El cumplimiento de la meta de equilibrio primario será la condición central que permita o impida al gobierno recibir los fondos acordados con el FMI. Sin embargo, la principal preocupación en el corto plazo parece ser moderar la inflación. A pesar de mejorar el “humor social”, este objetivo no necesariamente va por el mismo camino que alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas. Una desaceleración abrupta de la inflación podría deteriorar el resultado fiscal. En este sentido, un ritmo mayor de aumentos podría ayudar a alcanzar el déficit cero, dependiendo de cuáles sean los drivers que lo impulsen.
Para entender por qué y los distintos escenarios posibles, realizaremos un pequeño ejercicio. En él, compararemos dos proyecciones: nuestro escenario más probable para 2019 y uno alternativo en que la inflación promedio anual es 10 p.p. mayor al mismo. Realizamos la proyección con los precios promedio en lugar usar la variación i.a. que compara ambos diciembres, porque los ingresos y gastos se acumulan durante todo el año. Así, en el primer caso esta medida será de 40% y en el segundo de 50%.
Los ingresos del sector público tienen una relación estrecha con la inflación: un tercio de la recaudación corresponde al cobro de IVA, que es un porcentaje sobre la facturación final de los bienes y servicios. Lo mismo ocurre con muchos otros impuestos, cuya percepción aumenta con incrementos nominales de la base imponible. De esta manera, saltos en la inflación no modificarían significativamente la recaudación en términos reales, ya que la incrementarían nominalmente en línea con el aumento de precios, siempre y cuando no afecten el nivel de actividad. Estimamos que los ingresos reales del sector público crecerán ligeramente en 2019 en cualquiera de los dos escenarios planteados, de no mediar nuevas modificaciones en la estructura tributaria.
Pero las erogaciones del Estado también dependen de la nominalidad de la economía. Las prestaciones sociales (jubilaciones, asignaciones sociales, pensiones, etc.) están indexadas al Índice de Movilidad Jubilatoria. Estas partidas representan casi el 60% del gasto primario y se actualizan automáticamente con la inflación y los aumentos salariales formales pasados. El rezago temporal entre el aumento de estos y su reflejo en los beneficios sociales es de dos trimestres. Por esto, cuando la inflación se acelera, las jubilaciones y asignaciones pierden poder adquisitivo y el gasto en prestaciones sociales cede lugar como porcentaje del PBI. Por el contrario, cuando la inflación cae, estas partidas crecen en términos reales. En nuestro escenario más probable, las prestaciones sociales recuperarán el terreno cedido en la segunda mitad de 2018 y cerrarán el año en el mismo nivel, generando que el gasto primario se contraiga 8% deflactado (por la reducción de otras partidas). Sin embargo, en caso de haber una mayor inflación, el gasto social se licuaría 6% en el año y las erogaciones primarias caerían 13%, descontando el aumento de precios.
Así, de aumentar considerablemente la inflación, el rojo fiscal primario se contraería, al licuarse el mayor rubro del gasto. De esta forma, el déficit primario lograría quedar contenido en la salvaguarda por gasto social del stand-by -en caso de aplicarse, permite un rojo primario de hasta 0,2% del PBI-. De esta manera, una mayor inflación podría ayudar al gobierno en sus objetivos. A pesar de esto, la clave estará en cuál sea el motor de la inflación. El resultado obtenido no es el mismo dependiendo del origen del shock que impacte los costos e impulse los precios.
Si una inflación más alta se desatara por una nueva escalada del dólar, nos encontraríamos ante una situación fiscal adversa. En este caso habría, además de movimientos nominales más amplios, un golpe a la actividad económica. La profundización y prolongación de la crisis haría caer los ingresos tributarios del Estado, no sólo vía impuestos, sino también a través de una menor recaudación por aportes y contribuciones a la seguridad social (de aumentar el desempleo y/o deteriorarse los salarios formales). Por el diseño del nuevo esquema de derechos a las exportaciones, una depreciación tampoco incrementaría significativamente estos ingresos, que están definidos como un monto fijo de pesos por dólar exportado. También, se dispararía el gasto en subsidios energéticos, debido a que la estructura de costos de generación eléctrica está dolarizada. Por último, saliendo de las cuentas primarias, crecería el gasto en intereses, debido a que la deuda pública está denominada principalmente en moneda extranjera.
Un escenario diferente sería aquel en que la inflación sea traccionada por aumentos de tarifas. Si lo que pagan los consumidores por los servicios públicos subiera por encima de nuestras estimaciones, el efecto sería ambiguo: los subsidios a la generación, transporte y distribución de energía se contraerían, reduciendo el gasto, pero la caída de la actividad haría caer también a los ingresos. Sin embargo, creemos que este evento tiene poca probabilidad de ocurrencia, en la medida en que el gobierno pueda alcanzar la meta fiscal sin recurrir a ello, dado que sería contraproducente para sus objetivos políticos en un año electoral.
Un último escenario sería que la inflación sea dinamizada por un aumento de salarios privados, que dé un impulso adicional a los costos de las empresas. De ocurrir, los ingresos fiscales subirían por mayores aportes y contribuciones a la seguridad social, mayores impuestos directos y, en general, una recuperación más rápida y sostenida del nivel de actividad. Este sería el caso ‘positivo’: el gasto crecería por debajo de la inflación, por el rezago en la indexación de las prestaciones sociales, y los ingresos treparían por la mejora en la economía real que provocaría una suba de salarios.
De cara al 2019, y frente a todas las posibilidades mencionadas, la última parece ser la más favorable. Aumentos salariales mayores, a pesar de postergar la lucha contra la inflación, contribuirían a descomprimir una economía real estancada y, al mismo tiempo, obtener mejores resultados fiscales. En este sentido, el objetivo presupuestario del gobierno podría complementarse con el político.
