Category: Precios

El IPC GBA Ecolatina creció 3,9% en marzo, acelerándose 0,5 p.p. respecto al mes anterior. De esta manera, la inflación acumuló una suba de 11,5% en el primer trimestre del año, por encima del 7,9% del primer trimestre del año pasado y del 10,9% de igual periodo de 2019. A su vez, exhibió una variación de 39,9% i.a., la más alta de los últimos siete meses.

En lo que respecta a los capítulos, los que mayor desempeño mostraron fueron Educación (+16,0%) e Indumentaria (+10,1%) como consecuencia de factores estacionales (cambio de temporada e inicio de clases).

Sin embargo, se destaca la evolución del capitulo de Alimentos y bebidas (+4,2%), que se ubicó por encima del Nivel general por quinto mes consecutivo traccionada por los incrementos en carne vacuna (8,5%) y determinados bienes de consumo masivo (quesos y aceites, entre otros, que llegaron a crecer hasta 8%).

En lo que respecta al último punto, el IPC que solo contempla bienes de consumo masivo trepó 2,2% en el mes pese a que no hubo autorización para nuevos incrementos en el programa de Precios Máximos. En este sentido, en los meses del 2020 donde rigió plenamente el congelamiento del programa solo un 10% de los precios en promedio mostraban incrementos (es decir, exhibían variaciones superiores a 0%). Ahora, esta cifra alcanzó al 30% de los precios que componen nuestros relevamientos en el periodo enero-marzo 2021, volviendo a la dinámica de los primeros meses de 2020, cuando aún no existía el programa de Precios Máximos. De todas maneras, a pesar de este comportamiento, estos precios acumularon solo una suba de 6,6% en el primer trimestre del 2020, 4,9 p.p. por debajo de la inflación.

Por su parte, el IPC Núcleo creció en línea con la inflación (+3,9%), pero ubicándose por encima en la comparación interanual (+42,9%). El IPC Estacionales subió 3,6% (+72,5% i.a.) y el IPC Regulados trepó 4,1%, exhibiendo la variación más alta de los últimos veintitrés meses. Dicha evolución se explicó por las subas en subtes y taxis, educación, prepagas, cigarrillos y telefonía. A pesar de este desempeño, la variación de los últimos doce meses sigue rezagada (+21,3% i.a.).

¿Qué esperamos para los próximos meses?

A partir del segundo trimestre, el Gobierno acrecentará los esfuerzos para desacelerar la inflación y mejorar el poder adquisitivo con el objetivo dinamizar a la actividad en la previa electoral. Para lograrlo, apuntaría a reducir la depreciación del tipo de cambio oficial y mantener programas como Precios Máximos –que en principio se extiende hasta mayo- para contener los precios de los alimentos. A su vez, podrían existir incrementos en las tarifas de Servicios Públicos que aún resta confirmar, pero se ubicarían por debajo del ajuste necesario para corregir los atrasos de precios relativos.

Cabe destacar que la estrategia oficial no está exenta de riesgos. Comenzamos a transitar la segunda ola en el país y con ello el Gobierno deberá implementar nuevas restricciones a la circulación y producción. A pesar de que las mismas serían menores a las del año pasado como consecuencia del aprendizaje de producir bajo pandemia, se encuentra latente el riesgo de cubrir un mayor déficit -por posible desplome en la recaudación y mayor gasto para apaliar la crisis- con emisión, lo cual podría generar nuevas presiones cambiarias en un contexto de menos reservas. En este marco, a pesar de que la suba de precios pueda llegar a desacelerarse en los meses previos a las elecciones, esperamos que la inflación cierre el año en torno al 42% en 2021.

La inflación es un problema multicausal. Debemos abordarlo de modo integral con políticas macroeconómicas consistentes y sostenibles y con diálogo social que permite estructurar acuerdos de mayor alcance. (…) Hemos iniciado una mesa de concertación de precios y salarios junto al sector empresario y sindical. El diálogo va a contribuir en el proceso de desinflación. (…). Alberto Fernández, apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

 

