Category: Política

Tras dos intentos fallidos, el PRO no logró alcanzar el quorum necesario para avanzar con su proyecto de ley de “Ficha Limpia”, que propone impedir la candidatura de personas condenadas en segunda instancia por corrupción. Esta iniciativa, de ser aprobada, podría complicar las aspiraciones de figuras como Cristina Kirchner. La falta de quorum se debió a la ausencia de diputados tanto del oficialismo como de sus aliados, quedándose a pocos legisladores de los 129 requeridos.

El fracaso de ambas sesiones intensificaron las tensiones políticas, con acusaciones de un supuesto pacto entre el kirchnerismo y LLA. Legisladores del Pro denunciaron que los libertarios, al no apoyar la iniciativa, priorizan su alineación con Unión por la Patria para impulsar otras reformas, como la eliminación de las PASO. La diputada Silvia Lospennato (Pro) calificó el resultado como una victoria para “la impunidad”, mientras que el diputado Juan Manuel López (Coalición Cívica) acusó a LLA de buscar favorecer la candidatura de Cristina Kirchner como parte de una estrategia electoral.

Desde el oficialismo intentaron mitigar las críticas mediante el anuncio de una propuesta propia de características similares. Sin embargo, en el temario de la convocatoria a sesiones extraordinarias, el vocero presidencial, Manuel Adorni, no incluyó ninguna referencia al proyecto de “ficha limpia”. Esta exclusión generó malestar en el PRO, que decidió no colaborar con el quorum necesario como forma de protesta.

En este contexto, el Gobierno optó por postergar las sesiones extraordinarias, inicialmente concebidas para avanzar en reformas políticas fundamentales, como la eliminación de las PASO y modificaciones en el sistema de financiamiento de los partidos políticos. La reciente detención del senador oficialista Edgardo Kueider debilitó aún más la posición del Ejecutivo en el Senado, dificultando la obtención de los consensos necesarios para impulsar estas iniciativas. Actualmente, se evalúa reprogramar las sesiones para febrero, mientras sectores del peronismo plantean la opción de suspender temporalmente las PASO en lugar de eliminarlas.

El Gobierno continúa pujando la reforma política, pero depende de consensos

La reforma política presentada por el gobierno plantea una transformación profunda del sistema político al proponer modificaciones en la Ley de Partidos Políticos, la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y ajustes en las reglas de financiamiento. Estos cambios entrarían en vigor a partir de 2027.

La posibilidad de que el Gobierno Nacional convoque a sesiones extraordinarias en diciembre parece cada vez más lejana debido a la falta de acuerdos parlamentarios necesarios para avanzar en temas clave como la reforma electoral y política. El vocero presidencial, Manuel Adorni, había anunciado que las sesiones se realizarían entre el 5 y el 27 de diciembre, con temas como la reforma electoral y política. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que “no están los acuerdos” necesarios para avanzar, y explicó que, al estar en minoría, el oficialismo depende de consensos previos con la oposición para avanzar en los proyectos.

Los grandes gremios volvieron a tener aumentos por encima del IPC en el mes de octubre: todos los sectores privados son ganadores frente a la inflación acumulada. Se trata de una tendencia observada en la gran mayoría de los salarios del sector privado registrado. Para noviembre, los gremios que deberán revisar sus acuerdos serán Comercio y la UOM. En cuanto a los salarios públicos, tanto UPCN (firmó hasta diciembre) como ferroviarios (negociando con conflictos) serán claros perdedores. 

En noviembre, el promedio de cuotas de aumentos paritarios se ubicó en el 3%

El aumento paritario percibido se ubicó en el 3% promedio. Continúa bajando considerablemente (acompañando la baja inflacionaria) y a su vez, continúa corriendo por encima del IPC. Pero, analizando el ciclo Milei completo (base 100=nov-23); la mitad de los gremios analizados continúa por debajo de la inflación acumulada.

Javier Milei fue claro cuando presentó el Presupuesto 2025: hemos decidido cambiar la metodología a través de la cual se elabora el Presupuesto, estamos proponiendo una regla fiscal inquebrantable que blinde el equilibrio fiscal. Esto le puso un corset a la discusión presupuestaria, ya que ahora hay que acomodar los gastos a esa regla.

En ese marco general, la discusión sobre el presupuesto sigue trabada con la dificultad de que los Gobernadores quieren fijar prioridades para que queden plasmadas allí, pero no se logran acomodar los recortes para que se pueda cumplir la regla fiscal. En ese minué, los Gobernadores están apurados para sancionar la ley porque temen que el Gobierno prefiera que la discusión se caiga y gobernar con el Presupuesto 2023 prorrogado para tener aún más discrecionalidad que la que se tuvo este año para administrar el gasto público y el equilibrio fiscal.

