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El gasto público será una preocupación para el próximo gobierno

Tras el acuerdo con el FMI, el Gobierno redobló sus esfuerzos en ajustar las cuentas públicas. De esta forma, se planteó una exigente meta de equilibrio fiscal primario para 2019, consistente con la eliminación del financiamiento del BCRA al Tesoro y un crecimiento nulo de la base monetaria. Sin embargo, la profundización de la crisis tras las PASO, que erosionó la recaudación por enfriamiento de la actividad, y las políticas orientadas a apuntalar el consumo en un contexto de caída de los ingresos reales deterioraron el balance primario de Hacienda. Esto impidió alcanzar la meta de equilibrio fiscal incluso considerando los ajustadores acordados con el FMI (el año finalizará con un rojo operativo en torno al 0,7% del PBI).

Mirando hacia 2020, el Gobierno entrante contará con pocos grados de libertad para elegir su política fiscal: con los mercados privados de crédito cerrados, una negociación con el Fondo pendiente y una baja demanda de pesos, difícilmente podrá recurrir al endeudamiento y la emisión para relajar su restricción de presupuesto. En consecuencia, deberá achicar nuevamente el déficit.

Si bien creemos que se utilizará el aumento de ingresos para achicar el rojo operativo, como por ejemplo mediante una suba de las retenciones o un incremento en el impuesto a los bienes personales (representa apenas 0,4% de la recaudación tributaria nacional), esto no será suficiente. Resultará también necesario atender la dinámica de algunos gastos para que su evolución no se convierta en un peso que el Estado no pueda afrontar. Considerando que las erogaciones en jubilaciones, asignaciones y pensiones son inflexibles -estas partidas se actualizan automáticamente por inflación siempre que no se realice un cambio en la fórmula de cálculo de movilidad- y que la obra pública ya se encuentra en niveles muy bajos -pasó de 2% del PBI en 2016 a la mitad en 2019-, los subsidios económicos, que actualmente representan en torno a 2% del PBI, surgen como una variable clave para el rumbo de las finanzas públicas.

Dos de cada tres pesos que salen por esta partida corresponden a subsidios energéticos, que pagan parte del costo de generación, transporte y distribución de electricidad y de la extracción e importación de gas. Por este motivo, la decisión que se tome sobre este gasto no será neutral en términos de precios. Además, una política que impulse la inflación evitaría que se incremente el gasto en jubilaciones y asignaciones, ya que una desaceleración de los precios impulsaría el peso de las prestaciones sociales. El problema entonces, es que la consolidación fiscal y el ataque a la inflación son objetivos contrapuestos.

El dilema del próximo gobierno

Una de las características de la gestión de Cambiemos fue el esfuerzo por una paulatina eliminación del atraso tarifario. En los últimos cuatro años, tuvo lugar una importante recomposición del precio relativo de los Servicios Públicos, que crecieron por encima de la inflación y pasaron a representar una mayor porción de los gastos de las familias.

A pesar de esta dinámica, al haberse “dolarizado” los contratos con las empresas proveedoras de tales servicios, el salto en el tipo de cambio implica que el Estado sigue aumenta las tarifas o continúa haciéndose cargo de una parte significativa del costo de la energía.

Además, tras el ajuste del primer semestre del año, el gobierno suspendió la actualización tarifaria en la segunda mitad de 2019 con el afán de pronunciar la desaceleración de la inflación en la previa electoral. Esto incrementó la brecha cubierta por Hacienda. A modo de ejemplo, tras el reciente salto cambiario, los costos medios de generación eléctrica saltaron 35%, en tanto que el precio afrontado por los consumidores permaneció sin modificaciones.

