2021 año electoral, ¿vuelve la bendición de los años impares?

Entre 2011 y 2018, la economía argentina creció en los años impares y la inflación se desaceleró. En sentido opuesto, la actividad se contrajo en los años pares y se aceleró la suba de precios. Por este motivo, empezó a hablarse de una “maldición de los años pares”. Sin embargo, la misma no tenía un origen místico: en los años impares, los distintos gobiernos atrasaron al tipo de cambio -a fuerza de cepo en un momento y de deuda en dólares en otro- y pospusieron ajustes tarifarios en pos de reducir la inflación y recomponer el poder adquisitivo y el consumo. Por el contrario, en los años pares -ya pasadas las elecciones- se realizaron correcciones cambiarias y tarifarias pendientes, en virtud de relajar los atrasos/desequilibrios acumulados en los años electorales.

2021 es impar y, por lo tanto, estamos otra vez en un año con elecciones. ¿Volverá entonces la bendición de los años impares? ¿la actividad se recuperará y la inflación seguirá bajando? Comparar la dinámica actual con lo que pasó en los últimos años impares, especialmente 2013 y 2015 cuando gran parte del Frente de Todos estaba en el gobierno, nos ayudará a entender qué podría advenir en los próximos meses.

Antes de empezar, hay que marcar una diferencia fundamental: la situación actual es mucho más compleja y débil que la de entonces. En consecuencia, los grados de libertad para hacer política económica expansiva, y por tanto para forzar desequilibrios, son mucho menores. Como resultado, los atrasos que se acumulen serán mucho más light que antes o, lo que es lo mismo, estarán edulcorados.

De la misma forma que en 2013 y en 2015, el mercado cambiario entró al año electoral con cepo: un férreo control a la compra de dólares que es una tentación constante para abaratar a la divisa. Sin embargo, la situación de las Reservas netas es muy diferente. Mientras que al comienzo de 2013 y 2015 las mismas superaban ampliamente los USD 10.000 millones, al momento están en la zona de USD 5.000 millones. En consecuencia, la capacidad que tiene el Banco Central para enfrentar una corrida cambiaria también es menor.

En sentido contrario, luego de los sucesivos saltos de 2018 y 2019 y de un 2020 donde el dólar oficial subió en línea con la inflación, el tipo de cambio no está atrasado al comienzo del 2021. Por lo tanto, las necesidades de una corrección por este lado son menores. No obstante, mientras haya expectativas de devaluación y presiones cambiarias, será difícil sostener la paridad oficial.

Por otro lado, la brecha cambiaria arrancó 2013 y 2015 en niveles elevados: 50% y 60%, respectivamente. Sin embargo, en la actualidad se ubica en torno al 70%, un valor que complica el normal funcionamiento del aparato productivo. Además, no afecta solo a las operaciones financieras y de ahorro, sino también a algunas operaciones comerciales, de modo que su impacto sobre la actividad económica es mayor. Una brecha más alta implica mayores presiones cambiarias, en tanto vuelve más rentable la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones. En consecuencia, las posibilidades de atrasar -con éxito- al tipo de cambio son menores que en 2013 y 2015.

En otro orden aparece la cuestión salarial. En los años impares, los gobiernos intentan apuntalar el poder adquisitivo, especialmente cerca del proceso electoral, en su búsqueda por mejorar el humor social y su intención de voto. En 2013 y 2015, este objetivo se cumplió a rajatabla: el poder adquisitivo creció 1,1% entre enero y octubre de 2013 y 4,4% en 2015 -luego, producto de las sucesivas correcciones cambiarias la mejora se atenuó, para cerrar el año con subas más moderadas-.

No obstante, es probable que este año la situación sea diferente. Por un lado, porque la dinámica del Coronavirus complica la recuperación del salario real, especialmente en un contexto donde muchas ramas de actividad producen debajo de su plena capacidad, limitando las posibilidades de convalidar aumentos salariales. Además, porque el desempleo actual es mucho más elevado que entonces, lo que atenúa las chances de recomposición. Por lo tanto, será más complejo lograr una recuperación significativa del poder adquisitivo en 2021 que en 2013 o 2015.

