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El IPC GBA Ecolatina subió 4,4% en abril, acelerándose 0,5 p.p. respecto al mes anterior. De esta manera, la inflación acumuló 16,4% en el primer cuatrimestre del año, el mayor registro desde los primeros cuatro meses de 2016, cuando la salida del cepo se combinó con fuertes aumentos tarifarios, y se ubicó en 43,3% en la comparación interanual.

Lo más destacable es que 7 de los 9 capítulos se ubicaron por encima del 4%, algo que no sucedía desde octubre de 2019, tras el salto cambiario luego de las PASO. La mayor variación la exhibió Indumentaria (+7,2%) que trepó 66,3% en los últimos doce meses, muy por encima del nivel general y del resto de los capítulos. Además, Transporte y comunicaciones creció 5,6%, donde impactó la suba de subtes y taxis (en CABA) y el nuevo incremento de combustibles, los cuales acumulan 21,5% en el año.

Por su parte, Atención médica para la salud y Educación crecieron 5,1% en el mes, donde impactó el incremento de prepagas y el inicio de clases, respectivamente. Misma variación registró Esparcimiento, donde se destacó las subas de equipos tecnológicos, clubes, parques, entre otros. En este último caso, la aceleración tuvo lugar en la segunda mitad del mes.

De todas maneras, debido a su peso en el índice, el capítulo que mayor incidencia tuvo fue Alimentos y bebidas (+4,1%). Si bien se ubicó por debajo del Nivel general, ya acumula 6 meses consecutivos por encima del 4%, subiendo 19,4% en el primer cuatrimestre del año y 49,8% en los últimos doce meses. Vale destacar que en abril se observó un incremento generalizado de la mayor parte de los productos, particularmente dinamizado en la segunda mitad del mes, destacándose las subas de carnes, lácteos, panificados e infusiones.

En lo que respecta a las categorías, el IPC Núcleo creció 4,7% en el mes (+17,7% acumulado), exhibiendo la variación más alta desde octubre 2019 y dejando en evidencia la fuerte inercia que vienen mostrando los precios, dado que no tiene en cuenta los factores estacionales o subas de precios regulados. En este sentido, el IPC Estacionales creció 4,5% (+15,6% acumulado) y el IPC Regulados trepó 3,7% (+12,9% acumulado).

¿Qué esperamos?

Para mayo difícilmente la inflación perfore el 3%. Además de la elevada inercia, que genera que el IPC Núcleo no se desacelere, existirán nuevas subas de combustibles (con los efectos de segunda ronda que trae aparejados), prepagas y telecomunicaciones. A su vez, existiría un incremento en la tarifas de electricidad, que llevan casi dos años congeladas. De todas maneras, la magnitud del mismo, 9%, distará de ser suficiente para terminar con el atraso de precios relativos.

Si bien la inflación de junio se mantendría en torno al 3%, en el tercer trimestre del año la inflación podría exhibir una desaceleración en comparación a la primera parte del año. Esto se debe a que el Ejecutivo mantendrá la política de reducción del ritmo de depreciación de la cotización oficial, acentuándolo en la previa electoral para apuntalar el salario real e intentar dinamizar al consumo, muy golpeado con la pandemia y las diversas restricciones. A su vez, los controles a los precios de los bienes de consumo masivo serán extendidos a productos de electrónica y electrodomésticos.

Si bien podría haber autorizaciones de incrementos puntuales, el gobierno insistirá con esta estrategia en los meses más cercanos a las elecciones por lo que prevemos una continuidad en la desaceleración de la inflación en el segundo semestre. En este marco, la inflación anual rondaría el 44,0% para 2021, ubicándose casi 10 p.p. por encima del 2020.

La inflación arrancó agitada el año electoral: acumuló 13% en el primer trimestre y promedia 3,9% mensual desde octubre pasado. La relajación de las restricciones y la inflación contenida durante la cuarentena 2020, las expectativas de devaluación en un primer momento y la mayor relevancia del dólar paralelo en la importación de bienes después, además de algunas actualizaciones salariales explican esta importante aceleración.

Para dimensionar estos porcentajes, vale destacar que desde la segunda mitad de 2019 no se registraba un promedio similar. En ese entonces, explicado por la devaluación de agosto (post-PASO), la suba de precios acumuló 25,7% entre julio y diciembre, promediando 3,9% mensual. Sin embargo, su dispersión fue mayor: mientras que en la actualidad el pico fue el 4,8% de marzo, seguido del 4% de diciembre 2020 y enero, en 2019 el pico había sido de 5,9% en septiembre, seguido de un 4,3% en noviembre. De esta forma, se observa que la aceleración actual es mucho más constante y persistente que la del cierre de la gestión Cambiemos, de modo que su baja será más lenta y, también, difícil.

Sin embargo, esta no es la única diferencia. Por caso, en el segundo semestre de 2019, el capítulo alimentos y bebidas estuvo en línea con el nivel general de precios (+3,9% promedio mensual), mientras que en la actualidad se ubica 0,3 p.p. por encima de éste. Como resultado, los alimentos y bebidas avanzaron 27,8% en el último semestre (+2 p.p. respecto del 25,7% general), profundizando el impacto de la suba de precios sobre los hogares de menores ingresos.