Siguiendo el cronograma de aumentos vigente -que pauta una suba por semestre-, el próximo gobierno tendrá que enfrentar el dilema de validar fuertes aumentos tarifarios -correspondientes a este semestre y al próximo-, o bien incrementar el gasto en los subsidios económicos. Bajo el primer escenario, se encarecerían las tarifas a pagar por los hogares y los costos de producción de algunos otros bienes y servicios, ya que algunos usuarios no residenciales también fueron alcanzados por el congelamiento. En suma, esto ubicará la inflación a la zona de 4% mensual durante los primeros meses del 2020, incluso en un contexto de estabilidad cambiaria. En caso contrario, sostener el congelamiento implica reiniciar una dinámica de atraso tarifario -financiado con emisión- lejos de las elecciones legislativas de 2021.

La decisión final también dependerá de factores ajenos a la voluntad del gobierno entrante. Por caso, la aparición de financiamiento externo -por ejemplo, a través de China- o un reencauzamiento de las relaciones con el FMI podrían permitir una política fiscal algo más laxa en lo inmediato. Por otra parte, la formalización de un acuerdo precios-salarios que involucre a los empresarios y a los sindicatos podría modificar la dinámica inflacionaria en general y tarifaria en particular durante los primeros meses de la gestión.

Inflación hoy o mañana

En conclusión, al poco tiempo de asumir el próximo gobierno se presentará ante el desafío de reconocer una mayor inflación, con los elevados costos sociales y políticos que esto implica, u optar por aumentar los subsidios económicos, alimentando el desbalance fiscal. La solución a este dilema deberá darse en el marco de un plan económico integral, que abarque objetivos acerca de la deuda pública, los precios y el crecimiento.

Sin embargo, la posibilidad de contener la inflación “pisando” las tarifas sólo será válida en lo inmediato: un atraso significativo no es sostenible fiscalmente. Si se mantuvieran fijados los precios del gas y la electricidad hasta las elecciones legislativas de 2021, el peso de estos en la canasta de consumo de los hogares volvería al nivel posterior a los primeros aumentos de 2016, desandando gran parte de la recomposición realizada por la actual administración. Como resultado, el costo de los subsidios crecería rápidamente, engrosando un gasto que nadie está dispuesto a financiar y, por lo tanto, gestando una nueva corrección que tendrá lugar más temprano que tarde. De esta manera, la dicotomía se reduce a cuándo y en conjunción con qué políticas aumentarán los servicios públicos.

 

Según el IPC GBA Ecolatina, la inflación fue de 6,7% entre la primera quincena de septiembre e igual período de agosto. De esta manera, en los treinta días posteriores al salto cambiario post-PASO, la dinámica inflacionaria fue similar al registrado en el mismo lapso temporal tras la suba del dólar de fines de agosto de 2018, cuando el avance de los precios fue de 6,9%.

Sin embargo, durante la aceleración inflacionaria del año pasado también tuvieron lugar correcciones tarifarias. Esto explica parte de la discrepancia del IPC Núcleo. Teniendo en cuenta los treinta días posteriores al shock cambiario, este indicador llegó a 8,3% en la primera quincena de septiembre de este año, cuando alcanzó 7,6% en la segunda mitad de septiembre pasado.

Los capítulos que más sufrieron el stress cambiario fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (+12,8%), Indumentaria (+10,6%, también afectado por el inicio de la temporada) y Esparcimiento (+10,4%). El capítulo más importante del índice, Alimentos y Bebidas, arrojó un aumento fue de 7,3%. Tal como se había observado al cierre de agosto, los supermercados mostraron caída en los precios de los productos sin IVA, mientras que en el canal tradicional (autoservicios, almacenes, supermercados de barrio), los aumentos fueron muy significativos.

Estimamos que la inflación se ubique en 5,6%. Esta dinámica será la consecuencia de una desaceleración en el crecimiento de los precios en la segunda quincena del mes, la cual se podría extender al último trimestre del año en tanto prevalezca la estabilidad cambiaria. Incluso de cumplirse este supuesto, esperamos que la inflación anual supere el 50% en 2019.

¿Cómo fue la inflación en agosto?