Más allá de esta diferencia, la masa salarial crecería este año: la mejora no vendría por el lado del salario real, sino por la cantidad de empleados. La pandemia destruyó muchos puestos de trabajo, especialmente informales, que podrían recuperarse este año, al menos parcialmente, si las restricciones operativas se relajan. Por ende, habría un impacto positivo en materia de consumo, pero más impulsado por la recuperación del empleo que por una mejora del salario real.

Por el lado fiscal, sobresale que en los años impares suele descuidarse el resultado primario, en virtud de usar al gasto público como un motor para reactivar la demanda en el corto plazo. Sin embargo, este año la situación es muy diferente.

Por un lado, porque venimos de un déficit récord en 2020 (casi 7% del PBI) forzado por la pandemia, que desplomó la recaudación del Estado Nacional, y obligó a expandir el gasto mediante algunos programas novedosos (IFE, ATP, etc.). Incrementarlo, entonces, podría tener muy malos resultados en materia inflacionaria. Por otra parte, porque la Argentina sigue (casi) sin financiamiento en el mercado, algo similar a lo que pasaba en 2013 y 2015, pero producto del mayor rojo primario, el volumen a emitir es mucho mayor. A la vez, las Reservas netas son menos de la mitad, de modo que un exceso de oferta de pesos se podría trasladar mucho más rápidamente al mercado cambiario. En este sentido, subsidiar el consumo en cuotas de algunos bienes importados -tal como hace Ahora 12 y 18- es más riesgoso en la actualidad, producto de la escasez de divisas. Por último, porque hay un acuerdo con el FMI pendiente de negociación que restringe las posibilidades de que el sector público expanda su déficit.

El resultado de estas tres dinámicas serán mayores presiones inflacionarias en 2021 que en 2013 y 2015. En primer lugar, porque la inercia es mayor: la velocidad crucero de entonces, 2,5% mensual, permitía durante ciertos meses planchar al tipo de cambio. Por el contrario, 2020 terminó con una inflación mensual del 4%, de modo que no actualizar el precio del dólar durante algunos meses atrasaría más rápidamente al tipo de cambio. Además, está pendiente el ajuste de tarifas: los subsidios económicos superaron 2,5% del PBI el año pasado (+1,0 p.p. en relación con 2019) y este ritmo de crecimiento obligará a realizar algún ajuste en la materia. Más allá de cuál sea el número y el momento de la corrección -existieron varias marchas y contramarchas-, lo cierto es que habrá una presión latente que casi no estuvo en 2013 y 2015. Por lo tanto, también habrá menores posibilidades de atrasar precios relativos este año.

En resumen, la economía se moverá en 2021 al ritmo de la política; sin embargo, lo hará con mayores condicionantes que en 2013 y 2015. La posibilidad de forzar desequilibrios será menor que en los años impares anteriores: la política también deberá moverse al ritmo de una economía que llega tan golpeada como debilitada y deberá, inevitablemente, contemplar sus limitaciones. De lo contrario, la dinámica se parecerá a un vuelo de gallina: una levantada efímera y acotada, que termina en un golpe más temprano que tarde. La bendición de los años impares parecería llegar más por el lado del viento de cola externo que por la política económica: corresponderá esperar para saber si los crecientes contagios de la segunda ola de COVID frenarán la recuperación.

VIDEO | Menor presión cambiaria pero mayor inflación

Pese a una mayor calma cambiaria, la suba de precios se recalentó a fines de 2020. Las presiones inflacionarias persistirán en los primeros meses del año. ¿Repetirá el gobierno la táctica electoral de usar  tarifas y dólar como ancla contra la inflación?

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VIDEO | Viento de cola, segunda ola e intervencionismo

La soja en USD 500 la tonelada ratifica el viento de cola externo. Pero el mayor intervencionismo en la economía y la llegada de la segunda ola del COVID-19 complican el panorama.