Partiendo de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) que publicó INDEC para el período 2017-2018, podemos afirmar que la inflación tiene un carácter un poco más regresivo en la actualidad que en la segunda mitad de 2019. Mientras que entre octubre de 2020 y marzo de 2021 la suba de precios del decil más bajo acumuló 25,6%, la del decil más alto alcanzó 25,2%. En cambio, estos valores fueron de 24,6% y 26,6% en la segunda mitad de 2019. Por lo tanto, aunque a nivel agregado no se encuentran grandes diferencias, sí se observan disimilitudes relevantes al analizar el impacto a lo largo de la pirámide de ingresos.

Esta dinámica obedeció a qué rubros motorizaron el índice en cada caso. Mientras que en la actualidad alimentos y bebidas está casi al tope del ranking, equipamiento y mantenimiento del hogar, salud y comunicaciones y esparcimiento también habían marcado subas importantes al cierre de la gestión Cambiemos. Considerando esta diferencia, entonces, el impacto económico de la inflación en cada momento será distinto no solo entre hogares, sino también entre variables económicas.

En 2019, las causas de la aceleración eran claras e inmediatas: un salto cambiario (+33% en una semana), que impulsó a los bienes y servicios transables -aquellos que se pueden exportar o importar-. Por lo tanto, cuando el dólar oficial se estabilizó, cepo mediante, la inflación se desaceleró. En cambio, en los últimos seis meses, los factores son más difusos. En el comienzo de 2021, el Banco Central redujo su tasa de devaluación, a la vez que los mercados paralelos calmaron su ritmo frenético -salvo esta última semana, pero siguen lejos de los máximos- y la brecha se atenuó. Por lo tanto, hay que ir a buscar otras causas.

Por un lado, aumentó el tipo de cambio “efectivo” para importaciones. ¿Qué quiere decir? El dólar que sirve de referencia para los precios es una suma ponderada entre las compras que se realizan con dólares de 93 pesos -oficiales- y las que se realizan con dólares de 140 pesos -paralelo-. Si bien ambos subieron por debajo de la inflación en los últimos meses, el tipo de cambio paralelo fue ganando relevancia y trasladándose a los precios. Lamentablemente, por la falta de estadísticas y precisiones, no podemos saber la magnitud de este ajuste, pero lo que sí podemos afirmar es que es relevante.

Por otra parte, la actualización de precios se aceleró luego de la relajación de las medidas sanitarias. En este marco, podríamos decir que parte de la suba reciente se explica por la “inflación acumulada” durante los peores meses del aislamiento social. En este sentido, subas de 31,5% y 29% entre octubre y marzo en Restaurantes y Hoteles y Esparcimiento explican el efecto “positivo” que habían tenido los cierres sobre el nivel general de precios.

En tercer lugar, aparece el shock de emisión del 2020: resultado de la pandemia y su efecto negativo sobre la actividad y la recaudación, además de las políticas expansivas que implementó el Estado argentino (IFE, ATP, etc.) en un contexto de acotado financiamiento privado, sobre todo hasta octubre, el Banco Central le giró al Tesoro más de 2 billones de pesos, equivalente a 7% del PBI. Si bien una parte importante de esta emisión récord se retiró vía LELIQs, pases y durante la corrida cambiaria del año pasado, también está teniendo un efecto importante en la inflación actual de manera directa e indirecta -durante el año pasado, las Reservas netas de la autoridad monetaria cayeron 65% producto de, entre otras cosas, las ventas en el mercado oficial que ayudaron a descomprimir las tensiones, razón por la cual varias importaciones de hoy se realizan con “dólares propios”-.

Por último, aparece la inflación internacional y la suba del precio de los commodities. Esta dinámica, que ayuda sensiblemente a nuestro país en el frente externo, trae algunos problemas en materia de precios internos. En este sentido, sobresale que la inflación acumuló 1,7% en el primer trimestre de 2021 en Estados Unidos y 2% en Brasil, en tanto había alcanzado 1,4% y 4,5% respectivamente durante todo el año pasado. Se desprende entonces de estos números cómo la dinámica global también está jugando un papel en el comienzo de este año.

Esta suma de factores está provocando que la inflación haya arrancado muy caliente el año electoral, casi duplicando al acumulado del primer trimestre del año pasado (7,7% vs. 12,9%), antes de la irrupción de la pandemia. Además, resultado de alimentos y bebidas que suben por encima del nivel general de precios, el carácter regresivo de la inflación se acentuó en comparación a otras aceleraciones. Si al cierre de 2020 el gobierno se proponía que la inflación perforará el 30% en este año electoral, al momento debe estar enfocado en que no supere el 40%. Lograrlo será una tarea difícil, y posiblemente se tensen otras variables para cumplir el objetivo -tarifas, tipo de cambio, más controles de precios-. El tiempo juega en contra mientras los desequilibrios se agravan y algunas políticas tardan en dar resultados; las próximas semanas serán importantes.

