Category: Precios

El IPC INDEC Nacional se aceleró por tercer mes consecutivo. En marzo trepó 7,7% mensual, acelerándose 1,1 p.p. respecto al mes previo y situándose por segundo mes consecutivo por encima de la expectativa del mercado (REM-BCRA), que proyectaba un 7%. En la comparación interanual, creció 104,3%, el registro más elevado en 32 años (en septiembre 1991 había sido de 115% i.a.). De esta forma, la inflación acumulada en el primer trimestre del año ascendió al 21,7%.

Se consolida un piso más elevado. La inflación mensual promedio de aceleró del 5,5% en el 4T 2022 al 6,8% en el 1T 2023. Asimismo, el IPC Núcleo se mantuvo en marzo por encima del 7% por segundo mes (7,2%), un registro que, al proveer una aproximación del comportamiento tendencial del nivel general de precios -excluyendo precios regulados, estacionales o con un alto componente regulado – da cuenta de la persistencia de una elevada inercia del proceso inflacionario. Esto refleja que, tras los shocks sufridos en 2022, la inflación estaría consolidando un piso mensual más elevado.

Daño a la credibilidad y presión sobre la tasa y el crawling peg. La velocidad que adquirió la inflación (y el IPC Núcleo en particular) volverá a ejercer presión sobre el directorio del BCRA en su próxima reunión para volver a elevar la tasa de política monetaria (TPM): al rendir 6,5% de TEM mensual, la tasa de interés real ex-post de marzo fue negativa por segundo mes (-1,1% mensual). Asimismo, sin margen para atrasar aún más el tipo de cambio, la autoridad monetaria se verá forzada a imprimirle una mayor velocidad al ritmo devaluatorio.

Desempeño por categorías

En línea con lo esperado, los mayores aumentos se dieron en Educación (+29,1%), por los aumentos al inicio del ciclo lectivo -a pesar de que en febrero el ministerio de Economía y el de Educación habían acordado con las cámaras que nuclean colegios privados un tope de aumentos de 16,4%-, y en Prendas de vestir y calzado (+9,4%), por los aumentos ante el cambio de temporada.

Frente a una tendencia creciente de la pobreza, el dato más preocupante volvió a ser el aumento en Alimentos y Bebidas (9,2%), ubicándose por tercer mes consecutivo por encima del nivel general. En febrero el aumento había sido de 9,8%, de forma tal que en el 1T el rubro trepó 28,2% (+6 p.p. por encima del promedio). Al interior, los rubros con mayor crecimiento fueron Frutas (+14,3%), Carnes y derivados (+11,4%), Leche y otros productos lácteos (+9,6%) y Verduras (+9,1%).

¿Qué esperamos para el resto del año?

Frente a menores impactos puntuales y de carácter estacional, de cara a abril esperamos una desaceleración de la inflación, aunque sin perforar el 6,5%. En el mes impactarán puntualmente los aumentos en transporte público en AMBA (+6,6% para colectivos y trenes), colegios privados (+3,8%, según el acuerdo), prepagas (+2,4%), combustibles (+4% desde el 15 de abril) y servicio doméstico (+14%).

El primer trimestre dejó un piso más elevado de cara al resto del año, donde seguiremos viendo una elevada y persistente inflación, alimentada por una fuerte inercia, creciente indexación y acortamiento en los plazos de los contratos, junto a  la falta de anclas: habrá nuevas subas en tarifas de servicios públicos, un crawling peg que no podrá ralentizarse y paritarias que ejercerán presión en el año electoral. A eso se le sumará el impacto de las restricciones a las importaciones sobre la disponibilidad de bienes y el impacto del “dólar agro” sobre bienes de la canasta de alimentos.

Todo esto en medio de la incertidumbre que imprimirá la transición electoral, con potenciales tensiones sobre la brecha y las expectativas de devaluación que ejercerían presión adicional, agudizadas por el pronunciado impacto de la sequía sobre la disponibilidad de divisas y frente a un programa “Precios Justos” que poco podrá influir sobre esta dinámica.

En este contexto, las expectativas de inflación para 2023 mostrarán un incremento,  consolidando un piso del 115% para el año.

El IPC GBA Ecolatina volvió a acelerarse en marzo, en línea con lo previsto. Trepó 7,4% respecto a febrero (+107,5% i.a.), consolidando el rebote registrado en el primer bimestre. De esta manera, se aceleró 0,9 p.p. respecto a febrero (6,6%) y registró la variación mensual más elevada desde julio 2022 (+7,5%). Así, acumuló en el año un alza del 21,8%, cuando en el 1T de 2022 el aumento era del 14,9%.

El incremento estuvo traccionado principalmente por la categoría de Estacionales (+9,4%), destacándose Indumentaria (+18%) y Frutas (+6,1%), aunque moderado por la caída en Verduras (-4,5%). Regulados creció 7,7%, donde incidieron los aumentos en Gas (+14,0%), Agua (+17,8%), Transporte público (14,7%), Cigarrillos (+8,6%), Teléfono (+7,0%), Prepagas (+5,3%) y Educación Formal (+24,5%).

Por su parte, el IPC Núcleo, que excluye precios estacionales o con un alto componente regulado -y por ese motivo se utiliza como un indicador de la tendencia del nivel general de precios- aumentó 7%, desacelerando 0,5 p.p. respecto a febrero. La moderación se explicó principalmente por la desaceleración de Alimentos y bebidas.

En este marco, cabe destacar la aceleración del IPC Consumo Masivo (+6,2%), que registró el mayor aumento desde octubre y se ubicó 1,4 p.p. por encima del promedio desde la entrada en vigor de Precios Justos (noviembre-febrero).

Como venimos señalando, la aceleración inflacionaria no impacta únicamente en la necesidad del Gobierno de recuperar algo de “capital político” de cara a las elecciones, sino a que también genera mayores presiones a acelerar el crawling peg y a subir las tasas de interés, volviendo más inestable al escenario.

Una inflación núcleo rondando el 7% en marzo ejercería nuevamente presión sobre el BCRA en su próxima decisión sobre la tasa de política monetaria (TPM): al rendir actualmente 6,5% de TEM mensual, la tasa de interés real ex-post de marzo sería negativa por segundo mes consecutivo.

Desempeño por categorías

La aceleración de marzo estuvo en gran medida explicada por el impacto de las subas estacionales de Educación (+20,7%), por el inicio de clases, e Indumentaria (+18,0%), por el cambio de estación. A estos se les sumaron distintos incrementos que se aplicaron en tarifas de servicios públicos (gas, agua), Transporte (subte, trenes, colectivos, taxis), Servicios de medicina prepaga, Combustibles, Cigarrillos, Telefonía, TV e internet y Servicio doméstico.

Alimentos y bebidas moderó su aumento, tras dos meses de aceleración. En marzo trepó +6,7% m/m (-3,8 p.p. vs el mes pasado), donde jugó a favor un menor crecimiento relativo de la Carne Vacuna (+15%), caída en los precios de Verduras (-4,5%) y un menor dinamismo de Frutas (+6,1%). Por el contrario, los alimentos con mayor crecimiento fueron Huevos (+24,2%), Carne de ave (+10,5%) y Arroz (+8,0%).

