Category: Editorial

El gobierno de Alberto Fernández implementó un ajuste fiscal importante al inicio de su mandato para facilitar la negociación con acreedores para reestructura la deuda pública. Para no profundizar las tensiones sociales, el ajuste no cayó sobre las familias de menores ingresos ni las PyME´s. Mientras tanto, el BCRA congeló el tipo de cambio nominal y bajó fuerte las tasas pese a que no hay señales claras de desaceleración de la inflación.

-Si utiliza un dispositivo iOS, recuerde tener desactivado el botón de MUTE para poder escuchar el audio de este video-

Definiciones del Ministro de Economía

En su primera conferencia de prensa, Martín Guzmán dejó un par de conceptos sobre el plan macroeconómico que comenzó a cobrar vida a partir del paquete de medidas enviado al Congreso. Las tres principales definiciones fueron: i) no profundizar el déficit porque no hay financiamiento y la emisión es desestabilizante; ii) posponer servicios de la deuda pública de corto plazo para que se recupere la economía y a partir del crecimiento generar superávit primario fiscal y externo para honrar los compromisos; iii) la elevada inflación existente es tóxica y para bajarla se necesita, además de la política monetaria, utilizar el resto de la herramientas disponibles.

i) Primó la señal de austeridad fiscal

El Ejecutivo ha enviado al Congreso un paquete de medidas que eleva considerablemente la presión tributaria (+1,5 p.p. del PBI) sobre los agentes económicos de mayores recursos. Además, suspendió el mecanismo automático de movilidad previsional que le permite controlar el aumento del rubro que representa dos tercios de las erogaciones del sector público Nacional.

Pese a que el congelamiento de tarifas por 180 días implica elevar el gasto en subsidios, y que también se van a destinar cuantiosos recursos públicos (bono/suma fija/tarjeta alimenticia) a las familias de menores ingresos para acentuar el rol redistributivo/solidario de la política fiscal, el gobierno envió una clara señal de austeridad antes del arranque de la negociación de la deuda: primero cierro el déficit y luego reestructuro.

La segunda señal amistosa hacia los acreedores presente en la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva fue que el Tesoro le va a colocar al BCRA una letra intransferible por casi USD 4.600 millones. Este monto alcanza para cubrir los servicios en monede dura de la deuda pública en mano de privados y organismos internacionales hasta marzo de 2020, fecha planteada por las autoridades como deadline para cerrar la renegociación de la deuda.

ii) Reestructuración “amigable” de la deuda

Con ajuste fiscal y fondos propios para honrar vencimientos mientras dure la negociación, el gobierno dio una señal de querer evitar el default avanzando con la reestructuración. Los tenedores de deuda del Tesoro Nacional festejaron las novedades: el riesgo país bajó a los 1.900 puntos básicos y, es probable que el FMI acompañe las medidas, o al menos no trabe las negociaciones con privados.

No será sencillo implementar un canje de deuda con una reducción significativa de los servicios en los próximos años, ya que los acreedores privados deberán aceptar algún grado de quita (sobre todo de los títulos emitidos bajo Ley Local). Sin embargo, las posibilidades de lograr una reestructuración exitosa son mayores si se encara una negociación a tres bandas.

No es viable aplicar una quita a Organismos Financieros Internacionales, pero si es posible reperfilar vencimientos con el FMI (sino habría que devolverle lo prestado en 2022-23) ó conseguir fondos frescos de las demás instituciones (BM, BID, CAF, etc.). Asimismo, la negociación con tendedores de bonos Ley Extranjera será ardua pues las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) exigen que entre 66% y 75% de los acreedores acepten el canje para que este se efectivice. Por último, el Ejecutivo puede imponer condiciones a los tenedores de deuda Ley Local, pero estas no deberían ser tan duras, puesto que la mayoría son agentes económicos que operan en el país (bancos, aseguradoras, ahorristas privados, etc.).

iii) Ataque a la inercia inflacionaria:

La estrategia para frenar la suba de precios involucra a todas las aristas de política económica. Descartada la emisión para financiar al déficit fiscal primario y con un tipo de cambio oficial controlado (el BCRA compra el excedente comercial para sostener el dólar tras el endurecimiento del cepo), la elevada inflación existente debería desacelerarse lentamente.