• El IPC GBA Ecolatina trepó 4,5% entre la primera quincena de abril y el mismo período de marzo. Esta dinámica incluye la aceleración que tuvieron los precios hacia el cierre del mes pasado, reflejada en el IPC INDEC de marzo publicado ayer, de modo que esperamos que la suba de precios se desacelere en la segunda mitad de este mes.
• Sin embargo, esta baja no alcanzaría para perforar el 4% en el promedio mensual. Como resultado, la inflación acumularía 17% en los primeros cuatro meses del año, consumiéndose casi el 60% del objetivo anual de 29% fijado en el Presupuesto 2021.
• Durante abril, los aumentos más significativos serán los vinculados a la indumentaria, a los que se sumarán los incrementos en prepagas, combustibles, expensas, cigarrillos y el ajuste en la tarifa de subtes y taxis (CABA).
• Por su parte, los alimentos y bebidas crecerían por debajo del Nivel General en abril. Sin embargo, seguirían en niveles elevados (en torno a 3,5%), también acumulando más de 17% en los primeros cuatro meses del año (+2 p.p. en comparación al comienzo del 2020). De esta forma, se verifica el carácter regresivo de la inflación, que afecta más a los que menos tienen.
• Matias Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, anticipó que “a diferencia del año pasado, las restricciones a la circulación no tendrán un impacto desinflacionario. Sin embargo, es probable que la suba de precios se desacelere en los próximos meses: un dólar oficial planchado ayudará a contener presiones en un contexto de ajustes tarifarios y salariales moderados”.
• Ecolatina proyecta que la inflación alcanzará 42,5% en 2021.

La inflación nacional fue de 4,8% en marzo, acelerándose 1,2 p.p. respecto a febrero y mostrando la variación más alta desde septiembre de 2019, mes siguiente a la devaluación pos PASO. A su vez, exhibió una variación acumulada del 13,0% en el primer trimestre del año y de 42,6% en la comparación interanual.

En lo que respecta a los capítulos, Educación (+28,5%) e Indumentaria (+10,8%) son los que mayor evolución exhibieron en el mes. Estas variaciones pueden ser explicadas por factores esencialmente estacionales: en el primer caso, por incrementos en las cuotas escolares, y en el segundo por el cambio de temporada. Por su parte, resaltó la evolución de Bebidas alcohólicas y tabaco (+6,4%) donde se destacó el incremento de cigarrillos y Recreación y cultura (+5,3%) en donde impactó la reapertura de cines.

De todas maneras, el capítulo que mayor incidió en el mes fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (+4,6%) producto de su importante ponderación y peso dentro de la canasta general. Este rubro acumuló una suba de 13,8% en el primer trimestre del año, agravando el carácter regresivo de la inflación. En este sentido, se destacaron las subas de Carnes (que ya acumulan un alza de 17,5% en el primer trimestre) y Verduras. Además de los productos frescos, resaltaron los avances de determinados bienes de Consumo Masivo (como lácteos, aceites y panes). Esta dinámica se dio a pesar de la continuidad del programa de Precios Máximos (en el cual no autorizaron nuevas subas en los comercios adheridos) y un menor deslizamiento del tipo de cambio oficial (principal driver de los bienes transables).

En lo que respecta a las categorías, el IPC Estacionales exhibió la variación más alta de los últimos cinco meses (+7,2%), acumulando 13,8% en el primer trimestre (+67,9% i.a.). Por su parte, el IPC Núcleo saltó 4,5% en el mes, acumulando 13,0% en los primeros tres meses del año y 45,7% en los últimos doce meses. Por su parte, mientras el IPC Regulados creció también 4,5% en marzo (+12,3% acumulado y 22,2% i.a.).

¿Qué esperamos?

En los próximos meses, el Ejecutivo mantendría la política de reducción del ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial en el periodo previo a las elecciones para mejorar el poder adquisitivo de los hogares en lo inmediato. A su vez, el incremento de las tarifas de Servicios Públicos se ubicaría por debajo del ajuste necesario para corregir el atraso de precios relativos.

Además, cabe nombrar que como consecuencia del elevado dato de marzo decidió implementar mayores controles de precios. Por un lado, incrementó las presiones sobre las empresas de Consumo Masivo y los controles en los supermercados para garantizar que el programa de Precios Máximos se cumpla y se eviten problemas asociados al desabastecimiento. A su vez, tomó medidas en torno a los alimentos frescos (controles sobre el precio de la carne y programas para acceder a precios mayoristas frutas y verduras) y también sobre productos de electrónica y electrodomésticos (mantener fijos los precios actuales de las principales cadenas de comercialización de estos productos).

Hay que tener en cuenta que este tipo de medidas de controles son ineficientes para bajar la inflación. En este marco, la suba de precios podría mostrar una desaceleración en la previa electoral, pero como consecuencia principalmente de la menor depreciación del tipo de cambio oficial.

La suba de precios mostraría una desaceleración en abril, ya que los factores estacionales (subas de educación e indumentaria) ya no estarán presentes. De todas maneras, esperamos que la inflación núcleo -que muestra con mayor precisión la inercia del proceso inflacionario- se mantenga en niveles elevados (en torno al 4%). Esto se daría como consecuencia, en mayor medida, de la elevada dinámica que mantendrán los precios de los alimentos. A su vez, habrá nuevos incrementos de subtes, taxis, prepagas y combustibles.

En este marco, la inflación promedio entre abril-diciembre debería ser del 1,5% para cumplir con la meta oficial presentada en el Presupuesto 2021 (29% anual), cifra que ya quedó descartada. Por lo tanto, si bien el Gobierno podría lograr que la inflación perfore el 3% mensual en los meses previos a las elecciones (entre el segundo y tercer trimestre), esperamos que la inflación anual cierre cómodamente por encima del 40% en 2021.