El INDEC anunció el día de hoy que la inflación nacional alcanzó 4,0% en el octavo mes del año. Así, el IPC Nacional interrumpió su sendero descendente, ya que este registro se ubicó 1,8 p.p. por encima del 2,2% de inflación de julio. Luego de 4 meses de calma cambiaria, el reciente salto del dólar terminó con la desinflación iniciada en abril. De esta forma, el aumento de los precios alcanzó 30,0% en lo que va del año y acumula 54,5% desde agosto del año pasado.

La categoría más afectada por la depreciación fue el IPC Núcleo, donde se ubican los bienes y servicios más sensibles a los movimientos cambiarios. Esta canasta de precios trepó 4,6% (acelerándose 2,5 p.p.), a pesar de la eliminación del IVA a algunos productos de la canasta básica. Por el contrario, los precios Regulados variaron apenas 2,1%, contenidos por el congelamiento de tarifas, naftas y transporte público. Por último, los precios Estacionales subieron 3,9% por el alza en frutas y verduras.

¿Concluyó el traspaso a precios del salto del dólar?

En momentos de elevada volatilidad, nunca está de más recordar que los índices se elaboran como promedio de los precios en distintos momentos del mes. De esta forma, como la depreciación tuvo lugar a mediados de agosto, el rebrote inflacionario no se vio reflejado plenamente en el dato mensual. Por caso, el IPC GBA Ecolatina registró que los precios aumentaron apenas 2% mensual durante la primera quincena del mes, pero este ritmo se aceleró en la segunda parte de agosto hasta la zona del 6%. De esta manera, los precios al comienzo de septiembre fueron muy superiores a aquellos de los primeros días de agosto, lo que pone un piso elevado a la inflación para este mes.

Además, a pesar de que muchos bienes y servicios no tienen costos directamente influidos por la suba del dólar, la experiencia del año pasado aceitó los mecanismos de ajustes de precios, generando comportamientos precautorios y subas por cobertura. Por estos motivos, septiembre exhibirá una inflación de, por lo menos, 5%. Con ese dato, la inflación acumulada del bimestre agosto-septiembre rondará el 10%.

¿Qué se puede esperar para el cierre de 2019?

Luego de que la cotización del dólar saltara en los días posteriores a las PASO, la divisa pareciera haber encontrado una nueva estabilidad por debajo de los ARS/USD 60. A pesar de configurar un equilibrio frágil, este nivel representa un tipo de cambio real competitivo y está apuntalado por los controles cambiarios (que le quitan presión a la demanda de divisas) y las ventas esporádicas del BCRA (que brindan fluidez a la oferta). Si no hubiera nuevas disrupciones cambiarias, los aumentos en el último trimestre tendrán su origen en el acomodamiento de precios relativos que sigue a cada salto del dólar. En particular, los trabajadores reclamarán subas salariales que compensen la pérdida de poder adquisitivo que causa la depreciación. Estos movimientos harán que la desinflación sea lenta, aun en un contexto de congelamiento tarifario. Por esto, en el último trimestre los aumentos no perforarían el 3%, dándole un piso de 50% a la inflación anual. Así, 2019 marcará un nuevo récord de nominalidad desde el inicio de la convertibilidad en 1991.

¿Por qué se tomó la medida?

Luego de la derrota electoral sufrida el 11 de agosto el gobierno decidió instrumentar un paquete de medidas. Reducción de impuestos laborales para empleados en relación de dependencia y monotributistas, aumento de transferencias sociales, ayuda para familias con créditos UVA y reducción de IVA a productos de la canasta básica fueron pilares importantes de este paquete de ayuda. Nadie entendió que este set de medidas fuera suficiente para compensar la caída de ingresos reales que comenzó luego de las elecciones primarias y continuará durante los próximos meses, pero algunos fueron un poco más allá.
Preocupados por el efecto fiscal sobre la Nación y especialmente las provincias y convencidos de que la quita del IVA no tendría efectos sobre los precios a los que se venderían los productos, distintos voceros y sectores sociales hicieron foco en la ineficacia de este tipo de medidas y la posibilidad de que los precios afectados por la quita del IVA no bajaran. La idea de que el relevante esfuerzo fiscal asociado no hiciera otra cosa que darle aire a los comercios sin mejorar la situación del electorado fue vista como una señal de alerta. Tres semanas después de que la medida se instrumentara estamos en condiciones de analizar el efecto que efectivamente tuvo sobre el nivel de precios.

