Author: Agostina Myronec

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Muchas regulaciones, muchas inflaciones: muchas presiones latentes

La pandemia y la cuarentena tuvieron un impacto muy negativo en materia de actividad y puestos de trabajo, golpeando sensiblemente la capacidad de compra de las familias. En este marco, y para evitar un deterioro aún mayor, el Poder Ejecutivo respondió con distintos programas que buscaban contener la suba de precios, al menos en el corto plazo.

En este sentido, no es casual que la inflación haya promediado menos de 2% mensual entre abril y julio, muy por debajo del casi 4% de cierre de 2019 y del 2,5% del primer trimestre de 2020. No obstante, más allá de esta dinámica “positiva” del nivel general, aparecieron fuertes heterogeneidades hacia el interior del proceso inflacionario.

Por este motivo, analizar de manera desagregada el índice de precios al consumidor nos permitirá comprender mejor qué pasó en los últimos meses, entiendo así qué bienes y servicios quedaron “adelantados” y cuáles rezagados. Utilizando los microdatos del IPC GBA Ecolatina, armamos distintos índices, según los grados de libertad disponibles para ajustar los precios. Como punto de partida, tomamos las tres categorías del INDEC -Regulados, Estacionales y Núcleo-, a la par que abrimos la más relevante en IPC Núcleo Controlado e IPC Núcleo Libre. Veamos entonces qué contiene cada uno y qué nos dice sobre el futuro.

El IPC Regulados comprende alrededor de un quinto del IPC total y abarca a los bienes y servicios que el gobierno controla casi de manera directa o que poseen un elevado componente impositivo. En este grupo aparecen las tarifas de servicios públicos, los combustibles y los cigarrillos, entre otros. Entre enero y agosto, esta categoría subió 8% (aportando 2,0 p.p. al Nivel General), mientras que el IPC GBA Ecolatina trepó 19%. Aparece entonces la primera luz amarilla de sostenibilidad: solo en este año, el atraso acumulado habría sido cercano a 10 p.p.

El segundo subgrupo que menos subió fue el IPC Core Controlado, compuesto por bienes de consumo masivo, como ser alimentos y bebidas, productos de limpieza y de cuidado personal, que fueron afectados por los planes de Precios Máximos y Precios Cuidados. Este conjunto, que representa un quinto del IPC, avanzó solo 15% entre enero y agosto. No obstante, esta suba se explica por un salto de 8,4% en el primer trimestre pre pandémico y de menos de 6% entre abril y agosto (concentrada en los últimos dos meses, cuando acumuló un alza de casi 5%, producto de las autorizaciones de la Secretaría de Comercio).

Ahora bien, lo que fue alivio durante la cuarentena podría ser un problema para la pos-pandemia: los precios de estos bienes, esenciales para cualquier canasta de consumo, quedaron muy rezagados frente a los demás. En consecuencia, y algo de eso ya se empezó a vislumbrar con el descongelamiento de Precios Máximos en los últimos dos meses, sumarían presiones en el corto plazo.

En este sentido, conforme a nuestras estimaciones, sin el programa de Precios Máximos, el avance del IPC Core Controlado habría rondado el 20%, sumando casi 1,5 p.p. a la inflación general acumulada en los primeros 8 meses del año. Por lo tanto, cuando este programa se flexibilice, correspondería esperar una aceleración en la suba de estos precios, que obviamente impactará de lleno en el Nivel General.

Por su parte, el IPC Core Libre, acumuló un alza de 26% en los primeros ocho meses de 2020, repartido de manera bastante similar a lo largo del año (3,0% promedio en el primer trimestre y 2,9% entre abril y agosto). Este grupo explica la mitad del Nivel General de precios y está compuesto por los precios de bienes y servicios sin regulaciones, componente estacional y/o precios máximos/cuidados.