Sin embargo, el gobierno está sumando herramientas para lograr una baja más rápida de inflación. Entre ellas destacan: i) congelamiento de tarifas; ii) lento deslizamiento del tipo de cambio oficial; iii) acuerdos/congelamientos de precios y salarios; y iv) potestad para fijar incrementos mínimos de salario privado para contener la puja distributiva.

Por último, al suspenderse la movilidad previsional se removió el principal problema que generaba una terapia de shock contra la inflación: la fuerte suba del gasto primario en términos reales por indexación a la inflación pasada. Por caso, el mecanismo de movilidad previsional arroja para el primer semestre de 2020 un alza superior al 25% del gasto previsional. Si gracias al pacto social la inflación bajara al 2% promedio mensual en la primera mitad del año que viene, las erogaciones previsionales treparían más de 10% en términos reales, deteriorando fuertemente al resultado fiscal. Con la suspensión de la movilidad, una baja significativa de la inflación no impactaría negativamente en las cuentas públicas.

Definiciones del Presidente del BCRA

En una entrevista publicada en Perfil, Miguel Ángel Pesce hizo dos declaraciones claves: i) hay que bajar la tasa de interés pero no por debajo de las expectativas de inflación; y ii) mantener un tipo de cambio competitivo para acumular reservas comprando el superávit externo.

i) Política monetaria prudente

El Presidente del BCRA ha tomado una postura mesurada respecto de la política monetaria. Sabe que sólo cuando aumenta la demanda de dinero significativamente, la emisión no tiene impacto en los precios. Asimismo, aclaró que pese a la reciente baja de la tasa de referencia (se redujo en 5 p.p.), esta será positiva en términos reales para fomentar el ahorro en moneda local y evitar que la liquidez presione las cotizaciones paralelas del dólar.

Si la asistencia al Tesoro es acotada, la tarea de contener la emisión (que surgirá mayormente por la compra de divisas en el mercado cambiario) y la de sostener una tasa de interés real positiva serán relativamente sencillas para la autoridad monetaria. Pero si el ministro Guzmán no soluciona el frente fiscal-financiero, el Central tendrá que asistir al Tesoro, provocando una fuerte expansión monetaria que llevaría la tasa de interés real a terreno negativo.

ii) ¿Deslizamiento cambiario o ancla?

Las principales autoridades económicas han mencionado la importancia de sostener un tipo de cambio real competitivo para lograr un ingreso neto de divisas comerciales. Sin embargo, entre el dicho y el hecho hay un gran trecho: si la inflación no baja en la magnitud prevista por el Ejecutivo, la tentación de utilizar al tipo de cambio (y las tarifas) como ancla irá creciendo.

De hecho, pensamos que la prioridad es lograr un abultado superávit externo que le permita al BCRA acumular reservas para mejorar la capacidad de pago de la deuda pública en moneda dura. Esto se puede conseguir de diversas formas: con un TCR competitivo y estímulos sectoriales a las exportaciones (Vaca Muerta, menores retenciones a los productos de mayor valor agregado, etc.) ó con trabas e impuestos a las importaciones. Las primeras medidas del Ejecutivo muestran un mix de ambas.

Definiciones del Ministro de Desarrollo Productivo

Matías Kulfas es quien completa el tridente principal del equipo económico. Sus ideas se conocieron durante la campaña presidencial ya que fue el principal vocero de Alberto Fernández en temas económicos. Tasas de interés subsidias a las PyMEs, incentivos al sector transable, impuestos diferenciados por agregación de valor y tamaño de la firmas son parte de sus iniciativas para fomentar el desarrollo productivo. Su sello aparece a lo largo y ancho del proyecto de Ley aprobado en Diputados.

i) Piso al consumo y reactivación atada a la reestructuración

El shock transitorio de gasto público y el financiamiento blando destinado a las familias de menores ingresos frenarán la caída del consumo en el corto plazo. Asimismo, la amplia moratoria, la puesta en marcha de créditos subsidiados y la menor suba de la presión impositiva para las PyMEs tenderán a proteger al eslabón productivo más desprotegido.