¿Tuvo efecto?

Desde hace más de una década Ecolatina realiza un IPC propio. A partir de los precios que lo componen podemos analizar el comportamiento de un amplio set de productos. Tomemos los bienes de consumo masivo (alimentos y bebidas, artículos para el hogar y artículos de cuidado personal) vendidos en cadenas de supermercados. El promedio simple de variaciones para este set de productos entre la primera quincena de julio y mismo periodo de agosto fue 1,3%, claramente por debajo del periodo pasado (se observaba un lento proceso de desinflación). Recordemos que la primera parte de agosto mostraba una inflación cercana al 2% en un contexto de calma cambiaria. El resultado de las elecciones cambió este panorama. Durante la segunda quincena de agosto estos precios crecieron 5,2% en promedio, pero ¿qué pasó con los precios alcanzados con la quita del IVA?
En el siguiente gráfico podemos ver la variación de precios de distintos grupos de productos. En verde están marcados aquellos a los que el gobierno les quitó el IVA. Se puede ver también la variación que esos grupos mostraron durante la primer quincena. Se observa que de los diez grupos que mostraron deflación durante la segunda quincena del mes nueve responden a aquellos beneficiados por la quita del IVA. Al mismo tiempo, prácticamente todos los grupos que desaceleraron su variación respecto a la primer quincena fueron grupos alcanzados por la medida, mientras que el resto se aceleró. Dentro de aquellos afectados solo harina de trigo y yogur muestran aumentos significativos. En el primer caso, el salto cambiario arrastró al precio del trigo (bien dolarizado) y por lo tanto de la harina, es por esto que el aumento, si bien significativo, es menor al que se hubiera registrado si la medida no se hubiera llevado adelante.

Si tomamos el promedio de variaciones entre aquellos grupos afectados por la medida el efecto es todavía más claro. Mientras que los primeros registraron una deflación promedio de casi un punto porcentual, los segundos sufrieron un crecimiento superior al 7%.

Si bien el impacto de la medida fue positivo en las distintas cadenas de supermercados relevadas, no fue así para el canal tradicional (autoservicios y almacenes). En estos comercios no se observó una reducción en ninguno de los grupos relevados, lo cual implica que estos comercios aprovecharon el crédito fiscal para recomponer márgenes en un contexto de ventas muy deprimidas.
Tengamos en cuenta que la medida se tomó en una quincena en la que el tipo de cambio aumentó más de 20%, por lo que la reducción de precios nominales implicó una importante reducción del precio relativo de estos productos. En este marco, podemos considerar que la medida fue exitosa en su objetivo de compensar parcialmente la degradación de ingresos reales que sufrió buena parte de la población. Dado que la misma se aplicó sobre bienes de primera necesidad que hacen a buena parte de la estructura de consumo de las familias más vulnerables, es necesario plantear la posibilidad de continuar con la misma en la medida que el espacio fiscal así lo permita.

¿Cómo fue la inflación en agosto?

En la primera quincena del mes la inflación continuó desacelerándose, como venía sucediendo desde marzo. Sin embargo, los precios volvieron a tomar ritmo con el salto cambiario posterior a las PASO: los aumentos entre las últimas dos semanas del mes y el mismo período de julio promediaron 5,6%. Así, tomando el mes en su totalidad, el IPC GBA Ecolatina creció 3,8% en agosto.