A Milei le va a ir como le vaya a la economía. Esa suerte de mantra sigue siendo el eje central sobre el cual transita la naturaleza del proceso político. Pero el resultado electoral de 2023 produjo la peor configuración del sistema político posible para enfrentar el desafío económico que había por delante. Las condiciones de gobernabilidad eran las peores para tomar con rapidez y agilidad las decisiones que había que tomar. Pero la demanda ciudadana de cambio (la mayoría que eligió al presidente) operó para forzar de parte del sistema una adaptación ad hoc a la circunstancia de excepción que rodeaba al proceso y facilitar la acción inicial de gobierno.

Esa condición de gobernabilidad de excepción, impulsada por la demanda ciudadana de cambio, puede ir desapareciendo con el paso del tiempo y liberar la acción obstaculizadora de la oposición política. Pero para que ello ocurra, los apoyos sociales al gobierno deberían reducirse y transformarse en malestar social por falta de resultados. Por ello, el desafío para Javier Milei sigue siendo ordenar la economía (lograr resultados) antes que se desordene la política, porque este estado de excepción que le permitió avanzar al inicio puede ir desapareciendo.

Tras un septiembre conflictivo para Javier Milei, marcado por el debate sobre la Ley de Movilidad Jubilatoria y la Ley de Financiamiento Universitario -ambas vetadas por el presidente-, y donde se había instalado una agenda negativa para el oficialismo, octubre trajo consigo buenas noticias en materia económica. No solo desde el lado financiero (baja del riesgo país y compresión de la brecha cambiaria), sino también con buenos datos en indicadores de la economía real, que son los que siente el público en su metro cuadrado.

Esta mejora en algunos indicadores económicos políticamente sensibles se da justo cuando el gobierno atravesaba una etapa de desordenamiento político, con la oposición volviéndose más hostil en el Congreso. Y puede ser vital para detener el proceso de deterioro en los niveles de apoyo del gobierno que veíamos desde junio. Y se dieron en la previa de un comienzo de mes de noviembre que trajo al gobierno las dos mejores noticias políticas del año: el triunfo de Donald Trump en EEUU, el candidato preferido por el presidente y por el que había apostado enviando señales, y la coronación de Cristina Kirchner como presidente del PJ, una novedad positiva para Milei porque nadie como ella le puede ahuyentar los apoyos hacia siendo la líder del principal partido opositor en argentina.

En definitiva, todavía desconocemos con precisión que tipo de desempeño económico ofrecerá este orden macroeconómico al que parece haber arribado el programa del gobierno luego del esfuerzo inicial, y que pareciera pretender mantener estable de aquí a la elección. Pero la lógica sigue siendo la misma: si observamos una recuperación económica vigorosa podremos ver una trayectoria política que lleve al gobierno a un triunfo de consolidación del ciclo en 2025, pero si no la observamos la consolidación podría entrar en duda.

El resultado de esa trayectoria definirá si el oficialismo seguirá conduciendo la acción de gobierno con márgenes de acción acotados (condiciones de gobernabilidad reducidas), o si podrá mejorar esos márgenes de acción para poder avanzar más rápido con reformas que mejoren las chances de que la tarea de ordenamiento económico culmine de la mejor forma de cara al intento reeleccionario del oficialismo en 2027.

En definitiva, el desempeño económico (sobre todo en los indicadores vinculados al metro cuadrado de la gente) será el criterio central que utilizarán los votantes para decidir si le dan un nuevo voto de confianza al gobierno en 2025, o si envían señales de que el rumbo elegido por el presidente no satisface la demanda de cambio expresada en la elección presidencial de 2023.

La lucha por la designación de autoridades del Partido Justicialista que hoy protagonizan Cristina Kirchner y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se ha transformado en una pelea que ha atravesado al sindicalismo, provocando una división dentro del movimiento sindical entre los que se alinean con una o con el otro.

Estas diferencias no solo se presentan en relación a la definición de las autoridades del PJ. También sigue habiendo diferencias en relación a la posición a adoptar de cara al gobierno de Javier Milei. El sector dialoguista sigue tendiendo puentes con el gobierno, no por afinidad sino por necesidad estratégica (buscan mitigar la capacidad de daño del gobierno sobre los intereses sindicales), mientras el sector combativo avanza en un plan de lucha.

Luego de la sanción del a Ley Bases, y de un intento privatizador que fue reducido en la discusión de la ley, el oficialismo retoma impulso en la búsqueda de avanzar con la privatización de algunas empresas del estado. En ese marco, promovió el inicio de la discusión sobre proyectos de privatización de Aerolíneas Argentinas. Se trata de dos propuestas legislativas, una presentada por Hernán Lombardi del PRO y la otra por Juan Manuel López de la Coalición Cívica, que se fundamentan en la necesidad de transferir la aerolínea a manos privadas, apoyándose en consideraciones económicas que buscan incrementar la competitividad en el sector aéreo.

Entre las justificaciones para la privatización se mencionan especialmente dos: 1) los déficits financieros acumulados por la empresa y 2) su incapacidad para competir con aerolíneas de bajo costo, lo que ha generado un impacto adverso en la oferta y en los precios de los boletos aéreos. También se abordan las acciones del gobierno para desregular el sector y facilitar la entrada de nuevas aerolíneas, un cambio significativo en la política aeronáutica del país.

