Perú | La economía se contrajo 18,1% en junio

Economía

Según las últimas cifras oficiales, la economía peruana se contrajo -18.1% interanual en junio de 2020 (-32.8% en mayo). Este resultado fue mejor de lo esperado y responde principalmente al desempeño positivo de algunos sectores primarios (pesca con +48.1% y manufactura primaria con +8.6%) y a las menores caídas de otros no primarios (manufactura no primaria y construcción). Esto último en línea con la acelerada puesta en marcha de las fases 2 y 3 del plan de reinicio de actividades. Este mayor dinamismo continuaría en julio, e incluso agosto. No obstante, en los meses siguientes es probable que la tasa de caída deje de reducirse. Ello debido a la postergación de la puesta en marcha de la fase 4 del reinicio de la economía. Esta, que representa el reinicio de un conjunto de actividades por alrededor del 5% del PBI, fue programada para comienzos de agosto, pero se ha puesto en pausa debido al incremento de contagios por covid-19.

Política

Durante la primera semana de agosto, el Congreso asestó un duro golpe al Ejecutivo, lo que inició una nueva ronda de tensiones. En medio de la recesión y crisis sanitaria, el Legislativo negó la confianza al gabinete ministerial encabezado por Pedro Cateriano, presionándolo a renunciar (de acuerdo con la Constitución Política del Perú). Así, el presidente Martín Vizcarra se vio obligado a optar por otro presidente del Consejo de Ministros, aunque esta vez más cercano a él: el General(r) Walter Martos (exministro de defensa). Este nuevo gabinete recibió el voto de confianza por amplia mayoría.
Si bien esto último generó cierta tranquilidad, no necesariamente implica una mejora en las relaciones Congreso y el Ejecutivo. Hay dos temas concretos que será necesario seguir para ver cómo evoluciona dicha relación. El primero, es el curso de la investigación que se le ha abierto a la ministra de economía, por supuestas contrataciones de sus familiares con el Estado. Esta ministra es vista como la principal opositora a las propuestas populistas de algunos congresistas. El segundo, vinculado a esto último, tiene que ver con la intención del Congreso de seguir impulsando proyectos de ley que, sin duda, minan el modelo económico.

Endurecimiento del cepo: controles para todos

Pese a que ayer se presentaba el proyecto de Presupuesto 2021, el Banco Central sorprendió endureciendo las restricciones cambiarias existentes. Los principales cambios son: i) restringir el acceso al mercado de cambios oficial para las empresas con deudas financieras mayores a USD 1 millón mensual -sólo podrán comprar el 40% del capital a vencer en el mercado oficial, debiendo de hacerse “por las suyas” del 60% restante-; ii) incluir las compras con tarjetas de crédito en el cupo mensual de USD 200 para las personas humanas y sumar una percepción adicional del 35% a cuenta del impuesto a las ganancias/bienes personales en las compras de dólar “solidario”; y iii) mayores restricciones en la operatoria del contado con liquidación (extensión del parking para cambio del Agente de custodia, prohibición de operación a los no residentes) y menores para la venta de divisas.

Deudas financieras de empresas

 En primera instancia, se impuso un límite para la compra de divisas por parte de empresas para cancelar deudas financieras -no con proveedores comerciales u obligaciones en cuenta corriente- con vencimientos superiores a un millón de dólares mensual en los próximos seis meses. El Banco Central “invitó” a estas firmas a reestructurar el 60% restante de sus pasivos, consiguiendo mejores plazos de pago -al menos dos años-, o a honrar sus compromisos con dólares propios.

El riesgo país suele funcionar como un piso para el costo de financiamiento de las firmas de un país en el exterior. En el caso argentino, esta tasa roza 12% en dólares. En consecuencia, además de escasas, las opciones de reestructuración son caras. En otro orden, los “dólares propios” se valúan a ARS 130 -tipo de cambio paralelo-. Por lo tanto, se complejizó bastante la situación de las empresas endeudadas en moneda extranjera: si no logran relajar los plazos de pago, sufrirán “reponderación” del costo de su deuda (40% al oficial y 60% al paralelo) que tendrá impacto patrimonial.

Para evitar una cesación de pagos, algunas firmas podrían intentar fijar sus precios usando como referencia un dólar “celeste”: 40% oficial y 60% paralelo. Si bien esta decisión tendría un impacto acotado sobre la inflación, ya que la competencia y la recesión limitan las posibilidades de aumentar los precios, incrementaría el valor de algunos bienes o servicios transables -por las características de la mayoría de las empresas endeudadas en moneda extranjera-.

Dólar ahorro minorista

La segunda medida atañe a las personas físicas que sólo pueden gastar (con tarjeta o atesoramiento) USD 200 por mes al oficial. La compra de dólar ahorro de personas humanas rozó USD 1.000 millones en agosto -casi cinco millones de individuos usaron su cupo- y la salida de divisas por viajes al exterior acumuló USD 1.300 millones entre enero y julio de 2020 (casi USD 4.000 millones en igual período de 2019, sin la tríada pandemia/cierre de fronteras/cepo).