Más allá de esta dinámica relativamente uniforme, por el tamaño en el índice y la amplia gama de rubros que comprende cabe detenerse este punto. En primera instancia, resalta la aceleración de Equipamiento del hogar y de Equipos electrónicos en los últimos tres meses: desde que el Banco Central publicó la Comunicación A7030, que obliga a algunas empresas de ramas “no esenciales” a importar con dólares propios, los precios de estos dos capítulos avanzaron 16,7% y 14,0%, entre junio y agosto, acumulado una suba de 40,2% y 38,0% en los primeros ocho meses del año.

En un sentido similar, resalta la dinámica de Aquileres: acumulan una suba de 30,6% en el año, explicada por un salto de 18,1% en los últimos tres meses, casualmente, luego de que se sancionara la ley que rige y limita sus actualizaciones futuras. Se observa de esta manera cómo, a pesar de la dinámica relativamente homogénea a lo largo del año, el IPC Core Libre contiene importantes disparidades en su interior.

En último lugar, aparece el IPC Estacionales, que explica casi el 10% restante del IPC. En este caso, la suba también alcanzó el 26% en el acumulado enero-agosto, pero por su heterogeneidad y, tal como su nombre lo indica, estacionalidad, es poco lo que hay para decir y analizar en la materia.

De cara a los próximos meses, entonces, la situación empieza a complejizarse. A pesar de que el gobierno congeló las tarifas de televisión por cable e internet hasta fin de año, y que no habría aumentos en los servicios públicos, aun cuando los subsidios económicos se hayan duplicado en relación con 2019 (superan 1,5% del PBI en el acumulado enero-agosto 2020), las tensiones inflacionarias reaparecerían.

Esta dinámica obedecería en parte a algunas actualizaciones salariales y revisión de Precios Máximos, y en mayor medida a las presiones cambiarias que posiblemente se terminen trasladando al nivel de precios. En este marco, proyectamos que la inflación se aceleraría hacia fines de año y cerraría el 2020 apenas por debajo del 39%, promediando un 4% mensual en el último cuatrimestre.

Para peor, y antes de cerrar, vale remarcar que, aún con esta aceleración, muchas correcciones de precios relativos quedarán pendientes para 2021: a las mencionadas tarifas de servicios públicos y privados, se sumarían algunas actualizaciones salariales, nuevas flexibilizaciones de Precios Máximos y, posiblemente, más presiones sobre el tipo de cambio. Por lo tanto, la aceleración inflacionaria no sería solo cuestión de fines de este año: también persistiría una vez entrado el año electoral.

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México | Se perdieron casi un millón de empleos entre enero y julio

Economía

El pasado 30 de julio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados de la estimación oportuna del Producto Interno Bruto para el segundo trimestre de 2020, con una contracción a tasa anual del orden de -18.9%, la más profunda desde que se tiene registro. Si bien se espera que este sea el resultado más bajo en el año, en el tercero y cuarto trimestres también esperamos tasas negativas. En Consultores Internacionales, S.C. esperamos que 2020 registre una contracción en el PIB entre -9.8% y 11.5%. Según INEGI 9 de cada 10 empresas han sufrido afectaciones por la crisis económica, principalmente por la baja en los ingresos, la disminución de la demanda y la falta de insumos o producción. Si bien, ha iniciado ya el proceso de reapertura económica, no hay ninguna claridad de que la pandemia esté controlada, incluso ante recientes anuncios sobre la producción y posterior distribución de vacunas. Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) revela que entre enero y julio se han perdido 925,490 empleos, de los cuales 75.1% corresponde a empleos permanentes.

Política

En febrero de 2020, el ex Director de Petróleos Mexicanos (PEMEX) fue capturado en España, acusado por el Gobierno Mexicano de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht por un monto de 10 millones de dólares, que se presume se utilizaron en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Fue hasta el 17 de julio pasado que se extraditó al exfuncionario a México. Se sabe que Lozoya ha presentado una denuncia de hechos, en la que señala entre otros al expresidente y al ex Secretario de Hacienda Luis Videgaray como los responsables de determinar a quién entregar diferentes cantidades de dinero que tuvieron como destino diferentes asesores políticos en el extranjero que operaron la campaña. Según la Fiscalía General de la República (FGR), también se investigan otros sobornos y malversación de fondos que tuvieron como destino la compra de votos de exdiputados y senadores para la ejecución de las reformas estructurales y además pérdidas millonarias para el erario. La FGR ha hecho público que abrió una carpeta de investigación con las pruebas presentadas. Luego de que la opinión pública ha calificado como negativa la gestión de l a crisis económica y sanitaria por parte del Gobierno Federal, el caso de Lozoya podría devolver parte de la confianza al Presidente de cara a las elecciones intermedias en 2021, aunque aún queda prácticamente un año para ello.

