Javier Milei ha gozado de condiciones de gobernabilidad de excepción, que entre varias cosas le permitieron gozar de plena discrecionalidad en la administración del gasto público (por primera vez en la historia un presidente atraviesa dos períodos sin presupuesto aprobado). Esas condiciones parecen languidecer, de la mano de la reacción de los 24 gobernadores que impulsan leyes para reasignar flujos de fondos entre Nación y Provincia.
Esta reacción de los Gobernadores se suma a otra avanzada de los bloques opositores que nuevamente (ya había sucedido el año pasado) han venido impulsando otras iniciativas que intentan determinar prioridades en la ejecución del gasto público, sobre todo atendiendo necesidades de sectores más vulnerables (gasto en jubilaciones, gasto en salud y en discapacidad). No todas las iniciativas caminan a la misma velocidad, ni tienen el mismo grado de avance, pero algunas han sido sancionadas esta semana, y otras tienen destino de sanción, con mayorías con voluntad de impulsar este tipo de iniciativas.
Al Ejecutivo le queda la facultad del veto para defenderse de estas iniciativas, pero la capacidad de evitar insistencias legislativas (la capacidad de sostener los vetos) estuvo siempre asociado a la voluntad de algunos gobernadores de colaborar con esa capacidad de bloqueo. Ahora, si todos los gobernadores se ponen de acuerdo en impulsar estas iniciativas, aun siendo vetadas por el Ejecutivo, habría en ambas cámaras mayorías suficientes para imponer la inasistencia legislativa y doblegar la voluntad del Presidente.
Lo que cambió en estas últimas semanas es que a los agrupamientos opositores en ambas cámaras (116 diputados y 34 Senadores), se sumaron los bloques dialoguistas que han adoptado una postura opositora. De esta forma, en ambas cámaras se pueden juntar 2/3 de diputados y senadores con capacidad de imponer las decisiones que sean. Un panorama que se desprende del acuerdo generado entre los 24 gobernadores.
Esta situación puede cambiar en diciembre cuando el oficialismo tenga la chance de lograr en la renovación legislativa, un tercio de la cámara baja (86 diputados) que le asegure bloquear cualquier insistencia legislativa. Pero para ello faltan 5 meses. Por ello, si el oficialismo quiere evitar zozobras en la economía ante de las elecciones, no le quedará otra que sentarse a negociar con los gobernadores.