Además, se incorporó una retención al dólar ahorro: un 35% de recargo, deducible del impuesto a los bienes personales y ganancias, percibido por AFIP y cobrado sobre el valor del dólar oficial, sin tener en cuenta el impuesto PAIS en el cálculo. De esta forma, la compra de dólares minorista pasó de la órbita de 100 ARS/USD a la zona de 130 ARS/USD, poniendo un piso muy elevado a las cotizaciones paralelas.

Cambios en la operatoria en los mercados financieros paralelos

Por último, si bien se trabó más la operatoria del dólar contado con liquidación, también se removieron restricciones en el dólar bolsa o MEP.  Se llevó de cinco a quince días hábiles el parking -plazo mínimo de tenencia- para el cambio del Agente de custodia y se prohibió la operación a no residentes. De manera contraria, se eliminó el parking para personas humanas que quieran liquidar en moneda local bonos adquiridos en cualquier especie.

Conclusiones

Con estos cambios, es probable que en el corto plazo se frene la sangría de reservas netas del Banco Central, actualmente ubicadas por debajo de los USD 8.000 millones. De esta manera, el BCRA podría continuar con el deslizamiento a velocidad crucero del dólar oficial (entre 2,5-3% mensual) acotando la venta neta de divisas (que acumulan más de USD 2.700 millones desde julio).

No obstante, como también se agravará la brecha, entendemos que la percepción de que el dólar oficial está atrasado aumentará. Como respuesta, las maniobras para eludir la liquidación de divisas en el mercado oficial persistirán: pese a que las presiones se atenuarán, ya que el golpe a la demanda será mayor que a la oferta, la venta de divisas también se resentirá (el talón de Aquiles del cepo cambiario). Asimismo, la medida será válida solo en el futuro inmediato: en cuanto la operatoria y las nuevas regulaciones se normalicen, las restricciones endurecidas pasarán a quedar “cortas” -tal como sucedió, por ejemplo, con la comunicación A7030 de fines de mayo-.

En síntesis, el cepo reforzado relajará algunas tensiones en el mercado de cambios oficial en el corto plazo ayudando al Central a controlar el deslizamiento del tipo de cambio oficial. Sin embargo, el mercado cambiario (MULC) se vuelve menos relevante: algunas empresas endeudadas en moneda dura podrían usar las cotizaciones paralelas como referencias para la formación de sus precios.

En materia de actividad, el efecto de la medida será mayor: algunas empresas grandes sufrirían un negativo impacto en su hoja de balance y podrían incluso caer en default. Asimismo, el continuo cambio de reglas en el mercado cambiario potencia la incertidumbre posponiendo la inversión y paralizando las decisiones de producción y gasto.

Por último, pese a que el Ejecutivo logró reestructurar 99% de los bonos soberanos en moneda dura (ley local y extranjera) y apostaba a que la presentación del Proyecto de Presupuesto 2021 termine de “tranquilizar” la economía, las medidas anunciadas por el BCRA alertaron a los agentes económicos. Sin recomponer la confianza/expectativas, la huida del Peso puede profundizarse y el retiro de depósitos en dólares del sistema financiero reanudarse.

Paraguay | El PBI caería 3,5% en 2020

Economía

El 28 de julio, el Banco Central del Paraguay realizó la actualización de su proyección de crecimiento para el Producto Interno Bruto Real, al cierre de 2020. El escenario, con respecto al presentado durante el mes de abril, muestra una mayor reducción para la actividad económica. En efecto, el PIB caería 3,5%. El sector terciario es el que evidenciaría el mayor descenso interanual (6,7%), seguido por el secundario (2,3%). Contrariamente, pronostican un incremento de 8,0% en el sector primario. Para el PIB por el lado del gasto, estiman una caída en el consumo privado de 7,0%, mientras que el público y la formación bruta de capital fijo aumentarían 5,0% y 1,5%, respectivamente. Por su parte, tanto las exportaciones como las importaciones evidenciarían descensos de 4,5% y 5,1%, en cada caso.
Cabe señalar que, este escenario se encuentra en línea con la estimación que se realizó, desde MF Economía, a inicios del mes de julio (-3,3%). Para el año 2021, nuestra proyección apunta a un crecimiento de 6,0%, motorizado, en mayor medida, por un sector agrícola estable; normalización de las actividades del sector servicios; recuperación de la manufactura y el impulso de la construcción.

