Category: Precios

Tras la fuerte aceleración de la inflación a lo largo del 2022, controlar la evolución de los precios se ha vuelto imperativo para el Gobierno y sus aspiraciones electorales. Bajo esta premisa, desde el Ministerio de Economía se planteó como objetivo ordenar la nominalidad en torno al 60% anual (pauta de inflación del presupuesto 2023), guarismo que implica alcanzar una inflación mensual del 4%, desaceleración no menor teniendo en cuenta que la misma fue de 6,1% en el segundo semestre del año pasado.

Para ello, hacia el cierre del 2022 se cerraron acuerdos de precios con diversos sectores con vigencia hasta el primer trimestre de este año, en donde los más significativos parecerían ser el programa Precios Justos y aquellos que alcanzan a productores de insumos difundidos. Al mismo tiempo, la desaceleración lograda durante el último bimestre del año pasado -en parte por esta coordinación, pero fundamentalmente por la caída en el precio de las verduras y un abaratamiento relativo en el precio de la carne vacuna- permitió que el crawling peg modere la tendencia alcista exhibida durante los meses previos.

En este sentido, un elemento clave para el ordenamiento nominal son las paritarias: es difícil encarar una significativa moderación de la inflación si los salarios se quedan “pegados” a la inflación pasada. En este marco, el oficialismo también busca que las negociaciones se firmen al ritmo del 60%, siendo un acuerdo semestral del 30% una estrategia para lograr la aceptación de los sindicatos e iniciar el camino.

Ahora bien, ¿es posible un ordenamiento de esta magnitud? ¿a qué riesgos se enfrentaría esta estrategia?

En primer lugar, vale decir que los sindicatos tienen incentivos a colaborar con el Gobierno, previendo que un cambio de signo político -ante un fracaso de la política económica actual- pueda desfavorecerlos. Un elemento adicional es que en 2022 el promedio anual del salario registrado real habría crecido alrededor de 0,5%. El principal factor detrás de esto es el acortamiento de la vigencia de las paritarias, que no sólo dio la posibilidad de renegociar ante la escalada inflacionaria, sino que contribuyó a reducir la heterogeneidad de la perfomance de los salarios reales por sector.

Tal vez el punto más relevante se vincula a los significativos aumentos pautados en las renegociaciones para el primer trimestre del año, asociados a la nominalidad pasada. Desde Ecolatina relevamos acuerdos que representan más del 80% del índice de salarios del sector privado de INDEC y hallamos un incremento trimestral superior al 15%. En función de la inflación esperada por el REM, esto no sugiere que se llegará a la temporada alta de las paritarias -hacia marzo/abril- con una merma significativa del poder adquisitivo.

Sin embargo, justamente el hecho de que el año comience con una nominalidad que lógicamente está mirando más a lo ocurrido durante el 2022 hace que, apenas transcurrido un mes de este año, el objetivo del Gobierno comience a agrietarse por las perspectivas de una inflación más alta que el 4% mensual, el “ritmo” consistente con la pauta oficial. Por este motivo, desde algunos gremios comienzan a existir voces disonantes que prefieren “ver para creer” en una desaceleración antes de poner la firma.

 

Los obstáculos se avizoran tempranamente

Consideramos que este escepticismo tiene fundamentos en la realidad por distintos factores que mantendrán elevados los registros de inflación, la cual exhibirá un comportamiento más similar al del año pasado de lo que el oficialismo pretende.

Por un lado, también los servicios públicos exhibirán aumentos por encima de la pauta del 30% durante la primera mitad del año: las tarifas subirán entre el 15-20% en enero y deberán tener nuevos ajustes -que por cuestiones electorales difícilmente sean pasados a la segunda mitad del año- debido a que es necesario continuar reduciendo los subsidios económicos para cumplir el programa fiscal trazado con el FMI. Una muestra de esto es la indexación del precio del boleto del colectivo y trenes, que tras la suba de 40% en enero se ajustará -a partir de marzo- en función de la inflación pasada, garantizando una recuperación de este precio relativo.

Por otro lado, una nueva aceleración del precio de las frutas y las verduras no debe descartarse en el corto plazo -de hecho, según información del IPC GBA Ecolatina, esperamos incrementos del 10-20% para enero- debido a la sequía, tal como ocurrió el año pasado. Asimismo, como señalamos en un informe reciente los precios al consumidor de la carne vacuna también podrían mostrar una corrección en las próximas semanas, ya que no sólo se encuentran más de 25% por debajo del precio que tenían hace un año en términos reales según los datos del IPCVA, sino que ya se están verificando aumentos importantes en el precio de la hacienda en pie: en la segunda quincena los valores subieron cerca del 35% en el Mercado Agroganadero de Cañuelas. De este modo, difícilmente el programa de Precios Justos -que cubre productos empaquetados y justamente excluye productos frescos- evite una aceleración también en los alimentos.

Finalmente, si bien el tipo de cambio real no se encuentra tan atrasado como en otros momentos de la historia reciente, las escasas reservas internacionales -y la necesidad de cumplir la meta de acumulación en el marco del acuerdo con el FMI- hacen que recurrir al ancla cambiaria -típico ingrediente del año electoral- sea una estrategia poco sostenible. Así, por más que la depreciación del tipo de cambio oficial corra algo por detrás de la inflación, impondrá un piso alto a su desaceleración.

Con respecto a este último punto, hay que agregar que, producto de las restricciones, el tipo de cambio oficial puede no ser tan determinante en el precio de muchos bienes no esenciales. Estos sí podrían verse más afectados por la volatilidad de la brecha cambiaria, que estará a la orden del día durante el año electoral. Si bien es cierto que el impacto de este fenómeno en la medición del IPC es acotado, esta particularidad podría extenderse a otros bienes más básicos -finales e intermedios- en tanto sea necesario profundizar la administración de la escasez de los dólares. En este sentido, se debe mencionar que, si bien la participación en el programa Precios Justos garantiza las divisas a tipo de cambio oficial, en caso de que el ritmo de aumentos mensuales permitido se perciba acotado, la renovación del programa podría complicarse y eventualmente sumar bienes al grupo para el cual el crawling peg deja de ser una variable relevante en la estrategia de pricing.

En cualquier caso, malas noticias en el frente externo o con la renovación de los sucesivos vencimientos de la deuda en pesos -ahora concentrados a partir de abril- podrían trasladarse a la inflación más rápidamente, elevando el riesgo de una disparada nominal, tal como ocurrió tras la renuncia de Martin Guzmán a comienzos de julio del año pasado.

Conclusiones y perspectivas

Esto refleja que ya sólo con observar el primer semestre emergen desafíos e inconsistencias acerca del cumplimiento del sendero de desinflación, consistente con un 30% semestral, criterio bajo el cual el Gobierno intenta ordenar las demandas salariales y la nominalidad de la economía en general. En cambio, prevemos que el nivel de precios avance en el orden del 40% hacia junio, dejando así una inercia mayor de cara al semestre electoral, cuando algunos de estos procesos se vuelvan a “activar”.

Tal es el caso de las paritarias, donde si bien su acortamiento resulta una buena noticia para los trabajadores formales – de ser necesario reciben ajustes asociados a la “nueva” inflación- es un mecanismo que refuerza la inercia inflacionaria y vuelve a los shocks más permanentes. Así, la divergencia entre la inflación esperada y la real significarán rápidamente nuevos ajustes en la segunda mitad del año, máxime teniendo en cuenta la búsqueda de alcanzar una mejora del poder adquisitivo de cara a las elecciones.

Por su parte, el Gobierno podría moderar los aumentos de precios regulados y acudir nuevamente a los controles de precios, pero esto no bastará para que la desaceleración se sostenga o sea significativa, especialmente considerando que hacia el cierre del año la incertidumbre acerca de la nueva administración pueda suscitar una nueva escalada en los precios. En esta línea, prevemos que la dinámica inflacionaria se ordene en torno al 35% en la segunda mitad del año, implicando una inflación anual que volvería a comenzar con “9”. No obstante, no debe olvidarse que eventos disruptivos en la escena política vinculados al resultado electoral pueden llevarnos fácilmente a una inflación de tres dígitos incluso sin que exista un salto del tipo de cambio oficial.