Los precios que más treparon fueron los de la canasta núcleo (+4,7%), los más sensibles a los vaivenes cambiarios. En segundo lugar, la categoría de precios Estacionales creció 3,6% en el mes, debido al aumento de verduras y transporte por turismo. Por último, los precios Regulados subieron sólo 1,9% por el alza en cigarrillos y prepagas, a pesar del congelamiento en las tarifas de agua, luz, gas, nafta y transporte público. Con este dato, la suba de precios acumula 29,4% desde el inicio del año y 55% respecto a agosto del año pasado.

¿Cómo influyó la quita de IVA a alimentos?

La categoría de alimentos y bebidas trepó 3,6% en agosto. Peor aún, en la última mitad del mes los precios de este rubro se ubicaron 6,0% por encima de su nivel de la segunda quincena de julio. Este es un comportamiento lógico luego del salto cambiario del dólar y similar al observado con la depreciación del año pasado. Sin embargo, al ver al interior de este capítulo, los precios de muchos productos alimenticios bajaron en las últimas semanas, alentados por la quita del IVA. Así, pan, polenta, arroz, fideos, aceite, conservas, azúcar, té y yerba se abarataron para los consumidores finales.

La caída de estos precios ocurrió sólo en supermercados, mientras que en los comercios tradicionales, incluso aquellos que operan dentro del circuito formal (almacenes, autoservicios y otros), la rebaja impositiva fue apropiada por los oferentes, que recuperaron parcialmente sus márgenes, golpeado por la caída de las ventas. En definitiva, la medida fiscal aplicada recientemente por Lacunza cumplió con sus objetivos, al desligar la inflación en alimentos de la disrupción cambiaria (beneficiando a las familias) y al mismo tiempo permitir una recomposición de los márgenes comerciales (ayudando a las PyMEs).

¿Cómo evolucionarán los precios en lo que queda del año?

A pesar de verse atenuada por la quita de IVA en alimentos, la suba de precios en la última quincena fue importante. Estos aumentos impactaron parcialmente el mes pasado y terminarán de verse reflejados en el próximo dato. Así, el salto del dólar habrá causado que la inflación del bimestre agosto-septiembre trepe hasta alrededor de 10%. En el último trimestre del año, la dinámica de los precios dependerá de que se pueda contener el tipo de cambio. Si la cotización del dólar se mantiene estable en los niveles actuales, podríamos volver a ver una desaceleración paulatina del ritmo de aumentos. De cualquier manera, estimamos que la inflación se ubicará por encima del 50% este año, superando todos los registros desde el inicio de la convertibilidad hace casi 30 años.

 

Durante la primera quincena de agosto la inflación fue de 2,0% con respecto al mismo período de julio, según el IPC GBA Ecolatina. Este dato representa una desaceleración de 0,4 p.p. en comparación con el mes pasado, cuando la inflación fue de 2,4%. Este descenso fue consecuencia de la apreciación nominal del dólar en las dos primeras semanas del mes, que junto a la ayuda de los precios estacionales contuvo los aumentos en alimentos y bebidas.

Sin embargo, el salto cambiario observado en los últimos días interrumpirá el proceso de desinflación iniciado en marzo. En una situación de elevada incertidumbre y con la memoria del 2018 todavía fresca, el traspaso a precios no se hará esperar. De esta forma, esperamos una fuerte aceleración de la inflación en la segunda mitad del mes, que hará que el promedio mensual de aumentos finalice agosto en torno al 4%. La evolución de los precios durante lo que resta del año dependerá del éxito de las medidas de política monetaria (ponerle un techo al dólar) y fiscales (reducción de IVA, subsidios a los combustibles) anunciadas recientemente. De todos modos, esperamos que la inflación anual supere el 50% en 2019.

¿Cómo fue la inflación en julio?