La inflación es indudablemente un problema macroeconómico. Por esto, su ataque requiere el uso de herramientas de esta índole, como el manejo de la tasa de interés, la cantidad de dinero o el tipo de cambio. Los programas de abordaje integral de las variables que afectan a toda la economía y se implementan para reducir la inflación se conocen como planes de estabilización. En ellos, se introduce un enfoque de mediano plazo sobre la evolución de las cuentas fiscales, monetarias y cambiarias, para desacelerar el aumento de los precios.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, es muy consciente de esto. En cada una de sus apariciones públicas, alude al plan macroeconómico consistente que desacelerará paulatinamente el ritmo inflacionario: el déficit fiscal se irá reduciendo y su financiamiento requerirá cada vez menos emisión monetaria, mientras que el endeudamiento público se volverá mayoritariamente en pesos. De esta forma, el Tesoro no presionaría sobre las reservas del BCRA, mientras que un tipo de cambio real competitivo fomentaría las exportaciones aportando divisas. En sus propias palabras, “la inflación es un problema multicausal, no solo se arregla frenando la emisión monetaria sino también con el aumento de las exportaciones, solucionando el problema del déficit fiscal y con cuestiones de comportamiento“. Incluso, muchos de sus colaboradores más cercanos son especialistas en inflación y planes de estabilización.

Si esta lectura es prácticamente un consenso dentro y fuera del Palacio de Hacienda, entonces ¿por qué se discuten los precios en mesas sectoriales? ¿cuál es el rol de los acuerdos de precios y salarios?

Un elemento crucial de los mencionados planes de estabilización es el manejo de expectativas. Si los precios surgen de la interacción de todos los agentes de la economía, cuál es la inflación esperada por cada uno de ellos importa. Para poner ejemplos concretos, un comerciante intenta acertar cuál será el precio de reposición de su mercadería en el futuro a la hora de remarcarla. De la misma manera, los productores de bienes se preguntan por el aumento que le propondrán sus proveedores a la hora de pactar contratos con sus clientes. Los sindicatos pedirán aumentos de salarios teniendo en cuenta cómo aumentará el costo de vida de sus afiliados, quienes a su vez estarán pendientes de estos acuerdos cuando se sienten a negociar el alquiler de sus viviendas.

Cuando un plan de estabilización es desestimado por todos estos actores, el esfuerzo que debe hacer el Estado se incrementa, ya que debe sobreactuar el ajuste fiscal-monetario, aumentando el costo para la actividad económica. Por el contrario, si el aumento pretendido por el Gobierno es incorporado como previsión por empresarios y trabajadores, las políticas contractivas no son necesarias. Entonces, ¿se encuentran hoy en día alineadas las expectativas del Gobierno, los empresarios y los trabajadores?

El Presupuesto para 2021, hoja de ruta del plan económico de Guzmán, postula que la inflación será de 29%, pero el promedio de los consultores relevados por el Banco Central cree que alcanzará el 48%. Mientras tanto, encuestas telefónicas privadas (no a analistas especializados, sino a la población en general) ubican el alza de precios esperada en torno al 45%, a la vez que señalan que la inflación es la principal preocupación de la sociedad. Por este motivo entran en escena los acuerdos sectoriales, los precios cuidados y otras herramientas, todas consideradas dentro del grupo denominado ‘políticas de ingresos’. Este tipo de medidas son la estrategia que tiene el Gobierno para convencer a la gente de que cumplirá con su objetivo inflacionario.

En este sentido, la creación de mesas sectoriales de negociación para buscar consensos respecto a los aumentos de precios se vuelven un elemento muy importante del plan, de la misma forma que la participación del Estado en las discusiones salariales. En el primero de estos aspectos, ya se realizaron encuentros con representantes de la industria alimenticia y la construcción, y se espera que el sector de electrodomésticos sea el siguiente en la lista. Por el lado de los trabajadores, la articulación gubernamental propició que algunas paritarias cierren en valores apenas por encima de la inflación presupuestada (docentes, encargados de edificio, bancarios y trabajadores de luz y fuerza, por nombrar solo a algunos).

Las políticas de ingresos intentan guiar la coordinación de las expectativas hacia una inflación más baja, para resolver de forma no conflictiva los problemas macroeconómicos que subyacen al aumento sostenido de precios. Así, el abordaje que se hace de este fenómeno incluye la reducción del déficit y la emisión monetaria (dentro de los límites que impone la pandemia), pero también la intervención directa gubernamental en la formación de precios. Estas políticas no son una novedad del intento de estabilización actual, sino que fueron utilizadas en muchas experiencias (exitosas o no) de desinflación.

El desafío planteado por el Gobierno es uno muy difícil. Para que encuentre su rumbo, será importante mantener las políticas de ingresos: ningún plan de Gobierno es viable si la gente descree de él (menos, en un año electoral). Pero también será vital no reposar únicamente en ellas y esperar que la inflación descienda únicamente como fruto del diálogo. En este sentido, el equipo económico deberá tener en cuenta una vieja clasificación de la literatura especializada: los economistas ortodoxos no utilizan políticas de ingresos, los que las incluyen se consideran heterodoxos; quienes piensan en estabilizar sólo con políticas de ingresos son poetas o magos. Y los problemas económicos que acumuló Argentina en la última década requieren algo más que un poco de magia.