El IPC GBA Ecolatina creció 3,9% en marzo, acelerándose 0,5 p.p. respecto al mes anterior. De esta manera, la inflación acumuló una suba de 11,5% en el primer trimestre del año, por encima del 7,9% del primer trimestre del año pasado y del 10,9% de igual periodo de 2019. A su vez, exhibió una variación de 39,9% i.a., la más alta de los últimos siete meses.

En lo que respecta a los capítulos, los que mayor desempeño mostraron fueron Educación (+16,0%) e Indumentaria (+10,1%) como consecuencia de factores estacionales (cambio de temporada e inicio de clases).

Sin embargo, se destaca la evolución del capitulo de Alimentos y bebidas (+4,2%), que se ubicó por encima del Nivel general por quinto mes consecutivo traccionada por los incrementos en carne vacuna (8,5%) y determinados bienes de consumo masivo (quesos y aceites, entre otros, que llegaron a crecer hasta 8%).

En lo que respecta al último punto, el IPC que solo contempla bienes de consumo masivo trepó 2,2% en el mes pese a que no hubo autorización para nuevos incrementos en el programa de Precios Máximos. En este sentido, en los meses del 2020 donde rigió plenamente el congelamiento del programa solo un 10% de los precios en promedio mostraban incrementos (es decir, exhibían variaciones superiores a 0%). Ahora, esta cifra alcanzó al 30% de los precios que componen nuestros relevamientos en el periodo enero-marzo 2021, volviendo a la dinámica de los primeros meses de 2020, cuando aún no existía el programa de Precios Máximos. De todas maneras, a pesar de este comportamiento, estos precios acumularon solo una suba de 6,6% en el primer trimestre del 2020, 4,9 p.p. por debajo de la inflación.

Por su parte, el IPC Núcleo creció en línea con la inflación (+3,9%), pero ubicándose por encima en la comparación interanual (+42,9%). El IPC Estacionales subió 3,6% (+72,5% i.a.) y el IPC Regulados trepó 4,1%, exhibiendo la variación más alta de los últimos veintitrés meses. Dicha evolución se explicó por las subas en subtes y taxis, educación, prepagas, cigarrillos y telefonía. A pesar de este desempeño, la variación de los últimos doce meses sigue rezagada (+21,3% i.a.).

¿Qué esperamos para los próximos meses?

A partir del segundo trimestre, el Gobierno acrecentará los esfuerzos para desacelerar la inflación y mejorar el poder adquisitivo con el objetivo dinamizar a la actividad en la previa electoral. Para lograrlo, apuntaría a reducir la depreciación del tipo de cambio oficial y mantener programas como Precios Máximos –que en principio se extiende hasta mayo- para contener los precios de los alimentos. A su vez, podrían existir incrementos en las tarifas de Servicios Públicos que aún resta confirmar, pero se ubicarían por debajo del ajuste necesario para corregir los atrasos de precios relativos.

Cabe destacar que la estrategia oficial no está exenta de riesgos. Comenzamos a transitar la segunda ola en el país y con ello el Gobierno deberá implementar nuevas restricciones a la circulación y producción. A pesar de que las mismas serían menores a las del año pasado como consecuencia del aprendizaje de producir bajo pandemia, se encuentra latente el riesgo de cubrir un mayor déficit -por posible desplome en la recaudación y mayor gasto para apaliar la crisis- con emisión, lo cual podría generar nuevas presiones cambiarias en un contexto de menos reservas. En este marco, a pesar de que la suba de precios pueda llegar a desacelerarse en los meses previos a las elecciones, esperamos que la inflación cierre el año en torno al 42% en 2021.

La inflación es un problema multicausal. Debemos abordarlo de modo integral con políticas macroeconómicas consistentes y sostenibles y con diálogo social que permite estructurar acuerdos de mayor alcance. (…) Hemos iniciado una mesa de concertación de precios y salarios junto al sector empresario y sindical. El diálogo va a contribuir en el proceso de desinflación. (…). Alberto Fernández, apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

 

La inflación es indudablemente un problema macroeconómico. Por esto, su ataque requiere el uso de herramientas de esta índole, como el manejo de la tasa de interés, la cantidad de dinero o el tipo de cambio. Los programas de abordaje integral de las variables que afectan a toda la economía y se implementan para reducir la inflación se conocen como planes de estabilización. En ellos, se introduce un enfoque de mediano plazo sobre la evolución de las cuentas fiscales, monetarias y cambiarias, para desacelerar el aumento de los precios.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, es muy consciente de esto. En cada una de sus apariciones públicas, alude al plan macroeconómico consistente que desacelerará paulatinamente el ritmo inflacionario: el déficit fiscal se irá reduciendo y su financiamiento requerirá cada vez menos emisión monetaria, mientras que el endeudamiento público se volverá mayoritariamente en pesos. De esta forma, el Tesoro no presionaría sobre las reservas del BCRA, mientras que un tipo de cambio real competitivo fomentaría las exportaciones aportando divisas. En sus propias palabras, “la inflación es un problema multicausal, no solo se arregla frenando la emisión monetaria sino también con el aumento de las exportaciones, solucionando el problema del déficit fiscal y con cuestiones de comportamiento“. Incluso, muchos de sus colaboradores más cercanos son especialistas en inflación y planes de estabilización.