Para finalizar, vale mencionar que la intención del Gobierno de ordenar la nominalidad al 60%, en un contexto de ajuste fiscal y una política monetaria contractiva, no luce descabellada. Sin embargo, los todavía desalineados precios relativos y los vigentes mecanismos de propagación de la inflación vuelven desafiante dicha tarea en un año electoral. Sin detrimento de esto, apuntar a una inflación mensual de 4% es mejor que intentar solamente que la misma no se acelere. En este sentido, es valorable la coordinación desde comienzos de año ya que de cualquier otro modo la inflación iba a superar cómodamente los tres dígitos este año.

No hay disenso en que la inflación -que hace más de quince años registra variaciones de dos dígitos en nuestro país- tiene un impacto directo en la vida de las personas, y que las distorsiones que genera complican el normal funcionamiento de la economía. Por este motivo, es un tema que no pierde vigencia en las agendas de los distintos gobiernos -más aún en años electorales-.  En los últimos años se fueron implementando distintas políticas económicas con el objetivo de frenar la inflación.

Una de estas políticas fueron los distintos controles de precios, principalmente a bienes de primera necesidad y consumo masivo. El objetivo de frenar la inflación de este grupo de bienes radica en que afecta relativamente más a los que menos tienen (representan el 18% de la canasta del decil de menores ingresos en contraste con el 7% del más rico, según la Encuesta Nacional de Gastos en Hogares de INDEC).

El Índice de Precios de Consumo Masivo, que construimos en base a la información del IPC INDEC Nacional, está compuesto principalmente por productos empaquetados de alimentos y bebidas y excluye productos frescos -que tienen un gran componente estacional- como carnes, frutas y verduras. Estos bienes ponderan un 16% del total de la canasta que mide la inflación, por lo que su impacto en el IPC es no menor. Si bien dentro del Índice de Precios de Consumo Masivo se ubican los bienes de cuidado personal, excluyendo estos el índice ocupa la mayor parte del índice de alimentos y bebidas: del casi 27% que pesa este capítulo en el IPC general, 13,2% son productos de consumo masivo, 8,9% carnes y 4% frutas y verduras.

Estos últimos son menos susceptibles de verse impactados por acuerdos de precios. Aunque hubo intentos de mantenerlos dentro del esquema (como el programa Cortes Cuidados), su aplicación resulta compleja por el grado de atomización de los actores involucrados en la producción y comercialización, con precios fuertemente atravesados por factores estacionales. En consecuencia, la dinámica de los frescos es uno de los riesgos exógenos que pueden frustrar el objetivo de estos programas.

En este contexto, cabe preguntarse: ¿los acuerdos de precios actuales pueden ser más efectivos que los del pasado reciente? ¿efectivos para qué? ¿en qué se diferencian de los anteriores?

Análisis de los programas de los últimos años: Precios Cuidados y Precios Máximos

En los años recientes, los controles de precios tomaron distintas formas, estuvieron acompañados por diversas políticas económicas y buscaron cumplir diferentes objetivos, comenzando por la creación del programa de Precios Cuidados en 2014. Su primer objetivo fue marcar precios de referencia, mediante una canasta de bienes de primera y segunda necesidad con actualizaciones trimestrales de 200 (2014) a 500 (2015) productos.

Entre 2016-2019 la dinámica fue similar, aunque la canasta se redujo significativamente y prevalecieron segundas marcas. El objetivo no era que existieran productos líderes de referencia, sino que hubiera una canasta accesible para sectores de menores ingresos, con actualizaciones al mes o a los dos meses.

El cambio de gobierno a finales de 2019 implicó un nuevo viraje. Se buscó nuevamente establecer precios de referencia, por lo que se amplió la canasta de Precios Cuidados (a más de 600), añadiéndose nuevamente productos de primeras marcas.

Ante la irrupción de la pandemia y la necesidad de frenar la inflación ante un deterioro en los ingresos, el Gobierno lanzó el programa Precios Máximos, que abarcó una gran cantidad de bienes de consumo masivo -llegó a incluir 2.300 productos, en su mayor parte de primera línea-. La novedad respecto al resto de los controles es que fue un congelamiento que sólo contempló dos aumentos a lo largo de todo 2020, buscando no sólo ser una referencia, como los programas anteriores, sino también frenar la inflación (al menos en el corto plazo).

En este programa se observó un efecto favorable sobre la evolución de los precios: mientras la inflación general acumuló 26% entre abril y diciembre de 2020, la de los bienes de consumo masivo fue de 16%, y mientras que los bienes de consumo masivo crecían en promedio al 1,7% mensual, el nivel general lo hacía al 2,6%. Más aún, tomando sólo los meses de pleno congelamiento (abril-junio), la inflación de este grupo era menor al 1%.

No obstante, en junio de 2021 se desarma Precios Máximos porque se revierte su impacto inicial: la inflación de consumo masivo acelera los meses previos porque los precios congelados comienzan a actualizarse tras meses sin moverse y presionan al nivel general. Mientras que de abril a diciembre de 2020 los bienes de consumo masivo explicaban en promedio el 11% de la variación del nivel general, entre marzo y mayo 2021 representaban el 17%. El desarme vino acompañado de una nueva canasta básica de Precios Cuidados con apenas 70 productos, con sus precios congelados hasta diciembre de ese mismo año.

En un contexto electoral con aceleración de la inflación, en octubre de 2021 se anuncia un nuevo congelamiento que sólo se mantiene hasta diciembre, cuando es reemplazado por un nuevo programa de Precios Cuidados que luego permanecería hasta 2022.

Este congelamiento tuvo efectos positivos sólo en el muy corto plazo: en noviembre el IPC Consumo Masivo se desaceleró a 1,5% (promediaba 3,7% entre febrero y octubre), pero volvió acelerarse en diciembre a 2,9%, y, sumado a un shock en el precio de la carne (subió 9,1% dicho mes), el capítulo de alimentos y bebidas se ubicó por encima del nivel general por primera vez en cinco meses.

En enero de 2022 el Gobierno lanzó un nuevo programa de Precios Cuidados que incluía una canasta de 1.321 productos (hasta julio, desde ahí en adelante 949 productos), casi el triple del plan previo implementado de octubre de 2021, aunque con un potencial menor impacto, ya que no incluía el congelamiento del anterior programa. Se extendió hasta el 11 de noviembre del mismo año, donde fue reemplazado por el actual Precios Justos. El efecto fue nulo: el índice de consumo masivo pasó de promediar 5,7% los primeros cinco meses del período a 6,8% los segundos, y tuvo una incidencia de alrededor de 17% para ambos períodos. Si bien el programa era más grande en magnitud, no tuvo efecto dado que la actualización de los precios era mensual, y no se trató de un congelamiento como el anterior.

De lo expresado en los párrafos anteriores se desprende que los acuerdos de precios han tenido rendimientos marginales decrecientes: mientras más acuerdos se fueron acumulando, más poder de anclaje perdieron, en un contexto donde la confianza en la conducción de la economía juega un rol determinante a la hora de apaciguar las expectativas y garantizar un mayor grado de acatamiento.

Actualidad: Precios Justos en conjunto a nuevos acuerdos sectoriales

En cinco meses como ministro, Massa cerró cerca de diez acuerdos de precios a nivel sectorial, algunos de los cuales incluyen congelamientos. La nave insignia es Precios Justos, que entró en vigor el 11 de noviembre de 2022 y fija los precios de alrededor de 1.800 productos de primera necesidad por 120 días, mediante acuerdos con empresas productoras y comercializadoras. La novedad es que, además, aplica un tope de aumentos de 4% para el resto de los artículos de consumo masivo que se venden en grandes cadenas de supermercados por parte de las empresas que firman el acuerdo.

En el marco del mismo programa, también se acordó con petroleras una suba en los combustibles de hasta el 4% mensual en diciembre, enero, febrero y marzo; y con las principales cámaras del sector farmacéutico un sendero de precios desde diciembre hasta el 31 de marzo de 2023 para los medicamentos, donde sólo podrán aumentar 3,8% mensual[1].

El capítulo de Prendas de vestir y calzado fue el que más creció en 2022 (+120,6% i.a). En este marco, se firmaron tres acuerdos de precios con el sector: con la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), con empresas de telas e hilados y con marcas de zapatillas, que incluyeron desde congelamientos o reducciones de precios hasta compromisos para mantener por algunos meses determinados porcentajes de remarcación.

