El endurecimiento del cepo, la cooperación del presidente saliente y el entrante, y el fin del proceso electoral descomprimieron las presiones cambiarias. Una transición ordenada da tiempo para pensar en un plan económico consistente.
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Tras la divulgación del resultado electoral y los discursos de Mauricio Macri y Alberto Fernández, el BCRA endureció los controles cambiaros, reduciendo de USD 10.000 a USD 200 el límite mensual a personas físicas a la compra de divisas para atesoramiento –las empresas continúan totalmente restringidas-. De esta forma, la adquisición de moneda extranjera para ahorro al tipo de cambio oficial vuelve a estar cuasi-prohibida.
Cabe aclarar que, a diferencia del pasado, los pagos de importaciones entre empresas no vinculadas y los gastos con tarjeta de crédito en el exterior continúan operando sin restricciones. Además, las regulaciones no afectan los movimientos de dólares del sector privado dentro del sistema financiero local. Esto quiere decir que los retiros de depósitos y los giros en moneda dura podrán seguir llevándose a cabo sin inconvenientes.
Más importante aún, a diferencia de lo que sucedió tras las PASO, producto de las restricciones implementadas a la demanda, el tipo de cambio de referencia cedió casi 1% en el primer día hábil post elecciones, ubicándose apenas por debajo de 60 ARS/USD. Asimismo, pese a los mayores controles, la cotización del dólar blue retrocedió alrededor de 3%, finalizando la jornada en la zona de 73 ARS/USD (brecha del 20%). En contraposición, el Contado con Liquidación mantuvo la tendencia alcista de la semana pasada aunque a un menor ritmo: trepó 1% y concluyó la rueda en 81,5 ARS/USD, estirando así la brecha con el oficial a 37%.
Con estos números, se observa que la dinámica posterior a las elecciones generales fue opuesta a la de las primarias de agosto, cuando el dólar se disparó casi 25% y el Banco Central no aplicó restricciones e intervino tibiamente a finales de la jornada. En esta oportunidad, el accionar de la autoridad monetaria fue reforzar las restricciones antes de la apertura del mercado para no convalidar un salto del tipo de cambio oficial, al costo de aumentar la demanda de las cotizaciones paralelas (impulsar la brecha).
De hecho, el mencionado endurecimiento del cepo, permite conciliar los dos pedidos que realizó en campaña el flamante presidente electo: controlar la depreciación del tipo de cambio oficial y no perder Reservas. Esta medida impopular adoptada por la gestión saliente tras perder las elecciones es un gesto positivo para recorrer una transición ordenada, que se suma al desayuno entre Mauricio Macri y Alberto Fernández. Al menos por ahora, los incentivos a colaborar están primando por sobre los que inducen al conflicto.
No obstante, dicha cooperación no alcanza para modificar las perspectivas económicas de nuestro país: i) el año que viene el Tesoro enfrentará servicios de deuda superiores a USD 50.000 millones en un contexto de mercados de crédito cerrados; ii) la inflación sigue por encima del 3% mensual y la demanda interna deprimida; y iii) las cuentas fiscales continúan arrojando un déficit financiero elevado (cercano al 4% del PBI), insostenible para una economía sin acceso al financiamiento.
En consecuencia, pese a que prevemos una transición ordenada, mantenemos nuestras proyecciones económicas sin cambios significativos para el corto plazo: el PBI seguirá cayendo, el dólar continuará subiendo, la brecha cambiaria permanecerá elevada y la inflación acumulará en 2020 su tercer año consecutivo por encima del 40%.
Sin embargo, el plan económico que implemente el próximo gobierno a comienzos de mandato determinará si finalmente logramos encontrar la salida al continuo deterioro que enfrenta la economía argentina. El esquema y la pericia del futuro equipo económico serán claves para revertir la pesada herencia recibida: el margen para cometer errores es mínimo.
Tras una semana de furia cambiaria, el lunes el BCRA tendrá que decidir si ante la elevada presión convalida un nuevo salto del dólar oficial o trata de contener la cotización con venta de reservas y/o mayores restricciones cambiarias.
