En la última década, la inflación se ubicó sistemáticamente por encima del 20% anual, volviéndose parte de la vida cotidiana y anclándose en la formación de expectativas de los agentes económicos. De esta forma, se volvió normal que algunos precios subieran porque otros habían subido antes: aun cuando no hubiera factores puntuales que la explicaran, la inflación persistía. Como resultado, la misma se tornó más resiliente y difícil de desarmar.
Para atenuar esta “inercia inflacionaria”, Alberto Fernández asumió con el objetivo de concertar un acuerdo de precios y salarios que quedó trunco por la pandemia. Sin embargo, la cuarentena funcionó como política antiinflacionaria, aunque de manera poco tradicional y deseable: tras más de dos años, la suba de precios perforó el 2% mensual en abril y mayo. ¿Es sostenible esta nueva dinámica? ¿llegó para quedarse o solo durará lo que las restricciones?
Corresponde analizar los múltiples factores que hacen al proceso inflacionario para encontrar una respuesta. La suba de precios cederá de manera persistente solo si todos estos motores se apagan.
Vayamos primero entonces por aquellos que permiten avizorar cierto optimismo. En este sentido, destacan los precios regulados: tras acumular una suba del 130% entre 2018 y 2019, los mismos treparon cerca de 5% entre enero y mayo de 2020, menos de la mitad que el componente Núcleo del IPC Nacional del INDEC. El derrumbe de los precios del petróleo y la delicada situación social que dejará la cuarentena inducen a pensar que su dinámica seguiría acotada en los próximos meses. Por lo tanto, no tendríamos mayores presiones por esta vía en el corto plazo.
Por otra parte, en un año “normal”, la mayoría de las paritarias tienen lugar entre marzo y junio, sumando presiones adicionales a la inflación, a través de la suba del costo laboral. Sin embargo, por razones obvias, en 2020 no se están llevando a cabo. Más aún, muchos gremios están negociando bajas de salarios o pagos en cuotas a cambio de estabilidad de los puestos de trabajo. En consecuencia, estas presiones todavía no aparecieron.
Aunque el aumento de desempleo y la profundización de la recesión atenuarían las demandas de recomposición del poder adquisitivo de los trabajadores, las actualizaciones salariales probablemente tendrán lugar una vez superada la pandemia. Por lo tanto, la cuarentena pospuso y aminoró las tensiones provenientes del frente salarial, pero no las eliminó.
En otro orden, las restricciones propias del aislamiento y su división entre actividades esenciales y no esenciales alteraron el set de precios relativos. Por caso, la suba de alimentos se ubicó cómodamente por encima del nivel general, a pesar de los precios máximos introducidos por el Ejecutivo. A contramano, rubros como Esparcimiento o Educación, que operan con importantes obstáculos o directamente no lo hacen, quedaron rezagados. Asimismo, rubros como Comunicaciones o Medicamentos mostraron evoluciones negativas en los últimos meses, producto de disposiciones oficiales. Buena parte de estas dinámicas particulares quedarían atrás una vez pasada la cuarentena, por lo que el cambio en el set de precios relativos sería acotado. De hecho, esperamos que los precios de los rubros no esenciales muestren un mayor dinamismo en el segundo semestre, sumando argumentos a favor de una aceleración inflacionaria.
En este sentido, cabe destacar que es probable que la suba de precios del Área Metropolitana de Buenos Aires (IPC GBA) quede rezagada en relación con el resto del país en mayo y junio. La apertura de la cuarentena por regiones provocará que el índice Nacional promedie las situaciones heterogéneas que convivirán en las distintas zonas del país.
Volviendo a los componentes del proceso inflacionario, vale destacar que la cuarentena disparó el gasto primario y desplomó la recaudación del Sector Público Nacional (la dinámica es similar aunque menos intensa a nivel provincial), provocando un mayor rojo fiscal. Dado que los mercados de crédito en pesos y dólares no convalidan un mayor endeudamiento del Tesoro Nacional, éste se está financiando con emisión monetaria. De hecho, la asistencia del Banco Central al Tesoro alcanzó los ARS 740.000 millones en abril y mayo, acumulando casi 3% del PBI. Este exceso de liquidez y la incertidumbre propia de la economía argentina, aumentada por el Coronavirus y la negociación de la deuda pública, impulsaron la demanda de dólares paralelos, elevando la brecha cambiaria de 40% a 80% entre mediados de marzo y mayo.
Las crecientes expectativas de depreciación del dólar oficial redujeron la oferta e impulsaron la demanda de divisas en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC). Para evitar que dicha presión generara un salto del dólar oficial, y en consecuencia de la inflación, la autoridad monetaria vendió casi USD 1.500 millones de Reservas desde el 15 de abril.
Como resultado, las Reservas netas perforaron USD 10.000 millones a fines de mayo, forzando al Banco Central a endurecer el cepo cambiario. Desde entonces, aquellas firmas que tengan “activos líquidos en moneda extranjera” o hayan cancelado deudas con proveedores externos en lo que va de 2020 no podrán comprar divisas oficiales para importar. Asimismo, se extendió la prohibición de acceso al MULC a aquellas empresas que hubieran vendido títulos valores en moneda extranjera (realizado contado con liquidación o dólar MEP) en los últimos 90 días.
Si bien esta medida evitó la devaluación del dólar oficial en el corto plazo, también le restó relevancia para la formación de precios. Cuantas menores sean las posibilidades de acceder al MULC, mayor será el impacto de las cotizaciones paralelas en las importaciones y, por ende, en el nivel de precios. Por lo tanto, esta medida tendría un efecto inflacionario en el corto plazo. Ahora bien, si esta prohibición de operar en el MULC fuera percibida más como transitoria que como permanente, se podrían postergar la importación y/o las ventas de bienes provenientes del exterior, a la espera de definiciones sobre el costo de reposición (¿al dólar oficial o al financiero?). En este caso, tendría un mayor impacto sobre la actividad que sobre los precios. De todas maneras, lo más probable es que el resultado sea una combinación de ambos efectos: menores importaciones y más inflación.
En resumen, se acumulan argumentos como para sostener que la baja de la inflación será más transitoria que permanente y que la misma volvería a los niveles pre-cuarentena, o incluso los superaría, una vez pasadas las restricciones. Paritarias que se desarrollarán algunos meses más tarde de lo usual y la mayor importancia del dólar paralelo para la formación de precios serán las claves de esta dinámica. En este marco, proyectamos que la inflación superaría el 45% en 2020, de modo que la inercia entraría tan viva a 2021 como durante los últimos diez años.