¿Viene siendo efectivo el programa Precios Justos?

Los dos meses en los que estuvo vigente el programa de Precios Justos, el IPC Consumo masivo desaceleró (pasó de promediar 6,5% en septiembre-octubre a 5,4% en noviembre y diciembre). No obstante, la inflación del IPC Consumo Masivo fue mayor a la del Nivel General y, mientras que en los primeros diez meses del 2022 los precios de consumo masivo explicaban en promedio el 16% de la inflación general, en este período este grupo de bienes explicó 17,8% de la variación del nivel general en promedio.

En este marco, el programa no tuvo un papel fundamental en la desaceleración del índice general en noviembre ni en la desaceleración del índice de alimentos y bebidas en ambos períodos como sí lo tuvo la menor dinámica en los precios de la carne (mientras que en 2021 explicó en promedio cerca del 12% del aumento en el nivel general, en noviembre y diciembre explicó, en promedio, 3,8%) y particularmente en noviembre la caída en los precios de la verdura (tuvieron un retroceso de 3,2% luego de un octubre creciendo 10,7%), que no correspondieron al congelamiento, sino más bien a factores estacionales.

Entonces, ¿hay diferencias entre los nuevos acuerdos y las ediciones pasadas? Con la experiencia reciente, vimos que los programas de controles de precios pueden ser útiles a la hora de otorgar a los consumidores una canasta más económica de bienes de primera necesidad, pero utilizarlos en forma aislada para frenar la inflación puede resultar más controversial. En este sentido, aunque estos programas tuvieran algún impacto sobre los bienes de consumo masivo, -en particular en el muy corto plazo, como fue el caso de Precios Máximos gracias a la magnitud del programa-, traen riesgos de corto-mediano plazo, ya que cuando se levanta el congelamiento los precios se actualizan intentando recomponer el terreno perdido y terminan por acelerar nuevamente la inflación.

Sin embargo, si bien al igual que los anteriores buscan moderar las expectativas inflacionarias, en esta edición los acuerdos se ven acompañados por la implementación de una política económica de sesgo contractivo: se está ajustando el gasto en términos reales, subieron con fuerza las tasas de interés y se busca restringir la asistencia monetaria directa del BCRA, en conjunto a la intención de acordar paritarias con una pauta más acotada para este año (60% anual) y moderar el crawling peg sin incurrir en un mayor atraso cambiario. Además, ya no se trata de un sólo acuerdo de precios limitado a un canal, sino de una decena y con múltiples sectores.

Entonces el objetivo del programa actual necesariamente tiene que ser otro:

• Al igual que en los programas anteriores, Precios Justos busca moderar las subas de precios en una canasta principalmente orientada a los deciles de menores ingresos, a quienes relativamente les impacta más la inflación de los productos de consumo masivo. De todos modos, al ser un programa con vigencia y control en supermercados y grandes comercios, puede tener un impacto menor al esperado, teniendo en cuenta que los deciles más bajos consumen en mayor medida en los tradicionales comercios de cercanía.
• El resto de los acuerdos, con precios creciendo al 4%, dejan en claro que se busca que la inercia se modere a un rango similar a ese guarismo, teniendo en cuenta la dificultad de bajarlo mucho más que eso en el corto plazo sin un robusto plan de estabilización.

Conclusión

Los programas de controles de precios resultan insuficientes para utilizarse de manera aislada como herramienta desinflacionaria: en los pocos casos en los que existió un efecto positivo, terminó por volverse en contra al poco tiempo de finalizado el congelamiento.

Sin embargo, pueden ser un instrumento que complemente en su etapa inicial a un plan integral y consistente para al menos, y en el muy corto plazo, alcanzar el objetivo de moderar la elevada inercia inflacionaria, calmar expectativas y contribuir a reducir la suba de precios un escalón más, pero comprendiendo su rol y sus limitaciones.

Ahora bien, en la medida en que no se instrumente un programa creíble, sostenible y con consenso en la política, donde las políticas fiscales (reducción del déficit mediante), monetarias (tasas de interés reales positivas, menor asistencia monetaria del BCRA) y cambiarias sean el eje central para combatir la inflación y coordinar expectativas a la baja, los controles de precios no constituirán una alternativa sostenible.

[1] Se prevé una cláusula gatillo por la cual, en caso de que la inflación supere el 5%, al mes siguiente las empresas podrán aplicar un aumento hasta un punto por debajo de la medición del INDEC.

El IPC Nacional INDEC creció 5,1% mensual en diciembre, acelerándose levemente respecto al mes anterior (4,9%). Por cuarto mes consecutivo el registro se ubicó por debajo de la expectativa del mercado (REM-BCRA), que para diciembre proyectaba un 5,5%, logrando mostrar una escala descendente desde los picos del 3T.

No obstante, el IPC Núcleo se aceleró 0,5 p.p a 5,3% m/m, recordando que la inercia sigue siendo elevada. El registro de diciembre quebró la importante desaceleración para este indicador que había mostrado noviembre (4,8%), retomando una dinámica similar a la de septiembre y octubre (5,5% m/m). Al excluir precios con comportamiento estacional, sujetos a regulación o con alto componente impositivo, la inflación núcleo se utiliza como proxy de la tendencia del nivel general de precios, en tanto depende en mayor medida del ciclo económico.

De esta forma, la inflación se aceleró a 94,8% en 2022, la variación más alta desde la hiperinflación de 1990 (1.344%). Sobre una elevada inercia que traía 2021 en torno al 3% mensual, la dinámica inflacionaria del año pasado estuvo signada por dos shocks que desanclaron las expectativas y generaron un cambio cualitativo y cuantitativo en el escenario nominal hacia adelante, volviéndolo más elevado e inestable: la guerra en Ucrania (marzo/abril) y la crisis de la deuda en pesos y reservas junto con la renuncia del ex ministro Guzmán (julio) que implicaron un overshooting de la brecha cambiaria, añadiendo combustible adicional a la inflación del 3T.

En un mes sin incidencia del ajuste en tarifas de servicios públicos, el capítulo de Alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a jugar a favor, ubicándose por tercer mes consecutivo por debajo del nivel general (+4,7%). Las carnes también volvieron a mostrar un ritmo inferior al promedio por sexto mes consecutivo, creciendo 2,7% m/m (+62,5% i.a), con una dinámica de la carne vacuna que fue fundamental a la hora de evitar un mayor número en el IPC a lo largo del año (ver informe). Por otra parte, a diferencia del mes anterior, cuando la caída en los precios de la verdura había sido clave para la manifiesta moderación inflacionaria, en diciembre las verduras treparon más en línea con el promedio (4,9%), registrando una suba del 170% en el total anual. En contraste, se destacó el aumento de Frutas (+10,7%); Aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos (+7,6%) y en Pan y cereales (+5,8%).

En sentido contrario, entre los mayores aumentos del mes se destacaron el servicio doméstico (+8%), que impactó en Equipamiento y mantenimiento del hogar (5,9%); Restaurantes y hoteles (+7,2%); combustibles (+4%), que incidieron en Transporte (+5,8%); y la cuota de medicina prepaga (+6,9%), dentro de Salud (+5,7%).

¿Qué categorías subieron más en el año? El alza fue liderada por Prendas de Vestir y Calzado (+120,6%); seguida por Restaurantes y hoteles (+108,8%). Por su parte, Equipamiento y mantenimiento del hogar anotó 97,2%. En quinto lugar se ubicó Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 95,0% i.a., en línea con el nivel general. Por otro lado, las menores variaciones se vieron en Comunicación (+67,9%), Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (+80,9%) y en Recreación y cultura (+83,0%).

En cuanto a las categorías, en diciembre Regulados registró 5,1% en la comparación mensual y 85,7% en la interanual -donde impactaron principalmente las subas en combustibles y en las cuotas de medicina prepaga–; Estacionales anotó 4,6% y 134,1% en la comparación interanual.

¿Qué esperamos para 2023?

En principio, en enero impactarán puntualmente los (demorados) aumentos en colectivos y trenes (+40%), acompañados por servicio doméstico (+7%), prepagas (+6,9%), combustibles (+4%) y telefonía y cable (+4%). Además, se aplicará una nueva etapa de la quita gradual de subsidios en gas, electricidad y agua, tal como estaba dispuesta. En este marco, esperamos una inflación situándose en la zona del 5,5% para el primer mes del año.