¿Qué esperamos para los próximos meses?

Frente a menores impactos puntuales y de carácter estacional, de cara a abril esperamos una desaceleración de la inflación, aunque sin perforar el 6%. En el mes impactará puntualmente la nueva ronda de actualización en las tarifas de electricidad, junto a aumentos en servicio doméstico (14%); colectivos y trenes (6,7%); prepagas (2,4%) y colegios privados (3,4%). Respecto a transporte, cabe destacar que se tratará de la segunda aplicación de la nueva fórmula de actualización mensual que regirá hasta junio y se ajusta en base al IPC GBA que publica INDEC.

No obstante, el primer trimestre dejó un piso elevado de cara al resto del año, donde la inercia inflacionaria continuará ejerciendo presión sobre el nivel de precios, alimentada por una creciente indexación y un acortamiento en los plazos de los contratos (formales e informales).

A lo mencionado se le sumarán los próximos aumentos en las tarifas de servicios públicos, la dinámica de los ajustes salariales del sector formal, que tienen su temporada alta en el 2T; un crawling peg cambiario más alineado con la inflación y un fortalecimiento de las restricciones sobre las importaciones. Asimismo, en medio de la transición electoral, las potenciales tensiones sobre la brecha y las expectativas de devaluación ejercerían presión adicional, agudizadas por el pronunciado impacto de la sequía sobre la disponibilidad de divisas.

En este contexto, esperamos que la nominalidad se mantenga elevada los próximos meses, con un 2023 mostrando una inflación superando el 100%.

El IPC GBA Ecolatina se aceleró en la primera quincena de marzo. En un mes con mayor incidencia de los precios Estacionales y Regulados, el Nivel General registró una suba del 7,1% respeto a la primera quincena de febrero, consolidando la aceleración inflacionaria vista en el primer bimestre del año.

Si bien la inflación Núcleo -medida que refleja el comportamiento más tendencial del nivel general de precios- se moderó al 6,5% (-0,8 p.p. respecto a la primera quincena de febrero) sigue dando cuenta de una fuerte inercia que arrastra el proceso inflacionario.

En línea con lo esperado, los capítulos que lideraron el alza fueron Educación (+20,3%) e Indumentaria (+14,2%), ambos con un fuerte componente estacional (Educación por el inicio de clases e Indumentaria ante el cambio de estación).

Si bien desaceleró su velocidad, vuelve a destacarse el crecimiento en Alimentos y Bebidas (+7,0%). El aumento de esta división se encuentra traccionado nuevamente por el salto en los precios de la Carne vacuna (+17,1%), que continuó corrigiendo tras el incremento de más del 40% que acumulan los precios de la hacienda en pie desde la segunda quincena de enero. De esta forma, la carne vacuna explicó 0,8 p.p del incremento del Nivel General. Se destacaron también los aumentos en Huevos (+21,8%), Frutas cítricas (+15,0%) y Café (+8,4%).

En el marco del programa Precios Justos, los productos de consumo masivo se mantuvieron relativamente contenidos: el IPC Consumo Masivo creció 5,6%, 1,5 p.p. por debajo del promedio.

Los precios Regulados se aceleraron a un 7,6% mensual. El alza es traccionada por los aumentos en Gas (+14%), Agua (+17,8%), Transporte Público (+15,9%, impulsado por los aumentos en las tarifas de colectivos, subtes, taxis y trenes), Cigarrillos (+13,9%) y Educación Formal (24,5%).

En tanto, los precios Estacionales se aceleraron al 9,2% (4,2 p.p por encima de la primera quincena de febrero), impulsados por el mayor dinamismo en Indumentaria y Frutas, y moderado por una menor evolución de Verduras y de servicios asociados al Turismo (+1,2% y 2,6%, respectivamente).

¿Qué esperamos para los próximos meses?

Para la segunda parte del mes prevemos que el IPC GBA Ecolatina no desacelere significativamente, por lo que registraría una variación respecto a febrero en la zona del 7,2% en marzo, acumulando 21,5% en el primer trimestre, mostrando la consolidación de la aceleración en el nivel de precios. Para el IPC Nacional de INDEC prevemos que la suba mensual gire en torno al 7% también.

De esta forma, el arranque del año dejará un piso elevado de cara al segundo trimestre del año, donde distintos factores seguirán presionando sobre una inercia inflacionaria alimentada por una creciente indexación y acortamiento en los plazos de los contratos. Entre ellos, las potenciales tensiones sobre la brecha y las expectativas de devaluación en medio de la transición electoral, agudizadas por el pronunciado impacto de la sequía sobre la disponibilidad de divisas; la dinámica de los ajustes salariales del sector formal en un año de elecciones; un crawling peg cambiario que no tendrá margen para atrasarse más y un fortalecimiento de las restricciones sobre las importaciones.

Si bien programas como Precios Justos pueden tener cierto impacto de corto plazo a la hora de moderar los aumentos en productos (como en el caso del Consumo Masivo), su implementación resulta insuficiente para utilizarse de manera aislada como herramienta para desinflacionar en forma consistente y sostenida. Su mayor utilidad podría encontrarse al ser utilizados como un elemento adicional dentro de un plan de estabilización técnicamente sólido, con amplio respaldo político y creíble para los agentes económicos, contribuyendo a moderar la inercia inflacionaria y anclar expectativas.

Como corolario, esperamos que la nominalidad se mantenga elevada los próximos meses, con un 2023 mostrando una inflación superando el 100%.

Tal y como adelantó nuestro IPC GBA Ecolatina, en febrero se consolidó la aceleración inflacionaria de inicios de 2023. El IPC INDEC Nacional trepó 6,6% mensual en febrero, acelerándose 0.6 p.p. respecto al mes previo y situándose por segundo mes consecutivo por encima de la expectativa del mercado (REM-BCRA), que proyectaba un 6,1%. En la comparación interanual, creció 102,5%, el registro más elevado en 32 años (en octubre 1991 había sido de 102,4% i.a.). De esta forma, la inflación acumulada en el primer bimestre ascendió al 13,1%.

La notable aceleración del IPC Núcleo de 5,4% a 7,7% m/m (mayor variación desde que se reinició la serie en 2017) es preocupante: al proveer una aproximación del comportamiento tendencial del nivel general de precios -excluyendo precios regulados, estacionales o con un alto componente regulado – el indicador da cuenta de la persistencia de una elevada inercia del proceso inflacionario.

Como venimos señalando, la necesidad de evitar una disparada en la inflación no responde únicamente a procurar recuperar algo de “capital político” de cara a las elecciones, sino a que una aceleración inflacionaria genera mayores presiones a acelerar el crawling peg y a subir las tasas de interés, volviendo más inestable al escenario.

La velocidad que adquirió esta categoría -la que más le importa al BCRA- ejercerá presión sobre la autoridad monetaria en su próxima decisión sobre la tasa de política monetaria (TPM): al rendir 6,3% de TEM mensual, la tasa de interés real ex-post de febrero pasó a terreno negativo (-0,3% mensual). Cabe recordar que el mes pasado el argumento central del BCRA para mantener inalterada la TPM fue que la inflación Núcleo se había ubicado en un nivel similar al de diciembre (5,4%, +0,1 p.p.).