Si esta lectura es prácticamente un consenso dentro y fuera del Palacio de Hacienda, entonces ¿por qué se discuten los precios en mesas sectoriales? ¿cuál es el rol de los acuerdos de precios y salarios?

Un elemento crucial de los mencionados planes de estabilización es el manejo de expectativas. Si los precios surgen de la interacción de todos los agentes de la economía, cuál es la inflación esperada por cada uno de ellos importa. Para poner ejemplos concretos, un comerciante intenta acertar cuál será el precio de reposición de su mercadería en el futuro a la hora de remarcarla. De la misma manera, los productores de bienes se preguntan por el aumento que le propondrán sus proveedores a la hora de pactar contratos con sus clientes. Los sindicatos pedirán aumentos de salarios teniendo en cuenta cómo aumentará el costo de vida de sus afiliados, quienes a su vez estarán pendientes de estos acuerdos cuando se sienten a negociar el alquiler de sus viviendas.

Cuando un plan de estabilización es desestimado por todos estos actores, el esfuerzo que debe hacer el Estado se incrementa, ya que debe sobreactuar el ajuste fiscal-monetario, aumentando el costo para la actividad económica. Por el contrario, si el aumento pretendido por el Gobierno es incorporado como previsión por empresarios y trabajadores, las políticas contractivas no son necesarias. Entonces, ¿se encuentran hoy en día alineadas las expectativas del Gobierno, los empresarios y los trabajadores?

El Presupuesto para 2021, hoja de ruta del plan económico de Guzmán, postula que la inflación será de 29%, pero el promedio de los consultores relevados por el Banco Central cree que alcanzará el 48%. Mientras tanto, encuestas telefónicas privadas (no a analistas especializados, sino a la población en general) ubican el alza de precios esperada en torno al 45%, a la vez que señalan que la inflación es la principal preocupación de la sociedad. Por este motivo entran en escena los acuerdos sectoriales, los precios cuidados y otras herramientas, todas consideradas dentro del grupo denominado ‘políticas de ingresos’. Este tipo de medidas son la estrategia que tiene el Gobierno para convencer a la gente de que cumplirá con su objetivo inflacionario.

En este sentido, la creación de mesas sectoriales de negociación para buscar consensos respecto a los aumentos de precios se vuelven un elemento muy importante del plan, de la misma forma que la participación del Estado en las discusiones salariales. En el primero de estos aspectos, ya se realizaron encuentros con representantes de la industria alimenticia y la construcción, y se espera que el sector de electrodomésticos sea el siguiente en la lista. Por el lado de los trabajadores, la articulación gubernamental propició que algunas paritarias cierren en valores apenas por encima de la inflación presupuestada (docentes, encargados de edificio, bancarios y trabajadores de luz y fuerza, por nombrar solo a algunos).

Las políticas de ingresos intentan guiar la coordinación de las expectativas hacia una inflación más baja, para resolver de forma no conflictiva los problemas macroeconómicos que subyacen al aumento sostenido de precios. Así, el abordaje que se hace de este fenómeno incluye la reducción del déficit y la emisión monetaria (dentro de los límites que impone la pandemia), pero también la intervención directa gubernamental en la formación de precios. Estas políticas no son una novedad del intento de estabilización actual, sino que fueron utilizadas en muchas experiencias (exitosas o no) de desinflación.

El desafío planteado por el Gobierno es uno muy difícil. Para que encuentre su rumbo, será importante mantener las políticas de ingresos: ningún plan de Gobierno es viable si la gente descree de él (menos, en un año electoral). Pero también será vital no reposar únicamente en ellas y esperar que la inflación descienda únicamente como fruto del diálogo. En este sentido, el equipo económico deberá tener en cuenta una vieja clasificación de la literatura especializada: los economistas ortodoxos no utilizan políticas de ingresos, los que las incluyen se consideran heterodoxos; quienes piensan en estabilizar sólo con políticas de ingresos son poetas o magos. Y los problemas económicos que acumuló Argentina en la última década requieren algo más que un poco de magia.

Por Joaquín Waldman, analista de Ecolatina

Esta nota salió publicada en Ámbito el 19/03/2021

Entre enero y febrero, la inflación acumuló casi 8%. Asimismo, según el IPC GBA de Ecolatina, la suba de precios alcanzó 3,3% en la primera mitad de marzo -comparado con la primera mitad de febrero- y rondaría 3,7% en el mes, totalizando cerca de 12% en el primer trimestre del 2021. Con estos números, la inflación mensual debería promediar 1,7% entre abril y diciembre para cumplir la meta oficial del 29%. Considerando la complejidad del proceso desinflacionario -que todavía siquiera empezó-, este objetivo está virtualmente descartado.

Sin embargo, no todo está perdido: luego de un comienzo de año complicado en la materia, la suba de precios podría empezar a ceder desde abril. Por qué, cómo y hasta dónde son las preguntas que nos intentaremos responder en el siguiente informe.

En los últimos años, la inflación tuvo tres grandes motores en nuestro país: el tipo de cambio, las tarifas de servicios públicos y los salarios. Más allá de por qué suben estas variables, su dinámica servía como explicación última del movimiento de la mayoría de los precios. Por lo tanto, analizar qué pasará en estos rubros nos permitirá precisar qué se vendrá en este frente.