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VIDEO | Novedades al cierre de un año complejo

Los cambios a la fórmula de movilidad previsional del Ejecutivo y la señal de postergación y suba acotada de tarifas tiene un costo fiscal de 1% del PBI en 2021. La estabilidad cambiaria alcanzada (el BCRA acumuló reservas en diciembre) puede afectarse por una política fiscal más laxa y la segunda ola de COVID-19.

Feliz 2021

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VIDEO | Viento de cola externo y tregua cambiaria Copy Copy

Terminó otra semana con menores presiones cambiarias, en un contexto internacional que se configura favorablemente para el país. Pero para aprovechar el impulso externo se necesita respaldo a la política económica por parte de la coalición gobernante.

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Primer año de Alberto Fernández: pandemia, crisis y perspectivas 2021

Esta semana se cumplió el primer año de gestión de Alberto Fernández. La pandemia puso patas arriba a la economía global y local, trastocando todos los objetivos que tenía el nuevo gobierno. Recordar las primeras medidas y realizar un diagnóstico de la situación actual nos permitirá anticipar cómo podría ser un 2021, esperemos, un poco menos marcado por la pandemia.

Al momento de asumir, el equipo económico se proponía recomponer el salario real, que acumulaba una caída de 20% en 2018 y 2019, para de esta manera reactivar una economía que había retrocedido 4,5% en dos años. A la vez, tenía la difícil misión de bajar una inflación que había promediado 50% anual en el bienio anterior. Como si todo esto fuera poco, se enfrentaba con importantes restricciones fiscales: aunque la salud de las cuentas públicas había mejorado durante la gestión Cambiemos, las exigencias de la reestructuración de la deuda y el nulo acceso al crédito frenaban las posibilidades de que el sector público encabezara la recuperación.

A comienzos del mandato, el gobierno aumentó las retenciones a las exportaciones agropecuarias, endureció las alícuotas de bienes personales y cambió la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada a fines de 2017 por aumentos discrecionales para la seguridad social -subas en línea con la inflación para los haberes mínimos jubilatorios y por debajo para quienes cobren más de 30.000 pesos-. De esta forma, el resultado fiscal se aprestaba a encarar un 2020 equilibrado.

Este margen le permitió al Poder Ejecutivo congelar las tarifas de servicios públicos durante el primer semestre de 2020, en vistas de relajar presiones inflacionarias. Además, se otorgaron aumentos salariales de 3.000 pesos en enero y 4.000 en febrero (a cuenta de paritarias) por decreto, en virtud de apuntalar el poder adquisitivo de los trabajadores de menores recursos, ya que este tipo de ajustes se diluyen a medida que se escala en la pirámide de ingresos. Como resultado, el salario real creció 5,5% en el primer trimestre del año, mostrando algunas señales de recuperación.

Sin embargo, cualquier atisbo de mejora desapareció en marzo. La llegada de la pandemia forzó a restringir la producción y dejó a mucha gente sin ingresos. En respuesta, el gobierno expandió su gasto en medio de una caída inédita de la recaudación. El aumento del déficit fiscal fue moneda corriente a lo largo del mundo; sin embargo, fuimos la excepción a la hora de financiarlo: casi íntegramente con emisión, dado que los mercados de crédito seguían cerrados.

El Banco Central comenzó a asistir al Tesoro, y arreciaron presiones cambiarias. A partir de abril, la emisión se disparó, dando lugar a un exceso de liquidez -no absorbido en un primer momento-, que presionó tanto al dólar oficial como a las cotizaciones paralelas. En respuesta, la brecha escalaba semana tras semana.

En un primer momento, el equipo económico caracterizó a estas presiones como transitorias, asociadas a la incertidumbre que generaba la pandemia a nivel global y una reestructuración de la deuda abierta. Por lo tanto, el Banco Central vendió Reservas para de esta forma contrarrestar el exceso de demanda de divisas sin devaluar.