Hacia adelante, sobre el piso elevado que dejó el 4T de 2022 (5,5% mensual) se sumará el posible impacto de la sequía sobre los precios de alimentos, un potencial “despertar” del precio de la carne vacuna, la dinámica salarial, los ajustes pendientes en las tarifas de servicios públicos y las restricciones sobre las importaciones, factores que seguirán presionando sobre el nivel de precios.

Sin embargo, la moderación del crawling peg, en conjunto con el amplio set de acuerdos de precios cerrados recientemente y sin shocks como los ocurridos el año pasado que permitan mantener contenida la brecha, la inercia y las expectativas de inflación lograrían moderarse en el margen. Como resultado, esperamos una lenta tendencia a la moderación de la nominalidad en los próximos meses.

A pesar de una paulatina reducción en las últimas décadas, el consumo de carne vacuna sigue estando fuertemente arraigado en la cultura alimenticia nacional. En lo que va de 2022 el consumo en Argentina ronda los 48 kg per cápita por año, registro que si bien resulta muy inferior al promedio histórico (73,4 kg/hab/año en 1914-21[1]) y se encuentra en los niveles más bajos en 100 años, sigue erigiéndose como el mayor a nivel mundial, seguido de cerca por Uruguay (46 kg/hab/año).

Esta relevancia tiene su correlato en su participación dentro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) -y al interior del rubro Alimentos en particular-: su peso es de casi 5% en el IPC y representa el 15% dentro de Alimentos y bebidas, por lo que el impacto de las variaciones de su precio sobre el gasto de las familias no es menor.

En este sentido, en el último semestre se registró un claro abaratamiento en el valor de la carne, en claro contraste con lo sucedido en 2020 y 2021. De acuerdo al relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), en noviembre el precio minorista promedio de la carne vacuna en el AMBA volvió a caer en términos reales por sexto mes consecutivo, resultando 25% más barata que en mayo y 20% más económica que un año atrás.

El menor dinamismo en el precio de la carne vacuna fue clave para evitar un mayor incremento del IPC, siendo uno de los principales factores que contribuyeron a que la inflación perforara el 5% en noviembre. Según el IPC GBA Ecolatina, hasta noviembre la carne promedió un aumento mensual del 3,7%, cuando la media para el índice general fue de 5,9%. Más aun, mirando los últimos seis meses el promedio fue de 2,2%, 4,4 puntos porcentuales por debajo del promedio general para el mismo período. De hecho, mientras que en 2021 explicó alrededor de 12,5% de la inflación anual, estimamos represente cerca de 5-6% de la inflación este año.

Además, la menor gravitación del precio de la carne tiene un impacto progresivo, puesto que los hogares de menores recursos destinan una mayor proporción de sus recursos a su ingesta. Para ilustrar este punto basta decir que mientras que en la canasta del 10% de los hogares de menores ingresos la carne vacuna explica casi 8% del total, en el 10% de las familias de mayores recursos este peso se reduce a algo más del 2%.  

Llegado este punto, cabe preguntarse: ¿a qué responde la debilidad en los precios de la carne en el último semestre? ¿puede mantenerse en los próximos meses y favorecer el objetivo del Gobierno de una inflación descendente? ¿de qué dependerá?

 

Una sobreoferta que presiona los precios a la baja

Detrás de la tendencia descripta se esconde una combinación de un elevado nivel de oferta, un poder adquisitivo en términos de carne que, si bien se recupera en el margen, expone un importante rezago, y una exportación que tracciona menos sobre los valores frente a una mayor incertidumbre a nivel global, principalmente en China.

Por el lado de la oferta, la sequía que ha venido azotando a gran parte de la zona productiva del país genera que los productores anticipen la salida de animales de los campos por la menor disponibilidad de pasto para la alimentación del ganado y temores a la mortandad de los animales. En consecuencia, se adelanta el envío a faena o se “terminan” los animales en corrales, agregándole más rápidamente los últimos kilos a base de granos (engorde intensivo).

En este sentido, la producción de carne bovina ha venido garantizando un mercado bien abastecido, mientras que la ocupación de los feedlots se ha mantenido elevada. En el lapso Enero-Noviembre el volumen de producción trepó 5% i.a. y resultó 3% superior al promedio del mismo lapso en los últimos cinco años, favorecida por un importante incremento en el peso promedio de los animales faenados. Por otra parte, según la Cámara Argentina del Feedlot a inicios de diciembre los niveles de ocupación de los corrales acumularon 13 meses de tendencia al alza, promediando en el año una ocupación del 62,4%, por encima del 58,6% de 2021.

Este escenario deriva en mayor presión bajista sobre los precios de la hacienda que se absorbe en el mercado local. En noviembre, los precios de la hacienda más asociada al consumo interno (vaquillonas y novillitos) trepó apenas 0,8% m/m y “sólo” 32% i.a.

Desde la demanda se destaca el deterioro que acumula el poder adquisitivo en términos generales y en carne bovina en particular. Una de sus principales consecuencias es que el canal minorista (carnicerías principalmente) tiene menor capacidad para trasladar a precios los aumentos en el costo de la hacienda. Si bien en los últimos meses los precios al consumidor de la carne vacuna vienen logrando una mejor perfomance que esta última, favorecida por un salario en términos de carne que lleva 5 meses en recuperación, la relación Carne/Hacienda promedia un 2022 en mínimos históricos (5% inferior a la media de los últimos 10 años). Asimismo, aún con la reciente recomposición el “salario cárnico” es casi 10% inferior a 2020.

A todo este combo se suma un mercado exportador debilitado, no tanto en volumen sino en precio, que también resta tracción. Desde septiembre los precios de exportación vienen acusando una importante reducción (pasaron de un promedio de 5.800 USD/Ton en agosto a 4.200 USD/Ton en noviembre), afectados por un menor poder de compra de China y Europa frente al fortalecimiento del dólar y la desaceleración económica. Esta dinámica deteriora la rentabilidad del sector exportador y su capacidad de impulsar la demanda de hacienda.

Perspectivas: ¿menor oferta de carne en 2023?

Históricamente, los dos últimos meses del año suelen ser momentos en los cuales el precio de la carne tiende a corregir eventuales retrasos. Esto se da por la conjunción de una mayor demanda ante el incremento en las reuniones sociales y el consumo fuera del hogar, pero también por ante una oferta de hacienda terminada que comienza a ser cada vez más escasa a medida que se vacía el producto del llenado de corrales que se da usualmente hasta agosto.

No obstante, por los factores mencionados previamente no se espera que esto ocurra este año. Por caso, el ajuste que debería hacer el precio de la carne en diciembre para recuperar lo perdido en los últimos 6 meses debería ser de algo más de 30%, lo cual resulta a todas luces difícil de plasmar en este contexto de sobreoferta y frente a un consumidor que se viene mostrando más dispuesto a reemplazar el producto por alternativas más económicas.

De todos modos, la mayor oferta actual presenta riesgos de mediano plazo, con un impacto potencial sobre los precios. El adelantamiento tanto de la salida de animales de los campos como de la zafra, sumado a que en escenarios de sequía cae la tasa de preñez y destete, provocarían una menor oferta en el futuro, que a la vez llegaría con menos kilos logrados producto de la pérdida de rentabilidad de los feedlots. La falta de lluvias también dificulta la posibilidad de cría, ante un mayor porcentaje de vacas vacías que por su estado físico no sólo no ingresan al ciclo reproductivo, sino que tampoco pueden criar a los terneros.

De hecho, las recientes proyecciones del Outlook Ganadero realizadas por Movimiento CREA muestran que no existe posibilidad de repetir el nivel de faena registrado en 2022: en su escenario base plantean una producción achicándose 9% con relación a este año.

Ahora bien, aún con un cambio de fase climática la oferta también podría caer. Si esto sucede, tal como revelan los principales modelos climáticos, y a partir de febrero comenzamos a transitar desde una fase de neutralidad hacia un otoño-invierno más lluvioso, podríamos esperar una mayor retención de hacienda en los campos, dado que mejoraría el escenario para producción a base pastoril. Así, estos ciclos de engorde más largos derivarían en un bache transitorio de oferta que se sentiría especialmente durante la primera mitad del año.