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Pasada la reestructuración, el desafío es garantizar la sostenibilidad

Esta semana se cerró el canje de los bonos ley extranjera, dando el paso más difícil del proceso de reestructuración de la deuda pública soberana, que había empezado hace algunos meses rearmando la curva de financiamiento del Tesoro en pesos. El resultado del acuerdo fue exitoso: la aceptación llegó al 93,5% y, gracias a la activación de las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC), el 99% de la deuda quedó reestructurada. Dicho de otra manera, la participación de los holdouts quedó reducida a sólo el 1%: cerca de USD 650 millones de los USD 65.300 millones en juego.

El siguiente paso fue el canje de los casi USD 42.000 millones de deuda en divisas bajo ley local, que ya en el período de aceptación temprana consiguió el aval del 98,8% de los tenedores, y que probablemente se amplíe en las dos semanas que restan para el fin de la etapa de aceptación tardía. El elevado porcentaje de aceptación se dio en parte, gracias a la alta tenencia del sector público de estos bonos (el piso de aceptación era del 43%), pero además por la penalidad de quedar holdout, que implicaría permanecer con el bono reperfilado hasta diciembre de 2021.

De esta manera, Argentina logró reestructurar más de USD 105.000 millones de su deuda en moneda dura -casi 80% en manos de privados- regularizando gran parte de su situación. Esto le permitirá aliviar de forma significativa los compromisos en divisas en el corto plazo, gracias a la extensión de plazos y a la fuerte reducción en las tasas de interés. En efecto, descontando los compromisos intra-sector público, los vencimientos originales que ascendían a USD 48.000 millones hasta 2024, solo sumarán USD 6.500 millones tras el canje. En otros términos, el acuerdo supone un debt relief de casi USD 41.500 millones en el corto plazo.

El último paso del proceso de reestructuración será la reformulación del préstamo Stand By (SBA) contraído con el FMI en 2018. Descontando el pago de intereses previstos para noviembre, esos pasivos suman casi USD 46.500 millones, de los cuales cerca de USD 5.000 millones vencen el año que viene (entre capital e intereses). Por este motivo, la intención del Gobierno es acelerar las conversaciones para llegar a un acuerdo durante el primer trimestre del 2021.

Por lo tanto, tiene sentido analiza cuáles serían las condiciones del nuevo acuerdo. En este sentido, aparecen dos alternativas principales: la firma de un nuevo Stand By (SBA) o de un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés). Los EFF poseen varias características que los diferencian de los (SBA), aunque las más relevantes residen en qué condicionalidades exigen y qué plazos de desembolso y devolución demandan.

Respecto a las condicionalidades, su “dureza” depende del tipo de problema que el programa busca resolver y, en este sentido, los EFF son más exigentes que los SBA. Concretamente, dado que los SBA buscan dar una respuesta rápida a problemas de financiamiento de corto plazo, las condiciones para sus desembolsos se limitan a metas cuantitativas (niveles de déficit fiscal, de endeudamiento, de reservas internacionales, etc.). En cambio, los EFF se destinan a países con problemas estructurales de balance de pagos y, eventualmente, de crecimiento. En consecuencia, la forma que tiene el FMI de garantizar la devolución del préstamo es exigir adicionalmente una serie de reformas estructurales.

Por caso, los dos últimos EEF firmados por Ecuador (marzo de 2019 y agosto de 2020) incluían reformas tributarias, laborales, de “eficientización” del gasto público (desde moderaciones en los salarios públicos hasta la racionalización de los subsidios energéticos), mayor autonomía del Banco Central y otras modificaciones de orden institucional. ¿Serán iguales las exigencias hacia nuestro país? No necesariamente, pero es probable que involucre algunos de estos aspectos, que podrían requerir pasar por el Congreso y podrían generar algunas rispideces políticas.