A tono con los últimos períodos electorales, el ministro Martín Guzmán viene afirmando que el dólar oficial desaceleraría su marcha en los próximos meses. De esta manera, el tipo de cambio dejaría de moverse en línea con la inflación pasada, buscando preservar la competitividad-precio, para ubicarse por debajo de ésta, priorizando relajar las tensiones sobre la inflación. Dado el régimen de control de cambios e importaciones vigente, es probable que esta menor tasa de devaluación se materialice, descomprimiendo tensiones en varios rubros.

No obstante, corresponderá ver cuán fluido será el acceso de los importadores al dólar oficial para saber así cuán relevante será éste en la determinación de los precios. Una demanda de divisas muy restringida relajaría las tensiones en el mercado oficial, pero volvería menos relevante su cotización. La recuperación de las exportaciones, impulsadas por la mejora de los precios internacionales, y las intervenciones del Banco Central en el mercado paralelo vía la recompra de bonos en dólares con Reservas, determinarán este margen de acceso.

Más allá de cómo sigan las restricciones, es probable que las presiones por el lado cambiario se relajen en el corto plazo. De esta manera, la desaceleración inflacionaria comenzaría en abril. Para determinar su magnitud, será clave conocer qué pasará con las tarifas residenciales de servicios públicos: éstas llevan más de un año y medio congeladas -el gasto en subsidios como porcentaje del PBI casi se duplicó en 2020 y sigue en aumento- y deberían actualizarse en las próximas semanas; sin embargo, todavía no está claro cuánto ni cuándo. En este sentido, proyectamos que el driver tarifario se recalentaría en las próximas semanas, pero que su impacto sería limitado y puntual: habría un solo ajuste antes de las elecciones.

Por último, aparece el factor salarial. Entre 2018 y 2020, el poder adquisitivo de los trabajadores formales se redujo un 20%, de modo que es imperioso recuperarlo este año, al menos una parte. Sin embargo, la destrucción de 200.000 puestos de trabajo formales durante 2020 (y de más de 400.000 desde que empezó la crisis a mediados de 2018), no permitiría que las recomposiciones del poder adquisitivo fueran muy significativas. Por lo tanto, si bien habrá presiones inflacionarias por el lado salarial, las mismas no alcanzarían a impedir la baja de la inflación.

Alcanzado este punto, vale notar el “nuevo” abordaje del problema inflacionario en la Argentina. Entre 2007 y 2015, intervención del INDEC mediante, la suba de precios fue negada en un primer momento, para ceder a algunos programas laterales después -Precios Cuidados, por caso-. Por su parte, entre 2016 y 2019, la estrategia antiinflacionaria reposó excesiva y exclusivamente en la política monetaria. En este marco, una tasa de interés mayor a la inflación esperada y una reducción de la asistencia del Banco Central al Tesoro constituyeron los pilares de la política oficial. Como es sabido, ambas estrategias obtuvieron magros resultados: su exceso de dogmatismo terminó jugándoles en contra.

En cambio, en 2021 una parte importante del equipo económico comenzó a pensar la lucha contra la inflación como un problema macroeconómico, donde la política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria y la coordinación de expectativas son relevantes. En este sentido, el acuerdo de precios y salarios permitiría coordinar las políticas oficiales con los distintos agentes implicados en el proceso inflacionario. En la misma línea, las menores presiones del Tesoro sobre el Banco Central y una política monetaria y cambiaria “consistentes” ayudarían a relajar las presiones. Aunque los excesivos pedidos de información y los controles de precios van en otra dirección que la descripta, hay una parte del gobierno con un enfoque más “integral” en la materia que permite ser menos pesimista -que no es lo mismo que más optimista-.

Ahora bien, si se materializaran algunos riesgos, la desaceleración comentada podría no concretarse. Por ejemplo, apuntar a una apreciación cambiaria mayor a la sostenible o extender indefinidamente el congelamiento tarifario residencial podrían volverse en contra. Un dólar oficial demasiado quieto alimentaría la brecha y las intervenciones del Banco Central con Reservas en el mercado paralelo, complicando el acceso al mercado oficial de cambios de muchos importadores. En un sentido similar, un aumento del gasto en subsidios que profundice el rojo fiscal y obligue a financiarlo con emisión tendría efectos parecidos. Por lo tanto, será clave no forzar en exceso al proceso desinflacionario: caso contrario, sus efectos podrían ser opuestos a los perseguidos.

En otro orden, el viento de cola internacional -suba de precios de commodities-, que ayuda en el frente externo, podría jugar en contra en materia inflacionaria. A modo de ejemplo, la suba de precios acumuló 1,1% en el primer bimestre en Brasil, duplicándose respecto del comienzo del 2020, mientras que en Estados Unidos alcanzó 1,0%, 0,3 p.p. más que en igual período del año pasado. Si bien esta variable no es determinante para una economía con tanta inflación “local” como la Argentina, sí facilita o complica las cosas.

En síntesis, a pesar del arranque caliente de la inflación en 2021, es probable que la misma se desacelere en los próximos meses, especialmente cerca del período electoral. Sin embargo, incluso con esta baja, la meta del 29% seguirá siendo imposible: la suba de precios no perforará el 2% mensual en todo este año y el objetivo del Presupuesto quedará cada vez más lejos. Por otro lado, vale destacar que la baja no será sostenible: luego de las elecciones, es probable que tanto las tarifas de servicios públicos como el tipo de cambio oficial aceleren su marcha, desandando el camino “ganado” en los meses anteriores (abril-octubre). De esta forma, la suba de precios acumularía cerca de 40% en 2021, marcando una suba respecto del del año pasado y dejando atrasos pendientes para 2022.