Política

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el marco de la Ley N° 6.524 que declara Estado de Emergencia en el Territorio Nacional, para enfrentar los efectos de la pandemia de la COVID-19, decretó la implementación de un régimen especial y transitorio para el Impuesto al Valor Agregado (IVA), aplicable a los servicios de alojamiento en hoteles; agencias de viajes; actividades de operadores turísticos; restaurantes y lugares de eventos. En este sentido, se dispuso que la tasa del IVA pasará de 10,0% a 5,0%. El decreto tendrá una duración desde el 01 de agosto de 2020 hasta el 30 de junio de 2021. Adicionalmente, el presidente firmó el reglamento de un programa de asistencia para los trabajadores informales de las ciudades fronterizas, que proviene de una iniciativa parlamentaria. Se trata de un subsidio que podría ser otorgado hasta en cuatro ocasiones, sujeto a la disponibilidad presupuestaria. Además, lo puede percibir como máximo dos miembros del hogar. La transferencia sólo se utilizará para la compra de productos básicos de la canasta familiar; de limpieza y del área sanitaria.

Muchas regulaciones, muchas inflaciones: muchas presiones latentes

La pandemia y la cuarentena tuvieron un impacto muy negativo en materia de actividad y puestos de trabajo, golpeando sensiblemente la capacidad de compra de las familias. En este marco, y para evitar un deterioro aún mayor, el Poder Ejecutivo respondió con distintos programas que buscaban contener la suba de precios, al menos en el corto plazo.

En este sentido, no es casual que la inflación haya promediado menos de 2% mensual entre abril y julio, muy por debajo del casi 4% de cierre de 2019 y del 2,5% del primer trimestre de 2020. No obstante, más allá de esta dinámica “positiva” del nivel general, aparecieron fuertes heterogeneidades hacia el interior del proceso inflacionario.

Por este motivo, analizar de manera desagregada el índice de precios al consumidor nos permitirá comprender mejor qué pasó en los últimos meses, entiendo así qué bienes y servicios quedaron “adelantados” y cuáles rezagados. Utilizando los microdatos del IPC GBA Ecolatina, armamos distintos índices, según los grados de libertad disponibles para ajustar los precios. Como punto de partida, tomamos las tres categorías del INDEC -Regulados, Estacionales y Núcleo-, a la par que abrimos la más relevante en IPC Núcleo Controlado e IPC Núcleo Libre. Veamos entonces qué contiene cada uno y qué nos dice sobre el futuro.

El IPC Regulados comprende alrededor de un quinto del IPC total y abarca a los bienes y servicios que el gobierno controla casi de manera directa o que poseen un elevado componente impositivo. En este grupo aparecen las tarifas de servicios públicos, los combustibles y los cigarrillos, entre otros. Entre enero y agosto, esta categoría subió 8% (aportando 2,0 p.p. al Nivel General), mientras que el IPC GBA Ecolatina trepó 19%. Aparece entonces la primera luz amarilla de sostenibilidad: solo en este año, el atraso acumulado habría sido cercano a 10 p.p.

El segundo subgrupo que menos subió fue el IPC Core Controlado, compuesto por bienes de consumo masivo, como ser alimentos y bebidas, productos de limpieza y de cuidado personal, que fueron afectados por los planes de Precios Máximos y Precios Cuidados. Este conjunto, que representa un quinto del IPC, avanzó solo 15% entre enero y agosto. No obstante, esta suba se explica por un salto de 8,4% en el primer trimestre pre pandémico y de menos de 6% entre abril y agosto (concentrada en los últimos dos meses, cuando acumuló un alza de casi 5%, producto de las autorizaciones de la Secretaría de Comercio).

Ahora bien, lo que fue alivio durante la cuarentena podría ser un problema para la pos-pandemia: los precios de estos bienes, esenciales para cualquier canasta de consumo, quedaron muy rezagados frente a los demás. En consecuencia, y algo de eso ya se empezó a vislumbrar con el descongelamiento de Precios Máximos en los últimos dos meses, sumarían presiones en el corto plazo.

En este sentido, conforme a nuestras estimaciones, sin el programa de Precios Máximos, el avance del IPC Core Controlado habría rondado el 20%, sumando casi 1,5 p.p. a la inflación general acumulada en los primeros 8 meses del año. Por lo tanto, cuando este programa se flexibilice, correspondería esperar una aceleración en la suba de estos precios, que obviamente impactará de lleno en el Nivel General.

Por su parte, el IPC Core Libre, acumuló un alza de 26% en los primeros ocho meses de 2020, repartido de manera bastante similar a lo largo del año (3,0% promedio en el primer trimestre y 2,9% entre abril y agosto). Este grupo explica la mitad del Nivel General de precios y está compuesto por los precios de bienes y servicios sin regulaciones, componente estacional y/o precios máximos/cuidados.

Más allá de esta dinámica relativamente uniforme, por el tamaño en el índice y la amplia gama de rubros que comprende cabe detenerse este punto. En primera instancia, resalta la aceleración de Equipamiento del hogar y de Equipos electrónicos en los últimos tres meses: desde que el Banco Central publicó la Comunicación A7030, que obliga a algunas empresas de ramas “no esenciales” a importar con dólares propios, los precios de estos dos capítulos avanzaron 16,7% y 14,0%, entre junio y agosto, acumulado una suba de 40,2% y 38,0% en los primeros ocho meses del año.

