La economía argentina convive hace más de una década con inflación elevada y persistente. Según el IPC GBA Ecolatina la inflación en los últimos 10 años promedió casi 30% anual y, salvo en 2009, nunca perforó el 20%. Producto de la elevada inercia, el aumento del nivel general de precios se ubica en una velocidad crucero cercana al 2% mensual, con aceleraciones o desaceleraciones según la evolución de los costos empresarios, entre los que se destacan el salario, el tipo de cambio, y las tarifas de servicios públicos.
El gobierno anterior utilizó al dólar y las tarifas como anclas nominales para moderar la suba de precios en los años electorales. El resultado? Inflación elevada y atraso cambiario y tarifario, los cuales condujeron a abultados déficits gemelos (externo y fiscal). En la búsqueda de recuperar el equilibrio macroeconómico, el actual gobierno levantó esas anclas al mismo tiempo que planteaba ambiciosas metas de inflación. La unificación del mercado cambiario y la corrida de 2018, los continuos y significativos aumentos en las tarifas de servicios públicos (energía y transporte) y negociaciones paritarias que no fueron consistentes con las metas de inflación planteadas por el gobierno, explicaron el importante desacople entre objetivos y realidad. En este marco, el deseo de la administración Macri de culminar su primer mandato con una inflación cercana al 5% no se cumplirá.
Las perspectivas para el año que comienza no son auspiciosas. Creemos que la inflación superará claramente el 23% estipulado en la Ley de Presupuesto 2019. Incluso si el tipo de cambio se desliza en forma controlada (hecho que dependerá de la magnitud de la dolarización pre-electoral), esperamos que la suba de precios sea más cercana al 35% que al 28,7% que estima el consenso del mercado (REM del BCRA). Esta lenta desinflación responde a la falta de un ancla nominal.
Producto del salto cambiario (que impacta sensiblemente en los costos de producción de los servicios públicos) y la necesidad de reducir subsidios para alcanzar la ambiciosa meta fiscal de equilibrio primario, el Ejecutivo ha anunciado subas de tarifas de servicios públicos que, en promedio, superan el 40%. Estas tienen un significativo impacto directo e indirecto (a través del alza de los costos de las empresas) sobre el IPC. De hecho, ambos efectos sumarán 5 puntos de inflación en 2019, elevando las expectativas de inflación de los agentes económicos.
Asimismo, los aumentos nominales de salarios (costo laboral) superarán los del año pasado: la paritaria de 2019 puede cerrar en torno a la meta oficial (20-25%), pero en los primeros meses de este año se aplican muchas cláusulas de revisión por la fuerte caída del salario real ocurrida el año pasado. De esta manera, las remuneraciones del sector privado registrado (proyectamos un incremento del 37% en 2019) liderarán el alza de los costos laborales, que treparían en torno al 35%.
La evolución del tipo de cambio tal vez sea la mayor incógnita de 2019. Sabemos que difícilmente se aleje de forma sostenida de la Zona de No Intervención (ZNI), pero lo ancho de la misma (30%) cubre con un manto de incertidumbre el valor final que alcance el dólar. El ajuste trimestral del piso y techo de la ZNI seguiría las expectativas de inflación del mercado, lo que implica en la práctica que las bandas se ajusten levemente por debajo del alza de los precios (las expectativas de inflación del mercado tienden a subestimar la magnitud del problema). Siendo, optimistas el tipo de cambio fluctuará entre el piso y el centro de la banda, lo que implica una suba cercana al 30% en 2019.
En síntesis, con costos laborales creciendo al 35%, un tipo de cambio marcando un deslizamiento de 30% y tarifas trepando en promedio más de 40%, la inflación no se alejará significativamente del 35% en 2019. Esta lenta desinflación es producto de un escenario macroeconómico más estable en relación al año pasado, pero ni siquiera será suficiente para alcanzar la inflación promedio de la última década.
Podrá el lector pensar que con un regla estricta de emisión monetaria (incremento prácticamente nulo en el primer semestre y del 1% mensual en la segunda mitad del año) esta vez será diferente. Sin embargo, durante esta administración quedó demostrado que una política monetaria dura es insuficiente para bajar la inflación: se necesita un plan integral que ataque la inercia del proceso, para lo cual será crucial coordinar las diferentes aristas de la política económica (ingresos, fiscal, monetaria y cambiaria) de forma tal de blindar la estrategia anti-inflacionaria.
-Esta nota fue publicada enel portal infobae el 18 de enero de 2019-