La inflación nacional alcanzó el 3,6% en febrero, ubicándose 0,4 p.p. por debajo del mes anterior, pero el IPC Núcleo trepó 4,1%, superando en 0,2 p.p. el registro del primer mes del 2021 (3,9%). Vale destacar que en el primer bimestre del año la suba de precios alcanzó un 7,8%, por encima del 4,3% acumulado en el mismo periodo del 2020 y del 6,8% de los primeros dos meses de 2019. En términos interanuales trepó 40,7%, casi 5 p.p. por encima del registro de noviembre del año pasado (35,8%).

Al interior, la principal preocupación hace foco en Alimentos y bebidas no alcohólicas que trepó 3,8%, 0,2 p.p. por encima del Nivel general. Desde agosto del año pasado la variación mensual de Alimentos y bebidas sin alcohol viene superando la del Nivel general (con la excepción de noviembre 2020), acumulando una brecha significativa: 30,2% Vs 26,7%. En términos interanuales dicho capítulo creció 43,9% i.a., ubicándose por encima del Nivel general desde octubre de 2018.

Varios factores responden a dicha evolución. Entre ellos destacan, la mayor depreciación de la cotización oficial (por encima del 3% mensual en los últimos meses), las subas de los precios internacionales y la elevada dinámica de frutas, verduras y carnes. Mención aparte merece el programa Precios Máximos, que redujo la dinámica de los precios de consumo masivo en los meses de cuarentena estricta a costa de inflación futura: según nuestros relevamientos el IPC de Consumo Masivo creció 3,3% en febrero, mostrando la mayor variación en más de un año.

Esperamos que los alimentos continúen evolucionando por encima del nivel general en el muy corto plazo. Las frutas y verduras sumado a posibles nuevas presiones sobre el precio de la carne minorista continuarán dinamizando al capítulo. Además, la inevitable y paulatina flexibilización del programa de Precios Máximos para evitar alternativas peores -como el desabastecimiento por rentabilidad negativa- continuaría generando que algunos precios de consumo masivo recuperen parte del terreno perdido.

La elevada inflación y, en particular en alimentos y bebidas, se ha vuelto una de las principales preocupaciones económicas del Gobierno, pues golpea los sectores de menores recursos a siete meses de las elecciones. En este marco, el Ejecutivo está aumentando la presión sobre las empresas del rubro para controlar/acordar menores aumentos de precios.

Además, el ministro de economía anunció una moderación del ritmo de depreciación del dólar oficial (para cumplir la suba del 25% pautada en el presupuesto 2021 el Peso debería trepar 1,4% promedio mensual), con la intención de frenar la inflación en lo inmediato. A esto se le sumarán acotadas suba de tarifas de servicios públicos y negociaciones paritarias con subas en torno al 32% (a revisar en caso de que se concrete una mayor inflación).

A pesar de esto, romper con la inercia no será sencillo. Utilizar como ancla nominal al tipo de cambio y las tarifas permitiría recortar las subas de precios antes de las elecciones, pero difícilmente alcance para que la inflación se ubique por debajo del 40% en 2021.

Por último, cabe mencionar que producto de la estacionalidad de marzo -subas en indumentaria y educación- y autorizaciones de subas de prepagas, taxis y subtes y la elevada dinámica de la inflación núcleo, no habrá una desaceleración de la inflación este mes por lo que la suba de precios del trimestre sería superior al 11%. En este marco, la inflación promedio mensual debería ser de 1,7% entre abril y diciembre para cumplir la meta oficial del 29%.

Una vez que lo peor de la cuarentena quedó atrás la inflación comenzó a acelerarse a una velocidad elevada. Lejos del 1.5% registrado en mayo, el año cerró con una inflación de 4% (un número no visto desde el salto cambiario posterior al resultado de las PASO) y el comienzo de 2021 tampoco mostró signos de desaceleración.

Entendiendo que esta situación atenta contra su popularidad, el gobierno decidió aplicar un amplio set de medidas. Por un lado, Guzmán manifestó su deseo de disminuir el ritmo de devaluación, al mismo tiempo que busca que las paritarias se firmen en torno a una expectativa de inflación que por ahora se encuentra muy por debajo de la que tienen los privados. Pero además se dispusieron o profundizaron medidas de tinte voluntarista como el programa Precios Máximos y Precios Cuidados.

¿Qué es Precios Máximos?

Precios máximos nació en el mes de marzo de 2020 y continua hasta el día de hoy. Los más de 800 productos incluidos en el plan mostraron aumentos que van desde 4% hasta 9% acumulados en dos rondas, la primera en julio y la segunda en octubre. El plan busca acotar la inflación de los bienes de consumo masivo (especialmente alimentos de primera necesidad) y convertirse en una guía para el resto de los productos del rubro. Además tiene el objetivo de brindar opciones económicas a hogares vulnerables en un momento de crisis especialmente profunda.

¿Cuál fue su efecto?

En el siguiente gráfico podemos ver los aumentos observados para distintos grupos en dos canales de comercialización: canal moderno (supermercados e hipermercados) y canal tradicional (comercios de cercanía y autoservicios) entre el momento de imposición del programa y diciembre 2020. La línea negra marca el aumento máximo permitido por el programa durante el período.