En un sentido similar, resalta la dinámica de Aquileres: acumulan una suba de 30,6% en el año, explicada por un salto de 18,1% en los últimos tres meses, casualmente, luego de que se sancionara la ley que rige y limita sus actualizaciones futuras. Se observa de esta manera cómo, a pesar de la dinámica relativamente homogénea a lo largo del año, el IPC Core Libre contiene importantes disparidades en su interior.

En último lugar, aparece el IPC Estacionales, que explica casi el 10% restante del IPC. En este caso, la suba también alcanzó el 26% en el acumulado enero-agosto, pero por su heterogeneidad y, tal como su nombre lo indica, estacionalidad, es poco lo que hay para decir y analizar en la materia.

De cara a los próximos meses, entonces, la situación empieza a complejizarse. A pesar de que el gobierno congeló las tarifas de televisión por cable e internet hasta fin de año, y que no habría aumentos en los servicios públicos, aun cuando los subsidios económicos se hayan duplicado en relación con 2019 (superan 1,5% del PBI en el acumulado enero-agosto 2020), las tensiones inflacionarias reaparecerían.

Esta dinámica obedecería en parte a algunas actualizaciones salariales y revisión de Precios Máximos, y en mayor medida a las presiones cambiarias que posiblemente se terminen trasladando al nivel de precios. En este marco, proyectamos que la inflación se aceleraría hacia fines de año y cerraría el 2020 apenas por debajo del 39%, promediando un 4% mensual en el último cuatrimestre.

Para peor, y antes de cerrar, vale remarcar que, aún con esta aceleración, muchas correcciones de precios relativos quedarán pendientes para 2021: a las mencionadas tarifas de servicios públicos y privados, se sumarían algunas actualizaciones salariales, nuevas flexibilizaciones de Precios Máximos y, posiblemente, más presiones sobre el tipo de cambio. Por lo tanto, la aceleración inflacionaria no sería solo cuestión de fines de este año: también persistiría una vez entrado el año electoral.

México | Se perdieron casi un millón de empleos entre enero y julio

Economía

El pasado 30 de julio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados de la estimación oportuna del Producto Interno Bruto para el segundo trimestre de 2020, con una contracción a tasa anual del orden de -18.9%, la más profunda desde que se tiene registro. Si bien se espera que este sea el resultado más bajo en el año, en el tercero y cuarto trimestres también esperamos tasas negativas. En Consultores Internacionales, S.C. esperamos que 2020 registre una contracción en el PIB entre -9.8% y 11.5%. Según INEGI 9 de cada 10 empresas han sufrido afectaciones por la crisis económica, principalmente por la baja en los ingresos, la disminución de la demanda y la falta de insumos o producción. Si bien, ha iniciado ya el proceso de reapertura económica, no hay ninguna claridad de que la pandemia esté controlada, incluso ante recientes anuncios sobre la producción y posterior distribución de vacunas. Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) revela que entre enero y julio se han perdido 925,490 empleos, de los cuales 75.1% corresponde a empleos permanentes.

Política

En febrero de 2020, el ex Director de Petróleos Mexicanos (PEMEX) fue capturado en España, acusado por el Gobierno Mexicano de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht por un monto de 10 millones de dólares, que se presume se utilizaron en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Fue hasta el 17 de julio pasado que se extraditó al exfuncionario a México. Se sabe que Lozoya ha presentado una denuncia de hechos, en la que señala entre otros al expresidente y al ex Secretario de Hacienda Luis Videgaray como los responsables de determinar a quién entregar diferentes cantidades de dinero que tuvieron como destino diferentes asesores políticos en el extranjero que operaron la campaña. Según la Fiscalía General de la República (FGR), también se investigan otros sobornos y malversación de fondos que tuvieron como destino la compra de votos de exdiputados y senadores para la ejecución de las reformas estructurales y además pérdidas millonarias para el erario. La FGR ha hecho público que abrió una carpeta de investigación con las pruebas presentadas. Luego de que la opinión pública ha calificado como negativa la gestión de l a crisis económica y sanitaria por parte del Gobierno Federal, el caso de Lozoya podría devolver parte de la confianza al Presidente de cara a las elecciones intermedias en 2021, aunque aún queda prácticamente un año para ello.

Pasada la reestructuración, el desafío es garantizar la sostenibilidad

Esta semana se cerró el canje de los bonos ley extranjera, dando el paso más difícil del proceso de reestructuración de la deuda pública soberana, que había empezado hace algunos meses rearmando la curva de financiamiento del Tesoro en pesos. El resultado del acuerdo fue exitoso: la aceptación llegó al 93,5% y, gracias a la activación de las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC), el 99% de la deuda quedó reestructurada. Dicho de otra manera, la participación de los holdouts quedó reducida a sólo el 1%: cerca de USD 650 millones de los USD 65.300 millones en juego.