Por Joaquín Waldman, analista de Ecolatina

Esta nota salió publicada en Ámbito el 19/03/2021

Entre enero y febrero, la inflación acumuló casi 8%. Asimismo, según el IPC GBA de Ecolatina, la suba de precios alcanzó 3,3% en la primera mitad de marzo -comparado con la primera mitad de febrero- y rondaría 3,7% en el mes, totalizando cerca de 12% en el primer trimestre del 2021. Con estos números, la inflación mensual debería promediar 1,7% entre abril y diciembre para cumplir la meta oficial del 29%. Considerando la complejidad del proceso desinflacionario -que todavía siquiera empezó-, este objetivo está virtualmente descartado.

Sin embargo, no todo está perdido: luego de un comienzo de año complicado en la materia, la suba de precios podría empezar a ceder desde abril. Por qué, cómo y hasta dónde son las preguntas que nos intentaremos responder en el siguiente informe.

En los últimos años, la inflación tuvo tres grandes motores en nuestro país: el tipo de cambio, las tarifas de servicios públicos y los salarios. Más allá de por qué suben estas variables, su dinámica servía como explicación última del movimiento de la mayoría de los precios. Por lo tanto, analizar qué pasará en estos rubros nos permitirá precisar qué se vendrá en este frente.

A tono con los últimos períodos electorales, el ministro Martín Guzmán viene afirmando que el dólar oficial desaceleraría su marcha en los próximos meses. De esta manera, el tipo de cambio dejaría de moverse en línea con la inflación pasada, buscando preservar la competitividad-precio, para ubicarse por debajo de ésta, priorizando relajar las tensiones sobre la inflación. Dado el régimen de control de cambios e importaciones vigente, es probable que esta menor tasa de devaluación se materialice, descomprimiendo tensiones en varios rubros.

No obstante, corresponderá ver cuán fluido será el acceso de los importadores al dólar oficial para saber así cuán relevante será éste en la determinación de los precios. Una demanda de divisas muy restringida relajaría las tensiones en el mercado oficial, pero volvería menos relevante su cotización. La recuperación de las exportaciones, impulsadas por la mejora de los precios internacionales, y las intervenciones del Banco Central en el mercado paralelo vía la recompra de bonos en dólares con Reservas, determinarán este margen de acceso.

Más allá de cómo sigan las restricciones, es probable que las presiones por el lado cambiario se relajen en el corto plazo. De esta manera, la desaceleración inflacionaria comenzaría en abril. Para determinar su magnitud, será clave conocer qué pasará con las tarifas residenciales de servicios públicos: éstas llevan más de un año y medio congeladas -el gasto en subsidios como porcentaje del PBI casi se duplicó en 2020 y sigue en aumento- y deberían actualizarse en las próximas semanas; sin embargo, todavía no está claro cuánto ni cuándo. En este sentido, proyectamos que el driver tarifario se recalentaría en las próximas semanas, pero que su impacto sería limitado y puntual: habría un solo ajuste antes de las elecciones.

Por último, aparece el factor salarial. Entre 2018 y 2020, el poder adquisitivo de los trabajadores formales se redujo un 20%, de modo que es imperioso recuperarlo este año, al menos una parte. Sin embargo, la destrucción de 200.000 puestos de trabajo formales durante 2020 (y de más de 400.000 desde que empezó la crisis a mediados de 2018), no permitiría que las recomposiciones del poder adquisitivo fueran muy significativas. Por lo tanto, si bien habrá presiones inflacionarias por el lado salarial, las mismas no alcanzarían a impedir la baja de la inflación.

Alcanzado este punto, vale notar el “nuevo” abordaje del problema inflacionario en la Argentina. Entre 2007 y 2015, intervención del INDEC mediante, la suba de precios fue negada en un primer momento, para ceder a algunos programas laterales después -Precios Cuidados, por caso-. Por su parte, entre 2016 y 2019, la estrategia antiinflacionaria reposó excesiva y exclusivamente en la política monetaria. En este marco, una tasa de interés mayor a la inflación esperada y una reducción de la asistencia del Banco Central al Tesoro constituyeron los pilares de la política oficial. Como es sabido, ambas estrategias obtuvieron magros resultados: su exceso de dogmatismo terminó jugándoles en contra.