El programa logró su objetivo de contener la inflación en supermercados, pero el comportamiento de los precios en ambos canales fue disímil. El canal moderno respetó casi en su totalidad el programa mientras que en los comercios de cercanía (con menos posibilidad de ser controlados y menor trato directo con el gobierno) la inflación fue mucho mayor (solo se mostró inferior a los aumentos permitidos en fideos).

Los supermercados respetaron el acuerdo, pero no los comercios de cercanía, en este marco nos preguntamos, ¿cuál fue el efecto sobre los hogares de menores ingresos?

Según la última Encuesta de Gasto de los Hogares los hogares del 10% de menores ingresos solo destina el 15% de sus gastos en alimentos y bebidas al canal moderno mientras que ese porcentaje aumenta a 45% en los hogares del 10% de mayores ingresos.

Es decir, el plan tuvo todo el impacto que el gobierno esperaba (los supermercados respetaron), pero es probable que el congelamiento no se haya sentido en los hogares más vulnerables ya que estos no compran en supermercados. Por otro lado, a pesar del cumplimiento de las principales cadenas, la inflación en alimentos y bebidas se aceleró producto de aumentos en alimentos no controlados como carne, frutas y verduras que son al mismo tiempo los grupos que más peso tienen en la canasta de consumo de los hogares más vulnerables.

Además, el plan implicó una extraña disociación entre la inflación de bienes de consumo masivo y el resto de los grupos. Se puede ver en el siguiente gráfico que los bienes de consumo masivo mostraron una dinámica similar a la de los servicios regulados mientras que el resto de los precios de la economía mostraron aumentos entre el 47% y el 70%.

¿Cómo continuará la dinámica en los próximos meses?

El hecho de que la inflación se haya acelerado incluso con la contención que significó el programa complica su levantamiento. Liberar los precios de consumo masivo tendrá un impacto directo sobre una inflación en ascenso, pero no liberarlos no es sostenible. Las empresas de consumo masivo no pueden continuar en el plan si los aumentos autorizados no siguen el movimiento de la estructura de costos de la misma manera que las tarifas de los servicios públicos no pueden continuar congeladas. Incluso habiendo “funcionado” el plan contiene muy marginalmente la inflación de hoy a costa de incrementar la inflación futura.

 

El IPC GBA Ecolatina trepó 3,4% en febrero, desacelerándose 0,3 p.p. respecto al mes anterior. De esta manera, este indicador mostró un acumulado de 7,3% en el primer bimestre del año (+2,1 p.p. por encima del primer bimestre de 2020) y exhibió una variación de 38,0% en la comparación interanual.

En lo que respecta a los capítulos, Esparcimiento (+6,1%) mostró la mayor evolución en el mes, con una variación de 45% i.a. (7 p.p. por encima del nivel general). Por su parte, Alimentos y bebidas creció 4,1%, desacelerándose 1,6 p.p. respecto al mes anterior. En este sentido, resaltó que el precio de la carne se desaceleró en comparación a enero, pero los precios de los bienes de consumo masivo (como panes, arroz, leche, quesos, entre otros) traccionaron la suba del capítulo.

En esta línea, el IPC de Consumo Masivo creció 3,3% en el mes, acelerándose 2,4 p.p. respecto a enero, mientras que el IPC Core no regulado subió 4,1%. En este sentido, el IPC Core trepó 4,0% en febrero, mostrando la fuerte inercia que posee el proceso inflacionario. Por último, el IPC Estacionales y el IPC Regulados crecieron 3,8% y 1,5%, respectivamente.

En el próximo mes la inflación no exhibirá una desaceleración. A la elevada dinámica que tienen los bienes y servicios que componen el IPC núcleo -que hace cinco meses consecutivos se encuentra por encima del 3%- se le sumará las subas estacionales propias de marzo de colegios e indumentaria, la actualización de prepagas, telecomunicaciones y los pautados aumentos en la tarifa de subte y taxi y la elevada dinámica de los precios. En este marco, esperamos que el primer trimestre del año cierre con una inflación en torno al 11,5% (ubicándose 3,7 p.p. por encima del primer trimestre de 2020 y solo 0,3 p.p. por debajo del mismo trimestre de 2019, año donde la inflación cerró en 54% anual).

Con estos números, la inflación mensual promedio entre abril y diciembre debería ser de 1,7% para alcanzar la meta del Ejecutivo exhibida en el Presupuesto de 2021 (29,0% de inflación anual). En este sentido, pareciera que anclar al tipo de cambio oficial será una de las principales herramientas que utilizará el gobierno para intentar desacelerar a la inflación, principalmente durante la previa electoral. A su vez, no hay que descartar que se apliquen controles de precios más duros y una continuidad del congelamiento de tarifas de servicios públicos para los usuarios residenciales, al menos hasta pasados los comicios.

A pesar de esto, los precios de los bienes y servicios que componen al IPC núcleo sin regulaciones continuarán con una dinámica elevada en los próximos meses, a la par que las negociaciones paritarias -luego de 3 años consecutivos de caída del salario real- actuarán como driver adicional. En este marco, la estrategia oficial podría lograr una relativa calma inflacionaria en los meses previos a las elecciones, pero no alcanzará para que la inflación se ubique por debajo del 40% en 2021.