Sin embargo, la recuperación de la actividad, de la confianza y de la demanda de dinero, sólo se concretará si se logra una reestructuración exitosa de la deuda pública. Si la argentina aleja el fantasma del default, las expectativas mejorarán sensiblemente, dando espacio al sector público para realizar nuevas inyecciones de recursos a las familias de menores ingresos.

Conclusión

La política económica se ubica en un punto intermedio entre lo que fueron las visiones dogmáticas de las últimas dos gestiones presidenciales. El deterioro económico de los últimos ocho años obliga a las autoridades a adoptar una visión pragmática y flexible en la materia. Pese a que la hoja de ruta luce más consistente, la magnitud de los problemas acumulados es mayor: todas las fichas están puestas en una resolución exitosa del problema de la deuda.

El principal desafío que enfrentará Alberto Fernández en materia económica es la renegociación de la deuda. En 2020 vencen alrededor de USD 23.000 millones de servicios de deuda relevante -con acreedores privados y organismos multilaterales de crédito- en moneda extranjera y, en este contexto de mercados de crédito virtualmente cerrados, poder pagar dicho número está prácticamente descartado. Por lo tanto, habrá que discutir con los acreedores una relajación de los vencimientos, lo que condicionará al resto de las variables económicas.

Si la reestructuración es exitosa, se podrá pensar en bajar la inflación, reactivar la economía y atenuar el resto de las tensiones. Por el contrario, si la renegociación fracasa, se acelerará la suba de precios, se agravará la recesión y las principales fricciones que nos acechan se multiplicarán. Por lo tanto, estas discusiones están dominando -implícitamente- las primeras medidas del nuevo gobierno.

En este marco se inscribe el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva enviado en la última semana al Congreso. Sus ejes más importantes apuntan a mejorar la recaudación tributaria, para de esa manera continuar con el saneamiento de las cuentas públicas. Llegado este punto, vale destacar que esta dinámica refleja una diferencia con la reducción del déficit fiscal primario -sin contabilizar el pago de intereses- que encaró la gestión Cambiemos: entre 2016 y 2019 el ordenamiento de las arcas del Estado respondió principalmente al ajuste del gasto, mientras que, a partir de 2020, todo parecería indicar que se explicará mayormente por un aumento de los impuestos.

¿Por qué es tan central el resultado fiscal primario en la actualidad? Más allá de sus efectos macroeconómicos directos, que son significativos, es la principal variable que miran los acreedores financieros. Por lo tanto, un sendero de convergencia fiscal al superávit primario en un plazo acotado es la precondición para que la negociación de los compromisos asumidos sea posible. De manera opuesta, sin un ajuste fiscal como punto de partida, dicha negociación estaría condenada al fracaso de antemano.

En este sentido, el proyecto aspira a generar recursos extra para el Estado por alrededor de 1,5% del PBI en 2020. Medidas como el aumento de retenciones a las exportaciones y de la alícuota de bienes personales, el impuesto al pago con tarjetas de crédito en el exterior y a la compra de dólares para atesoramiento, así como el endurecimiento de la tasa estadística para las importaciones apuntalarán la recaudación, mejorando la consistencia de las cuentas fiscales. Asimismo, la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria y su reemplazo por aumentos discrecionales le darán al equipo económico más flexibilidad para ajustar este componente del gasto, que representa más de la mitad de las erogaciones, según qué demande una coyuntura tan volátil como incierta.

En sentido opuesto, la suspensión de los ajustes de las tarifas de servicios públicos durante el primer semestre de 2020 -que acumularán así un año congeladas, ya que Mauricio Macri suspendió las actualizaciones del segundo semestre de 2019- incrementará el gasto en subsidios. Este crecimiento del gasto se cubriría con los mayores impuestos mencionados más arriba, de modo que el resultado fiscal primario podría seguir mejorando el año próximo, aún en este escenario de mayores erogaciones. Además, podría ayudar a cumplimentar otro de los grandes desafíos que tiene el nuevo presidente: desacelerar la inflación.