Desempeño por categorías

La principal preocupación es que el mayor incremento del mes fue el de Alimentos y bebidas no alcohólicas (+9,8%), división con mayor preponderancia en la canasta de consumo de los hogares más pobres. La incidencia en el nivel general de este rubro fue tal que, de excluir este capítulo, el IPC habría trepado 5,4%. A su interior, se destacó el alza de Carnes y derivados (+19,5%), Frutas (+13,9%), y Leche, productos lácteos y huevos (+7,6%). Por el contrario, la caída en Verduras, tubérculos y legumbres (-1,7%) moderó al indicador.

En segundo lugar, se destacó la suba en Comunicación (+7,9%), donde incidió el alza de los servicios de telefonía, cable e internet y Restaurantes y hoteles (+7,6%). Por otra parte, los incrementos en las cuotas de las prepagas impactaron sobre la división Salud (+5,3%), al tiempo que el aumento en combustibles incidió sobre Transporte (+4,9%).

Al igual que viene ocurriendo desde noviembre, Prendas de vestir y calzado (+3,9%) se movió por debajo del promedio, al igual que Educación (+3,4%).

El IPC Consumo Masivo, que contiene mayormente precios empaquetados y está atravesado por el programa “Precios Justos”, volvió a acelerarse (registró +6,4%, 1,2 p.p. por encima del mes anterior). Cabe recordar que, por la renovación del acuerdo, en febrero hubo aumentos de 9% para los productos congelados (1.925 productos de consumo masivo) y se bajó la pauta de aumentos acordados de 4% a 3,2% mensual, para otros 50.000 productos.

Por otro lado, Estacionales creció 3,3% (+120,8% i.a.), impulsado por los aumentos en Frutas, aunque moderado por las ya mencionadas caídas en Verduras, mientras que Regulados subió 5,1% mensual (+97,3 i.a.).

¿Qué esperamos para los próximos meses?

Por motivos estacionales, marzo tiende a ser un mes con inflación mensual más elevada que el promedio del resto del año, donde suelen incidir los mayores aumentos en Indumentaria –por el cambio de estación- y Educación -por el inicio de clases-. En ese sentido se entiende la decisión del Gobierno de incluir a estos sectores bajo el paraguas del programa “Precios Justos”: una mayor aceleración de precios en marzo le imprimiría mayor tensión al esquema económico del Gobierno. No obstante, para el mes esperamos una inflación al menos tan elevada como la de febrero.

En este marco, marzo será un mes donde impactarán puntualmente distintos aumentos: colegios privados (+16,4%); prepagas (+7,7% para quienes perciban ingresos netos iguales o superiores a $392.562 y +5% para quienes tengan salarios inferiores a ese monto); tarifas de subte (38%); combustibles (+3,8%); trenes y colectivos (+6%); las tarifas de agua y gas; los precios de televisión, cable e internet, los taxis (30%) y el servicio doméstico (+4%).

Hacia adelante, distintos factores seguirán presionando sobre una inercia inflacionaria difícil de desarmar en el corto plazo. Entre ellos, el impacto de la sequía sobre el precio de algunos alimentos; margen para un mayor traslado al consumidor del ajuste en los precios de la hacienda vacuna; la dinámica de los ajustes salariales en un año de elecciones; los incrementos pendientes en las tarifas de servicios públicos; un crawling peg cambiario más alineado con la inflación; las restricciones sobre las importaciones y tensiones sobre la brecha y las expectativas de devaluación en medio de la transición electoral.

¿Y Precios Justos? Si bien el programa puede contribuir a moderar los aumentos en algunos sectores, presenta tres principales debilidades que le restan eficacia: (i) rige mayormente en super e hipermercados, pero no en pequeños autoservicios o comercios de cercanía, donde consumen en mayor medida los hogares de deciles de ingresos más bajos; (ii) está compuesto esencialmente por productos empaquetados, y la dificultad de concretar un acuerdo amplio y robusto para los alimentos frescos (frutas, verduras, carne vacuna) radica en la gran atomización de los productores, el elevado índice de informalidad y el impacto sobre los precios de factores asociados a la estacionalidad, los ciclos biológicos y/o las inclemencias climáticas; (iii) la aguda escasez de divisas dificultará el cumplimiento del compromiso de garantizarle a las empresas un mayor acceso al MULC, acrecentando los riesgos de un resquebrajamiento de algunos acuerdos.

Como destacamos en un informe reciente, los acuerdos de precios resultan insuficientes para utilizarse de manera aislada como herramienta para desinflacionar en forma sostenida. En el marco de la implementación de un plan de estabilización técnicamente sólido, con amplio respaldo político y creíble para los agentes económicos, los acuerdos pueden funcionar como un complemento para alcanzar el objetivo de moderar la inercia inflacionaria y anclar expectativas, pero comprendiendo su rol y sus limitaciones.

En este contexto, la meta del Gobierno de una inflación alrededor del 60% i.a. para diciembre luce cada vez más inasequible. A modo ilustrativo, entre marzo y diciembre la variación mensual del IPC debería ser en promedio del 3,5%. Sin embargo, creemos que la tentativa oficial ordenar la nominalidad al 60%, en un contexto de ajuste fiscal y una política monetaria contractiva, resulta mejor que intentar meramente que la inflación no se acelere. En este sentido, es valorable la mayor coordinación del equipo económico, ya que de cualquier otro modo la inflación iba a superar cómodamente los tres dígitos este año.

En consecuencia, esperamos que la nominalidad se mantenga elevada los próximos meses, con un 2023 mostrando una inflación en la zona del 100%.

La inflación de 2022 fue la más elevada en 32 años (+94,8% i.a.), y el comienzo de 2023 muestra signos de aceleración (el IPC GBA Ecolatina promedió 6,5% los primeros dos meses del año, 0,8 p.p. por encima del 4T de 2022). Ante esta situación, el Gobierno fue instrumentando distintas medidas. Por un lado, se realiza un ajuste del gasto en términos reales en conjunto con una política monetaria más contractiva, sumado a la búsqueda de que las paritarias se firmen con una pauta más acotada (60% anual). Por el otro, se dispusieron y profundizaron medidas de tinte más heterodoxo, como el programa Precios Justos.

¿Qué es Precios Justos?

Precios Justos entró en vigor el 11 de noviembre de 2022 con el objetivo de tender a la estabilidad de los precios en el corto plazo y procurar disminuir la inercia y la expectativa inflacionaria, buscando recuperar el poder de compra de los ingresos. El programa fijó los precios de alrededor de 1.800 productos de primera necesidad por 120 días, mediante acuerdos con empresas productoras y comercializadoras de productos de consumo masivo. Además, aplicó un tope de aumentos de 4% para el resto de los artículos de consumo masivo que se venden en grandes cadenas de supermercados por parte de las empresas que firman el acuerdo.

