La inflación es uno de los principales problemas de la economía argentina. Mientras que la actividad y el dólar oficial podrían cerrar 2021 en línea con los objetivos del Presupuesto, la suba de precios consumiría su meta anual entre enero y agosto, donde acumularía más de 30%.
Al comienzo de la pandemia, la inflación fue la única variable “beneficiada” por la cuarentena: las menores presiones salariales, en un contexto de aumento de la demanda precautoria de dinero y programas de control de precios, llevaron a este índice a la zona de 1,5% mensual por primera vez desde 2018. Sin embargo, en parte por las presiones acumuladas durante los meses de calma y en parte por factores nuevos, la inflación se aceleró en el cuarto trimestre del año pasado, y no logró bajar sensiblemente desde entonces. Así, pasó de 3,7% promedio mensual entre octubre y diciembre de 2020, a 4,1% entre enero y marzo de 2021 y a 3,5% entre abril y junio.
En julio, la suba de precios habría estado por debajo de 3% por primera vez desde septiembre pasado. Pareciera entonces que llegó la desaceleración. Ahora bien, respondido el cuándo, tiene sentido preguntarnos por el cómo: las razones de la baja nos permitirán precisar su duración, además de su sostenibilidad y los cambios que podría producir al interior de la economía. Cuanto más forzada sea la baja, más insostenible será. Veamos.
Una de las principales anclas del proceso desinflacionario serán los precios regulados. Sacando los aumentos ya anunciados en prepagas (+29% en el segundo semestre), a priori no existirían otros grandes ajustes en los próximos meses en estos capítulos. Por el contrario, en la primera mitad del año habían mostrado algunas subas relevantes -a pesar, es cierto, del congelamiento extendido de las tarifas de servicios públicos-. A modo de ejemplo, entre enero y junio, los combustibles subieron 34%, las prepagas 14%, la telefonía 18%, en tanto que electricidad y gas aumentaron 9% y 6%, respectivamente.
Estos precios no sólo impactan de manera directa sobre el IPC -representan un quinto de éste-, sino que suelen tener efectos de segunda ronda. En este marco, las casi nulas actualizaciones en insumos y logística ayudarían a relajar tensiones sobre otros bienes y servicios finales, aun cuando sus precios, virtualmente, estén libres. Por lo tanto, la ayuda que darán los precios regulados será mayor a ese 20% que explican de manera directa.
Por otro lado, el alza de commodities a nivel global, que tuvo un rol relevante en el primer semestre -aunque, claro está, tan relevante como lejos de exclusivo- también pareciera haberse moderado en las últimas semanas. En este sentido, resaltan las subas de casi 10% mensual promedio en el Mercado de Liniers entre noviembre del año pasado y abril de 2021, explicadas, entre otros factores, por la suba de los precios internacionales de los alimentos, principales insumos en la cría de ganado vacuno. En respuesta a este salto, la carne minorista avanzó 6% promedio mensual en el primer semestre según nuestras estimaciones, sumando tensiones al nivel general de precios y al bolsillo de los argentinos.
En sentido contrario, a finales de junio se observó una baja de 5% en el Mercado de Liniers, que se sintió en las góndolas en julio cuando la carne vacuna subió 1%, muy por debajo de una inflación que habría acumulado poco más de 2,5% según el IPC GBA Ecolatina. Si bien el cierre de las exportaciones de carne fue poco efectivo para controlar precios, un dólar oficial planchado y precios internacionales que dejaron de subir permitieron lograr los resultados que la medida perseguía, aunque más no sea parcial y tardíamente.
Entre febrero y junio, el dólar oficial subió menos de 11%, ubicándose 10 p.p. por debajo de la inflación general. Si bien la apreciación de las monedas emergentes permitió relajar parte de la pérdida de competitividad, sumó algunas tensiones sobre el proceso inflacionario local. Por caso, si el Real se aprecia, tal como pasó en el primer semestre (-2,4%), hace falta una mayor cantidad de dólares para importar la misma cantidad de bienes brasileños que antes, exigiendo, en última instancia, más pesos.
Luego de un julio con menor influjo de capitales netos hacia los países emergentes, y depreciación de sus monedas -concretamente, el Real avanzó 2,6% durante el mes pasado-, este factor desaparecería en los próximos meses. En el mismo sentido, el ancla del dólar oficial está ganando efectividad en las últimas semanas, reforzando este proceso.
El endurecimiento del cepo de comienzos de julio marcó que el Banco Central restringirá todavía más las cantidades si lo cree necesario, en lugar de convalidar ajustes en el precio de la divisa. Si bien esta decisión recorta tensiones en el corto plazo sobre algunos bienes de primera necesidad -básicamente, alimentos y bebidas-, que no tendrían problemas en acceder al mercado oficial de cambios, no es gratuita en materia de precios.
Como se verificó al cierre del año pasado y a principios de este, si aumenta el costo de reposición de algunas empresas, porque tienen que comprar con dólares propios en el exterior -es decir, dólares valuados hoy a 170 pesos-, la inflación se acelerará inevitablemente en aquellos rubros afectados. En este sentido, resalta que los productos importados saltaron 5,3% promedio mensual entre octubre 2020 y marzo 2021, según el Índice de Precios Internos Mayoristas que elabora el INDEC, muy por encima de un dólar oficial que aumentó “solo” 3,2% promedio mensual.
La incertidumbre sobre los costos de reposición es relevante. Una suba del “dólar efectivo importador”, una suerte de suma ponderada de las importaciones que se hacen al tipo de cambio oficial y las que necesitan de dólares propios, resultado de un ajuste eventual en la cantidad de empresas que tiene que valuar sus divisas a 170 pesos, ralentizaría el proceso de desaceleración inflacionaria.
Programas como Ahora 12, que alientan el consumo en cuotas de bienes durables, marcan que la prioridad del gobierno es apuntalar la recuperación de la actividad, aun cuando esto pueda implicar un retroceso en la lucha contra la inflación -y en su objetivo de controlar al dólar oficial, en tanto muchos de los productos incluidos en el programa son importados y demandan divisas para su consumo-.
En la misma línea se inscribe la reapertura de paritarias, alentada desde el Poder Ejecutivo. Motivados por algunos gremios públicos, que cerraron actualizaciones mayores al 40%, los bancarios lograron una suba de casi el 50% en sus haberes, un valor muy similar al del sindicato de Camioneros. De esta forma, el poder adquisitivo tendría su mejor semestre desde 2017, pudiendo fortalecer el consumo de los hogares, pero al costo de una mayor nominalidad. El nuevo equilibrio, entonces, aparece claro: más actividad, pero también precios más altos.
La inflación bajará en el segundo semestre. Más allá de algunos factores que puedan operar en sentido contrario -salarios y dólar paralelo-, los grandes motores se alinearán para que la suba de precios se relaje a partir de julio -dólar oficial y tarifas de servicios públicos- y deje los niveles particularmente elevados de la primera mitad del año: si el acumulado enero-junio se repitiera entre julio y diciembre, la inflación rozaría el 60% en 2021. Sin embargo, desde Ecolatina proyectamos que la suba de precios estará apenas por debajo del 50% este año, pasando de un promedio mensual de 4% en el primer semestre a otro de 3% en el segundo.
El gran problema es que esta baja no será duradera, sino que se volverá insostenible por su propio peso. Cuando las anclas son forzadas y se acumulan atrasos, la dinámica termina pasando factura más temprano que tarde. En consecuencia, no solo tendremos una inflación mayor al 40% en 2021: también será así en 2022.