Esta decisión de congelar las tarifas, entre otras cosas, se explica porque el nuevo gobierno tiene que hacer equilibrio entre dos frentes en tensión. Por un lado, están los acreedores financieros que querrán cobrar lo máximo posible -o lo más rápido- y, para eso, demandarán una recomposición acelerada del resultado fiscal primario. Por el otro, están los sectores más desprotegidos de nuestro país, que exigen una mejora en sus deteriorados ingresos, lo que va en contra del objetivo fiscal. En consecuencia, Alberto Fernández intentará hacer el mayor ajuste fiscal socialmente viable y, a la vez, la máxima relajación de los pagos de deuda tolerada por los inversores. Dado que los servicios públicos son de consumo inelástico -no es posible “dejar de consumir” luz o gas-, una caída de su precio relativo equivale a una mejora en el ingreso disponible de los hogares, lo que en el caso de las familias de menores recursos posiblemente se trasladaría casi en su totalidad al consumo, ya que la capacidad de ahorro de estos agentes es prácticamente nula. De esta forma, se ayudaría a encontrar un piso a la recesión a la par que se relajaría la tensión social.

Si bien este escenario optimista es posible, no está exento de riesgos. De hecho, las negociaciones oficiales con los acreedores -privados y organismos multilaterales de crédito- todavía no comenzaron. Si estos fueran muy inflexibles, o creyeran que el “esfuerzo fiscal” que está haciendo el Palacio de Hacienda debiera ser todavía mayor y las discusiones no se encaminaran durante los primeros meses de 2020, podríamos ingresar a un escenario negativo donde la inflación se acelera y la recesión se agudiza.

En este sentido, con el cronograma de pagos vigente, los compromisos de deuda relevante en moneda extranjera acumulan alrededor de USD 15.000 millones en los primeros cinco meses del año que viene y, si no se pudieran relajar ni reabrir el acceso al financiamiento, habría que pagarlos con el superávit comercial de bienes y servicios más las Reservas de libre disponibilidad, que actualmente suman cerca de USD 13.000 millones.

Dado que los dólares que llegan por las operaciones corrientes le corresponden al sector privado, el Banco Central debería emitir pesos para comprar estas divisas, incrementando la base monetaria en más de 50%. Claramente, una inyección de liquidez de esta magnitud y en tan poco tiempo conllevaría un riesgo muy elevado de acelerar sensiblemente la inflación. Si esta dinámica se materializara, los ingresos reales se deprimirían aún más y la recesión se agudizaría. En consecuencia, es muy probable que una renegociación fallida de la deuda conduzca a un escenario todavía más desalentador en relación con el que nos hallamos actualmente.

En resumen, la negociación de la deuda y su éxito determinará el curso que seguirá la economía el año próximo y, también, en el mediano plazo: los resultados en el resto de los años del mandato de Alberto Fernández serán unos con un sendero de deuda “bonificado”, como dijo Martín Guzmán, y diametralmente opuestos con un sendero de deuda al borde del default constante y una inflación todavía más elevada. Esperemos que los acreedores crean en lo que oyen, y que la suerte del principiante no falle: sino, caeremos, otra vez, en manos del ángel de la soledad.

Esta nota salió publicada en la edición impresa del Diario Perfil, sábado 21/12/2019, y está disponible en https://www.perfil.com/noticias/columnistas/la-suerte-del-principiante-no-puede-fallar.phtml.

La conferencia de prensa de Martín Guzmán, flamante Ministro de economía, dejó algunas definiciones importantes sobre el plan económico que va a desplegar el gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, los detalles y medidas concretas se irán conociendo recién en las próximos días.

-Si utiliza un dispositivo iOS, recuerde tener desactivado el botón de MUTE para poder escuchar el audio de este video-

La economía argentina es altamente inestable, volátil y sus políticas pasan de un extremo al otro, provocando que la incertidumbre sea la norma. Por este motivo, tanto el contexto que recibió Mauricio Macri en diciembre de 2015 como el que heredará Alberto Fernández en los próximos días son complejos. Ahora bien, producto de las políticas de estos últimos cuatro años, y las urgencias que demandaba el punto de partida de la gestión Cambiemos, las complejidades son diferentes. Veamos.

