La suspensión hasta nuevo aviso del desembolso de USD 5.400 millones acordados con el FMI significa que la Argentina se ha quedado sin prestamista de última instancia en moneda dura. Por ende, el próximo presidente electo enfrentará el inicio de su mandato con el cierre total del financiamiento externo, lo cual compromete el pago de los compromisos de la deuda pública nacional denominados en moneda extranjera.
Suponiendo equilibrio primario del Sector Público Nacional, el Tesoro enfrentará el año que viene servicios de deuda (capital más intereses) en torno a USD 53.000 millones (13% del PBI). En un contexto de aislamiento financiero, dicha cifra luce impagable. Sin embargo, los servicios de deuda relevantes son menores y el próximo presidente puede tomar medidas para tratar de reabrir los mercados, conseguir otro prestamista de última instancia (China) o reducir los compromisos (reestructuración).
Antes de analizar estas posibilidades, conviene precisar cuáles son los servicios de deuda relevantes a pagar en 2020, ya que el Tesoro puede refinanciar los pagos intra-sector público. De hecho, los servicios de deuda pública con acreedores privados y Organismos Financieros Internacionales para 2020 bajan a USD 40.000 millones (10% del PBI).
Otro punto a clarificar es cuánto de dicho monto esta denominado en Pesos y cuánto en moneda extranjera. Redondeando, USD 25.000 millones son en moneda extranjera y USD 15.000 millones en Pesos. Pese a que el monto en moneda local equivale casi a 4% del PBI es posible refinanciarlo en el mercado local pues las restricciones cambiarias fuerzan a muchos agentes económicos a invertir en Pesos (como las firmas no pueden atesorar divisas se les puede ofrecer un bono dólar link). En última instancia, el Tesoro podría pedirle al Banco Central (BCRA) monetizar sus utilidades.
Cabe destacar entonces, que el principal desafío para honrar los compromisos de la deuda pública en 2020 pasa por los USD 25.000 millones en moneda extranjera. Los acreedores privados poseen USD 21.000 millones y los restantes USD 4.000 millones están en manos de Organismos Financieros Internacionales. Pese a que la asistencia del FMI, el BID y el Banco Mundial está comprometida, es probable que la próxima administración logre al menos refinanciar dichos vencimientos. Por ende, el flamante gobierno necesitará conseguir USD 21.000 millones en moneda extranjera para pagar a los inversores privados.
Como ya hemos supuesto que el Ejecutivo recurre a todas las fuentes de financiamiento disponibles, la única posibilidad para generar esas divisas es exportando más de lo que importamos. Dado que no esperamos una recuperación de corto plazo, si se sostiene la competitividad del tipo de cambio real en el nivel actual (que implicaría indexarlo a la inflación), el superávit comercial cubriría casi toda la brecha.
El problema es que las divisas genuinas que genera el sector privado las necesita el sector público. Para evitar la apreciación del tipo de cambio, el BCRA tendría que comprar el saldo comercial, pero dichos dólares representan 5% del PBI por lo que debería esterilizar buena parte de la operación para evitar una emisión significativa de Pesos. Asimismo, el Tesoro tendrá que comprarle directamente las divisas al Central, pero como no posee fondos genuinos (ahorro fiscal) deberá colocarle títulos.
El deterioro patrimonial del BCRA y la indexación del tipo de cambio garantizan un piso muy alto de inflación (60% anual) para 2020, que podría trepar aún más si el próximo presidente decide apostar por el mediano plazo revirtiendo al comienzo de su gestión el congelamiento de precios (combustibles y tarifas de servicios públicos) aplicado por la administración Macri tras las Primarias Presidenciales.
En síntesis, sin financiamiento de China o una reestructuración de deuda con acreedores privados, el próximo presidente podría pagar los compromisos de su primer año de gestión pero a un elevado costo político y social: el tercer año consecutivo con recesión e inflación elevada.
La pregunta del millón es si el próximo mandatario estará dispuesto a asumir las consecuencias económicas de honrar los servicios de deuda en un contexto de aislamiento financiero o si corta camino forzando a los tenedores privados a pagar parte del costo. A pesar que esta última opción luce más atractiva, pocas veces los atajos terminan siendo la mejor opción pues están llenos de obstáculos. Por algo el caminante que desciende de una montaña lo hace en zigzag en vez de en línea recta.
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