En el marco del programa, también se fueron incluyendo otros sectores: petroleras, cámaras del sector farmacéutico, con la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), empresas de telas e hilados y marcas de zapatillas, que incluyeron desde congelamientos o reducciones de precios hasta compromisos para mantener por algunos meses determinados porcentajes de remarcación.

A principios de febrero, luego de un dato de enero peor al esperado -la inflación se aceleró al 6% m/m según INDEC, 0,4 p.p. por encima de la expectativa del mercado (REM-BCRA)- que alejó aún más la intensión del ministro Massa de que la inflación perforara el 4% en abril, el acuerdo se renueva y amplía: la pauta de aumentos mensuales baja al 3,2% hasta junio y contempla a 15 sectores diferentes en acuerdo con más de 500 empresas, con 1.925 productos con un aumento de 9% en febrero para luego quedar congelados, y otros 50.000 dentro del corsé de aumentos pactados al 3,2%.

Llegado este punto, cabe preguntarse: ¿viene siendo efectivo el programa Precios Justos? ¿qué repercusión tiene en supermercados y en pequeños comercios? ¿qué impactos genera todo esto?

Canal Moderno vs Canal Tradicional: disparidades en los aumentos

Durante los meses desde la vigencia de Precios Justos, el IPC Consumo Masivo[1] construido en base al IPC GBA Ecolatina se desaceleró: pasó de promediar 6,9% en septiembre-octubre a 4,8% entre noviembre y febrero. En febrero registró 4,7%, 1,6 p.p. por debajo del promedio del trimestre septiembre-noviembre, previo al acuerdo.

Ahora bien, mientras que en el canal moderno (supermercados, hipermercados) se observó una mayor incidencia del programa, en el canal tradicional (almacenes, pequeños comercios de cercanía) -no cubierto por el acuerdo y con menor trato directo con el Gobierno- el aumento de precios de los productos atravesados por Precios Justos fue mayor. Esto no es algo novedoso de este programa, sino que se trata de una situación que se repitió a lo largo de los últimos diez años con controles de precios.

Desde su entrada en vigor, la diferencia entre los aumentos de algunos productos dentro del acuerdo no es menor: por ejemplo, en el canal tradicional el agua creció 10 p.p. por encima del canal moderno; los fideos, +9 p.p; la leche, +7 p.p; los yogures, +6 p.p. En unos pocos casos los precios subieron más en los supermercados que en los pequeños autoservicios: pan fresco crece -5 p.p en tradicionales, harina -7 p.p., aceite puro -6 p.p, yerba mate -1 p.p. y azúcar -8 p.p.

Más aún, si se toma sólo diciembre y enero, meses donde no hubo actualizaciones en los precios que estaban congelados (en noviembre y febrero actualizaron 4% y 9% respectivamente), la diferencia es aún más profunda. Esto podría reforzar el hecho de que la desaceleración en la inflación no sólo se vio favorecida por el programa, sino porque hubo otros factores que jugaron a favor. Por caso, la menor dinámica de los precios de la carne hasta enero, el retroceso de 2,1% en los precios de verduras en diciembre. En la moderación del índice de diciembre la clave también radicó en que hubo poco ajuste en servicios regulados e indumentaria se mantuvo relativamente más contenida.

Debilidades del programa: impacto en los hogares más pobres, los frescos y las divisas

Esta brecha entre los aumentos de productos de consumo masivo incluidos en Precios Justos que se venden en supermercados y los que se consiguen en comercios de cercanía o pequeños autoservicios implica un impacto más severo sobre los sectores más vulnerables.

Los deciles más pobres de la sociedad no sólo gastan un mayor porcentaje de sus ingresos en productos de consumo masivo, sino que tienden a utilizar menos las grandes superficies: según la última Encuesta de Gasto de los Hogares los hogares del 10% de menores ingresos destinan sólo el 15% de sus gastos en alimentos y bebidas al canal moderno, mientras que ese porcentaje crece a 45% en los hogares del 10% de mayores ingresos.

Entonces, si bien el plan logró cierto impacto, posiblemente no haya tenido la misma repercusión en hogares con menores ingresos, ya que casi no compran en supermercados y destinan un mayor porcentaje de sus ingresos a bienes de primera necesidad en pequeñas superficies de venta, donde los precios han tendido a aumentar más.

En este sentido, el desempeño del consumo viene siendo más favorable en las grandes superficies. De acuerdo con datos de Scentia, en 2022 el consumo en los supermercados trepó 3,1% i.a., mientras que en autoservicios independientes subió 0,8%. Esta diferencia se ha ido agudizando en los últimos meses: en enero, las ventas en supermercados suben 7,8% i.a., cayendo 9,1% i.a. en autoservicios. Esta dinámica se encuentra explicada en gran medida por las promociones y la diversidad de medios de pago que ofrecen las cadenas más grandes.

Por otro lado, a pesar de la vigencia del programa y de la desaceleración del IPC Consumo Masivo, en el arranque de 2023 la inflación en alimentos y bebidas se aceleró notablemente, producto de los aumentos registrados en carne vacuna (en febrero creció casi 26%, luego de ocho meses de atraso relativo) y la aceleración en los precios de frutas (+30%)  y verduras (+36%) en el primer bimestre, que son al mismo tiempo los grupos que más peso tienen en la canasta de consumo de los hogares de menores ingresos (en conjunto pesan 18% en el decil de menores ingresos y 6% en el 10% más rico).

En este sentido, Precios Justos está compuesto principalmente por productos empaquetados, y la dificultad de concretar un acuerdo amplio y robusto para los alimentos frescos (frutas, verduras, carne vacuna) radica en la elevada atomización de los productores -distribuidos a lo largo y ancho del país-, el elevado índice de informalidad presente en algunos eslabones y el impacto sobre los precios de factores asociados a la estacionalidad, los ciclos biológicos y/o las inclemencias climáticas.

Por último, no puede soslayarse que la escasez de divisas dificultará el cumplimiento de la parte que le toca al Gobierno en el acuerdo: garantizar un mayor acceso al MULC, por lo cual los riesgos de que algunos acuerdos se resquebrajen por menores incentivos a permanecer dentro -que además se reducen en tanto la inflación es más alta- no son menores.

¿Qué esperamos para los próximos meses?

En medio de un escenario signado por la profundización de las necesidades de asistencia social en los sectores más bajos, los límites para expandir el gasto público en asistencia social que impone el programa financiero incrementan las tensiones derivadas del impacto de una inflación persistentemente elevada sobre los hogares más pobres. Producto del patrón de consumo de las familias, la escasez de divisas y la sequía, las debilidades que presenta Precios Justos complican la búsqueda por evitar un mayor impacto de la inflación sobre los hogares más vulnerables.

Asimismo, lo sucedido en ediciones pasadas muestra que, aunque los acuerdos de precios de bienes de consumo masivo tengan algún impacto de corto plazo -como los que estamos viendo actualmente – traen aparejados riesgos hacia adelante, ya que, cuando se levanta el congelamiento, los precios se actualizan intentando recomponer el terreno perdido y terminan por acelerar nuevamente la inflación.