En materia de plazos, el EFF es más flexible en cuanto a la devolución del préstamo, dado que los cambios estructurales requieren más tiempo para madurar. A diferencia del SBA, cuya devolución se estipula entre 3 y 5 años, el reembolso en un EFF puede ir de los 4 a los 10 años, pagándose en 12 cuotas semestrales iguales. Por lo tanto, si el nuevo acuerdo se cerrara durante el primer trimestre del año próximo, tal como busca el gobierno, los pagos de un EFF se harían entre 2025 y 2031, a la par que los de un SBA serían entre 2024 y 2027. Como el capital a devolver es igual en ambos casos, las cuotas del EFF son más relajadas que las del SBA.

Planteando ambos escenarios, 2024 y 2025 (dependiendo si se firma un SBA o EFF, respectivamente) serían los años en que comenzaría a devolverse el préstamo del FMI. En el caso del SBA, en 2024 nuestro país debería cancelar USD 9.000 millones con el organismo multilateral, por lo que sumando los USD 3.500 millones a pagar bonistas, los compromisos en moneda dura superarían los USD 12.000 millones.

Asimismo, los vencimientos totales superarían USD 25.000 millones en promedio en 2025 y 2026, pues concentrarían los pagos más fuertes con el FMI. En cambio, bajo un EFF los compromisos más importantes comenzarían en 2025 (USD 12.300 millones) y se mantendrían en torno a los USD 17.00 millones entre 2026 y 2031.

De cara los próximos años, ¿dónde se centrarán los desafíos para que la sostenibilidad de la deuda quede garantizada? Sabemos que estos acuerdos ayudar a calmar las expectativas en el corto plazo, pero aun así será necesario cumplir tres condiciones:

1) Dados los abultados vencimientos en moneda dura a partir de 2025, Argentina deberá recuperar el acceso al mercado voluntario de crédito a una tasa de interés razonable. A favor, el escenario global actual de gran exceso de liquidez ayudaría (desde el inicio de la pandemia, muchos países de la región han tomado deuda a tasas inferiores al 5% anual). No obstante, la tensa relación del gobierno con los mercados podría ser un problema en este sentido.

2) Consolidación de las cuentas públicas, que también estará contenido en el acuerdo con el FMI. Será necesario un programa fiscal que garantice un sendero de reducción gradual del déficit. Según lo adelantó el propio Ministro de Economía, el rojo primario bajaría a 4,5% del PBI en 2021 (según nuestras estimaciones rondaría 7% este año). Aunque también podría interpretarse como la primera jugada en el tire y afloje con el FMI que tendrá lugar en los próximos meses -ser la primera “propuesta” del gobierno en esta negociación-, este porcentaje ya asume cierto ajuste para el año electoral.

3) Lo más importante para el final: nada de esto bastará si la disponibilidad de divisas no alcanza para que el Sector Público “compre” el excedente. Por ende, generar condiciones para un salto exportador del sector privado -o generar un boom de ingreso de inversiones productivas, lo que parece muy poco probable en el corto plazo-, permitiendo ampliar de manera significativa la oferta transable, será clave para poder enfrentar esos vencimientos en moneda dura.

A modo de conclusión, resalta que el proceso de reestructuración de la deuda pública empezó con el pie derecho, pero que todavía queda mucho camino para llegar a buen puerto. El acuerdo que se alcance con el FMI no es trivial y el Gobierno deberá optar entre condicionalidades más estrictas y un cronograma de devoluciones más descomprimido, o de forma alternativa, ganar grados de libertad en materia de política económica, a costa de vencimientos más concentrados y abultados en el corto plazo. Cualquiera fuera el caso, para que la sostenibilidad de la deuda quede garantizada, será necesario romper con la lógica del estancamiento y la falta de dólares de la última década. Ojalá lo logremos.