A poco más de 1.200 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se puede encontrar un microclima, un lugar ajeno a la tormenta que atraviesa la economía argentina: Añelo, la capital del shale. En la localidad neuquina no se ve capacidad ociosa, sino una capacidad sobrepasada. Edificios en construcción, tubos al costado de los caminos que serán utilizados para transportar agua hacia los yacimientos, torres eléctricas que proveerán luz a los parques industriales e imponentes torres de perforación en busca del oro negro, son algunos de los elementos que permiten ilusionarse con un futuro promisorio.
No es para menos. Añelo es solo una pequeña muestra de la promesa que significa Vaca Muerta: una formación de recursos hidrocarburíferos cuya superficie supera en 148 veces a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que, en términos de reservas no convencionales, ubica a la Argentina en los primeros puestos a nivel mundial.
Hasta el momento se concesionó el 27% de la superficie y solo el 4% se encuentra bajo desarrollo. Sin embargo, esto alcanza para que los no convencionales representen cerca del 45% del total de gas producido en el país y cerca del 20% en el petróleo.
El desarrollo de Vaca Muerta comenzó en 2013 con el acuerdo de YPF con Chevron y Dow para explotar las áreas de Loma Campana y El Orejano. Ambas empresas, de origen estadounidense, trajeron el know how para extraer el shale a través de la fracturación hidráulica (fracking). A partir de entonces, primero gracias al Plan Gas (2012-15) y luego a la resolución N° 46-E (2017 en adelante), que otorgaron un precio estímulo a la producción de gas, se fueron sumando participantes. Finalmente, la actividad terminó de despegar en 2017 con un boom de inversiones realizadas en un contexto de mejora del precio internacional del petróleo y de reducción de los costos laborales (medidos en dólares) promovida por la devaluación del Peso y la concreción de un nuevo acuerdo laboral sectorial. Sin embargo, esta situación estuvo acompañada por un rápido aprendizaje de la industria petrolera argentina en el uso de la tecnología de fracking, acelerando la productividad y la reducción de costos.
Como contraste, el crecimiento exponencial de la actividad extractiva en Vaca Muerta presenta importantes desafíos y cuellos de botellas que deben ser superados si se pretende alcanzar un desarrollo masivo que permita un verdadero derrame sobre el resto de la población.
El primer desafío es el desarrollo territorial. El crecimiento del shale se traduce en un importante flujo migratorio de trabajadores que, junto a sus familias, se desplazan hacia las zonas de mayor actividad. Muestra de ello es que hoy entran más de 20 familias por día a la Provincia de Neuquén, atraídas por el desarrollo del shale. Por otro lado, sólo en Añelo, la población pasó de 3.500 habitantes en 2014 a 7.500 en la actualidad, a la que se suman 7.000 trabajadores flotantes. En 2024 se estima que la población se multiplicará por seis. Esta tendencia poblacional consolida una sobre-demanda en términos de acceso a la vivienda y a servicios básicos (educación, salud y transporte) que debe ser resuelta a través de una importante inversión social.
Al crecimiento poblacional hay que añadirle los conflictos sociales que emergen de esta dinámica. Por un lado, la creciente desigualdad de ingresos y el aumento del costo de vida (originados por el desacople de salarios entre el sector petrolífero y el resto de las actividades, además de la convergencia de los precios en línea con el primer grupo de trabajadores). Por el otro, el impacto e interferencia de la actividad en las pequeñas comunidades que viven en las zonas de los yacimientos, así como la competencia con las actividades agrícolas y ganaderas por el suelo y la mano de obra.