En simultáneo, la economía se derrumbaba, cayendo a tasas de dos dígitos interanuales y se destruían alrededor de un quinto de los puestos de trabajo. Aunque una parte no menor de esta dinámica obedeció a las restricciones operativas, los problemas de demanda no tardaron en aparecer. Por lo tanto, la incertidumbre local no obedecía solo a la renegociación de la deuda, sino también a que la crisis económica y social se agudizaba.

De esta forma, llegábamos a mitad de año con fuertes desafíos. Por un lado, una crisis sanitaria que no cedía. Por otro, una crisis económica y social que se agravaba con la pandemia. Por último, un desequilibrio fiscal inédito financiado con emisión en medio de una reestructuración de la deuda con acreedores privados.

A fines de agosto, el Ministerio de Economía reestructuró su deuda con los acreedores privados, logrando un buen acuerdo en materia de plazos de pago y reducción de intereses. Sin embargo, la negociación no alcanzó para desalentar la dolarización ni reabrir el financiamiento externo. Por el contrario, en un contexto donde las Reservas netas retrocedían a diario, las presiones se agravaron.

En este marco, la autoridad monetaria endureció el cepo a mediados de septiembre, en pos de frenar la demanda de divisas. Lamentablemente, las medidas de “garrote” no tuvieron los resultados buscados, sino que, por el contrario, agravaron los problemas iniciales: la brecha se disparó, dando lugar a más percepciones de atraso y alimentando en el camino las expectativas de devaluación.

En respuesta, el Palacio de Hacienda cambió su estrategia desde octubre, apelando más a la zanahoria que al garrote. En lugar de endurecer los controles, comenzaron a apuntalarse los incentivos: se relajaron -levemente- las retenciones, se mostraron algunas señales de mayor austeridad fiscal y se ofrecieron algunos instrumentos atractivos de ahorro en pesos (bonos dollar linked, CER o tasa de política monetaria).

En sus primeros días, estas medidas no surtieron grandes efectos, y el dólar paralelo continuó su escalada, y se acercó peligrosamente a los 200 pesos. Más preocupante todavía, las Reservas netas siguieron en caída libre. Sin embargo, hacia fines de octubre algo cambió: la ANSES y el BCRA empezaron a intervenir en los mercados paralelos, vendiendo bonos contra pesos -operación inversa del contado con liquidación-, y contrarrestaron parte de las tensiones.

No obstante, las Reservas siguieron en rojo durante noviembre. Aunque la caída se atenuó, no se revirtió el derrotero. Por lo tanto, aunque las tensiones en los mercados paralelos se relajaron, las posibilidades de una devaluación continúan latentes: mientras que el poder de fuego del Banco Central no se recupere, las chances de un salto cambiario permanecerán.

De esta manera entramos a 2021 con una economía un poco menos golpeada, e incluso algunas perspectivas de recuperación por el lado real, pero con un stock de Reservas netas por debajo de los USD 4.000 millones que provoca mucha incertidumbre. Asumiendo una rápida y efectiva campaña de vacunación, la suerte del año próximo dependerá de la batalla cambiaria: si la corrida no frena y hay una devaluación, las tibias señales de mejora desaparecerán una vez más; en cambio, si la estrategia del Banco Central termina siendo exitosa y se evita el salto del dólar oficial, es probable que la recuperación se fortalezca mes a mes. Paso a paso, ¿llegaremos a destino?

VIDEO | Viento de cola externo y tregua cambiaria

Terminó otra semana con menores presiones cambiarias, en un contexto internacional que se configura favorablemente para el país. Pero para aprovechar el impulso externo se necesita respaldo a la política económica por parte de la coalición gobernante.