Los controles de precios/salarios resultan insuficientes para utilizarse de manera aislada como herramienta para desinflacionar en forma sostenida. En el marco de la implementación de un plan de estabilización técnicamente sólido, con amplio respaldo político y creíble para los agentes económicos, los acuerdos pueden funcionar como un complemento para alcanzar el objetivo de moderar la inercia inflacionaria y anclar expectativas, pero comprendiendo su rol y sus limitaciones.

 

[1] Compuesto principalmente por productos empaquetados de alimentos y bebidas. Excluye productos frescos -que tienen un gran componente estacional- como carnes, frutas y verduras. Los bienes de consumo masivo ponderan un 16% del total de la canasta que mide la inflación.

El IPC Ecolatina para el Gran Buenos Aires trepó 6,6% mensual en febrero (+105,5% i.a.), consolidando el rebote registrado en enero y acumulando en el año un alza del 13,4%. En este sentido, la categoría que más creció fue el IPC Núcleo (7,5%), acelerándose 2.3 p.p respecto a enero. Al proveer una aproximación del comportamiento tendencial del nivel general de precio -excluyendo precios regulados, estacionales o con un alto componente regulado -, el indicador da cuenta de la persistencia de una elevada inercia del proceso inflacionario.

La aceleración de esta categoría ejercería presión sobre el BCRA en su próxima decisión sobre la tasa de política monetaria (TPM) si busca un colchón de tasa real positiva más robusto (hoy rinde 6,3% de TEM mensual). Cabe recordar que el mes pasado el argumento central de la autoridad monetaria para mantener inalterada la TPM fue que la inflación Núcleo se había ubicado en un nivel similar al de diciembre (5,4%, +0,1 p.p.).

La suba estuvo impulsada principalmente por el fuerte aumento en el capítulo de Alimentos y bebidas (+10,6%), que explicó 57% del nivel general, exhibiendo la mayor incidencia desde septiembre de 2016. Su importancia fue tal que, de excluir este rubro, el IPC habría trepado 4,4%. Como esperábamos, el aumento fue traccionado principalmente por el salto en los precios de la carne vacuna (+25,8% m/m), que respondieron al incremento en el precio de la hacienda más asociada al consumo interno, que fue del 50% desde la segunda quincena de enero. De esta forma, la carne vacuna explicó 1,3 p.p. del incremento del nivel general. También se destacaron los aumentos en Frutas (+17,9%) y Verduras (+10,4%), impactados por la sequía.

El IPC Consumo Masivo, que contiene precios empaquetados y está atravesado por el programa “Precios Justos”, se mantuvo relativamente más contenido (registró 4,7%, 1,6 p.p. por debajo del promedio del trimestre septiembre-noviembre, previo al acuerdo).

En cuando al resto de las categorías, Estacionales anotó 7,1%, explicado por los ya mencionados aumentos en frutas y verduras, pero moderado por la caída de indumentaria exterior (-0,2%) y un menor crecimiento de los servicios asociados al turismo (+3,1%). Por su parte, Regulados creció “sólo” 3,4% (+109,3% i.a.), registrándose en el mes subas en combustibles, telefonía e internet y prepagas, entre otros.

 

¿Qué esperamos para los próximos meses?

Históricamente, marzo tiende a ser un mes con una inflación mensual superior al promedio del resto del año, producto de la incidencia de incrementos estacionales en Indumentaria (cambio de estación) y Educación (inicio de clases). En ese sentido se entiende la decisión del Gobierno de incluir a estos sectores bajo el paraguas del programa “Precios Justos”: una mayor aceleración de precios en marzo le imprimiría mayor tensión al esquema económico del Gobierno. En este sentido, en marzo impactarán puntualmente los aumentos en las tarifas de agua y gas, trenes y colectivos (+6%), colegios privados (+16,4%), combustibles (+3,8%), prepagas (7,7% para quienes perciban ingresos netos iguales o superiores a $392.562 y 5% para quienes tengan salarios inferiores a ese monto) y servicio doméstico (+4%).

Hacia adelante, distintos factores seguirán presionando sobre una inercia inflacionaria difícil de desarmar en el corto plazo. Entre ellos, el impacto de la sequía sobre el precio de algunos alimentos frescos; margen para un mayor traslado al consumidor del ajuste en los precios de la hacienda vacuna; la dinámica de los ajustes salariales en un año de elecciones; los incrementos pendientes en las tarifas de servicios públicos; un deslizamiento cambiario más alineado con la inflación; las restricciones sobre las importaciones y tensiones sobre la brecha y las expectativas de devaluación en medio de la transición electoral.

Si bien Precios Justos puede contribuir a moderar los aumentos en algunos sectores, contribuyendo en el margen a moderar la inercia, presenta tres principales debilidades que le restan eficacia: (i) rige mayormente en super e hipermercados, pero no en pequeños autoservicios o comercios de cercanía, donde consumen en mayor medida los hogares de deciles de ingresos más bajos; (ii) está compuesto principalmente por productos empaquetados, y la dificultad de concretar un acuerdo amplio y robusto para los alimentos frescos (frutas, verduras, carne vacuna) radica en la gran atomización de productores distribuidos a lo largo y ancho del país, el elevado índice de informalidad presente en algunos eslabones y el impacto sobre los precios de factores asociados a la estacionalidad, los ciclos biológicos y/o las inclemencias climáticas; (iii) la escasez de divisas dificultará el cumplimiento de la parte que le toca al Gobierno en Precios Justos: garantizar un mayor acceso al MULC, por lo cual los riesgos de que algunos acuerdos se resquebrajen no son menores.

En este contexto, la meta del Gobierno de una inflación alrededor del 60% i.a. para diciembre luce cada vez más inasequible. A modo ilustrativo, si la inflación de febrero fuera del 6%, entre marzo y diciembre la variación mensual del IPC debería ser en promedio del 3,6%. Sin embargo, creemos que la tentativa oficial ordenar la nominalidad al 60%, en un contexto de ajuste fiscal y una política monetaria contractiva, resulta mejor que intentar meramente que la inflación no se acelere. En este sentido, es valorable la coordinación desde comienzos de año, ya que de cualquier otro modo la inflación iba a superar cómodamente los tres dígitos este año.

En consecuencia, esperamos que la nominalidad se mantenga elevada los próximos meses, con un 2023 mostrando una inflación en la zona del 100%.

El IPC GBA Ecolatina mostró un crecimiento del 6,1% entre la primera quincena de febrero y el mismo periodo de enero, dando cuenta que el rebote inflacionario de enero se estaría consolidando. En este sentido, la categoría que más creció fue el IPC Núcleo (+7,3%), medida que, en palabras del BCRA al decidir hoy mantener la tasa de política monetaria (TPM) “refleja el comportamiento más tendencial del nivel general de precios”, al excluir precios regulados, estacionales y/o con un importante componente impositivo. Sobre esta base, la aceleración de más de 2 p.p. en esta categoría le estaría restando un argumento a la autoridad monetaria para seguir manteniendo la TPM (6,3% de TEM mensual) en estos niveles si busca un colchón de tasa real positiva más robusto.