 

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Industria y construcción: continúa la fase de rebote

¿Cómo evolucionaron la construcción y la industria en julio?

 En julio, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) mostró un retroceso de -12,9% i.a., exhibiendo una contracción acumulada del 34,0% i.a. y encadenando 23 meses consecutivos de caída. Asímismo, el indicador se expandió 6,8% en relación con junio, quedando a un paso del nivel que se registraba en febrero (-0,3%) y encadenando tres meses consecutivos de mejoras mensuales.

Por su parte, el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) registró en julio una contracción de 6,9% i.a., acumulando un descenso del 13,4% i.a. en lo que va del año. En este sentido, el retroceso de julio se vio afectado por la buena base de comparación que dejó julio de 2019, mes en el cual algunas actividades se habían recuperado tras el apagón eléctrico y las elevadas precipitaciones.

Además, el indicador exhibió un crecimiento mensual del 2,1%, aunque evidenciando una moderación en la velocidad de recuperación y ubicándose un 8,8% por debajo de febrero. En este sentido, cabe recordar que la primera quincena del mes estuvo signada por mayores restricciones en el AMBA.

Por un lado, la reactivación de la construcción siguió exhibiendo un mayor dinamismo fuera del AMBA, y particularmente en el segmento de la pequeña obra privada asociada a refacciones y/o ampliaciones, las cuales no favorecen la recuperación en los niveles de empleo . En este sentido, en julio volvieron a detectarse crecimientos interanuales de los despachos de cemento en varias provincias del interior, principalmente en la región Norte, mientras que siguieron achicándose en CABA y PBA.

Sumado a eso, los despachos de cemento en bolsa, asociados a obras de menor magnitud, se expandieron 11,1% i.a. en el mes, mientras que las ventas a granel retrocedieron 47,2% i.a. En esta línea, la obra pública, para la cual se registran principalmente obras menores de saneamiento en algunos municipios, junto con las obras de mayor envergadura, continúan enseñando un mayor rezago.

Por otro lado, según la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la proporción de compañías que desarrollaron obras con normalidad pasó de 45% a 54% entre junio y julio, favoreciendo una mejora relativa en las expectativas de los empresarios. Asimismo, creció la proporción de empresas presentando presupuestos y ofertas de obras privadas y públicas, aunque siguen siendo menos de la mitad de las empresas relevadas.

Respecto a la producción industrial, en julio no logró darse una mayor difusión de las mejoras interanuales entre los sectores: en junio el 57% de los sectores mostraba caídas interanuales, mientras que en julio dicha proporción se elevó al 63%. En un marco de elevada heterogeneidad, la difusión de la recuperación interanual continúa limitada a unos pocos sectores, especialmente aquellos vinculados al rubro alimenticio (carnes, vinos, cereales y lácteos), algunas actividades al interior del bloque de los químicos (pinturas, medicamentos, desinfectantes) y particularmente aquellos sectores que atienden la demanda del agro (maquinaria agrícola, agroquímicos).

¿Qué esperamos?

En lo que respecta a la construcción, la venta de insumos medida por el Índice Construya creció 2,3% i.a. en agosto, pero mostró una corrección a la baja del 11,3% con relación al mes previo. Esta contracción se dio porque en julio se había registrado un récord en el indicador ante una importante recomposición de stocks de los distribuidores.

Además, en los dos últimos meses se encendieron las alarmas por el notable salto que mostró el costo de los materiales de construcción relevado por INDEC, lo que impactará negativamente en la rentabilidad esperada para el desarrollo de nuevas obras privadas. No obstante, el costo de construcción en dólares aún se mantiene bajo en términos históricos.

Por otra parte, cabe destacar que el impulso puede enfrentarse a los riesgos asociados a un retroceso en las fases de reapertura, frente a un nivel de contagios lejos de encontrar un techo. De esta forma, y puntualmente para las obras privadas de mayor magnitud, las fuertes restricciones en el AMBA y otros centros urbanos seguirán imponiendo límites a una reactivación más robusta. Por estos motivos, esperamos que la construcción exhiba en 2020 una contracción superior al 25%.