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VIDEO | Semana corta pero emotiva

En una semana triste, el mercado cambiario estuvo tranquilo. La actividad en septiembre muestra recuperación rápida en la producción de bienes (no así en servicios). Por la brecha y la recuperación de importaciones/bienes el superávit comercial se achica.

https://youtu.be/LAFZd9hGcOs

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Nueva orientación de política económica y estrategia cambiaria

Sin plan explícito, pero con un cúmulo de medidas y anuncios aislados que empiezan a mostrar un hilo conductor, el Ejecutivo está virando considerablemente la orientación de la política económica. La probable firma de un acuerdo de facilidades extendidas (Extended Fund Facility) con el FMI durante nuestro verano va a terminar de plasmar -en un largo documento- la nueva hoja de ruta económica.

Uno podría resumir rápidamente el giro conceptual/práctico del gobierno en dos frases del Ministro de Economía. En la primera conferencia de Prensa como ministro de economía Guzmán dijo: “Si tenemos mucho déficit deberíamos recurrir a la emisión monetaria y eso sería desestabilizante”. La segunda frase ocurrió hace pocos días: “Hoy no es el momento de un IFE 4 porque hay que mantener ciertos equilibrios para también proteger a la actividad, proteger a la gente, a todo el país”.

Producto de la irrupción de la Pandemia y la introducción de cuarentenas a lo largo y ancho del mundo, el nivel de actividad económica y en consecuencia la recaudación, cayeron fuerte durante el segundo trimestre del año. Asimismo, todos los países aumentaron el gasto público para reforzar el sistema sanitario y proteger a los hogares y empresas más afectadas.

La diferencia de nuestro país con el resto del mundo no pasó por el aumento del déficit fiscal, sino por su forma de financiamiento. Sin acceso al crédito externo por la reestructuración de la deuda pública en moneda dura y la lenta reconstrucción de la curva en pesos, no quedó otra que cubrir el rojo con emisión. Como mencionaba el flamante ministro, la emisión desestabilizó el mercado cambiario: el exceso de Pesos y la mayor demanda de divisas por la creciente incertidumbre desataron una corrida cambiaria que se aceleró tras el endurecimiento del cepo a mediados de septiembre.

Hacia fines de octubre el equipo económico lograba calmar un poco las aguas cambiarias tras un giro de la política económica que incluyó i) estímulo a la oferta de divisas (baja transitoria de retenciones y brecha) ii) mayores filtros/controles a las importaciones (BCRA+ Ministerio de Desarrollo Productivo); iii) mayor fluidez al mercado de dólares financieros pero también mayor intervención vía venta de bonos soberanos y pedidos de información a los participantes; iv) estrategia más agresiva de financiamiento del Tesoro (a riesgo de emitir deuda atada al dólar o dolarizada para dar vía de escape a grandes fondos que invirtieron en bonos en pesos); v) negociar acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo a rubricar por el Congreso; y vi) mayor astringencia fiscal que se condensa en la negativa de Guzmán al IFE 4 para cuidar los equilibrios, pero también en el último ajuste de haberes previsionales por decreto (+5%) y la nueva fórmula de movilidad propuesta por el Ejecutivo.

Párrafo aparte merece la política monetaria que sigue siendo acomodaticia. El BCRA asistió al fisco cuando este lo necesitó, tratando de esterilizar buena parte de lo emitido, pero mantuvo tasas de interés sólo alineadas con la expectativa de inflación. Es cierto que en las últimas semanas se observaron subas nominales, pero no modifican el amperímetro frente a las elevadas expectativas de devaluación.

Por último, la carta de Cristina Fernández de Kirchner avalando un acuerdo con todos los actores y aclarando que el que toma las decisiones es el Presidente (para emponderarlo pero también desmarcarse), el levantamiento simultaneo de dos tomas de tierras y una mayor centralidad de Guzmán en la conducción económica, bajaron las crecientes presiones cambiarios a fines de octubre.

Sin embargo, las tensiones persisten: el BCRA sigue perdiendo reservas (netas y brutas) en noviembre y las cotizaciones paralelas rebotaron tras acercarse al dólar solidario (30% impuesto PAIS + 35% a cuenta de ganancias). Además, la política de ajuste fiscal está generando tensiones sociales y en la coalición gobernante en un contexto muy complejo: vamos a sufrir una de las peores recesiones y estamos entre los países más afectados por Covid-19 en términos de contagios y muertes por millón de habitante.