El INDEC informó que el IPC Nacional exhibió una suba de 2,2% en el séptimo mes del año, mostrando una nueva desaceleración (-0,5 p.p. menor que el 2,7% observado en junio). Así, el nivel general de precios acumuló un avance de 25,1% desde diciembre y un alza de 54,4% interanual.
La desaceleración de la inflación estuvo vinculada a la estabilidad cambiaria a lo largo del mes. La cotización del dólar incluso cayó 3% entre el precio promedio de junio y el de julio. De esta forma, los precios de la canasta Núcleo –más expuesta a la dinámica del tipo de cambio- crecieron 2,1% en julio (-0,6 p.p. en relación al mes previo), a la vez que los Regulados crecieron 1,8%. Por su parte, los Estacionales treparon 3,6% por subas relacionadas a las vacaciones de invierno y verduras impidiendo una desaceleración sea más significativa.
Con este dato, el proceso de desinflación iniciado en abril (luego de que el IPC alcance 4,7% en marzo) acumuló 4 meses consecutivos. Sin embargo, esta dinámica será interrumpida desde agosto.

¿Por qué terminará la desinflación?

Esta semana se desató un nuevo episodio de crisis cambiaria y financiera. En las últimas cuatro jornadas el dólar saltó 25% y llegó a operarse por encima de ARS 60, fenómeno que abortó la desinflación en marcha, ya que en una situación de elevada incertidumbre y con la memoria del 2018 todavía fresca, el traspaso a precios no se hará esperar. En consecuencia, esperamos una fuerte inflación en la segunda mitad del mes, que si bien no impactará plenamente en agosto, incidirá en la formación de precios de los próximos meses. En consecuencia, el objetivo de perforar el 2% mensual ya quedó enterrado.

¿Cómo evolucionarán los precios en lo que queda del año?

 

La estabilización del tipo de cambio será fundamental para comprender la magnitud de esta nueva aceleración inflacionaria. En tanto esto no se logre en el corto plazo, el alza de los precios podría llegar a dos dígitos entre agosto y septiembre. Su morigeración durante el último trimestre del año dependerá del éxito de las medidas de política monetaria (ponerle un techo al dólar) y fiscales (reducción de IVA, subsidios a los combustibles) anunciadas recientemente. De todos modos, esperamos que la inflación anual tenga como piso el 50% durante 2019.
Por otro lado, habrá que comenzar a seguir de cerca el acortamiento de la duración de los contratos. Si esta práctica se generaliza (por ejemplo, con paritarias mensuales), la consolidación de un régimen de alta inflación, a través de la espiralización de las variables nominales (precios-salarios-tipo de cambio) podría darse en el corto plazo.

En julio, la inflación fue de 2,4% según el IPC GBA Ecolatina, encadenando una desaceleración por cuarto mes consecutivo. De esta manera, los precios acumularon un alza de 24,6% en los primeros siete mese del año y de 54,7% con respecto a igual mes del año pasado.

 

Una de las principales características observadas durante el último mes fue la significativa desaceleración del IPC Núcleo, que creció 2,2% en julio, una dinámica que no se veía desde abril de 2018. Por su parte, los Regulados crecieron nuevamente por debajo del 2%, explicado por aumentos de combustibles, prepagas y taxis, mientras que los bienes y servicios Estacionales treparon 5,6% tras incrementos en verduras y servicios asociados al turismo.

A nivel capítulos, Esparcimiento (turismo, libros y cine) y Salud (prepagas y medicamentos) fueron los que mostraron aumentos superiores al 4% durante julio. A su vez, se debe destacar que nuevamente Alimentos y Bebidas (+2,1%) avanzó menos que el Nivel general, ya que más allá de algunos aumentos puntuales (frutas, verduras, lácteos, galletitas y yerba), el rubro permaneció estable gracias a la continuidad de la calma cambiaria.

Considerando que los aumentos tarifarios se concentraron en el primer cuatrimestre del año, y en tanto las presiones sobre el dólar producto de la incertidumbre electoral no impliquen una significativa suba del tipo de cambio, la inflación se ubicará por debajo de 3% mensual en lo que queda del 2019 y la suba de precios cerrará el año en torno a 40%.