El siguiente paso fue el canje de los casi USD 42.000 millones de deuda en divisas bajo ley local, que ya en el período de aceptación temprana consiguió el aval del 98,8% de los tenedores, y que probablemente se amplíe en las dos semanas que restan para el fin de la etapa de aceptación tardía. El elevado porcentaje de aceptación se dio en parte, gracias a la alta tenencia del sector público de estos bonos (el piso de aceptación era del 43%), pero además por la penalidad de quedar holdout, que implicaría permanecer con el bono reperfilado hasta diciembre de 2021.

De esta manera, Argentina logró reestructurar más de USD 105.000 millones de su deuda en moneda dura -casi 80% en manos de privados- regularizando gran parte de su situación. Esto le permitirá aliviar de forma significativa los compromisos en divisas en el corto plazo, gracias a la extensión de plazos y a la fuerte reducción en las tasas de interés. En efecto, descontando los compromisos intra-sector público, los vencimientos originales que ascendían a USD 48.000 millones hasta 2024, solo sumarán USD 6.500 millones tras el canje. En otros términos, el acuerdo supone un debt relief de casi USD 41.500 millones en el corto plazo.

El último paso del proceso de reestructuración será la reformulación del préstamo Stand By (SBA) contraído con el FMI en 2018. Descontando el pago de intereses previstos para noviembre, esos pasivos suman casi USD 46.500 millones, de los cuales cerca de USD 5.000 millones vencen el año que viene (entre capital e intereses). Por este motivo, la intención del Gobierno es acelerar las conversaciones para llegar a un acuerdo durante el primer trimestre del 2021.

Por lo tanto, tiene sentido analiza cuáles serían las condiciones del nuevo acuerdo. En este sentido, aparecen dos alternativas principales: la firma de un nuevo Stand By (SBA) o de un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés). Los EFF poseen varias características que los diferencian de los (SBA), aunque las más relevantes residen en qué condicionalidades exigen y qué plazos de desembolso y devolución demandan.

Respecto a las condicionalidades, su “dureza” depende del tipo de problema que el programa busca resolver y, en este sentido, los EFF son más exigentes que los SBA. Concretamente, dado que los SBA buscan dar una respuesta rápida a problemas de financiamiento de corto plazo, las condiciones para sus desembolsos se limitan a metas cuantitativas (niveles de déficit fiscal, de endeudamiento, de reservas internacionales, etc.). En cambio, los EFF se destinan a países con problemas estructurales de balance de pagos y, eventualmente, de crecimiento. En consecuencia, la forma que tiene el FMI de garantizar la devolución del préstamo es exigir adicionalmente una serie de reformas estructurales.

Por caso, los dos últimos EEF firmados por Ecuador (marzo de 2019 y agosto de 2020) incluían reformas tributarias, laborales, de “eficientización” del gasto público (desde moderaciones en los salarios públicos hasta la racionalización de los subsidios energéticos), mayor autonomía del Banco Central y otras modificaciones de orden institucional. ¿Serán iguales las exigencias hacia nuestro país? No necesariamente, pero es probable que involucre algunos de estos aspectos, que podrían requerir pasar por el Congreso y podrían generar algunas rispideces políticas.

En materia de plazos, el EFF es más flexible en cuanto a la devolución del préstamo, dado que los cambios estructurales requieren más tiempo para madurar. A diferencia del SBA, cuya devolución se estipula entre 3 y 5 años, el reembolso en un EFF puede ir de los 4 a los 10 años, pagándose en 12 cuotas semestrales iguales. Por lo tanto, si el nuevo acuerdo se cerrara durante el primer trimestre del año próximo, tal como busca el gobierno, los pagos de un EFF se harían entre 2025 y 2031, a la par que los de un SBA serían entre 2024 y 2027. Como el capital a devolver es igual en ambos casos, las cuotas del EFF son más relajadas que las del SBA.

Planteando ambos escenarios, 2024 y 2025 (dependiendo si se firma un SBA o EFF, respectivamente) serían los años en que comenzaría a devolverse el préstamo del FMI. En el caso del SBA, en 2024 nuestro país debería cancelar USD 9.000 millones con el organismo multilateral, por lo que sumando los USD 3.500 millones a pagar bonistas, los compromisos en moneda dura superarían los USD 12.000 millones.

Asimismo, los vencimientos totales superarían USD 25.000 millones en promedio en 2025 y 2026, pues concentrarían los pagos más fuertes con el FMI. En cambio, bajo un EFF los compromisos más importantes comenzarían en 2025 (USD 12.300 millones) y se mantendrían en torno a los USD 17.00 millones entre 2026 y 2031.