Hasta aquí el proceso que llevó a las autoridades a aplicar una política económica para morigerar los desequilibrios monetario/cambiarios existentes. Este enfoque fiscalista es compartido por buena parte de los economistas, pero no hay tanto consenso respecto de la política monetaria (un planteo ortodoxo exige tasas de interés reales positivas) y en el frente cambiario sólo hay acuerdo en que una fuerte devaluación tendría un elevado costo social en el corto plazo.

Sin embargo, creo que la estrategia cambiaria para salir de la actual crisis es crucial. Hay evidencia internacional (y local) de que un Tipo de Cambio Real Competitivo y Estable (TCR CyE) acelera el crecimiento apuntalando la inversión y la creación de empleo en el sector transable, variables claves para sortear la restricción externa y fomentar la inclusión y la igualdad social.

Hoy tenemos un TCR Estable (el tipo de cambio oficial se desliza en línea con la inflación) pero que no es Competitivo. Que el TCR multilateral esté en torno al promedio histórico (que arranca en 1997) señala, en el mejor de los casos, que no hay atraso cambiario. Además, dicha estadística esconde que, Argentina está 20% apreciada respecto de Brasil, principal destino de nuestras exportaciones industriales. Dado que, gracias al Mercosur, tenemos acceso preferencial al gigantesco mercado Brasileño ¿podemos darnos el lujo -especialmente a nivel industrial- de sostener un atraso bilateral?

Asimismo, podemos en el corto plazo aspirar a una recuperación rápida con mínimas reservas netas en el BCRA y una maraña de restricciones cambiarias que se sintetizan en una brecha que orilla el 100%? Esta elevada brecha es incompatible con el normal funcionamiento de la economía, ahogando al sector transable y las posibilidades inversiones. Por caso, ¿qué incentivo representó la reducción de tres puntos porcentuales de las retenciones a la soja en octubre si durante ese mes la brecha cambiaria promedió 100%?

Por último, el elevado costo asociado a la venta de bonos soberanos por parte de ANSES y BCRA (se descapitalizan y aumenta la deuda pública en moneda dura en manos de privados) para bajar las cotizaciones paralelas sólo puede justificarse si se logra bajar la brecha por debajo de 50% (mejora el funcionamiento económico, aunque lo óptimo sería eliminarla). No haber dado marcha atrás con el 35% de anticipo de ganancias, implicó dilapidar esfuerzos pues el piso de la brecha es muy elevado (65%): no es casualidad que las cotizaciones paralelas hayan rebotado cuando se acercaron al dólar solidario.

En síntesis, mi propuesta en el frente cambiario incluye: mejorar el TCR para volverlo Competitivo y luego Estable (una referencia de magnitud de la corrección la arroja el atraso con Brasil); reducir del piso de la brecha eliminando el 35% de anticipo de ganancias; activar venta de bonos soberanos en el mercado financiero cuando la brecha supere 50%, y menores restricciones al dólar financiero (o en dólares billetes) para agilizar transacciones en un contexto de caída -pero no desaparición- de la brecha.

La mayor astringencia fiscal, una suba de tasas transitoria para estabilizar el mercado oficial tras la corrección cambiaria y la reducción de las cotizaciones paralelas permitirían bajar la brecha a menos de 50%, reestableciendo las exportaciones/liquidación de divisas. Si esto sucede el Central podría volver a acumular reservas: mejorando la capacidad de repago de las deudas en moneda dura. Minimizar el costo inicial sobre los sectores desprotegidos y lograr consenso político, será clave para beneficiarse de una recuperación sostenida con inclusión social, gracias a una mayor inversión y creación de empleo.

Nota publicada el  20 de Noviembre en InfoBae

VIDEO | Ajuste y Política

Carta del bloque de Senadores marcando la cancha al FMI, media sanción del impuesto a las grandes fortunas y aumento de solo 5% a los jubilados en diciembre.

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