 

[1] Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En nuestro escenario base estamos previendo que el enfriamiento de la actividad económica no tenga una clara incidencia en menores presiones sobre la inflación. Si bien sería esperable que un consumo (o demanda, más globalmente) más débil ejerza menor presión sobre la dinámica alcista de los precios (una demanda que no convalida el aumento de precios en algunos sectores), la naturaleza del fenómeno actual de inflación crónica hace prever que esto no ocurra con la fuerza que podría esperarse en otro contexto, haciendo más factible la configuración de un escenario de estanflación (elevada inflación con estancamiento económico) como el que ha experimentado Argentina desde 2012 en adelante (entre 2012 y 2019 el PIB per-cápita se contrajo 12%).

Distintos factores continuarán operando para que el enfriamiento de la actividad surta escaso efecto en reducir las presiones sobre los precios:

1. Inercia inflacionaria y desanclaje de expectativas. En primer lugar, la fuerte inercia que arrastra el proceso se ve alentada por contratos -formales e informales- que tienden a celebrarse no sólo acortando su duración sino también incluyendo ajustes en función en gran medida de la inflación pasada. Esto es, las distintas medidas que adoptan los agentes económicos (empresas, individuos, sindicatos) para protegerse de la inflación crónica no hacen más que consolidar esta dinámica, más aún en un entorno de desanclaje de las expectativas de inflación producto de una elevada incertidumbre en la que no desaparecen las expectativas de devaluación del horizonte.

Un claro ejemplo de cómo operan los mecanismos de inercia lo constituyen las paritarias. Las recomposiciones salariales derivadas de la reapertura de paritarias emergen como un factor adicional que añade mayor presión sobre la estructura de costos de las empresas y sostiene la demanda en ciertos sectores. En un escenario en que las paritarias acuerdan incrementos muy por debajo de la inflación, sí cabría esperar con mayor probabilidad una desaceleración en la inflación producto por menor demanda. Sin embargo, esto lejos está de ser un objetivo del Gobierno. Más aún de cara a un año electoral. En este sentido apunta también la reciente decisión de elevar el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.

 

2. Fuerte distorsión de precios relativos. Como consecuencia de lo anterior, sumado a decisiones de política económica que se fueron tomando, formal o informalmente los precios van ajustando a distintas velocidades y pautas, lo que va dando lugar a un fuerte desalineamiento de precios relativos. Esta elevada distorsión de precios relativos en un entorno de elevados registros mensuales de inflación conduce a que un sector que no ajusta precios este mes quede rezagado y busque corregir los meses siguientes, y así con cada uno en una carrera que fortalece la persistencia del fenómeno.

 

3. Crawling peg más acelerado y ajuste en tarifas y otros servicios regulados. Procurando reducir algunas de estas distorsiones -al mismo tiempo de contribuir al cumplimiento del acuerdo con el FMI-, el Gobierno (vía el BCRA) viene convalidando un mayor ritmo para el crawling peg del tipo de cambio oficial (que sigue siendo el más relevante para el comercio exterior), el cual se mueve por encima del 6,5% mensual a fin de detener la pérdida de competitividad cambiaria. Esta medida contribuye a cristalizar un piso más elevado para la inflación.

Sumado a esto, los próximos meses estarán signados por los aumentos pendientes en tarifas de servicios públicos que llevará adelante el Gobierno en su objetivo de reducir la cuenta de subsidios económicos (principalmente, energéticos), a lo que se sumarán autorizaciones para aumentos de otros servicios regulados (prepagas, combustibles).

 

4. Restricciones a las importaciones y brecha cambiaria. En este marco, la ampliación y endurecimiento de las restricciones a las importaciones que se inició a finales de junio y se reforzó recientemente, genera incertidumbre sobre los costos de reposición de la mercadería y/o la necesidad de acudir a dólares propios para financiar el abastecimiento de bienes e insumos, conduciendo a que una mayor proporción de las importaciones comience a ser valuada a los dólares alternativos. Asimismo, pueden generar presiones sobre los precios producto de una menor oferta disponible en mercado. De esta forma, dado que esperamos que las restricciones se sostengan (o incluso refuercen) el año entrante, deberá seguir prestándosele más atención a los movimientos en los dólares libres como mecanismo de transmisión hacia los precios domésticos, fenómeno que no se daba con igual intensidad en periodos anteriores. En este sentido, la volatilidad de la brecha cambiaria pasar a ser tan nociva como el propio nivel de la brecha.

Como corolario de buena parte de lo comentado, las anclas tradicionales para desacelerar la inflación se muestran menos eficaces. En este contexto, las herramientas tradicionales que desde la política económica se han utilizado históricamente para procurar desacelerar la inflación en periodos de menor inflación (también conocidas como “anclas nominales”) se han mostrado más ineficaces que en el pasado: en 2021, en la previa a las elecciones, el Gobierno ancló el tipo de cambio y mantuvo virtualmente congeladas las tarifas (junto a programas de control de precios), pese a lo cual la inflación se desaceleró muy poco.

Por otra parte, si bien los acuerdos de precios enmarcados dentro de “Precios Justos” podrían contribuir a reducir a moderar el pulso inflacionario en el corto plazo, a lo largo del periodo del acuerdo las empresas participantes seguirán conviviendo con este conjunto de presiones que mencionamos, lo cual genera interrogantes sobre las decisiones de precios que pueden llegar a tomar las firmas a lo largo del transcurso del acuerdo y una vez finalizado el mismo, más aún frente a las dificutades que tendrá el Gobierno para cumplir con su parte de garantizar un mayor acceso a las divisas para importar.

Conclusión

En conjunto, todos los factores mencionados contribuyen a un escenario nominal no sólo más elevado que la de los años recientes, sino también más inestable, haciendo que cualquier shock adicional (sequía, corrección cambiaria abrupta) se traslade más rápidamente a los precios. Asimismo, dejan como resultado una dinámica difícil de desarmar en el corto plazo apelando a medidas graduales y parciales, tornándose necesaria la adopción de un robusto plan de estabilización técnicamente sólido, creíble para los agentes económicos y con amplio respaldo político.

En este marco, se reduce en gran medida la capacidad del sistema de precios para transmitir información, alterando el proceso de toma de decisiones sobre qué y cuánto producir y consumir, generando serias dificultades para la asignación óptima de los recursos: los precios no reflejan claramente escaseces o excedentes relativos dentro de distintos mercados y hacen que la menor demanda no tenga necesariamente como correlato una moderación en la inflación. En este sentido, es posible que en los casos en que la demanda se ve más reprimida estos precios muestren un mayor atraso, pero, al ser precios de mercados libres, no demorarían demasiado en ir ajustando con el tiempo frente a la elevada nominalidad de la economía.

El problema inflacionario actual no tiene únicamente como consecuencia una mayor nominalidad en general, sino que también trae aparejado otras complicaciones, principalmente de distorsión de precios relativos. Esto es, mientras que algunos rubros crecen muy por encima del IPC general, otros lo hacen por debajo. Esta dinámica añade incertidumbre al proceso inflacionario y, para el caso de aquellos precios más “atrasados”, generan presiones al alza para su actualización.

A continuación, tomamos el IPC GBA Ecolatina para observar cómo se comportaron distintos rubros dentro del indicador respecto al nivel general en dos periodos: desde diciembre de 2019 hasta diciembre de 2021, y entre marzo 2022 y octubre de este año, a fin de estudiar las disparidades en las evoluciones de los precios.

Indumentaria se ubicó por encima del nivel general tanto en el período diciembre 2019–diciembre 2021 como en el acumulado marzo-octubre 2022. Esto estuvo explicado principalmente por una búsqueda por recuperar márgenes, a lo que se sumaron restricciones a las importaciones que generaron presiones alcistas en los precios de la indumentaria. A su vez, aumentó el costo de algunos insumos importados en el período en cuestión, como es el caso del algodón, el poliéster, los hilados y las telas sintéticas.

El nivel general del capítulo Alimentos y bebidas creció más de 20 p.p por encima del nivel general desde diciembre 2019 hasta diciembre 2021. A diferencia, en el acumulado de marzo a octubre de este año se ubicó en el mismo nivel que el indicador general.