En cambio, en 2021 una parte importante del equipo económico comenzó a pensar la lucha contra la inflación como un problema macroeconómico, donde la política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria y la coordinación de expectativas son relevantes. En este sentido, el acuerdo de precios y salarios permitiría coordinar las políticas oficiales con los distintos agentes implicados en el proceso inflacionario. En la misma línea, las menores presiones del Tesoro sobre el Banco Central y una política monetaria y cambiaria “consistentes” ayudarían a relajar las presiones. Aunque los excesivos pedidos de información y los controles de precios van en otra dirección que la descripta, hay una parte del gobierno con un enfoque más “integral” en la materia que permite ser menos pesimista -que no es lo mismo que más optimista-.

Ahora bien, si se materializaran algunos riesgos, la desaceleración comentada podría no concretarse. Por ejemplo, apuntar a una apreciación cambiaria mayor a la sostenible o extender indefinidamente el congelamiento tarifario residencial podrían volverse en contra. Un dólar oficial demasiado quieto alimentaría la brecha y las intervenciones del Banco Central con Reservas en el mercado paralelo, complicando el acceso al mercado oficial de cambios de muchos importadores. En un sentido similar, un aumento del gasto en subsidios que profundice el rojo fiscal y obligue a financiarlo con emisión tendría efectos parecidos. Por lo tanto, será clave no forzar en exceso al proceso desinflacionario: caso contrario, sus efectos podrían ser opuestos a los perseguidos.

En otro orden, el viento de cola internacional -suba de precios de commodities-, que ayuda en el frente externo, podría jugar en contra en materia inflacionaria. A modo de ejemplo, la suba de precios acumuló 1,1% en el primer bimestre en Brasil, duplicándose respecto del comienzo del 2020, mientras que en Estados Unidos alcanzó 1,0%, 0,3 p.p. más que en igual período del año pasado. Si bien esta variable no es determinante para una economía con tanta inflación “local” como la Argentina, sí facilita o complica las cosas.

En síntesis, a pesar del arranque caliente de la inflación en 2021, es probable que la misma se desacelere en los próximos meses, especialmente cerca del período electoral. Sin embargo, incluso con esta baja, la meta del 29% seguirá siendo imposible: la suba de precios no perforará el 2% mensual en todo este año y el objetivo del Presupuesto quedará cada vez más lejos. Por otro lado, vale destacar que la baja no será sostenible: luego de las elecciones, es probable que tanto las tarifas de servicios públicos como el tipo de cambio oficial aceleren su marcha, desandando el camino “ganado” en los meses anteriores (abril-octubre). De esta forma, la suba de precios acumularía cerca de 40% en 2021, marcando una suba respecto del del año pasado y dejando atrasos pendientes para 2022.

La inflación nacional alcanzó el 3,6% en febrero, ubicándose 0,4 p.p. por debajo del mes anterior, pero el IPC Núcleo trepó 4,1%, superando en 0,2 p.p. el registro del primer mes del 2021 (3,9%). Vale destacar que en el primer bimestre del año la suba de precios alcanzó un 7,8%, por encima del 4,3% acumulado en el mismo periodo del 2020 y del 6,8% de los primeros dos meses de 2019. En términos interanuales trepó 40,7%, casi 5 p.p. por encima del registro de noviembre del año pasado (35,8%).

Al interior, la principal preocupación hace foco en Alimentos y bebidas no alcohólicas que trepó 3,8%, 0,2 p.p. por encima del Nivel general. Desde agosto del año pasado la variación mensual de Alimentos y bebidas sin alcohol viene superando la del Nivel general (con la excepción de noviembre 2020), acumulando una brecha significativa: 30,2% Vs 26,7%. En términos interanuales dicho capítulo creció 43,9% i.a., ubicándose por encima del Nivel general desde octubre de 2018.

Varios factores responden a dicha evolución. Entre ellos destacan, la mayor depreciación de la cotización oficial (por encima del 3% mensual en los últimos meses), las subas de los precios internacionales y la elevada dinámica de frutas, verduras y carnes. Mención aparte merece el programa Precios Máximos, que redujo la dinámica de los precios de consumo masivo en los meses de cuarentena estricta a costa de inflación futura: según nuestros relevamientos el IPC de Consumo Masivo creció 3,3% en febrero, mostrando la mayor variación en más de un año.

Esperamos que los alimentos continúen evolucionando por encima del nivel general en el muy corto plazo. Las frutas y verduras sumado a posibles nuevas presiones sobre el precio de la carne minorista continuarán dinamizando al capítulo. Además, la inevitable y paulatina flexibilización del programa de Precios Máximos para evitar alternativas peores -como el desabastecimiento por rentabilidad negativa- continuaría generando que algunos precios de consumo masivo recuperen parte del terreno perdido.