No iba a ser fácil del desafío de Javier Milei, no lo hubiera sido para ninguno de los candidatos a presidentes del 2023. Nunca es fácil hacer el ajuste. Existen copiosas y numerosas investigaciones y estudios que analizan los efectos que tienen los programas de ajustes severos en el gasto público sobre los gobiernos que los implementan. Son estudios que se enfocan en las consecuencias políticas, económicas y sociales de tales políticas, que en general incluyen recortes en programas de bienestar, salarios públicos y subsidios a la ciudadanía. Y si bien estas investigaciones dan cuenta de casos exitosos de gobiernos que hacen el ajuste, los antecedentes indican que en la mayoría de los casos estos gobiernos colapsan políticamente.

Lo interesante de estos trabajos es observar los factores que se señalan cómo críticos para determinar la probabilidad de éxito de gobiernos que implementa un ajuste, porque podrían ser útil para observar el caso de Milei. Y allí uno podría hacer una síntesis de cuatro factores que se repiten de una u otra manera como críticos para aumentar o disminuir las chances de todo gobierno de sobrevivir políticamente a la implementación de un ajuste.

El análisis sobre la magnitud del ajuste requiere una profundidad y una capacidad económica de análisis que se lo dejaremos a los economistas, pero en todo caso, vale la pena remarcar que es necesario tener en claro cuánto ajuste se necesita, en qué tiempos y cuánto está dispuesto a tolerar el cuerpo social.

En relación al segundo factor, aquí el gobierno corre con una ventaja. Al margen de lo que el propio gobierno pueda haber hecho para explicar o justificar el ajuste, la realidad de los últimos años ha contribuido a que la sociedad argentina comprenda que era insostenible el financiamiento no monetario del déficit, como consecuencia de la alta inflación que estaba padeciendo. Los problemas de funcionamiento de la economía lentamente fueron construyendo un consenso social sobre la necesidad el ajuste. Ello se vio verificado en el dato recogido por nuestro estudio de septiembre, donde el 52% considera que es total o bastante importante lograr el equilibrio fiscal. Consenso que llega al 60% si incluimos a los que consideran que es medianamente importante.

En relación al tercer factor, aquí ocurre algo parecido con lo que ocurre con el primero. Los márgenes de mitigación dependen de la magnitud del ajuste y de la capacidad de discrecionalidad que se tiene en la distribución de la carga del ajuste. Pero en todo caso, y pensando en el caso Milei, se podría advertir que el Gobierno pareciera tener alguna sensibilidad al respecto, porque uno de los pocos rubros que han crecido en términos reales en el gasto público son las transferencias del programa AUH destinado a madres y niños en situación de vulnerabilidad. Queda la pregunta de si se puede hacer un esfuerzo mayor, sobre todo por las discusiones que han emergido en derredor del gasto en jubilaciones y del gasto en universidades.

El último factor pareciera ser el más endeble del actual caso de Javier Milei. En el mismo estudio de septiembre antes mencionado, recogemos la percepción que el 70% de la opinión pública considera que el ajuste está recayendo más obre la gente que sobre la casta, un dato que pone en crisis una de las promesas más mencionadas por Milei respecto de la justicia del ajuste: que esta vez lo iba a pagar la casta. Independientemente de la discusión de si el ajuste podía o no pagarlo enteramente la casta (algo inverosímil), la construcción de la narrativa del gobierno se ve frustrada por este dato y nos advierte que pudiera no estar siendo visto como justa la distribución de la carga de este ajuste, lo que le resta legitimidad, y con ello probabilidad de éxito al mismo.

Pero hay un quinto factor, que como está implícito en la razón de ser de todo ajuste, no está contemplado como factor pero es quizá el más determinante, y es el resultado deseado de todo ajuste: la recuperación económica. Todo el esfuerzo se justifica en el deseo de obtener los resultados deseados. Y es aquí donde también el programa de ajuste de Milei observa tensiones. Sobre todo porque Milei había advertido de las consecuencias del ajuste, pero también había dicho que la peor parte iba a ocurrir en marzo y abril y que después de ello sobrevendría una recuperación vigorosa usando aquella metáfora escatológica del buzo.

Lo cierto es que: 1) la recuperación pareciera ser más lenta y menos intensa de lo que el gobierno hubiese deseado, 2) ello pareciera estar impactando en los niveles de apoyos, que si bien siguen siendo significativos, podrían advertir que el natural desgaste de todo gobierno que hace el ajuste está ocurriendo, y 2) lo que requerirá de una mayor paciencia social, para lo cual se necesita reforzar la fortaleza en los 4 factores señalados.

Si no se puede o quiere aflojar el ajuste, ni tampoco ampliar las acciones de mitigación de su impacto social, queda trabajar en los otros dos criterios, que están más vinculados a la estrategia política. Allí se puede: 1) fortalecer la predisposición de explicar el ajuste, con una estrategia de comunicación más inteligente y empática, y 2) evaluar alternativas de una mejor distribución de las cargas del ajuste, para hacerlo más tolerable socialmente.