De cara los próximos años, ¿dónde se centrarán los desafíos para que la sostenibilidad de la deuda quede garantizada? Sabemos que estos acuerdos ayudar a calmar las expectativas en el corto plazo, pero aun así será necesario cumplir tres condiciones:

1) Dados los abultados vencimientos en moneda dura a partir de 2025, Argentina deberá recuperar el acceso al mercado voluntario de crédito a una tasa de interés razonable. A favor, el escenario global actual de gran exceso de liquidez ayudaría (desde el inicio de la pandemia, muchos países de la región han tomado deuda a tasas inferiores al 5% anual). No obstante, la tensa relación del gobierno con los mercados podría ser un problema en este sentido.

2) Consolidación de las cuentas públicas, que también estará contenido en el acuerdo con el FMI. Será necesario un programa fiscal que garantice un sendero de reducción gradual del déficit. Según lo adelantó el propio Ministro de Economía, el rojo primario bajaría a 4,5% del PBI en 2021 (según nuestras estimaciones rondaría 7% este año). Aunque también podría interpretarse como la primera jugada en el tire y afloje con el FMI que tendrá lugar en los próximos meses -ser la primera “propuesta” del gobierno en esta negociación-, este porcentaje ya asume cierto ajuste para el año electoral.

3) Lo más importante para el final: nada de esto bastará si la disponibilidad de divisas no alcanza para que el Sector Público “compre” el excedente. Por ende, generar condiciones para un salto exportador del sector privado -o generar un boom de ingreso de inversiones productivas, lo que parece muy poco probable en el corto plazo-, permitiendo ampliar de manera significativa la oferta transable, será clave para poder enfrentar esos vencimientos en moneda dura.

A modo de conclusión, resalta que el proceso de reestructuración de la deuda pública empezó con el pie derecho, pero que todavía queda mucho camino para llegar a buen puerto. El acuerdo que se alcance con el FMI no es trivial y el Gobierno deberá optar entre condicionalidades más estrictas y un cronograma de devoluciones más descomprimido, o de forma alternativa, ganar grados de libertad en materia de política económica, a costa de vencimientos más concentrados y abultados en el corto plazo. Cualquiera fuera el caso, para que la sostenibilidad de la deuda quede garantizada, será necesario romper con la lógica del estancamiento y la falta de dólares de la última década. Ojalá lo logremos.

 

Industria y construcción: continúa la fase de rebote

¿Cómo evolucionaron la construcción y la industria en julio?

 En julio, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) mostró un retroceso de -12,9% i.a., exhibiendo una contracción acumulada del 34,0% i.a. y encadenando 23 meses consecutivos de caída. Asímismo, el indicador se expandió 6,8% en relación con junio, quedando a un paso del nivel que se registraba en febrero (-0,3%) y encadenando tres meses consecutivos de mejoras mensuales.

Por su parte, el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) registró en julio una contracción de 6,9% i.a., acumulando un descenso del 13,4% i.a. en lo que va del año. En este sentido, el retroceso de julio se vio afectado por la buena base de comparación que dejó julio de 2019, mes en el cual algunas actividades se habían recuperado tras el apagón eléctrico y las elevadas precipitaciones.

Además, el indicador exhibió un crecimiento mensual del 2,1%, aunque evidenciando una moderación en la velocidad de recuperación y ubicándose un 8,8% por debajo de febrero. En este sentido, cabe recordar que la primera quincena del mes estuvo signada por mayores restricciones en el AMBA.

Por un lado, la reactivación de la construcción siguió exhibiendo un mayor dinamismo fuera del AMBA, y particularmente en el segmento de la pequeña obra privada asociada a refacciones y/o ampliaciones, las cuales no favorecen la recuperación en los niveles de empleo . En este sentido, en julio volvieron a detectarse crecimientos interanuales de los despachos de cemento en varias provincias del interior, principalmente en la región Norte, mientras que siguieron achicándose en CABA y PBA.

Sumado a eso, los despachos de cemento en bolsa, asociados a obras de menor magnitud, se expandieron 11,1% i.a. en el mes, mientras que las ventas a granel retrocedieron 47,2% i.a. En esta línea, la obra pública, para la cual se registran principalmente obras menores de saneamiento en algunos municipios, junto con las obras de mayor envergadura, continúan enseñando un mayor rezago.

Por otro lado, según la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la proporción de compañías que desarrollaron obras con normalidad pasó de 45% a 54% entre junio y julio, favoreciendo una mejora relativa en las expectativas de los empresarios. Asimismo, creció la proporción de empresas presentando presupuestos y ofertas de obras privadas y públicas, aunque siguen siendo menos de la mitad de las empresas relevadas.