A su interior, la dinámica nominal de los alimentos presentó heterogeneidades. Los productos con mayor componente estacional, como frutas y verduras, aumentaron en mayor medida que el promedio para todo el período, atravesados por la sequía en 2021 y 2022, que restringió su oferta.

Por su parte, las carnes registraron aumentos por encima del nivel general en el período comenzado en diciembre de 2021, producto de una menor faena tras las restricciones a las importaciones de mediados de 2021, a lo que se sumó una menor oferta volcada al mercado producto de la sequía y el encarecimiento del maíz. No obstante, llevan un atraso de 20 p.p respecto al nivel general para el período marzo-octubre del presente año, explicado por una parsimonia en el precio del ganado en pie en el Mercado Agroganadero de Cañuelas.

Los productos de consumo masivo, atrasados más de 30 p.p respecto al nivel general en el primer período (debido a los sucesivos congelamientos de precios), se aceleraron entre marzo y octubre de este año (4 p.p). Aún así, no lograron recomponer el atraso por completo.

Tarifas públicas: a pesar de la ronda de actualizaciones, se mantiene el atraso

Desde diciembre de 2019 hasta octubre 2022 el nivel general aumentó 257%, mientras que las tarifas de servicios públicos crecieron notablemente menos: 87,6% la electricidad, 68,8% el gas y el agua 32%. Este fuerte retraso ha tenido como principal correlato un nivel de subsidios que desde este año se busca comenzar a reducir.

Al interior de este período, se pasa de un fuerte retardo a una actualización parcial en los últimos meses, con el objetivo de reducir la cuenta de subsidios, donde electricidad se ubica (entre marzo y octubre de este año) 9 p.p por encima del nivel general, gas 4 p.p por debajo y agua con un atraso mayor (-32 p.p).

Aún queda terreno por recorrer en materia tarifaria, que sigue muy atrasada respecto al Nivel General. De todos modos, resta monitorear como termina esta diferencia cuando concluya la ronda de actualizaciones previstas, que sería, en principio, en marzo de 2023. Estos ajustes restantes serían, en su totalidad, del 30% para el gas, 25% para electricidad y 125% para agua.

Tipo de cambio: atrasado pese a la aceleración del crawling peg

El comportamiento del tipo de cambio no fue tan diferente al de las tarifas: un fuerte atraso, y una posterior corrección o actualización parcial. A pesar de la reciente aceleración del crawling peg para que el tipo de cambio no siga perdiendo competitividad, el precio del dólar oficial sigue muy atrasado respecto a la inflación: desde diciembre de 2019 hasta octubre del presente año, acumuló un aumento 155%; 100 p.p menos que el nivel general de precios.

Aunque el BCRA aceleró en los últimos tres meses la depreciación del dólar oficial al 6% promedio mensual, aún no se repone el terreno perdido: mientras la inflación registró 63,5% acumulado entre marzo y octubre, el tipo de cambio se depreció 43,5%.

Esto añade incertidumbre sobre la sostenibilidad de un tipo de cambio atrasado, situación que genera presiones devaluatorias, y explica, al menos el parte, el aún elevado nivel de brecha del tipo de cambio oficial respecto a los dólares paralelos.

En situación similar al tipo de cambio y las tarifas de servicios públicos se encuentran el transporte público, la telefonía y el combustible, todos con fuerte componente regulado. Pese a que hubo una actualización en sus precios en los últimos meses, estos rubros siguen teniendo un atraso relativo para el período marzo-octubre 2022 (-20 p.p el transporte, -24 p.p la telefonía y -5 p.p el combustible). Aún así, su posición es comparativamente mejor que en el período de diciembre 2019 a diciembre 2021, donde la diferencia era -72 p.p para el transporte público, -32 p.p para los combustibles y -49 p.p para la telefonía.

Los salarios del sector privado registrado, por otro lado, tuvieron una dinámica similar a la del nivel general en el acumulado diciembre 2019 hasta el décimo mes de este año, aunque que en el período marzo-octubre 2022, registraron un retraso de 6 p.p respecto al nivel general.

Conclusiones

Buena parte de los precios regulados o con cierto control del Gobierno continúan en el cuadrante de abajo y a la izquierda, expresando un atraso respecto del nivel general en ambos períodos bajo análisis, como el tipo de cambio, el transporte público, el gas, los combustibles. A su vez, se trata de precios con fuerte repercusión en el resto de los precios de la economía. Tarde o temprano será necesario ajustarlos, lo cual tendría inevitablemente una fuerte incidencia en la ya elevada nominalidad de la economía. En este sentido, precios relativos alineados constituyen una condición necesaria dentro de una potencial instrumentación de un plan de estabilización que busque un sendero de desinflación sostenida hacia adelante.

Uno de los aspectos que se suele destacar acerca del actual proceso inflacionario es la ausencia de alguna referencia (“ancla”) nominal, un rol que históricamente fue asociado al tipo de cambio. Así, y a grandes rasgos, los saltos devaluatorios tienen como resultado una aceleración de la inflación, mientras que la calma cambiaria ayuda en los procesos de desinflación. Durante la última década abundan ejemplos que siguieron este comportamiento, cuando atrasos del tipo de cambio real con el fin de estimular los ingresos reales en los años electorales se combinaron con correcciones -de diferente magnitud- en los “años pares”.

 

Por naturaleza, esta relación se verifica con mayor fuerza en el caso de los bienes que los servicios. Por este motivo, comparamos la evolución mensual del tipo de cambio oficial con la distribución de los aumentos mensuales -excluyendo frutas y verduras- utilizando la mayor apertura posible para los Precios Mayoristas (IPIM) que informa el INDEC y de los bienes que conforman IPC GBA Ecolatina.

 

Ambos gráficos reflejan algo novedoso. Desde comienzos de 2021 los precios de los bienes tienden a crecen sistemáticamente por encima de la depreciación mensual del tipo de cambio, registrándose lo que pareciera una interrupción en la tendencia recién entre septiembre y octubre pasado.

En su conjunto, este fenómeno refleja la consecuencia de un tipo de cambio oficial cada vez menos relevante como precio de referencia para la economía. No es casualidad que este comportamiento se generalizó al tiempo que la brecha cambiaria alcanzó un piso de 75% a mediados del año pasado y se ha mantenido incluso a lo largo del crawling peg de 2022.

¿Qué sucedía en otros periodos?

Este comportamiento contrasta con el período 2016-19, cuando los precios de los bienes reaccionaban con algo de rezago a la volatilidad cambiaria. Especialmente cuando se percibía que el cambio de la cotización del dólar era más permanente que transitorio. Incluso se diferencia con lo ocurrido durante buena parte del atípico 2020, cuando la pandemia y las restricciones contuvieron artificialmente la dinámica de la inflación.

En este punto vale la pena hacer la comparación con el período 2012-15, cuando también -aunque de un modo más informal- estaba vigente un cepo cambiario. Si bien la inflación mensual era significativamente más baja que en la actualidad, no se avizoró un crecimiento sistemático de los precios por encima del tipo de cambio a excepción de buena parte de 2014, tras la devaluación que tuvo lugar en enero de dicho año.

Surgen otras explicaciones

Pareciera que actualmente diferentes factores tienen un mayor peso a la hora de explicar la dinámica de la inflación en los bienes. El primero se desprende del contexto macroeconómico: la mayor cantidad de regulaciones cambiarias hacen que crezca la incertidumbre acerca del costo de reposición de los bienes, ya que se incrementa la posibilidad de que la actividad o sector en la que una empresa opera pueda ser la próxima en verse afectada por una nueva normativa. Más aún, si parte de estas operaciones tienen que realizarse con dólares propios, cuyo costo de reposición está asociado a un tipo de cambio paralelo caracterizado por una elevada volatilidad, la incertidumbre es incluso mayor.

Otra razón puede encontrarse en el hecho de que, con niveles de inflación más altos, la probabilidad que un precio quede atrasado respecto a otro es mayor, especialmente cuando hay características de la economía -como las mencionadas en el párrafo anterior- que inducen a que algunos precios aumenten más que otros. A fin de evitar esto, los ajustes de precios no sólo pueden ser más frecuentes sino ser más “agresivos”, máxime cuando la sombra constante de los controles de precios -a la que el oficialismo ha echado mano en diversas ocasiones- puede generar que el atraso se profundice en el tiempo.

