La Argentina alcanzó un acuerdo con tres grupos de acreedores de deuda pública ley extranjera, que juntos tienen más de la mitad de dichos bonos soberanos. De esta forma, se empezó a cerrar la primera y la más complicada de las etapas de la reestructuración de la deuda del Tesoro Nacional.
Si bien todavía faltan algunos detalles legales, que deberían salvarse hacia fines de este mes (el plazo formal para adherir a la esta oferta vence el 24 de agosto, los resultados se publicarán el 28 y los nuevos bonos se emitirán el 4 de septiembre), lo cierto es que quedó zanjada la parte económica de esta negociación. Ahora, el objetivo del gobierno será alcanzar los umbrales necesarios para que se gatillen las cláusulas de acción colectiva (CACs) -el 66% de los tenedores de los bonos indenture 2016, ya casi seguro completado, y el 85% de los indenture 2005, un poco más complejo de lograr pero encaminado- a fin de extender al total de los tenedores la nueva propuesta y evitarse cualquier tipo de problema legal en las cortes extranjeras, principalmente Nueva York y Londres. Este escenario, bastante lejano hace algunos meses, hoy es el más probable.
Pasando a los números, podemos decir que, tras cuatro meses de negociación oficial y cuatro propuestas, la quinta asoma como la vencida. Esta implica un debt relief de USD 34.000 millones a pagar en un plazo más relajado: mientras que en el perfil original correspondía reponer USD 30.000 entre 2020 y 2024, en la actualidad se deberá abonar menos de USD 5.000 millones. En tanto, los pagos comprendidos entre 2025 y 2028 pasaron de USD 33.000 millones a USD 24.00 millones.
Esta diferencia es consecuencia de una exigua quita de capital (cercana al 2%) y un considerable ajuste en los intereses (en torno a 60%). Asimismo, el cupón promedio de nuestra deuda soberana pasó de 6,3% a 3,1%. Esto le permitirá al gobierno reducir los servicios de deuda y a los acreedores no registrar grandes pérdidas en sus balances ya que se devolverá casi todo el capital invertido.
Pero esta quita de capital casi nula no permitirá reducir el stock de deuda pública, que seguirá rondando el 90% del PBI. En consecuencia, si bien este acuerdo es importante, todavía falta mucho. En este sentido, podemos afirmar que el proceso recién empieza, tanto en el plano financiero como en el económico. En el primer punto, resta reestructurar la deuda pública ley local en moneda dura (USD 42.000 millones, casi 12% del PBI) y los compromisos con los organismos financieros internacionales (poco más de USD 73.000 millones, 20% del PBI). Aunque en ambos casos los procesos parecen encaminados -se mandó al Congreso una Ley para reestructurar la deuda pública legislación local en iguales términos que la extranjera y con el FMI hay buen entendimiento para extender plazos del pago de USD 44.000 millones-, resta definir varios puntos centrales.
A nivel macroeconómico, lo cierto es que no esperamos grandes cambios en el corto plazo. De hecho, no haremos modificaciones sustanciales en nuestro Escenario Más Probable, que descontaba este acuerdo. Concretamente, proyectamos que la economía caerá alrededor de 12% este año si la cuarentena no se extiende más allá de agosto en el AMBA y que la inflación acumulará cerca de 40% en 2020, por debajo de los últimos dos años, pero todavía en niveles nocivos para el normal funcionamiento de nuestra economía.
No obstante, podría haber algunas novedades en el plano cambiario. Posiblemente, las cotizaciones paralelas bajen en el corto plazo, producto de la menor incertidumbre y con ella la brecha. Esta menor diferencia podría descomprimir un poco el mercado de cambios oficial, en extrema tensión aún en un contexto de fuerte cepo. En este caso, el Banco Central podría relajar algunas restricciones -especialmente aquellas vinculadas a la compra de dólares para la importación de bienes-, habilitando nuevos demandantes en el mercado oficial. Por este motivo, el tipo de cambio seguiría deslizándose por arriba de la inflación en el corto plazo. Si bien la divisa podría cerrar el año por debajo de 90 ARS/USD -lo que implicaría una depreciación cercana al 50% en el año-, lo cierto es que no están dadas las condiciones para anclar al tipo de cambio oficial en el futuro inmediato.
Esta dinámica, y un final exitoso en la lucha contra el Coronavirus, permitiría ganar algo de previsibilidad y encarar el 2021 con menos pesimismo. En un escenario de riesgos e incertidumbre a la baja, variables nominales más estabilizadas y un año electoral que motivará al sector público a impulsar el consumo privado en un contexto de bases de comparación inéditamente bajas, nos ayudarán a transitar la pospandemia en un contexto delicado, pero mejor que el actual.
No obstante, todavía falta mucho camino por recorrer: reestructurar la deuda pública ley extranjera era una condición necesaria para dejar de caer. Sin embargo, y lamentablemente, no llega a ser suficiente. Esto recién empieza.