El segundo desafío se vincula con la capacidad nacional de proveer insumos y servicios demandados por la industria. Actualmente el mapa de empresas en la cuenca neuquinas se compone de casi 850 firmas que se distribuyen del siguiente modo: en un primer anillo, 17 empresas operadoras de las áreas concesionadas; en un segundo anillo, 30 firmas multinacionales de servicios especializados (como fracturas y perforación); en un tercer anillo, 800 empresas nacionales dedicadas a la provisión de servicios complementarios e insumos. Estas últimas, en su mayoría PyMEs, tienen una escala limitada para atender la demanda de la industria. Parte de este déficit se explica por la falta de financiamiento derivada de la coyuntura económica actual, a lo que se suma la velocidad del crecimiento de la actividad extractiva. También ilustra las discordantes velocidades la falta de servicios de luz, gas y agua en los dos parques industriales de Añelo, donde se radican 300 empresas prestadoras de servicios.
Por último, uno de los grandes cuellos de botella es la falta de capacidad de transporte y procesamiento del gas para su licuefacción y posterior exportación. De hecho, algunas empresas petroleras cerraron pozos o frenaron su actividad en el shale gas debido a la imposibilidad de dar curso a su producción. La necesidad de avanzar con el Gasoducto del Centro, que uniría Neuquén con Bahía Blanca y el Litoral, y poner en marcha la fabricación de una planta de Gas Natural Licuado, es imperativo para que la actividad no se detenga y alcance un desarrollo masivo.
En conclusión, llevar a Vaca Muerta a escala internacional y transformarla en uno de los epicentros de actividad, empleo y generación de divisas para Argentina, requiere la superación de importantes obstáculos. La condición insoslayable es lograr la estabilidad macroeconómica y brindar la seguridad jurídica necesaria para que estos proyectos de gran escala y maduración de largo plazo se concreten. No obstante, igual de importante es atender la coordinación y sinergia entre municipios, provincias y nación para impulsar el avance de la actividad en forma ordenada y eficiente, considerando las necesidades presentes y futuras de las comunidades.
Esta nota fue publicada en diario Perfil el 19 de octubre de 2019
El riesgo país perforó los 2.000 puntos gracias a declaraciones “market friendly” de Alberto Fernández. Sin embargo, la situación cambiara se tensó en las primeras semanas de octubre: el dólar oficial trepa pese a ventas del BCRA y la brecha aumenta.
La suspensión hasta nuevo aviso del desembolso de USD 5.400 millones acordados con el FMI significa que la Argentina se ha quedado sin prestamista de última instancia en moneda dura. Por ende, el próximo presidente electo enfrentará el inicio de su mandato con el cierre total del financiamiento externo, lo cual compromete el pago de los compromisos de la deuda pública nacional denominados en moneda extranjera.
Suponiendo equilibrio primario del Sector Público Nacional, el Tesoro enfrentará el año que viene servicios de deuda (capital más intereses) en torno a USD 53.000 millones (13% del PBI). En un contexto de aislamiento financiero, dicha cifra luce impagable. Sin embargo, los servicios de deuda relevantes son menores y el próximo presidente puede tomar medidas para tratar de reabrir los mercados, conseguir otro prestamista de última instancia (China) o reducir los compromisos (reestructuración).
Antes de analizar estas posibilidades, conviene precisar cuáles son los servicios de deuda relevantes a pagar en 2020, ya que el Tesoro puede refinanciar los pagos intra-sector público. De hecho, los servicios de deuda pública con acreedores privados y Organismos Financieros Internacionales para 2020 bajan a USD 40.000 millones (10% del PBI).
Otro punto a clarificar es cuánto de dicho monto esta denominado en Pesos y cuánto en moneda extranjera. Redondeando, USD 25.000 millones son en moneda extranjera y USD 15.000 millones en Pesos. Pese a que el monto en moneda local equivale casi a 4% del PBI es posible refinanciarlo en el mercado local pues las restricciones cambiarias fuerzan a muchos agentes económicos a invertir en Pesos (como las firmas no pueden atesorar divisas se les puede ofrecer un bono dólar link). En última instancia, el Tesoro podría pedirle al Banco Central (BCRA) monetizar sus utilidades.