Por el lado de la industria, la producción automotriz en agosto se recuperó 21,2% respecto a julio, marcando un cuarto mes en alza tras el colapso de abril. Adicionalmente, se observa una nueva mejora mensual en el consumo energético en los establecimientos fabriles. En este sentido, junto al progreso en las fábricas de vehículos, se detecta una evolución favorable en la demanda energética de industrias de productos metálicos, textiles y químicos.

De aquí en más, la evolución de la industria manufacturera también dependerá de cómo evolucione la magnitud de las restricciones, así como de la respuesta de la demanda doméstica e internacional y el status financiero de las firmas. A su vez, existen ramas que, si bien su ubicación geográfica les permite operar con menores restricciones, su demanda depende de lo que suceda en el AMBA.

Por otra parte, los anuncios de desinversión realizados por algunas empresas, así como ciertas dificultades en el acceso al mercado de cambios para la importación de partes y piezas generan impedimentos en el abastecimiento de suministros y podrían reducir la oferta de insumos industriales a futuro. En este sentido, es esperable que una parte importante de las ramas industriales deba esperar un tiempo importante para volver a experimentar los niveles de producción previos a la pandemia.

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Ecuador | Se alcanzó un acuerdo con los bonistas

Economía

El 3 de agosto el Ecuador alcanzó la mayoría necesaria para reestructurar los $17.375 millones que tiene en bonos soberanos. El acuerdo incluye una reducción del 9% en el valor nominal de la deuda, una extensión en los vencimientos hasta 2040, una baja en el interés promedio de 9,2% a 5,3% y
una prórroga, con descuento, para pagar los intereses que no se pagaron durante el período de negociación, aproximadamente $1.060 millones. Si bien algunos analistas, principalmente cercanos al gobierno anterior, critican el acuerdo porque aseguran que favorece a los tenedores, a nivel general se lo
recibió como una buena noticia para el país, porque implica un alivio en sus necesidades de financiamiento y facilita un nuevo acuerdo con el FMI. Al acuerdo con los bonistas se sumó otro, esta vez con China, para postergar por doce meses el servicio de $417 millones de la deuda que el Ecuador mantiene con ese país. Pero no todo son buenas noticias: las últimas cifras del mercado laboral muestran un notable deterioro en los indicadores: la tasa de desempleo se disparó de 4,4% de la PEA en junio de 2019 al 13,3% en igual mes de 2020, la tasa de empleo adecuado se desplomó de 37,9% a 16,7% en el mismo período y la de empleo inadecuado subió de 57% a 67,4%. Sin embargo, el último reporte (basado en encuestas telefónicas) no muestra la tasa de informalidad, por lo que no se sabe cuántos de los nuevos empleados inadecuados salieron del sector formal o simplemente acordaron con sus empleadores reducir las jornadas de trabajo.

Política

La corrupción ha sido el tema político central de los últimos días. El caso más sonado es el del expresidente Abdalá Bucaram, que tiene arresto domiciliario por investigaciones relacionadas con la venta de insumos médicos y con el asesinato de un israelí (presuntamente socio de los Bucaram en ese negocio) en una cárcel de Guayaquil. Pese a esto, Bucaram quiere participar en las próximas elecciones presidenciales, en las que al parecer habrá muchos candidatos. En el caso del expresidente Rafael Correa, la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia de ocho años de prisión por cohecho, con lo cual el caso pasó a instancia de casación.

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El IPC GBA Ecolatina se aceleró en agosto

Según el IPC GBA Ecolatina, la inflación trepó 2,6% en agosto, acelerándose 0,5 p.p. respecto al mes anterior. De esta manera, la suba de precios acumuló 19% en los primeros ocho meses del año, ubicándose 41,6% por encima de agosto de 2019.

En lo que respecta a los capítulos, Esparcimiento (+3,6%) fue el de mayor dinámica, destacándose los incrementos en Equipos de audio, televisión y computación. Por su parte, Equipo y mantenimiento del hogar creció 3,4%, predominando subas de Artefactos para el hogar y Muebles.