Respecto a la producción industrial, en julio no logró darse una mayor difusión de las mejoras interanuales entre los sectores: en junio el 57% de los sectores mostraba caídas interanuales, mientras que en julio dicha proporción se elevó al 63%. En un marco de elevada heterogeneidad, la difusión de la recuperación interanual continúa limitada a unos pocos sectores, especialmente aquellos vinculados al rubro alimenticio (carnes, vinos, cereales y lácteos), algunas actividades al interior del bloque de los químicos (pinturas, medicamentos, desinfectantes) y particularmente aquellos sectores que atienden la demanda del agro (maquinaria agrícola, agroquímicos).

¿Qué esperamos?

En lo que respecta a la construcción, la venta de insumos medida por el Índice Construya creció 2,3% i.a. en agosto, pero mostró una corrección a la baja del 11,3% con relación al mes previo. Esta contracción se dio porque en julio se había registrado un récord en el indicador ante una importante recomposición de stocks de los distribuidores.

Además, en los dos últimos meses se encendieron las alarmas por el notable salto que mostró el costo de los materiales de construcción relevado por INDEC, lo que impactará negativamente en la rentabilidad esperada para el desarrollo de nuevas obras privadas. No obstante, el costo de construcción en dólares aún se mantiene bajo en términos históricos.

Por otra parte, cabe destacar que el impulso puede enfrentarse a los riesgos asociados a un retroceso en las fases de reapertura, frente a un nivel de contagios lejos de encontrar un techo. De esta forma, y puntualmente para las obras privadas de mayor magnitud, las fuertes restricciones en el AMBA y otros centros urbanos seguirán imponiendo límites a una reactivación más robusta. Por estos motivos, esperamos que la construcción exhiba en 2020 una contracción superior al 25%.

Por el lado de la industria, la producción automotriz en agosto se recuperó 21,2% respecto a julio, marcando un cuarto mes en alza tras el colapso de abril. Adicionalmente, se observa una nueva mejora mensual en el consumo energético en los establecimientos fabriles. En este sentido, junto al progreso en las fábricas de vehículos, se detecta una evolución favorable en la demanda energética de industrias de productos metálicos, textiles y químicos.

De aquí en más, la evolución de la industria manufacturera también dependerá de cómo evolucione la magnitud de las restricciones, así como de la respuesta de la demanda doméstica e internacional y el status financiero de las firmas. A su vez, existen ramas que, si bien su ubicación geográfica les permite operar con menores restricciones, su demanda depende de lo que suceda en el AMBA.

Por otra parte, los anuncios de desinversión realizados por algunas empresas, así como ciertas dificultades en el acceso al mercado de cambios para la importación de partes y piezas generan impedimentos en el abastecimiento de suministros y podrían reducir la oferta de insumos industriales a futuro. En este sentido, es esperable que una parte importante de las ramas industriales deba esperar un tiempo importante para volver a experimentar los niveles de producción previos a la pandemia.

Ecuador | Se alcanzó un acuerdo con los bonistas

Economía

El 3 de agosto el Ecuador alcanzó la mayoría necesaria para reestructurar los $17.375 millones que tiene en bonos soberanos. El acuerdo incluye una reducción del 9% en el valor nominal de la deuda, una extensión en los vencimientos hasta 2040, una baja en el interés promedio de 9,2% a 5,3% y
una prórroga, con descuento, para pagar los intereses que no se pagaron durante el período de negociación, aproximadamente $1.060 millones. Si bien algunos analistas, principalmente cercanos al gobierno anterior, critican el acuerdo porque aseguran que favorece a los tenedores, a nivel general se lo
recibió como una buena noticia para el país, porque implica un alivio en sus necesidades de financiamiento y facilita un nuevo acuerdo con el FMI. Al acuerdo con los bonistas se sumó otro, esta vez con China, para postergar por doce meses el servicio de $417 millones de la deuda que el Ecuador mantiene con ese país. Pero no todo son buenas noticias: las últimas cifras del mercado laboral muestran un notable deterioro en los indicadores: la tasa de desempleo se disparó de 4,4% de la PEA en junio de 2019 al 13,3% en igual mes de 2020, la tasa de empleo adecuado se desplomó de 37,9% a 16,7% en el mismo período y la de empleo inadecuado subió de 57% a 67,4%. Sin embargo, el último reporte (basado en encuestas telefónicas) no muestra la tasa de informalidad, por lo que no se sabe cuántos de los nuevos empleados inadecuados salieron del sector formal o simplemente acordaron con sus empleadores reducir las jornadas de trabajo.

Política

La corrupción ha sido el tema político central de los últimos días. El caso más sonado es el del expresidente Abdalá Bucaram, que tiene arresto domiciliario por investigaciones relacionadas con la venta de insumos médicos y con el asesinato de un israelí (presuntamente socio de los Bucaram en ese negocio) en una cárcel de Guayaquil. Pese a esto, Bucaram quiere participar en las próximas elecciones presidenciales, en las que al parecer habrá muchos candidatos. En el caso del expresidente Rafael Correa, la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia de ocho años de prisión por cohecho, con lo cual el caso pasó a instancia de casación.