Cabe destacar entonces, que el principal desafío para honrar los compromisos de la deuda pública en 2020 pasa por los USD 25.000 millones en moneda extranjera. Los acreedores privados poseen USD 21.000 millones y los restantes USD 4.000 millones están en manos de Organismos Financieros Internacionales. Pese a que la asistencia del FMI, el BID y el Banco Mundial está comprometida, es probable que la próxima administración logre al menos refinanciar dichos vencimientos. Por ende, el flamante gobierno necesitará conseguir USD 21.000 millones en moneda extranjera para pagar a los inversores privados.
Como ya hemos supuesto que el Ejecutivo recurre a todas las fuentes de financiamiento disponibles, la única posibilidad para generar esas divisas es exportando más de lo que importamos. Dado que no esperamos una recuperación de corto plazo, si se sostiene la competitividad del tipo de cambio real en el nivel actual (que implicaría indexarlo a la inflación), el superávit comercial cubriría casi toda la brecha.
El problema es que las divisas genuinas que genera el sector privado las necesita el sector público. Para evitar la apreciación del tipo de cambio, el BCRA tendría que comprar el saldo comercial, pero dichos dólares representan 5% del PBI por lo que debería esterilizar buena parte de la operación para evitar una emisión significativa de Pesos. Asimismo, el Tesoro tendrá que comprarle directamente las divisas al Central, pero como no posee fondos genuinos (ahorro fiscal) deberá colocarle títulos.
El deterioro patrimonial del BCRA y la indexación del tipo de cambio garantizan un piso muy alto de inflación (60% anual) para 2020, que podría trepar aún más si el próximo presidente decide apostar por el mediano plazo revirtiendo al comienzo de su gestión el congelamiento de precios (combustibles y tarifas de servicios públicos) aplicado por la administración Macri tras las Primarias Presidenciales.
En síntesis, sin financiamiento de China o una reestructuración de deuda con acreedores privados, el próximo presidente podría pagar los compromisos de su primer año de gestión pero a un elevado costo político y social: el tercer año consecutivo con recesión e inflación elevada.
La pregunta del millón es si el próximo mandatario estará dispuesto a asumir las consecuencias económicas de honrar los servicios de deuda en un contexto de aislamiento financiero o si corta camino forzando a los tenedores privados a pagar parte del costo. A pesar que esta última opción luce más atractiva, pocas veces los atajos terminan siendo la mejor opción pues están llenos de obstáculos. Por algo el caminante que desciende de una montaña lo hace en zigzag en vez de en línea recta.
Esta nota fue publicada en Perfil
Pese al anuncio del Fondo de posponer el desembolso de USD 5.400 millones acordado y al pago de BoPoMo, el tipo de cambio paralelo se mantuvo estable. Sí se observó en la semana un deslizamiento del dólar oficial en línea con la suba de precios.
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Tras el control de cambios, el dólar oficial se estabilizó sin mayores ventas del BCRA. El reperfilamiento de Letras en dólares moderó (transitoriamente) la pérdida de reservas y el retiro de depósitos privados en moneda dura se moderó significativamente.
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El tipo de cambio oficial se mantuvo estable y el retiro de depósito en dólares se frenó considerablemente. Sin embargo, la brecha con el contado con liquidación (CCL) alcanzó 25% tras el límite impuesto a la operatoria denominada ¨rulo¨.
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Finalmente, el Poder Ejecutivo implementó medidas en línea con lo anticipado. Por el lado de la liquidación de divisas, el BCRA anunció que las empresas deberán vender las divisas fruto de sus exportaciones en el mercado local dentro de un máximo de 5 días hábiles después del cobro o 180 días después del permiso de embarque. En el caso de los commodities será de 15 días corridos. Asimismo, las compañías deberán pedir autorización para comprar dólares para atesorar o girar al exterior y las personas humanas podrán adquirir hasta US$ 10.000 por mes. Por último, la compra de divisas para pagar importaciones o cancelar deudas en moneda extranjera no tiene límite, pero solo se podrá realizar a la fecha del vencimiento.