La elevada inflación y, en particular en alimentos y bebidas, se ha vuelto una de las principales preocupaciones económicas del Gobierno, pues golpea los sectores de menores recursos a siete meses de las elecciones. En este marco, el Ejecutivo está aumentando la presión sobre las empresas del rubro para controlar/acordar menores aumentos de precios.

Además, el ministro de economía anunció una moderación del ritmo de depreciación del dólar oficial (para cumplir la suba del 25% pautada en el presupuesto 2021 el Peso debería trepar 1,4% promedio mensual), con la intención de frenar la inflación en lo inmediato. A esto se le sumarán acotadas suba de tarifas de servicios públicos y negociaciones paritarias con subas en torno al 32% (a revisar en caso de que se concrete una mayor inflación).

A pesar de esto, romper con la inercia no será sencillo. Utilizar como ancla nominal al tipo de cambio y las tarifas permitiría recortar las subas de precios antes de las elecciones, pero difícilmente alcance para que la inflación se ubique por debajo del 40% en 2021.

Por último, cabe mencionar que producto de la estacionalidad de marzo -subas en indumentaria y educación- y autorizaciones de subas de prepagas, taxis y subtes y la elevada dinámica de la inflación núcleo, no habrá una desaceleración de la inflación este mes por lo que la suba de precios del trimestre sería superior al 11%. En este marco, la inflación promedio mensual debería ser de 1,7% entre abril y diciembre para cumplir la meta oficial del 29%.

Una vez que lo peor de la cuarentena quedó atrás la inflación comenzó a acelerarse a una velocidad elevada. Lejos del 1.5% registrado en mayo, el año cerró con una inflación de 4% (un número no visto desde el salto cambiario posterior al resultado de las PASO) y el comienzo de 2021 tampoco mostró signos de desaceleración.

Entendiendo que esta situación atenta contra su popularidad, el gobierno decidió aplicar un amplio set de medidas. Por un lado, Guzmán manifestó su deseo de disminuir el ritmo de devaluación, al mismo tiempo que busca que las paritarias se firmen en torno a una expectativa de inflación que por ahora se encuentra muy por debajo de la que tienen los privados. Pero además se dispusieron o profundizaron medidas de tinte voluntarista como el programa Precios Máximos y Precios Cuidados.

¿Qué es Precios Máximos?

Precios máximos nació en el mes de marzo de 2020 y continua hasta el día de hoy. Los más de 800 productos incluidos en el plan mostraron aumentos que van desde 4% hasta 9% acumulados en dos rondas, la primera en julio y la segunda en octubre. El plan busca acotar la inflación de los bienes de consumo masivo (especialmente alimentos de primera necesidad) y convertirse en una guía para el resto de los productos del rubro. Además tiene el objetivo de brindar opciones económicas a hogares vulnerables en un momento de crisis especialmente profunda.

¿Cuál fue su efecto?

En el siguiente gráfico podemos ver los aumentos observados para distintos grupos en dos canales de comercialización: canal moderno (supermercados e hipermercados) y canal tradicional (comercios de cercanía y autoservicios) entre el momento de imposición del programa y diciembre 2020. La línea negra marca el aumento máximo permitido por el programa durante el período.

El programa logró su objetivo de contener la inflación en supermercados, pero el comportamiento de los precios en ambos canales fue disímil. El canal moderno respetó casi en su totalidad el programa mientras que en los comercios de cercanía (con menos posibilidad de ser controlados y menor trato directo con el gobierno) la inflación fue mucho mayor (solo se mostró inferior a los aumentos permitidos en fideos).

Los supermercados respetaron el acuerdo, pero no los comercios de cercanía, en este marco nos preguntamos, ¿cuál fue el efecto sobre los hogares de menores ingresos?

Según la última Encuesta de Gasto de los Hogares los hogares del 10% de menores ingresos solo destina el 15% de sus gastos en alimentos y bebidas al canal moderno mientras que ese porcentaje aumenta a 45% en los hogares del 10% de mayores ingresos.

Es decir, el plan tuvo todo el impacto que el gobierno esperaba (los supermercados respetaron), pero es probable que el congelamiento no se haya sentido en los hogares más vulnerables ya que estos no compran en supermercados. Por otro lado, a pesar del cumplimiento de las principales cadenas, la inflación en alimentos y bebidas se aceleró producto de aumentos en alimentos no controlados como carne, frutas y verduras que son al mismo tiempo los grupos que más peso tienen en la canasta de consumo de los hogares más vulnerables.