Entre 2007 y 2015, la inflación duplicó a la suba de tarifas y a la del tipo de cambio oficial. Esta dinámica llevó a que el gasto en subsidios rondara 4% del PBI y a los estrictos controles cambiarios, cepo “informal” mediante, que existían cuando Macri asumió el Poder Ejecutivo (la brecha entre el tipo de cambio oficial y el blue promedió más de 40% entre 2012 y 2015, mientras que hoy en día ronda el 10%). Este desajuste de precios relativos afectaba a la producción de bienes y servicios transables y generaba un rojo fiscal primario significativo.

Además, el dólar oficial “barato” provocaba un déficit de cuenta corriente del Balance de Pagos cercano a 3% del PBI, de modo que nuestro país requería sistemáticamente más divisas de las que generaba para el normal funcionamiento del aparato productivo. Claramente, esta situación no era sostenible y demandaba varias correcciones que intentaron aplicarse a principios de la gestión Cambiemos.

Para ello, el gobierno entrante reposó sobre uno de los principales -y escasos- activos que había dejado la gestión de Cristina Fernández de Kirchner: el bajo stock de deuda pública relevante, sobre todo aquella nominada en divisas. Si bien nuestro país estaba en default selectivo producto del conflicto con holdouts, esto fue rápidamente resuelto en abril de 2016, de modo que el acceso al financiamiento se reabrió a pocos meses de la transición.

Superado este problema, comenzó un proceso de ajuste gradual de las cuentas públicas financiado con endeudamiento, mayormente en moneda extranjera. Este proceso subestimó dos dinámicas, que, a la larga, terminaron minando al esquema: nunca se dimensionó el impacto sobre el nivel general de precios del necesario ajuste tarifario y nunca se dimensionó que podría haber una reversión del influjo de capitales -o, lo que terminó sucediendo primero, un sudden stop-.

Los sucesivos aumentos de tarifas recalentaron la inflación, erosionando la competitividad cambiaria y neutralizando rápidamente las mejoras que se habían logrado con la salida del cepo. Además, esta subestimación del impacto inflacionario condujo a la imposición de metas inalcanzables en ese frente, que obligaban a sostener una política monetaria muy dura -tasas de interés altas en pesos- y atraían capitales financieros, en la búsqueda por hacer carry trade, atrasando al tipo de cambio. Ya con un dólar barato, hacia comienzos de 2018 nuestro país se enfrentó a un repentino freno en el ingreso de capitales financieros. Para peor, producto de la desregulación casi total de la cuenta capital que había llevado adelante el Banco Central entre 2016 y 2017, el desarme de las posiciones en pesos se convirtió en la norma, disparando al tipo de cambio en sucesivas oportunidades.

Los distintos saltos del dólar que vienen teniendo lugar desde el año pasado complicaron la capacidad de repago del Tesoro Nacional. Producto de la incertidumbre no solo respecto de la liquidez, sino también acerca de la solvencia de nuestro país, actualmente, los mercados de crédito permanecen cerrados. En consecuencia, el macrismo legará una deuda pública relevante en moneda extranjera elevada y una capacidad de pago acotada. Para peor, una parte importante de estos pasivos vence en el corto plazo -USD 26.000 millones en la primera mitad del 2020, prácticamente duplicando a las Reservas netas actuales-. Por lo tanto, la renegociación de estos vencimientos será una de las primeras acciones que deberá llevar adelante el equipo económico de Alberto Fernández, tan relevante como inmediata.

Esta renegociación limitará los grados de libertad en materia de política económica. Por caso, la situación fiscal primaria -que pasó de un rojo de 4% del PBI en 2015 a la zona de 0,5% en 2019 en un período donde cayó la actividad económica y se relajó la presión tributaria- deberá seguir corrigiéndose, ya que, sin un sendero consistente, cualquier reestructuración de los pasivos tendrá pocas chances de éxito. Por lo tanto, si bien la situación de las cuentas públicas es mejor que la recibida, lo cierto es que las políticas posibles en este frente continúan siendo limitadas: los acreedores obligan a llevar adelante un sendero fiscal austero, limitando el set de políticas viables.