El dilema de corregir precios relativos o bajar la inflación

Uno de los principales problemas económicos que heredó Cambiemos fue la distorsión de precios relativos, entre los que sobresalían el atraso tarifario y cambiario. A modo de ejemplo, entre 2007 y 2015 la inflación acumulada más que duplicó a la suba del tipo de cambio y de las tarifas.

En este contexto, el gobierno de Mauricio Macri intentó encarar un proceso de corrección de precios relativos en simultáneo con una reducción de la inflación general. Lamentablemente, este segundo objetivo estuvo lejos de alcanzarse: la corrección de precios relativos aceleró la inflación. No obstante, la mayor inflación no anuló la corrección de precios relativos: el alza de las tarifas de Servicios Públicos superó ampliamente al del IPC GBA Ecolatina entre 2016 y 2018 (370% y 160%, respectivamente).

La suba de tarifas no solo era necesaria para generar un esquema de precios relativos que reflejara más fielmente la estructura de costos de nuestra economía: además, era central para achicar el importante déficit fiscal primario. Por este motivo se explica que, pese a su impacto negativo en términos de “humor social”, los precios Regulados continuaron en ascenso durante la primera parte de este año. Como resultado, los subsidios económicos mostraron un retroceso de 14,5% i.a. en términos reales a lo largo del primer semestre de 2019.

De esta forma, los precios Regulados crecieron 2 p.p. por encima de la inflación general entre enero y junio de este año (24,5% y 22,5%, respectivamente). A contramano, en la segunda parte del año, mientras que la inflación general acumularía alrededor de 15%, los servicios públicos crecerían menos de 5%. En consecuencia, y dada la ajustada meta fiscal de superávit primario de 2020, la suba de tarifas seguirá el año próximo y ralentizará la baja de la inflación.

La suba de tarifas de la segunda parte de 2019 se pateó a 2020

El reciente congelamiento tarifario residencial puede percibirse como un estímulo no salarial al consumo. Por un lado, los menores incrementos restarían presiones a la inflación, de modo que el deterioro del poder adquisitivo se atenuaría, e incluso podría llegar a crecer en el margen en los meses electorales. Se observa de esta forma cómo, pese a que la principal herramienta oficial de desinflación sería la política monetaria contractiva, contener a los costos –dólar y tarifas- cumple un rol fundamental.

Por otra parte, al atrasarse coyunturalmente el precio de un bien inelástico, es decir, de un bien que no es sustituible por otro –el pago de la tarifa de electricidad o de gas no puede ser reemplazado dentro de la estructura de gastos de los hogares como sí se puede hacer con otros bienes- se deja más espacio para consumir otros productos, aun cuando el poder adquisitivo permanezca constante. En consecuencia, podríamos ubicar a esta medida junto a los créditos ANSES, relajaciones de los créditos UVA, el plan Ahora 12 y junio y julio 0 km.

Tal como lo afirmó alguna vez el presidente, estas medidas son un “alivio”, de modo que su impacto es, por definición, transitorio. Más aún, por la ambiciosa meta fiscal pautada con el FMI para el año que viene, no será posible incrementar el pago en subsidios. En consecuencia, los ajustes tarifarios pospuestos en la segunda parte de este año deberán llevarse a cabo a comienzos de 2020, sumándose así a las correcciones propias de ese período. Por lo tanto, el aumento de los precios Regulados excedería nuevamente a la inflación en la primera parte del año próximo.

Dicho esto, corresponde hacer una salvedad. La actualización tarifaria depende, en gran medida, de la dinámica cambiaria: el dólar es un componente central en la estructura de costos de las empresas de Servicios Públicos (así como lo es el precio del petróleo). En consecuencia, el ajuste necesario para la primera parte del año que viene dependerá de dónde termine el tipo de cambio este período electoral. Más allá de esta aclaración, la actualización tarifaria será significativa y superará a la inflación general.