Además, el plan implicó una extraña disociación entre la inflación de bienes de consumo masivo y el resto de los grupos. Se puede ver en el siguiente gráfico que los bienes de consumo masivo mostraron una dinámica similar a la de los servicios regulados mientras que el resto de los precios de la economía mostraron aumentos entre el 47% y el 70%.

¿Cómo continuará la dinámica en los próximos meses?

El hecho de que la inflación se haya acelerado incluso con la contención que significó el programa complica su levantamiento. Liberar los precios de consumo masivo tendrá un impacto directo sobre una inflación en ascenso, pero no liberarlos no es sostenible. Las empresas de consumo masivo no pueden continuar en el plan si los aumentos autorizados no siguen el movimiento de la estructura de costos de la misma manera que las tarifas de los servicios públicos no pueden continuar congeladas. Incluso habiendo “funcionado” el plan contiene muy marginalmente la inflación de hoy a costa de incrementar la inflación futura.

 

El IPC GBA Ecolatina trepó 3,4% en febrero, desacelerándose 0,3 p.p. respecto al mes anterior. De esta manera, este indicador mostró un acumulado de 7,3% en el primer bimestre del año (+2,1 p.p. por encima del primer bimestre de 2020) y exhibió una variación de 38,0% en la comparación interanual.

En lo que respecta a los capítulos, Esparcimiento (+6,1%) mostró la mayor evolución en el mes, con una variación de 45% i.a. (7 p.p. por encima del nivel general). Por su parte, Alimentos y bebidas creció 4,1%, desacelerándose 1,6 p.p. respecto al mes anterior. En este sentido, resaltó que el precio de la carne se desaceleró en comparación a enero, pero los precios de los bienes de consumo masivo (como panes, arroz, leche, quesos, entre otros) traccionaron la suba del capítulo.

En esta línea, el IPC de Consumo Masivo creció 3,3% en el mes, acelerándose 2,4 p.p. respecto a enero, mientras que el IPC Core no regulado subió 4,1%. En este sentido, el IPC Core trepó 4,0% en febrero, mostrando la fuerte inercia que posee el proceso inflacionario. Por último, el IPC Estacionales y el IPC Regulados crecieron 3,8% y 1,5%, respectivamente.

En el próximo mes la inflación no exhibirá una desaceleración. A la elevada dinámica que tienen los bienes y servicios que componen el IPC núcleo -que hace cinco meses consecutivos se encuentra por encima del 3%- se le sumará las subas estacionales propias de marzo de colegios e indumentaria, la actualización de prepagas, telecomunicaciones y los pautados aumentos en la tarifa de subte y taxi y la elevada dinámica de los precios. En este marco, esperamos que el primer trimestre del año cierre con una inflación en torno al 11,5% (ubicándose 3,7 p.p. por encima del primer trimestre de 2020 y solo 0,3 p.p. por debajo del mismo trimestre de 2019, año donde la inflación cerró en 54% anual).

Con estos números, la inflación mensual promedio entre abril y diciembre debería ser de 1,7% para alcanzar la meta del Ejecutivo exhibida en el Presupuesto de 2021 (29,0% de inflación anual). En este sentido, pareciera que anclar al tipo de cambio oficial será una de las principales herramientas que utilizará el gobierno para intentar desacelerar a la inflación, principalmente durante la previa electoral. A su vez, no hay que descartar que se apliquen controles de precios más duros y una continuidad del congelamiento de tarifas de servicios públicos para los usuarios residenciales, al menos hasta pasados los comicios.

A pesar de esto, los precios de los bienes y servicios que componen al IPC núcleo sin regulaciones continuarán con una dinámica elevada en los próximos meses, a la par que las negociaciones paritarias -luego de 3 años consecutivos de caída del salario real- actuarán como driver adicional. En este marco, la estrategia oficial podría lograr una relativa calma inflacionaria en los meses previos a las elecciones, pero no alcanzará para que la inflación se ubique por debajo del 40% en 2021.

El IPC GBA Ecolatina trepó 3,6% entre la primera quincena de febrero y el mismo período de enero. La desaceleración respecto a enero (4%) del Nivel General no se trasladó al IPC Núcleo, que se mantiene en 4% y refleja la fuerte inercia del proceso inflacionario.

Vale destacar que, si bien la carne vacuna cerraría el mes creciendo a un ritmo similar al del resto de los precios, se espera un mayor dinamismo de bienes de consumo masivo, a diferencia de lo ocurrido en los últimos meses.