Por su parte, los precios Estacionales se movieron 5% (2,1 p.p por debajo de la primera quincena de enero), moderado por un menor crecimiento en Indumentaria, Verduras (aunque por encima del promedio) y algunos rubros asociados al Turismo. En tanto, los precios Regulados mostraron un menor dinamismo que el mes pasado, avanzando 3% mensual.

Entre los distintos rubros, volvió a destacarse el alza en Alimentos y bebidas (+9,2%), dado que, excluyendo a este rubro del cálculo, el IPC Ecolatina habría subido “sólo” 4,4% m/m. En línea con lo esperado, el aumento de esta división estuvo traccionado principalmente por el salto en los precios de la carne vacuna (+22,2%), tras el incremento del 40% en los precios de la hacienda en pie desde la segunda quincena de enero. De esta forma, la carne vacuna explicó casi 1.3 p.p del incremento del nivel general.

Resaltó también el aumento de Frutas (+15,8%) y Productos lácteos y huevos (+7,0%). Los productos asociados al consumo masivo lograron trepar por debajo del promedio (IPC Consumo Masivo anotó +5,3%), dando cuenta de cierto impacto del programa Precios Justos, que congela cerca de 2.000 productos y pauta en 3,2% el aumento mensual de otros casi 50.000 hasta junio inclusive.

¿Qué esperamos para el resto del año?

Hacia adelante, distintos factores seguirán presionando sobre una inercia inflacionaria difícil de desarmar en el corto plazo. Entre ellos, el impacto de la sequía sobre el precio de algunos alimentos; el traslado al consumidor del ajuste en los precios de la hacienda vacuna; la dinámica de los ajustes salariales en un año de elecciones; los incrementos pendientes en las tarifas de servicios públicos; un crawling peg cambiario más alineado con la inflación; las restricciones sobre las importaciones y tensiones sobre la brecha y las expectativas de devaluación en medio de la transición electoral.

Como contrapeso, el amplio set de acuerdos de precios instrumentados por el Gobierno con distintos sectores productores de bienes y servicios bajo el paragua de Precios Justos -renovados y ampliados este mes hasta junio inclusive-, junto con la ausencia de shocks como los ocurridos el año pasado (guerra en Ucrania, renuncia de Martín Guzmán) que permitan mantener contenida la brecha cambiaria, podrían contribuir a moderar la inercia y las expectativas de inflación, aunque no sustancialmente.

Ahora bien, la persistencia en la escasez de divisas dificultará el cumplimiento de la parte que le toca al Gobierno en Precios Justos: garantizar un mayor acceso al MULC, por lo cual la estrategia oficial presentará riesgos en los meses que siguen. Asimismo, el Gobierno seguirá enfrentándose a la dificultad por controlar precios de alimentos frescos impactados por las inclemencias climáticas y/o la estacionalidad -como el caso de las verduras y las frutas- mientras que la recomposición de los precios de la carne vacuna seguirá su curso.

En este contexto, la meta del Gobierno de una inflación alrededor del 60% i.a. para diciembre luce sumamente desafiante, teniendo en cuenta que para lograrlo de febrero a diciembre la variación mensual del IPC debería ser en promedio de 3,8%. Sin embargo, la intención oficial ordenar la nominalidad al 60%, en un contexto de ajuste fiscal y una política monetaria contractiva, resulta mejor que intentar meramente que la inflación no se acelere. En este sentido, es valorable la coordinación desde comienzos de año, ya que de cualquier otro modo la inflación iba a superar cómodamente los tres dígitos este año.

El IPC Nacional INDEC trepó 6,0% mensual en enero, acelerándose 0,9 p.p. respecto al registro de diciembre (5,1%). De esta forma, la variación resultó similar a la observada en septiembre y octubre (6,25% promedio), meses previos a la marcada desaceleración de noviembre. Por primera vez en cinco meses, el registro se ubicó por encima de la expectativa del mercado (REM-BCRA), que proyectaba un 5,6%. En la comparación interanual, la inflación ascendió a 98,8%, la medición más elevada desde octubre de 1991. Así, observamos que, tras los dos shocks de 2022, la dinámica inflacionaria se estaría estabilizando en un nivel significativamente más alto al previo.

El IPC Nucleó volvió a acelerarse (levemente) respecto al mes previo (+5,4%, 0.1 p.p. por encima de diciembre), mostrando la persistencia de una inercia elevada. La elevada inercia inflacionaria se ve reflejada en una mayor velocidad de ajuste de precios, sumado a plazos de renegociación más cortos en los contratos formales e informales, incertidumbre sobre los costos de reposición producto de las restricciones a las importaciones y volatilidad de la brecha cambiaria.

Por su parte, los precios Estacionales -que fueron los que mayor dinamismo enseñaron-se incrementaron 7,9% (131,7% i.a.), donde impactaron las subas en frutas y verduras. Por último, los precios Regulados anotaron un alza del 7,1% (+93,5% i.a.), dinamismo que se explica por la incidencia de los aumentos en tarifas de gas y agua, transporte público, combustibles, prepagas y servicios de telefonía e internet.

Los rubros con mayores aumentos fueron Recreación y Cultura (+9,0%), explicado principalmente por las subas en servicios de turismo producto del inicio de la temporada alta y el incremento en el servicio de televisión por cable. Le siguió Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (+7,9%), impulsada por las actualizaciones en las tarifas de servicios públicos regulados, y Comunicación (7,9%), traccionado por los aumentos de telefonía e internet. Por el contrario, las divisiones con menor variación en enero fueron Prendas de vestir y calzado (2,3%) y Educación (1,1%).

Alimentos y bebidas mostró la mayor suba en cinco meses. Luego de tres meses consecutivos creciendo por debajo del nivel general, el índice de Alimentos y Bebidas se ubicó por encima, mostrando una variación mensual de 6,8%, la más alta desde el 7,1% mensual de agosto pasado. Dentro del capítulo, los rubros con mayores aumentos fueron Verduras (+19,0%) y Frutas (+11,5%), afectados por factores estacionales y efectos climáticos adversos (sequía y heladas). En particular, los alimentos que mostraron una mayor variación mensual fueron el tomate (+64,8%), la naranja (+48,9%), la manzana (+31%) y la papa (+24,7%).

En enero no impactaron en gran medida aún los grandes saltos en los precios de la hacienda desde la segunda quincena de enero (+40% desde entonces). La división Carnes y derivados creció 3,9%, mientras que el relevamiento del IPCVA indicó que la carne vacuna subió apenas 1,7% en enero. No obstante, esperamos que estas subas se vean reflejadas en el índice de febrero.

En enero se observó cierto impacto del programa Precios Justos. El IPC Consumo Masivo (compuesto principalmente por productos empaquetados de alimentos y bebidas) creció 5,2%, 0.8 p.p. por debajo del nivel general. Más aún, algunos rubros atravesados por el programa crecieron muy por debajo del índice de alimentos y bebidas: Café, té, yerba y cacao subió 3,9%; Pan y cereales, 4,4%; Aceites, grasas y manteca, 4,5%; y Leche, productos lácteos y huevos, 4,8%.