Por otra parte, el déficit externo dejó de ser un problema por la arista comercial: en este contexto de demanda deprimida y dólar caro, que estimula las exportaciones y desalienta las importaciones, el saldo de la cuenta bienes y servicios es superavitario. Ahora bien, también en este contexto de importantes pagos externos y casi nulo financiamiento, la cuenta capital arrojará un déficit significativo. En consecuencia, aunque se alivianaron las necesidades comerciales -principalmente producto de la crisis, no por un cambio de estructura productiva que haya desarrolado un boom exportador-, lo cierto es que los problemas en este frente son urgentes.

Este “pasivo” explica la reimposición de los controles cambiarios. Una vez más, y repitiendo la historia por enésima vez, nuestro país chocó con la restricción externa: la escasez de divisas es uno de los principales frentes que deberá atender Alberto Fernández. En esta oportunidad, el problema apareció por razones financieras, no por motivos comerciales. Dicho esto, vale resaltar que el cepo actual es “formal”, es decir, que posee comunicaciones explícitas que lo respaldan. En consecuencia, aunque también tiene contratiempos, sobre todo en el mediano plazo, estos son menores a los de 2015.

Por último, resta analizar las correcciones de precios relativos. Si bien es cierto que nos acercamos a un esquema más favorable a la producción, y que se corrigió casi todo el atraso cambiario y tarifario, el salario real perdió 20% en los últimos dos años. Por lo tanto, y ante la llegada de un gobierno cercano a los sindicatos, es probable que los trabajadores demanden una recomposición de su poder adquisitivo -la máxima que este contexto recesivo y de aumento del desempleo con precarización de puestos de trabajo permita-. En consecuencia, aunque el set de precios relativos sea más consistente, el mismo seguirá sufriendo correcciones.

En resumen, las dos herencias serán pesadas. Sin embargo, las urgencias no reposarán sobre los mismos puntos: mientras que antes el bajo stock de deuda pública relevante era un activo, ahora será el principal pasivo; por el contrario, mientras que en 2015 el rojo fiscal y el de cuenta corriente eran los principales aspectos para atender, en 2019 serán los encargados de brindar el alivio y de, en el mejor de los casos, llevarnos a una renegociación

Con la designación de Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía, Matías Kulfas a cargo de Producción y Miguel Ángel Pesce como Presidente del BCRA, ya se conocen los encargados de dirigir la política económica del gobierno de Alberto Fernández. Resta aún conocer el plan económico que aplicarán y cómo funcionará la coordinación entre las distintas carteras.

-Si utiliza un dispositivo iOS, recuerde tener desactivado el botón de MUTE para poder escuchar el audio de este video-

Pese a que no hay precisiones del plan económico, La estrategia de no pedir nuevos desembolsos al FMI acelera negociación con privados. Mientras tanto productores y exportadores agrícolas adelantan ventas por posible suba de retenciones tras el cambio de gobierno.

-Si utiliza un dispositivo iOS, recuerde tener desactivado el botón de MUTE para poder escuchar el audio de este video-

Con el dólar oficial anclado en 60 ARS/USD, la elevada inflación y la depreciación de las monedas de la región, el tipo de cambio real es apenas competitivo. No parece haber margen para bajar la inflación anclando el dólar oficial.

-Si utiliza un dispositivo iOS, recuerde tener desactivado el botón de MUTE para poder escuchar el audio de este video-

Desde el endurecimiento del cepo, el BCRA viene acumulado reservas para evitar la apreciación del tipo de cambio oficial y la brecha con las cotizaciones paralelas descendió levemente. Para no repetir la historia del cepo 2012-15, el tipo de cambio real oficial no debería atrasarse.

-Si utiliza un dispositivo iOS, recuerde tener desactivado el botón de MUTE para poder escuchar el audio de este video-

Como se preveía, las presiones cambiarias y financieras fueron en ascenso a medida que se acercaban las elecciones presidenciales. Por caso, la semana anterior al domingo 27 de octubre, el tipo de cambio oficial trepó casi 3% pese a que el BCRA vendió casi USD 2.700 M de reservas internacionales (más de USD 500 M por día). Vale destacar que, en la previa electoral, la brecha con las cotizaciones paralelas se incrementó significativamente y se intensificó el retiro de depósitos en dólares del sistema financiero local.