Conclusiones y perspectivas

Esta devaluación en cuotas no sólo impactó sobre diversos sectores y actividades demandantes de divisas, sino que hasta tuvo con el “dólar soja” su correlato en los exportadores -a lo que se suma la reciente posibilidad que tienen turistas extranjeros de pagar al dólar paralelo con tarjeta.

Su principal ventaja -en lo que se refiere a los precios- reside en la minimización de los costos que esta política traería en los sectores más vulnerables, a través, fundamentalmente, de un aumento todavía mayor de los alimentos. Esto es especialmente válido en un contexto en el que la asistencia gubernamental está limitada por la necesidad de cumplir con las metas fiscales fijadas en el acuerdo con el FMI.

Sin embargo, el hecho que exista menor previsibilidad acerca de cuál será el tipo de cambio correspondiente a lo largo del tiempo para cada actividad y empresa provoca que una proporción creciente de los bienes sean afectados cada vez más por una mayor incertidumbre que deteriora el contenido informativo del sistema de precios. Esto no sólo ocurre en el ámbito de la producción, sino que también se traslada a los consumidores: no se sabe si un bien es caro o barato y las decisiones de consumo se realizan igualmente, reforzadas por la baja demanda de pesos, validando estos aumentos.

Si bien el análisis está enfocado en el precio de los bienes y su relación con el tipo de cambio, el caso de los servicios no escapa a esta generalidad. Justamente en estos casos, también resulta evidente que a la incertidumbre acerca de los costos relevantes para cada actividad se le suma, en algunos casos, una demanda cautiva, con pocas alternativas de ahorro para resguardar el valor de los ingresos.

Considerando la premisa de evitar un salto abrupto del tipo de cambio, el contexto de escasez de dólares y el largo camino hasta la llegada de la liquidación de una cosecha gruesa nuevamente afectada por la sequía implicará necesariamente que las regulaciones y restricciones no sólo continuarán vigentes, sino que tenderán a profundizarse. En consecuencia, no prevemos que la menor relevancia del tipo de cambio oficial se revierta durante el próximo año, sino más bien lo contrario.

Esto implicará que si, con el año electoral por delante, el Gobierno decide nuevamente apostar a frenar la depreciación del tipo de cambio oficial para moderar la inflación, puede tener resultados no tan efectivos en comparación a otros momentos en los que esta política fue utilizada.

Por lo tanto, las distorsiones del sistema de precios no se revertirán en el corto plazo, marcando que cualquier intento de corregir este proceso en el contexto de un plan de estabilización -en el momento que sea- necesitará una coordinación de expectativas muy clara para reordenar los desajustes ocasionados con anterioridad. De lo contrario, en el mejor de los casos, su éxito estará condenado a ser parcial y efímero.

 

El IPC GBA Ecolatina mostró un crecimiento de 6,3% entre la primera quincena de octubre y el mismo periodo de septiembre, desacelerándose 1 p.p respecto al registro anterior.

Al interior del índice, los capítulos con mayor evolución fueron Indumentaria (+10,6%); y Atención Médica y gastos para la salud (+8,6%), impulsado por los aumentos en prepagas. Por el contrario, las menores variaciones se vieron en Otros Bienes y Servicios (+2,5%) y en Educación (+3,7%).

El capítulo de Alimentos y Bebidas se ubicó por encima del nivel general (+6,7%). A su interior, se destacaron los aumentos en Verduras (+23,0%); Aceites (+10,1%); Frutas (+8,1%); Leche (+7,6%); Fideos y pastas (+7,5%) y Caramelos, Golosinas y Cacao (+7,5%).

En cuanto a las categorías, Regulados creció 5,7% (1,6 p.p por debajo de la primera quincena de septiembre), impulsado por aumentos en prepagas, en las tarifas de agua y en combustibles. Por su parte, Estacionales anotó 14,8%, explicado por los ya mencionados aumentos en Frutas y Verduras y en Indumentaria.

Por último, el IPC Core -que excluye Regulados y Estacionales- registró 5,0%, desacelerándose 0,8 p.p respecto a la comparación entre la primera quincena de septiembre y la primera de agosto. Al interior del IPC Núcleo se encuentran los productos de Consumo Masivo, que crecieron 5,9% (-1,5 p.p. respecto a la primera quincena de septiembre).

 

¿Qué esperamos para el mes?

Prevemos que el índice desacelere en la segunda parte del mes, por lo que el mismo registraría una variación en la zona del 6% en octubre, acumulando 88% en los primeros diez meses del año.

Si bien la inflación núcleo volvió a mostrar una desaceleración -indicador de la tendencia del nivel general de precios-, la elevada inercia inflacionaria se ve reflejada en una velocidad de ajuste de precios mayor a la de los meses previos, sumado a plazos de renegociación más cortos en los contratos tanto formales como informales, que deja como resultado una dinámica inflacionaria difícil de desarmar en el corto plazo.

Sobre esta base, el último trimestre del año mantendrá un piso elevado, con un crawling peg sostenido en niveles elevados y sin un ancla que estabilice las expectativas en el horizonte, aportando una mayor persistencia al fenómeno inflacionario. En consecuencia, esperamos que la inflación se acerque al 100% para fin de año.

De cara a 2023, los principales factores presionando sobre los precios que estuvieron presentes en 2022 (acuerdos salariales mayores y más frecuentes, expectativas desancladas, deslizamiento cambiario sostenido en niveles elevados, y una inercia inflacionaria que no parece disiparse en el futuro inmediato) seguirán encendidos; por lo que no hay indicios de una desaceleración sustancial de la inflación en el próximo año.

El IPC Nacional INDEC creció 6,2% mensual en septiembre, desacelerándose 0,8 p.p. respecto al mes anterior y marcando un ritmo inferior a las expectativas relevadas por el REM (6,7%). De esta forma, acumuló 66,1% en los primeros nueve meses del año y alcanzó 83% en la comparación interanual, la más alta desde la salida de la hiperinflación (diciembre 1991, +84%). Así, promedió 5,1% mensual en el primer trimestre del año y, 5,4% en el segundo, para acelerarse a 6,9% en el tercer trimestre.  

 Al interior del índice, los capítulos con mayor evolución fueron Prendas de vestir y calzado (+10,6%) y Bebidas Alcohólicas y tabaco (+9,4%), impulsado por los aumentos en cigarrillos. Por el contrario, las menores variaciones se vieron en Comunicación (+2,5%). 

 Cabe destacar que en septiembre sobresalió el incremento salarial de trabajadores de casas particulares (que impactó en Equipamiento y mantenimiento del hogar) así como las subas en subterráneos, taxi, transporte aéreo que, sumado al arrastre que dejó el aumento de los combustibles de fines de agosto, impactaron en Transporte (+5,8%). 

 La categoría de Alimentos y Bebidas no alcohólicas fue nuevamente la que más incidió en el nivel general. Registró una variación mensual de 6,7% y acumuló 69,5% en lo que va del año.  A su interior, se destacaron los aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres (+17,8%); Aceites, grasas y manteca (+11,7%); y Frutas (+7,0%). 

 Respecto a las categorías, Estacionales anotó 11,7%, explicada principalmente por las subas en Prendas de vestir, Verduras, tubérculos y legumbres, y Frutas. A diferencia, Regulados creció apenas 4,5% (+62,1% i.a.).  

 El IPC Núcleo creció 5,5% (+82,3% i.a), desacelerándose 1.3 p.p respecto a agosto. Al interior de esta categoría se encuentran los productos de Consumo Masivo, que treparon 6,5% en el séptimo mes del año (+85,7% i.a.) y los Bienes Durables, que registraron 5,9% (+86,7% i.a.). Los Bienes marcaron 7% y los Servicios, 4,2%. 

¿Qué esperamos? 

Para octubre, impactarán puntualmente aumentos en internet y telefonía móvil (+19%), prepagas (+11,5%), gas y agua (+10%); combustibles (+6%) y colegios privados en CABA y PBA (+20% y 6,2% respectivamente), que redundarán en una inflación que se mantendría por encima del 6%. 