No obstante, esto no alcanzó para contener el número de enero, principalmente porque, según el informe de INDEC, en enero los precios relevados que se encuentran dentro de programas de acuerdo entre el Estado y las empresas representan sólo el 3,65% del total de precios relevados en GBA, un número apenas por encima del promedio 2016-2022.

¿Qué esperamos para los próximos meses?

La nominalidad se mantendrá elevada en los próximos meses, con un 2023 que no mostraría una desaceleración significativa respecto a 2022. En principio, los primeros relevamientos de febrero dan cuenta que la aceleración inflacionaria se consolida. En el registro del mes impactará la postergada ronda de actualizaciones en las tarifas de electricidad, nuevas subas en combustibles (4%), en medicina prepaga, en telefonía, internet y cable (9,8%) y en personal de servicio doméstico (5%). Además, se espera un mayor dinamismo en el precio de la carne vacuna por las ya mencionadas subas del ganado en el Mercado Agroganadero de Cañuelas. Por el contrario, esperamos que los rubros más ligados al turismo pierdan algo de energía en tanto febrero es menos importante estacionalmente.

Hacia adelante, distintos factores seguirán presionando sobre una inercia inflacionaria difícil de desarmar en el corto plazo. Entre ellos, el impacto de la sequía sobre el precio de algunos alimentos; el traslado al consumidor del ajuste en los precios de la hacienda vacuna; la dinámica de los ajustes salariales en un año de elecciones; los incrementos pendientes en las tarifas de servicios públicos; un crawling peg cambiario más alineado con la inflación; las restricciones sobre las importaciones y tensiones sobre la brecha y las expectativas de devaluación en medio de la transición electoral.

Como contrapeso, el amplio set de acuerdos de precios instrumentados por el Gobierno con distintos sectores productores de bienes y servicios bajo el paragua de Precios Justos -renovados y ampliados este mes hasta junio inclusive-, junto con la ausencia de shocks como los ocurridos el año pasado (guerra en Ucrania, renuncia de Martín Guzmán) que permitan mantener contenida la brecha cambiaria, podrían contribuir a moderar la inercia y las expectativas de inflación, aunque no sustancialmente. Ahora bien, la perspectiva de una persistencia en la escasez de divisas dificultará el cumplimiento de la parte que le toca al Gobierno en Precios Justos: garantizar un mayor acceso al MULC, por lo cual la estrategia oficial presentará riesgos en los meses que siguen.

En este contexto, la meta del Gobierno de una inflación alrededor del 60% i.a. para diciembre luce sumamente desafiante, teniendo en cuenta que para lograrlo de febrero a diciembre la variación mensual del IPC debería ser en promedio de 3,8%. Sin embargo, la intención oficial ordenar la nominalidad al 60%, en un contexto de ajuste fiscal y una política monetaria contractiva, resulta mejor que intentar meramente que la inflación no se acelere. En este sentido, es valorable la coordinación desde comienzos de año, ya que de cualquier otro modo la inflación iba a superar cómodamente los tres dígitos este año.

El IPC Ecolatina para el Gran Buenos Aires mostró un crecimiento mensual de 6,4% en enero, acelerando 2.1 p.p respecto a diciembre. De esta forma, el índice registró una variación interanual de 102%.

La mayor evolución en el nivel general se explicó principalmente por el capítulo de Alimentos y Bebidas (+6,8%), que se ubicó 3.2 p.p por encima del mes anterior y casi un punto porcentual por encima del promedio de 2022. A su interior, se destacaron los aumentos en los precios de verduras (+23,3%), frutas (+10,5%), bebidas alcohólicas (+8,4%) y fideos y pastas (+8,5%).

Por otra parte, sobresalieron los aumentos en Vivienda y servicios básicos (+9,9%) -explicado por los aumentos en servicios públicos ante una nueva ronda de actualizaciones en las tarifas de gas, agua y electricidad-; y en Transporte y comunicaciones (+7,8%), donde impactó el aumento en la tarifa de colectivos y trenes en el AMBA.

En cuanto a las categorías, enero estuvo caracterizado por una mayor incidencia de los precios Regulados y Estacionales, en un mes en el que hubo aumentos de tarifas, transporte, combustibles y medicina prepaga. Estacionales anotó 7,4% (explicado por los ya mencionados aumentos en frutas y verduras) y Regulados un 9,7%, mientras que la inflación Núcleo trepó 5,2%.

¿Qué esperamos para 2023?

El inicio de año habría comenzado con una aceleración en los precios. En adelante, a una nominalidad consolidada en niveles elevados se sumará el posible impacto de la sequía sobre los precios de alimentos (algo que parece reflejar nuestro IPC), las fuertes correcciones en los precios del ganado vistas en las últimas semanas, que se irían trasladando al precio de la carne vacuna al consumidor final, la inercia de la dinámica salarial y las restricciones sobre las importaciones.

Por otro lado, la moderación del crawling peg, -el tipo de cambio promedió un alza del 5,4% en enero, 1.3 p.p. por debajo de diciembre-, en conjunto con el amplio set de acuerdos de precios que se renovarán y ampliarán desde febrero hasta junio inclusive y de no mediar shocks como los ocurridos el año pasado que permitan mantener contenida la brecha, la inercia y las expectativas de inflación podrían moderarse en el margen. Como resultado, esperamos que la nominalidad se mantenga elevada los próximos meses, con un 2023 mostrando una inflación en la zona del 90-100%.

Tras la fuerte aceleración de la inflación a lo largo del 2022, controlar la evolución de los precios se ha vuelto imperativo para el Gobierno y sus aspiraciones electorales. Bajo esta premisa, desde el Ministerio de Economía se planteó como objetivo ordenar la nominalidad en torno al 60% anual (pauta de inflación del presupuesto 2023), guarismo que implica alcanzar una inflación mensual del 4%, desaceleración no menor teniendo en cuenta que la misma fue de 6,1% en el segundo semestre del año pasado.

Para ello, hacia el cierre del 2022 se cerraron acuerdos de precios con diversos sectores con vigencia hasta el primer trimestre de este año, en donde los más significativos parecerían ser el programa Precios Justos y aquellos que alcanzan a productores de insumos difundidos. Al mismo tiempo, la desaceleración lograda durante el último bimestre del año pasado -en parte por esta coordinación, pero fundamentalmente por la caída en el precio de las verduras y un abaratamiento relativo en el precio de la carne vacuna- permitió que el crawling peg modere la tendencia alcista exhibida durante los meses previos.

En este sentido, un elemento clave para el ordenamiento nominal son las paritarias: es difícil encarar una significativa moderación de la inflación si los salarios se quedan “pegados” a la inflación pasada. En este marco, el oficialismo también busca que las negociaciones se firmen al ritmo del 60%, siendo un acuerdo semestral del 30% una estrategia para lograr la aceptación de los sindicatos e iniciar el camino.

Ahora bien, ¿es posible un ordenamiento de esta magnitud? ¿a qué riesgos se enfrentaría esta estrategia?