Tras la confirmación del triunfo en primera vuelta de Alberto Fernandez, todas las miradas estaban puestas en el día después de las elecciones: el antecedente de lo sucedido tras las PASO no era un buen augurio. Sin embargo, la transición comenzó con el pie derecho: Mauricio Macri, que logró superar el 40% de los votos afirmativos, felicitó al presidente electo y lo convocó a desayunar al día siguiente para coordinar el traspaso de cara al 10 de diciembre. Alberto Fernández aceptó el convite y a última hora del domingo el BCRA restringió la compra de divisas por parte de particulares (de USD 10.000 a USD 200 por mes).

Al cierre de la semana post elecciones, las presiones cambiarias menguaron: el BCRA volvió a comprar divisas en un mercado más pequeño producto de las restricciones, mientras que la brecha con el dólar paralelo se redujo respecto de la previa a los comicios. Esta mejora respondió a: el fin de la incertidumbre electoral; la mayor paridad entre las dos principales fuerzas políticas; y la iliquidez de pesos de los individuos producto de la compulsiva dolarización previa. Pese a que la calma es transitoria, es relevante de cara a una transición ordenada al 10 de diciembre.

Queda claro que las presiones están aún latentes: incluso si se frenan las ventas de divisas para contener al tipo de cambio oficial, la caída de Reservas seguirá (aunque a menor ritmo) producto de los pagos de deuda pública en moneda extranjera. Asimismo, las mayores restricciones cambiarias tenderán a aumentar la brecha y a desincentivar la inversión, muy golpeada en los últimos meses.

Sin embargo, si la colaboración entre el presidente saliente y el entrante persiste, es posible incluso que algunas medidas puedan consensuarse para comenzar a encarar los problemas económicos existentes antes del cambio de administración.

Cuesta creer que esto suceda en nuestro país pero el BCRA modificó su accionar en la semana post elecciones, implementando medidas que se aproximan al libreto de campaña de Alberto Fernández. Por caso, el Central cuidó las Reservas y el tipo de cambio oficial, aumentando las restricciones cambiarias. Asimismo, avanzó en la baja de la tasa y del stock de LELIQ, reduciendo la ganancia de los bancos (ya no pueden integrar encajes de depósitos a la vistas con letras y notas remuneradas) y habilitó la posibilidad de aumentar los adelantos transitorios (emisión) para financiar el bache fiscal del último mes del año.

Una transición cooperativa no nos va a sacar de la crisis económica pero le da tiempo al próximo gobierno de diseñar una hoja de ruta que muestre paso a paso cómo ir resolviendo en forma conjunta los principales problemas de la argentina. Además, evita que el próximo presidente tenga que tomar medidas impopulares como el endurecimiento del cepo o el descongelamiento de los combustibles.

Está claro que el tema más urgente a resolver es la deuda pública nacional en moneda extranjera que no está en manos de otros organismos del sector público. Con escasas Reservas, sin acceso al mercado financiero, ni nuevos desembolsos del FMI, será muy difícil honrar los elevados servicios de deuda que se concentran en la primera mitad del año que viene.

En función de cómo se decida descomprimir dichos servicios (reperfilamiento, quita, cesación de pago) quedará definido el esfuerzo fiscal necesario para despejar dudas sobre el sendero de sostenibilidad de la deuda. Asimismo, dicha política fiscal tiene que ser al menos compatible con una trayectoria de magro crecimiento y contención de las tensiones sociales. Por último, las políticas monetaria, cambiaria y de ingresos, tienen que acompañar el plan tratando de minimizar cambios de precios relativos y atacar la inercia inflacionaria.

Pese a que trazar un plan económico consistente es clave, no es condición suficiente para salir de la crisis. Los funcionarios designados para implementar la hoja de ruta tienen que tener la pericia para solucionar los imprevistos que surjan en el camino.