Por otro lado, el capítulo Alimentos y bebidas creció 2,6% en agosto, acelerándose 0,3 p.p. respecto a julio y ubicándose 48,6% por encima del mismo mes del año anterior. Cabe destacar que la autorización de incrementos de los Precios Máximos impactó en los precios de los alimentos durante la primera quincena de agosto, cuando aproximadamente el 90% de los productos relevados mostraron incrementos. Dicha dinámica se redujo en la segunda quincena del mes, dejando en evidencia que el impacto de la autorización sobre los precios fue de carácter transitorio.

Adicionalmente, el IPC Estacionales mostró una evolución de 3,7% (+25,8% acumulado, +58,9% i.a.), destacándose los aumentos en frutas y verduras. Por su parte, el IPC Core creció 3% en el mes (+22,4% acumulado, +48,3% i.a.). Por último, el IPC Regulados creció apenas 1,0%, acelerándose respecto a julio como consecuencia principalmente del incremento en combustibles. La categoría es la más rezagada: acumula 7,9% en lo que va del año y creció 20,6% en los últimos doce meses.

¿Qué esperamos?

De continuar la paulatina relajación de la cuarentena, la inflación se acelerará en el último cuatrimestre del año, producto de diversos factores. Por un lado, el descongelamiento de los combustibles podría impactar sobre determinadas categorías que vieron incrementados sus costos. En paralelo, como el gobierno extendió la política de Precios Máximos hasta fines de octubre, de existir autorizaciones de incrementos, la inflación de alimentos se dinamizaría en la última parte del año.

Además, el frente cambiario se encuentra en una situación compleja: la pérdida de reservas se aceleró y la brecha cambiaria no cede. A su vez, dado que la economía se acerca a transitar una nueva normalidad, crece la posibilidad de reanudación de determinadas paritarias. Por lo tanto, dos de los principales drivers inflacionarios -salarios y tipo de cambio- podrían aportar lo suyo al nivel de precios en lo que resta del año. En este marco, esperamos que la inflación cierre el año en torno al 38,5% en 2020.

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Costa Rica | El PBI caería 7% producto de la crisis

Economía

Datos del sector real de la economía reflejan el duro efecto de la pandemia; en las pasadas semanas el BCCR y el INEC presentaron proyecciones de crecimiento económico y datos de desempleo, respectivamente. De acuerdo con las proyecciones de crecimiento del BCCR, en 2020 el PIB caería 5,0% y con una leve recuperación del 2,3%; aunque la caída es generalizada, las actividades relacionadas con el turismo serán las más golpeadas al cabo del bienio. Sin embargo, Ecoanálisis considera que las proyecciones del Banco Central son optimistas y espera una caída del PIB de 7,0% este año y una recuperación de 3,0% el año siguiente. En cuanto al empleo, el INEC anunció que la tasa de desempleo durante el segundo trimestre fue 24,0% que equivale a más de medio millón de personas. Adicionalmente, durante el primer semestre, como consecuencia de la pandemia, 437.500 personas perdieron su empleo, de las cuales 195.600 personas salieron de la fuerza de trabajo; dicha salida puede deberse a personas que no creen encontrar trabajo entonces dejan de buscarlo.

Política

La oposición y el oficialismo están cada vez más enfrentados. Con el objetivo de reducir el número de contagios en el país el Gobierno le apuesta a controversiales medidas que limitan la movilidad de las personas. Dichas medidas han recibido el rechazo de gran parte de la oposición pues las consideran innecesarias y muy perjudiciales para el sector comercial. En el congreso, se aprobó el Segundo Presupuesto Extraordinario de la República que contenía los fondos para las transferencias que ha implementado el Gobierno para ayudar a las familias afectadas por la crisis económica. Además, contenía ciertos recortes de gasto que había exigido la oposición para aprobar el presupuesto. No obstante, algunos de estos recortes fueron finalmente eliminados, debilitando el impacto en la contención del gasto. El presidente de la República, Carlos Alvarado, se ha visto involucrado en un escándalo tras un paseo realizado con su familia el primer fin de semana de agosto. Se presume que varios de los costos del paseo no fueron cubiertos por el mandatario. Por tanto, la fiscalía investigará el caso por sospechas de enriquecimiento ilícito.