La nueva configuración de precios relativos

Producto de que no es posible bajar sensiblemente la inflación a la vez que se corrigen los precios relativos, y que no será posible incrementar el gasto en subsidios, en 2020 la suba de precios se desacelerará de manera paulatina. Concretamente, la misma pasaría de la zona del 40% en 2019 a un piso de 30% en 2020 (por caso, el FMI elevó su proyección de inflación para el próximo año de 21,2% a 32,1% en su última revisión).

Producto de estas dinámicas, durante la gestión Cambiemos habrá tenido lugar un reacomodamiento de precios relativos. Mientras que la inflación acumularía alrededor de 250% entre 2016 y 2019, las tarifas subirían cerca de 550% y el dólar escalaría más de 400%. La contracara de este proceso sería que los salarios nominales crecerían en torno a 200%, muy por debajo de la inflación.

Así, aunque prácticamente se habrán corregido los atrasos tarifarios y cambiarios heredados, el poder adquisitivo habrá retrocedido significativamente en el período. En este contexto, cabe preguntarse si otra dinámica era posible, es decir, si era posible ajustar precios relativos sin acelerar la inflación. Lamentablemente, y siguiendo la experiencia histórica, parecería que no. Habrá que ver entonces cómo se dirimirá este dilema en el próximo ciclo presidencial. Si bien todavía no podemos afirmar su resultado, algo es seguro: la inflación seguirá elevada.

¿Cómo fue la inflación en junio?

El IPC Nacional elaborado por el INDEC mostró una suba de 2,7% en el sexto mes del año. De esta manera, la inflación se desaceleró 0,4 p.p. con respecto al 3,1% observado en mayo. Así, el nivel general de precios acumula un avance de 22,4% en la primera mitad del año y un alza de 55,8% respecto a junio de 2018.

La caída de la inflación tuvo dos motivos principales. En primer lugar, los precios Regulados redujeron 0,9 p.p. su avance mensual (bajando de 3,7% a 2,8%). Por otra parte, hubo un menor ritmo de crecimiento de los precios de la canasta Núcleo, que pasaron de crecer 3,2% en mayo a 2,7% en junio. Esto se debió a la calma en el mercado cambiario (la cotización del dólar bajó en promedio 2,5% en el mes). Por su parte, los precios Estacionales subieron 2,5% en el mes, acelerándose respecto a mayo (cuando apenas habían variado 0,6%).

¿Cómo evolucionaron los precios en el inicio de julio?

De acuerdo con los relevamientos del IPC GBA Ecolatina, en la primera quincena del mes los precios crecieron 2,4% con respecto al mismo período del mes previo (0,1 p.p. menos que en la segunda quincena de junio). El principal motivo del descenso del ritmo de aumentos fue la mayor estabilidad cambiaria, que redujo el aumento de los bienes y servicios de la canasta Núcleo (que sólo creció 2,2% en la quincena). Por el contrario, el capítulo que más creció fue Atención médica y gastos para la salud, por el incremento de las prepagas.

Según nuestras proyecciones, los precios no modificarían su dinámica en lo que resta del mes, terminando julio con un aumento de 2,4%. De esta forma, el segundo semestre iniciaría con un nuevo descenso de la inflación. Así, el avance de los precios acumularía 24,7% desde diciembre y 54,8% con respecto a julio de 2018.

¿Cómo evolucionarán los precios en lo que queda del año?

La inflación en julio sería la más baja desde el inicio de la crisis cambiaria (mayo de 2018). Además, el promedio de aumentos mensuales se mantendría en la zona de 2-2,5% en el segundo semestre. Sin embargo la continuidad del proceso de desinflación es fuertemente dependiente del tipo de cambio. Teniendo en cuenta que la estabilidad del dólar es el principal activo del BCRA para lograr un descenso de los aumentos, un nuevo salto en la cotización de la divisa podría generar un rebrote inflacionario. Si este no sucediera y, mejor aún, el gobierno sostuviera el congelamiento de tarifas por los meses restantes de 2019, la inflación terminaría el año en torno a 40%.