El IPC GBA Ecolatina se aceleró en agosto

Según el IPC GBA Ecolatina, la inflación trepó 2,6% en agosto, acelerándose 0,5 p.p. respecto al mes anterior. De esta manera, la suba de precios acumuló 19% en los primeros ocho meses del año, ubicándose 41,6% por encima de agosto de 2019.

En lo que respecta a los capítulos, Esparcimiento (+3,6%) fue el de mayor dinámica, destacándose los incrementos en Equipos de audio, televisión y computación. Por su parte, Equipo y mantenimiento del hogar creció 3,4%, predominando subas de Artefactos para el hogar y Muebles.

Por otro lado, el capítulo Alimentos y bebidas creció 2,6% en agosto, acelerándose 0,3 p.p. respecto a julio y ubicándose 48,6% por encima del mismo mes del año anterior. Cabe destacar que la autorización de incrementos de los Precios Máximos impactó en los precios de los alimentos durante la primera quincena de agosto, cuando aproximadamente el 90% de los productos relevados mostraron incrementos. Dicha dinámica se redujo en la segunda quincena del mes, dejando en evidencia que el impacto de la autorización sobre los precios fue de carácter transitorio.

Adicionalmente, el IPC Estacionales mostró una evolución de 3,7% (+25,8% acumulado, +58,9% i.a.), destacándose los aumentos en frutas y verduras. Por su parte, el IPC Core creció 3% en el mes (+22,4% acumulado, +48,3% i.a.). Por último, el IPC Regulados creció apenas 1,0%, acelerándose respecto a julio como consecuencia principalmente del incremento en combustibles. La categoría es la más rezagada: acumula 7,9% en lo que va del año y creció 20,6% en los últimos doce meses.

¿Qué esperamos?

De continuar la paulatina relajación de la cuarentena, la inflación se acelerará en el último cuatrimestre del año, producto de diversos factores. Por un lado, el descongelamiento de los combustibles podría impactar sobre determinadas categorías que vieron incrementados sus costos. En paralelo, como el gobierno extendió la política de Precios Máximos hasta fines de octubre, de existir autorizaciones de incrementos, la inflación de alimentos se dinamizaría en la última parte del año.

Además, el frente cambiario se encuentra en una situación compleja: la pérdida de reservas se aceleró y la brecha cambiaria no cede. A su vez, dado que la economía se acerca a transitar una nueva normalidad, crece la posibilidad de reanudación de determinadas paritarias. Por lo tanto, dos de los principales drivers inflacionarios -salarios y tipo de cambio- podrían aportar lo suyo al nivel de precios en lo que resta del año. En este marco, esperamos que la inflación cierre el año en torno al 38,5% en 2020.

Costa Rica | El PBI caería 7% producto de la crisis

Economía

Datos del sector real de la economía reflejan el duro efecto de la pandemia; en las pasadas semanas el BCCR y el INEC presentaron proyecciones de crecimiento económico y datos de desempleo, respectivamente. De acuerdo con las proyecciones de crecimiento del BCCR, en 2020 el PIB caería 5,0% y con una leve recuperación del 2,3%; aunque la caída es generalizada, las actividades relacionadas con el turismo serán las más golpeadas al cabo del bienio. Sin embargo, Ecoanálisis considera que las proyecciones del Banco Central son optimistas y espera una caída del PIB de 7,0% este año y una recuperación de 3,0% el año siguiente. En cuanto al empleo, el INEC anunció que la tasa de desempleo durante el segundo trimestre fue 24,0% que equivale a más de medio millón de personas. Adicionalmente, durante el primer semestre, como consecuencia de la pandemia, 437.500 personas perdieron su empleo, de las cuales 195.600 personas salieron de la fuerza de trabajo; dicha salida puede deberse a personas que no creen encontrar trabajo entonces dejan de buscarlo.

Política

La oposición y el oficialismo están cada vez más enfrentados. Con el objetivo de reducir el número de contagios en el país el Gobierno le apuesta a controversiales medidas que limitan la movilidad de las personas. Dichas medidas han recibido el rechazo de gran parte de la oposición pues las consideran innecesarias y muy perjudiciales para el sector comercial. En el congreso, se aprobó el Segundo Presupuesto Extraordinario de la República que contenía los fondos para las transferencias que ha implementado el Gobierno para ayudar a las familias afectadas por la crisis económica. Además, contenía ciertos recortes de gasto que había exigido la oposición para aprobar el presupuesto. No obstante, algunos de estos recortes fueron finalmente eliminados, debilitando el impacto en la contención del gasto. El presidente de la República, Carlos Alvarado, se ha visto involucrado en un escándalo tras un paseo realizado con su familia el primer fin de semana de agosto. Se presume que varios de los costos del paseo no fueron cubiertos por el mandatario. Por tanto, la fiscalía investigará el caso por sospechas de enriquecimiento ilícito.