Esta tendencia se sostendría durante la segunda parte de febrero, que cerraría con una inflación en torno del 3,3%. Sin embargo, la estacionalidad propia de marzo (educación, indumentaria, por ejemplo), así como ajustes en prepagas, combustibles y posible actualización de tarifas, le pondrían un piso elevado al tercer mes del año llevando la inflación acumulada del primer trimestre del año a superar 10%. En este contexto, atrasar el tipo de cambio oficial se perfila como la principal arma del gobierno para contener la suba de precios en la previa a la “temporada alta” de negociaciones paritarias.

Lorenzo Sigaut Gravina, director de Ecolatina, anticipó que “la aceleración de la inflación, más marcada aún en el sensible rubro alimentos y bebidas, ha generado una reacción dual del gobierno. Por un lado, insistir en la estrategia fútil de controles de precios. Por el otro, comenzar a utilizar el tipo de cambio oficial como ancla para contener la suba de precios de los productos transables. Esta riesgosa estrategia -podría alterar la frágil calma cambiaria alcanzada- moderaría la suba de precios en el corto plazo, ayudando a encauzar las próximas negociaciones paritarias. No obstante, lograr que la mayoría de los acuerdos cierren en torno a la intención oficial del 30% en un año electoral no será nada sencillo: el salario real cayó por tercer año consecutivo en 2020 y la suba de precios superaría 10% durante el primer trimestre del año.

Ecolatina prevé que la inflación sea de 43% en 2021.

La inflación nacional fue de 4% en el primer mes de 2021 y de esta forma el avance de los precios fue de 38,5% en los últimos doce meses, acelerándose significativamente respeto al 35,8% interanual alcanzado en Noviembre 2020. A diferencia de lo que venía ocurriendo hace más de un año, los precios de bienes y servicios Regulados traccionaron la suba del mes (+5,1%) como resultado de incrementos en combustibles y servicio telefónico. Los precios Estacionales crecieron 3% y el IPC Núcleo avanzó 3,9%, en línea con la dinámica de los últimos meses y evidenciando la fuerte inercia que tomó el proceso inflacionario junto con las menores restricciones a la movilidad.

A nivel capítulos, lo más destacado es el aumento en Comunicaciones (15%) y en Restaurantes y hoteles (5,4%). Sin embargo, lo más significativo fue el avance de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (4,8%, +42,3% interanual), que explicó más de un tercio de la variación del mes.

En este sentido, excluyendo a los alimentos del cálculo, el índice habría mostrado un incremento de 3,7%. A excepción de lo sucedido en noviembre, el desacople entre el precio de los alimentos y el resto de los bienes y servicios se fortalece desde agosto pasado. Esta dinámica no solo responde al comportamiento estacional de frutas y verduras y al incremento en la carne durante las últimas semanas sino que también está vinculado a un mayor ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial, a una flexibilización del programa de precios máximos y cierta presión en los precios internacionales.

Este tema sensible de cara al año electoral hizo que el gobierno ya ponga la lupa sobre el mismo. La amenaza de controles más duros (que también podrían alcanzar a las exportaciones) y declaraciones oficiales que sugieren una menor depreciación del tipo de cambio demuestran la preocupación oficial sobre el tema. Tras dos meses de subas mensuales del 4% (60% anualizado) el Ejecutivo está implementando un mix de medidas para frenar la inflación: búsqueda de acuerdo de precios y salarios, un menor deslizamiento del dólar oficial, subas acotadas de precios regulados (excepto combustibles) y posibles limitantes sobre las exportaciones.

Sin embargo, no será tan sencillo. El resto de los bienes y servicios privados continuarán con aumentos de consideración en los próximos meses. Problemas en la oferta producto de las restricciones en el mercado de cambios y paritarias tras un nuevo año de caída del salario real podrían impulsar al resto del índice en el corto plazo. En este sentido, prevemos que la inflación difícilmente perfore el 3% en el primer cuatrimestre del año.

Si el Ejecutivo puede sostener en el corto plazo la receta del atraso cambiario y tarifario (lo cual no está garantizado por las escasas reservas netas disponibles y la meta de no aumentar el peso de los subsidios a los servicios públicos propuesta en el Presupuesto 2021) podría lograr una desaceleración de la inflación en la previa electoral pero no alcanzaría para que la suba de precios acumule un alza inferior al 40% al cierre del año.

Según el IPC GBA Ecolatina, la inflación alcanzó el 3,7% en enero, desacelerándose 0,3 p.p. respecto al mes anterior. De esta manera, la suba de precios exhibió un 36,3% i.a. en el comienzo del año.