Para el último trimestre esperamos que la inflación siga en la zona del 6%. La continuidad en la actualización de precios regulados -tarifas de servicios públicos, prepagas, transporte público (+40% en diciembre)-, actualizaciones salariales y un crawling peg mensual consolidado por encima del 6% como estrategia para no perder mayor competitividad cambiaria son los principales drivers que seguirán encendidos en lo que resta del año.  

 Si bien la inflación núcleo mostró una desaceleración en el último mes, la elevada inercia inflacionaria se ve reflejada en una velocidad de ajuste de precios mayor a la de los meses previos, en conjunto con plazos de renegociación más cortos en los contratos formales e informales, dejando como resultado una dinámica inflacionaria difícil de desarmar en el corto plazo y una inflación anual que rozará el 100% en 2022. 

 En el año entrante, los principales drivers presentes en 2022 -acuerdos salariales mayores y más frecuentes, expectativas desancladas, un crawling peg sostenido en niveles elevados, y una inercia inflacionaria que no parece disiparse en el corto plazo- seguirán encendidos. 

La inflación se aceleró notablemente en 2022. Hasta agosto acumuló 56,4% según el IPC INDEC Nacional, con una variación interanual no vista en treinta años (+78,5% i.a.). Además, cobró una dinámica ascendente a lo largo de los meses del año: pasó de un promedio de 5,1% en el primer trimestre a 5,4% en el segundo, y se ubicaría en 7,1% en el tercer trimestre.

Ahora bien, la inflación de los sectores con menores ingresos no es la misma que la de la clase media, que también difiere de la población de mayor poder adquisitivo. En este sentido, hay que tener en cuenta que, además de esta aceleración, la suba de precios puede ser disímil a lo largo de la pirámide de ingresos y estar impactando en mayor medida sobre determinada parte de la sociedad.

Sobre esta base, en el estudio de la dinámica inflacionaria resulta relevante incorporar al análisis en qué gasta cada familia, a fin de ver el impacto de las subas en los precios a lo largo de los distintos niveles de ingresos. Los sectores de menores recursos se ven más afectados por la dinámica de los precios de alimentos que el resto, dado que destinan una mayor porción de su ingreso a satisfacer estos consumos de primera necesidad. Por el contrario, las familias más ricas gastan más en bienes de segunda necesidad, como pueden ser artículos para el hogar, educación y esparcimiento, entre otros.

Utilizando la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) publicada por INDEC, es posible medir la inflación de distintos sectores sociales, considerando no sólo los niveles de ingresos, sino también heterogeneidades regionales. Para ello, se divide a las familias en deciles, siendo el primero correspondiente a las familias con menores ingresos y el décimo a las que tienen mayores ingresos.

Un análisis del pasado reciente

A pesar de que la inflación trepó 50% en 2021, el uso de anclas nominales -como el tipo de cambio oficial y las tarifas de servicios públicos- permitió una desaceleración de los precios en la segunda parte del año: pasaron de promediar casi 4% en el primer semestre a 3,1% en los últimos seis meses. Además, la implementación de controles de precios impactó principalmente sobre los alimentos, que se mantuvieron más contenidos en el semestre electoral (+2,9% promedio mensual).

Por este motivo, el proceso inflacionario no sólo cedió transitoriamente, sino también cobró un carácter más progresivo. La menor evolución de alimentos favoreció relativamente más a los sectores de menores recursos: en la comparación interanual, la inflación en el decil 1 se ubicó en 49,5% en diciembre, mientras que en el decil 10 fue de 52,3%. Como resultado, la inflación en los deciles más bajos fue inferior a la de los deciles de mayores ingresos y, junto con la recuperación de los ingresos, permitió una reducción de la pobreza en la segunda parte del año anterior.

Esta tendencia se revirtió a comienzo de año. Para el primer cuatrimestre, la aceleración de los precios de alimentos fue más pronunciada: en tres de cuatro de esos meses subieron por encima del nivel general, promediando 6,4% (1 p.p. por encima de la inflación). Detrás de este comportamiento se encontraron algunos factores globales, como el alza de los precios internacionales de alimentos tras el estallido de la guerra en Ucrania, pero en conjunto con algunos factores locales, como la sequía, que afectó a los cultivos y la ganadería en distintas zonas del país, y sobre todo la recomposición de precios de consumo masivo tras el congelamiento de fines de 2021.

Esta aceleración en los precios de los alimentos volvió más regresiva a la dinámica inflacionaria, afectando en mayor medida relativa a los sectores de menores recursos. Así, la inflación acumulada del decil más pobre fue mayor a la del decil más rico en el comienzo del 2022 (para el primer cuatrimestre, fue 23,8% para el decil 1 y 22,5% para el 10).

De haberse sostenido esta tendencia, la brecha entre estos dos deciles se habría sostenido en el segundo cuatrimestre del año, pero esto no sucedió. En el segundo cuatrimestre, en tres de los cuatro meses los alimentos subieron por debajo del nivel general, ubicándose casi 1 p.p por debajo del promedio mensual general. Esto se dio por un menor crecimiento en alimentos (pasaron de promediar 6,3% en los primeros cuatro meses a 5,5% en los segundos); pero también por una aceleración de otros capítulos que incidieron más en el nivel general, como es el caso de combustibles, prepagas y de algunos bienes con un gran componente importado (como electrodomésticos y electrónica).

Esta menor evolución de los alimentos, contenida principalmente por una mayor parsimonia en el precio de la carne la carne, favoreció relativamente más a los sectores de menores recursos. Por este motivo, el proceso inflacionario cobró un carácter más progresivo, donde la inflación acumulada del decil más rico fue mayor a la del decil pobre. (+1 p.p. de diferencia).

Por lo tanto, en el acumulado del año estas dos evoluciones se compensan hasta el momento. El decil 1 acumula una inflación de 55,6%, mientras que el decil 10 suma 55,1%. Gracias a la dinámica de los últimos meses, la brecha de la inflación entre el decil 1 y el decil 10 no es mayor a la de principio de año.  Más aún, si se divide a los hogares en dos, los más pobres acumulan en promedio 55% de inflación, prácticamente lo mismo que la mitad más favorecida (+54,9%).

Perspectivas para el cierre del año

La dinámica que adquiera el proceso inflacionario de acá a fin de año determinará que sectores acabarán más o menos golpeados. En las últimas semanas, el Gobierno adoptó medidas que podrían acentuar el carácter progresivo de la inflación, como es el caso de la segmentación de los subsidios a las tarifas de servicios públicos por niveles de ingreso que implicará mantener el subsidio a los deciles de menores ingreso. Para las familias de mayores ingresos, que gastan en promedio 7% de su canasta de consumo en gas, electricidad y agua -mientras que las de menores ingresos gastan 11% en promedio-, impactarán en mayor medida los aumentos de estos servicios en septiembre (gas 10,6% y electricidad 20,6%) y noviembre (gas 12%, electricidad 27% y agua 56%).

En el mismo sentido, continuará la ronda de actualizaciones en las cuotas de prepagas, con aumentos en octubre y diciembre, incidiendo más en los deciles más ricos, en tanto gastan una proporción mayor de su ingreso en este rubro (4,4% de la canasta en el decil 10 y 0,5% en el 1).

La decisión del BCRA de profundizar las restricciones a las importaciones, con un impacto directo en el nivel de precios de aquellos bienes con mayor componente importado (electrodomésticos y electrónica de consumo, maquinaria, vehículos, motos) afecta más a los hogares de mayores recursos, quienes destinan a este tipo de bienes una mayor proporción de su gasto -por ejemplo, la categoría Equipamiento y mantenimiento del hogar ocupa el 8% de la canasta del decil más rico, y 4,1% de la canasta del más pobre-.

En síntesis, la convivencia de los dos factores mencionados (el nuevo esquema de tarifas y las mayores restricciones a las importaciones) tendería a mitigar el impacto regresivo de la inflación en lo que queda del año. No obstante, dada la inestabilidad del proceso inflacionario, el endeble escenario macroeconómico, un esquema cambiario que podría sufrir modificaciones y ciertos precios de alimentos que han quedado rezagados (como el caso de la carne vacuna), los riesgos de una nueva aceleración de alimentos -creciendo por encima del Nivel General- siguen latentes y podrían actuar como contrapeso.