En primer lugar, vale decir que los sindicatos tienen incentivos a colaborar con el Gobierno, previendo que un cambio de signo político -ante un fracaso de la política económica actual- pueda desfavorecerlos. Un elemento adicional es que en 2022 el promedio anual del salario registrado real habría crecido alrededor de 0,5%. El principal factor detrás de esto es el acortamiento de la vigencia de las paritarias, que no sólo dio la posibilidad de renegociar ante la escalada inflacionaria, sino que contribuyó a reducir la heterogeneidad de la perfomance de los salarios reales por sector.

Tal vez el punto más relevante se vincula a los significativos aumentos pautados en las renegociaciones para el primer trimestre del año, asociados a la nominalidad pasada. Desde Ecolatina relevamos acuerdos que representan más del 80% del índice de salarios del sector privado de INDEC y hallamos un incremento trimestral superior al 15%. En función de la inflación esperada por el REM, esto no sugiere que se llegará a la temporada alta de las paritarias -hacia marzo/abril- con una merma significativa del poder adquisitivo.

Sin embargo, justamente el hecho de que el año comience con una nominalidad que lógicamente está mirando más a lo ocurrido durante el 2022 hace que, apenas transcurrido un mes de este año, el objetivo del Gobierno comience a agrietarse por las perspectivas de una inflación más alta que el 4% mensual, el “ritmo” consistente con la pauta oficial. Por este motivo, desde algunos gremios comienzan a existir voces disonantes que prefieren “ver para creer” en una desaceleración antes de poner la firma.

 

Los obstáculos se avizoran tempranamente

Consideramos que este escepticismo tiene fundamentos en la realidad por distintos factores que mantendrán elevados los registros de inflación, la cual exhibirá un comportamiento más similar al del año pasado de lo que el oficialismo pretende.

Por un lado, también los servicios públicos exhibirán aumentos por encima de la pauta del 30% durante la primera mitad del año: las tarifas subirán entre el 15-20% en enero y deberán tener nuevos ajustes -que por cuestiones electorales difícilmente sean pasados a la segunda mitad del año- debido a que es necesario continuar reduciendo los subsidios económicos para cumplir el programa fiscal trazado con el FMI. Una muestra de esto es la indexación del precio del boleto del colectivo y trenes, que tras la suba de 40% en enero se ajustará -a partir de marzo- en función de la inflación pasada, garantizando una recuperación de este precio relativo.

Por otro lado, una nueva aceleración del precio de las frutas y las verduras no debe descartarse en el corto plazo -de hecho, según información del IPC GBA Ecolatina, esperamos incrementos del 10-20% para enero- debido a la sequía, tal como ocurrió el año pasado. Asimismo, como señalamos en un informe reciente los precios al consumidor de la carne vacuna también podrían mostrar una corrección en las próximas semanas, ya que no sólo se encuentran más de 25% por debajo del precio que tenían hace un año en términos reales según los datos del IPCVA, sino que ya se están verificando aumentos importantes en el precio de la hacienda en pie: en la segunda quincena los valores subieron cerca del 35% en el Mercado Agroganadero de Cañuelas. De este modo, difícilmente el programa de Precios Justos -que cubre productos empaquetados y justamente excluye productos frescos- evite una aceleración también en los alimentos.

Finalmente, si bien el tipo de cambio real no se encuentra tan atrasado como en otros momentos de la historia reciente, las escasas reservas internacionales -y la necesidad de cumplir la meta de acumulación en el marco del acuerdo con el FMI- hacen que recurrir al ancla cambiaria -típico ingrediente del año electoral- sea una estrategia poco sostenible. Así, por más que la depreciación del tipo de cambio oficial corra algo por detrás de la inflación, impondrá un piso alto a su desaceleración.

Con respecto a este último punto, hay que agregar que, producto de las restricciones, el tipo de cambio oficial puede no ser tan determinante en el precio de muchos bienes no esenciales. Estos sí podrían verse más afectados por la volatilidad de la brecha cambiaria, que estará a la orden del día durante el año electoral. Si bien es cierto que el impacto de este fenómeno en la medición del IPC es acotado, esta particularidad podría extenderse a otros bienes más básicos -finales e intermedios- en tanto sea necesario profundizar la administración de la escasez de los dólares. En este sentido, se debe mencionar que, si bien la participación en el programa Precios Justos garantiza las divisas a tipo de cambio oficial, en caso de que el ritmo de aumentos mensuales permitido se perciba acotado, la renovación del programa podría complicarse y eventualmente sumar bienes al grupo para el cual el crawling peg deja de ser una variable relevante en la estrategia de pricing.

En cualquier caso, malas noticias en el frente externo o con la renovación de los sucesivos vencimientos de la deuda en pesos -ahora concentrados a partir de abril- podrían trasladarse a la inflación más rápidamente, elevando el riesgo de una disparada nominal, tal como ocurrió tras la renuncia de Martin Guzmán a comienzos de julio del año pasado.

Conclusiones y perspectivas

Esto refleja que ya sólo con observar el primer semestre emergen desafíos e inconsistencias acerca del cumplimiento del sendero de desinflación, consistente con un 30% semestral, criterio bajo el cual el Gobierno intenta ordenar las demandas salariales y la nominalidad de la economía en general. En cambio, prevemos que el nivel de precios avance en el orden del 40% hacia junio, dejando así una inercia mayor de cara al semestre electoral, cuando algunos de estos procesos se vuelvan a “activar”.

Tal es el caso de las paritarias, donde si bien su acortamiento resulta una buena noticia para los trabajadores formales – de ser necesario reciben ajustes asociados a la “nueva” inflación- es un mecanismo que refuerza la inercia inflacionaria y vuelve a los shocks más permanentes. Así, la divergencia entre la inflación esperada y la real significarán rápidamente nuevos ajustes en la segunda mitad del año, máxime teniendo en cuenta la búsqueda de alcanzar una mejora del poder adquisitivo de cara a las elecciones.

Por su parte, el Gobierno podría moderar los aumentos de precios regulados y acudir nuevamente a los controles de precios, pero esto no bastará para que la desaceleración se sostenga o sea significativa, especialmente considerando que hacia el cierre del año la incertidumbre acerca de la nueva administración pueda suscitar una nueva escalada en los precios. En esta línea, prevemos que la dinámica inflacionaria se ordene en torno al 35% en la segunda mitad del año, implicando una inflación anual que volvería a comenzar con “9”. No obstante, no debe olvidarse que eventos disruptivos en la escena política vinculados al resultado electoral pueden llevarnos fácilmente a una inflación de tres dígitos incluso sin que exista un salto del tipo de cambio oficial.

Para finalizar, vale mencionar que la intención del Gobierno de ordenar la nominalidad al 60%, en un contexto de ajuste fiscal y una política monetaria contractiva, no luce descabellada. Sin embargo, los todavía desalineados precios relativos y los vigentes mecanismos de propagación de la inflación vuelven desafiante dicha tarea en un año electoral. Sin detrimento de esto, apuntar a una inflación mensual de 4% es mejor que intentar solamente que la misma no se acelere. En este sentido, es valorable la coordinación desde comienzos de año ya que de cualquier otro modo la inflación iba a superar cómodamente los tres dígitos este año.