada 10 pesos para cubrir el déficit provinieron de la emisión, que presionaron el mercado cambiario.
De esta forma, 2020 cerró con un incremento de 63,5% i.a. del gasto primario, muy por encima de la inflación (+42% i.a. en el promedio del año) y de los ingresos totales, que apenas treparon 23% i.a. La pandemia obligó el incremento del gasto a través de IFE y ATP fundamentalmente (conjuntamente representaron 2,7% del PBI) y postergó la reducción de los subsidios económicos ante la caída de los ingresos familiares. Asimismo, la caída de dos dígitos en términos reales del IVA -por las menores posibilidades de consumo- y de la Seguridad Social -tras el desplome de la masa salarial formal real-, explican la magra performance de la recaudación.
Este comportamiento guarda relación con el marco excepcional que significó la estricta cuarentena para contener el avance del coronavirus. Una forma diferente de encarar el desafío de la pandemia augura una dinámica distinta este año, aunque lejos de estar exenta de interrogantes. Repasemos algunos puntos.
En primer lugar, se debe contemplar que, si bien es poco probable la vuelta de un programa como el IFE, es posible que la asistencia a las empresas perdure un tiempo más. Al mismo tiempo, la imposibilidad de desarrollar proyectos de inversión pública durante el año pasado postergó un mayor gasto de capital para 2021 (que alcanzaría 1,5% del PBI, +0,5 p.p. que el año pasado) que además tendrá como objetivo dinamizar parte de la actividad productiva y el empleo.
Por otra parte, resta saber lo que sucederá con los subsidios económicos. La extensión del congelamiento requerirá esfuerzos fiscales significativos en los meses de invierno pero a ojos del gobierno, podría ser un costo menor de cara a las elecciones: la inflación continuará en la zona de 3-4% hasta marzo, por lo que fuertes aumentos de tarifas podrían provocar una marcada merma en el poder adquisitivo. Esto sugiere que, de existir, el mayor ajuste vendrá después de los comicios y que el peso de los subsidios económicos volverá a aumentar este año.
Un punto adicional será la dinámica que tomen las transferencias a las provincias. Si bien son solo el 5% del gasto primario, crecieron 150% i.a. en 2020 como consecuencia de la pandemia. ¿podrán reducirse en un año electoral con una economía que no alcanzará a recuperar los niveles de actividad previos a la pandemia?
Por el contrario, la nueva fórmula de movilidad permitirá un ahorro superior a 0,5% del PBI. Esto se debe al rezago con que se ajustará por los salarios -que a su vez tardan en responder a la aceleración de la inflación- y por la recaudación que, vale destacar, no se vería afectada por la mejora en los precios internacionales de los alimentos a través de un incremento en los derechos de exportación ya que únicamente se ajusta por la dinámica de los recursos que van a ANSES. Así, las condiciones están dadas para que exista cierto alivio fiscal en términos reales, en detrimento del poder adquisitivo de jubilados y beneficiarios de programas sociales.
En lo que se refiere a los ingresos, casi todo dependerá de la velocidad en la que se recupere la economía, que a su vez dependerá del control de la pandemia y el éxito de la campaña de vacunación. Como se mencionó, un alivio “inesperado” podría venir del frente externo, ya que se espera que la campaña agrícola aporte cerca de ARS 200.000 millones adicionales (0,5% del PBI) por la reciente mejora del precio internacional.
En resumen, sólo si el gobierno decide corregir el atraso tarifario a comienzos del año y si la economía -especialmente la producción de servicios- se recupera rápido, el déficit primario sería inferior a 4% del PBI en 2021. Sin embargo, nuestro escenario más probable prevé que -por cuestiones políticas y sanitarias- el rojo se ubicaría en torno de 4,5% del PBI. Finalmente, en un escenario pesimista de mayor inestabilidad nominal, el ajuste fiscal previsto en el presupuesto no se aplicaría y se ralentizaría la recuperación elevando el déficit primario arriba de 5% del PBI.