En lo que respecta a los capítulos, Alimentos y bebidas fue uno de los que más creció en el mes (+5,7%), ubicándose 2,0 p.p. por encima del Nivel General y exhibiendo una variación de 44,7% i.a. en los últimos doce meses. En este sentido, se destacaron las subas de alimentos frescos, principalmente de carnes, panes y frutas. Por su parte, cabe destacar que se observó mayor dinamismo en determinados bienes de consumo masivo -bebidas alcohólicas, por ejemplo- como consecuencia de la quita de algunos bienes no esenciales del programa, a la par que se destacó la evolución de comidas elaboradas, producto del encarecimiento de los insumos.

En lo que respecta a las categorías, el IPC Core exhibió una variación de 4,1% (+39,6% i.a.) en enero, acelerándose 0,2 p.p. respecto al mes anterior. Por su parte, tanto el IPC Regulados como el IPC Estacionales crecieron 3,0% en el mes (+17,4% i.a. y +69,0% i.a., respectivamente).

Hay varios factores que complicarán que se logre una desaceleración en los próximos meses. Por un lado, si el BCRA decide mantener la depreciación de la cotización oficial en base a la inflación pasada (que ya se encuentra en la zona del 3%-4%), con el objetivo de evitar un atraso real de la moneda, la inercia inflacionaria será mayor. En este marco, difícilmente la suba de precios pueda ubicarse por debajo del 3% promedio mensual en los primeros tres meses de 2021.

A su vez, en un contexto de subas salariales acotadas en el 2020, las negociaciones paritarias actuarían como un driver inflacionario adicional, principalmente en el segundo trimestre de 2021. Sin embargo, es probable que en la previa electoral el gobierno priorice desacelerar la inflación para mejorar el salario real y acelerar la recuperación económica, a través de un menor deslizamiento del tipo de cambio oficial y/o una postergación del ajuste de tarifas de Servicios Públicos.

Para evitar profundizar estas dinámicas, la suba de precios podría volver a la zona del 3%-4% mensual en los últimos meses de 2021, como consecuencia de correcciones que ya no podrían ser postergables -tipo de cambio y tarifas de servicios públicos-. En este marco, esperamos que la inflación se ubique en torno al 45% en 2021, acelerándose casi 10 p.p. respecto a 2020.

El IPC GBA Ecolatina trepó 3,9% entre la primera quincena de enero y el mismo período de diciembre. Analizando a los capítulos, Alimentos y bebidas mostró una variación por encima del Nivel general (+5,4%), donde se destacaron las subas de carnes, frutas y comidas elaboradas. Por su parte, se destacaron las subas de combustibles, seguros y servicios vinculados al mantenimiento del hogar.

En lo que respecta a las categorías, el IPC Núcleo trepó 4%. Cuando se lo divide en dos grupos -por un lado, los precios que se encuentran regulados mediante el programa de Precios Máximos y por el otro los no controlados- aparece que el IPC de Consumo masivo creció sólo 0,6%, mientras que el IPC Core no controlado subió 5,8%. Por su parte, el IPC Estacionales creció 3,8% y el IPC Regulados 3,0%.

En consecuencia, proyectamos que la suba de precios se ubicará en torno del 3,5% en el primer mes del año. Esto implica una mínima desaceleración respecto a diciembre 2020, pero refleja que la suba de precios persiste en niveles muy elevados (50% anualizado). Si el tipo de cambio sigue ajustando en línea con la inflación pasada, la inercia del proceso inflacionario será aún mayor manteniendo la suba de precios en torno del 3% promedio mensual durante el primer trimestre.

De cara a las elecciones de mitad de término el Ejecutivo intentaría desacelerar la inflación -como ocurrió en otros años impares- acotando la suba de los precios regulados (principalmente tarifas de servicios públicos), reforzando controles/acuerdos de precios, y deslizando a menor ritmo el tipo de cambio oficial. Así, a costa de contener precios relevantes, la inflación podría perforar 3% mensual en los meses previos a las elecciones, permitiéndole a los salarios recuperar parte del terreno perdido.

De esta manera, la inflación en 2021 cerraría en torno a 45%. Esto se corresponde con presiones cambiarias que podrían reaparecer, aumentos tarifarios que serán impostergables al cierre del año y unas negociaciones paritarias que serán más dinámicas que el año pasado, en un contexto sanitario crítico pero que, a diferencia de 2020, no vendría acompañado de fuertes restricciones a la circulación/actividad.