¿Cuál fue el resultado de las cuentas fiscales en junio?
El Sector Público Nacional no Financiero tuvo un déficit primario superior a ARS 250.000 millones en junio, equivalente a -1% del PBI. De este modo, el rojo operativo rozó los ARS 900.000 millones en la primera mitad del año y ya acumula -3,3% de PBI.
Por su parte, el pago de intereses fue de ARS 35.000 millones el mes pasado, llevando el déficit financiero a la zona de ARS 288.000 millones (-1,1% del PBI). De esta forma, en el primer semestre se observó un rojo financiero de casi ARS 1.200.000 millones (-4,5% del PBI), superando el valor acumulado durante todo 2019.
¿Continuó creciendo la diferencia entre los ingresos y los gastos?
En primer lugar, hay que decir que la dinámica interanual de ingresos y gastos no continuó con la tendencia divergente de los últimos dos meses, más afectados por la cuarentena. Si bien la diferencia fue muy significativa, menos de 8% y más de 70%, respectivamente (o -25% i.a. y +8% i.a., si descontamos la inflación), fue menor a la de los últimos meses.
En este sentido, se debe señalar que el principal componente del gasto, las prestaciones sociales, treparon 78,5% i.a. (+32,5% i.a. real) impulsadas por el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que conjuntamente concentraron casi ARS 100.000 millones durante junio. En cierta medida, esta dinámica se vio compensada por una menor asistencia a las provincias, que no superó los ARS 20.000 millones (menos de la mitad del monto promedio transferido durante abril y mayo).
En igual sentido, los gastos de capital cayeron más de 25% i.a. en términos nominales. Se ve entonces que el aumento de las erogaciones está siendo impulsado por las políticas para paliar el impacto de la cuarentena en la sociedad, a la par que otros gastos están en rojo. No obstante, no es claro al momento qué parte de este gasto “extra” seguirá una vez superada la pandemia.
Párrafo aparte merecen los subsidios económicos, de carácter permanente y que treparon casi 90% i.a. en términos nominales, impulsados por las transferencias a las compañías energéticas (+114% i.a.). Si bien el precio internacional de los commodities del rubro continúa por debajo de los niveles de inicios de año, congelar las tarifas desde mediados de 2019 está implicando un costo importante para el Estado Nacional y enciende algunos interrogantes sobre la persistencia del congelamiento tarifario en el segundo semestre.
En lo que respecta a los ingresos totales, se observó un avance de 26% i.a. de los recursos tributarios. Aunque esto representa una caída real mayor al 10% respecto de junio de 2019, el deterioro se relajó respecto de abril y mayo, cuando la contracción había alcanzado (15,8% i.a. y 1,6% i.a.). Siguiendo con la tendencia observada en mayo (el EMAE avanzó 10% contra el piso de abril) la actividad habría seguido recuperándose en junio, aunque todavía muy por debajo de los niveles pre-cuarentena.
Adicionalmente, las rentas de la propiedad (-20,5% i.a., -44% i.a. real) se vieron afectadas por las medidas de alivio financiero para las familias, que consistió en la suspensión del pago de las cuotas por créditos otorgados de la ANSES, mientras que los recursos de capital exhibieron una contracción de casi 80% i.a. debido mayormente a la elevada base de comparación, que responde a la venta de activos de empresas públicas registrada en junio del año pasado por casi ARS 45.000 millones. Vale destacar que, si excluimos este concepto, los ingresos totales habrían crecido cerca de 20% i.a.
¿Qué esperamos para los próximos meses?
La dinámica fiscal del segundo semestre no dependerá exclusivamente de lo que suceda con la cuarentena y la asistencia financiera y sanitaria necesaria para hacer frente a la pandemia. Esto se debe a que su extensión pone cada vez más de manifiesto un plan para diseñar la recuperación.
Por ejemplo, tal como algunos funcionarios deslizaron, es probable que sea necesario mantener algún tipo de prestación social que reemplace parcialmente el IFE en la post-pandemia debido a las dificultades que tendrán muchos trabajadores en “recuperar” sus puestos de trabajo, incluso en el mediano plazo. La vigencia de esta asistencia a las familias, dada su relevancia, dificultará una rápida desinflación de las prestaciones sociales pasada la cuarentena. En la misma línea, por el momento el gobierno pretende evitar un ajuste tarifario que reduzca las transferencias a las empresas de servicios públicos.
En definitiva, la duración y magnitud del aumento del gasto depende de las condiciones que resulten de la cuarentena. El impacto sobre las capacidades del sector privado, que afectan el mantenimiento y la generación de puestos de trabajo, y en consecuencia, reducen los ingresos laborales y sostienen la pérdida del poder adquisitivo, será, al menos parcialmente, compensado por el estado.
El problema es que el financiamiento no podrá ser a través de una rápida recuperación de la recaudación: las complicaciones en el mercado de trabajo producto de la cuarentena también afectarán a los ingresos. El impacto será directo, a través de la erosión de los tributos de la seguridad social ante el desplazamiento de las negociaciones paritarias hacia el cierre del año -en el mejor de los casos-, y la pérdida de puestos de trabajo formales; e indirecto, producto de un menor dinamismo del poder adquisitivo, al considerar también las dificultades que enfrenten trabajadores cuentapropistas e informales. Por otro lado, la eventual moratoria fiscal -de la que no se conocen detalles- podría también limitar la recuperación de los ingresos públicos.
Por lo tanto, el mayor gasto, con los mercados de créditos todavía cerrados, debe ser financiado a través de una creciente emisión monetaria, algo que no carece de riesgos en una economía que acumula presiones inflacionarias hace varios años y cuya moneda carece de confianza.
En definitiva, esperamos que el déficit fiscal continúe creciendo en la segunda parte del año, llegando a la zona de 6,5-7% del PBI. Los esfuerzos necesarios para contener las implicancias del aislamiento en la economía dejarán su lugar a los orientados a apuntalar la demanda interna en un contexto social que ya se prevé crítico.