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Caídas desacelerándose en el comercio bilateral con Brasil: una buena entre tantas pálidas

Caídas desacelerándose en el comercio bilateral con Brasil: una buena entre tantas pálidas

En agosto de 2020, nuestro país obtuvo un déficit de USD 110 millones en el comercio bilateral con Brasil, más que duplicando el rojo de USD 40 millones registrado en igual mes del año pasado. Este retroceso obedeció íntegramente al desplome de las exportaciones al país vecino (-25% i.a., orillando USD 620 millones, el menor valor para un agosto desde 2005), en tanto las importaciones cayeron 16,2% i.a., rozando USD 730 millones.

Si bien ambos números son preocupantes, implican una desaceleración de la caída respecto del segundo trimestre (-45% i.a. en ambos componentes) y también en relación con julio (-39% i.a. en el caso de los envíos a Brasil y -16% i.a. para las compras a ese origen). En consecuencia, la crisis de ambos países pareciera ir quedando atrás y, aunque todavía resta muchísimo terreno por recuperar, podríamos afirmar que lo peor ya pasó -suponiendo que no hay un rebrote de Coronavirus ni un endurecimiento de la cuarentena-.

En este tendal de “rojos” hubo otra buena noticia: por primera vez en el año, en agosto, la caída de las exportaciones argentinas a Brasil fue menor que la del resto de las compras del gigante sudamericano. En este sentido, destaca que las importaciones de Brasil excluyendo Argentina retrocedieron casi 29%, 4 p.p. más que las compras a nuestro país. Como resultado, la participación argentina en la canasta importadora brasileña pasó de 5,3% en agosto de 2019 a 5,6% en igual mes de 2020.

No obstante, este avance desaparece al analizar el acumulado a los primeros ocho meses del año. Por caso, las exportaciones argentinas a Brasil retrocedieron más de 30% i.a., en tanto las importaciones brasileñas de otros orígenes cayeron “solo” 12% i.a. De esta forma, el share argentino pasó de 6,0% en los primeros ocho meses de 2019 a 4,7% en lo que va de 2020. En valores, si hubiésemos mantenido la participación del año pasado, nuestras exportaciones habrían sido de casi USD 6.150 millones y no USD 4.850 millones, como efectivamente fueron. Visto de otra perspectiva, este deterioro de la relación bilateral representó una pérdida de casi USD 1.300 millones para nuestro país. Un número nada despreciable considerando la delicada situación de nuestro entramado productivo.

Al desagregar los números de manera sectorial –y usando el acumulado enero-julio, ya que no hay datos actualizados a agosto todavía-, se observa que la caída fue tan generalizada como significativa y diversa hacia el interior de nuestro entramado productivo. En materia de participación en el mercado brasileño, resalta la industria automotriz, que perdió 7 p.p. de participación (-50% i.a. en sus exportaciones), molinería, que resignó 6,8 p.p. de share (-29,0% i.a. en sus exportaciones) y hortalizas y frutas, que cedió 12,6 p.p., producto de una caída de 35% i.a. en su valor exportado.

Antes de cerrar, vale destacar que en el acumulado a los primeros ocho meses del año se verifica un déficit comercial de USD 280 millones en contra de nuestro país. Contrastando con el superávit de USD 170 millones alcanzado entre enero y agosto de 2019, los números se tornan más preocupantes. Tal como explicamos más arriba, este retroceso obedeció íntegramente al desplome exportador (-31,1% i.a.), en tanto las importaciones cayeron 25% i.a.

Por último, para el cierre del año proyectamos un equilibrio comercial. De esta forma, si bien se podría revertir el déficit acumulado hasta agosto, no se lograría sostener el superávit de USD 750 millones alcanzado en 2019. Esta dinámica obedecería no solo al retroceso de la actividad en ambos países (la caída del PBI brasileño sería de 5% i.a. según su consenso de mercado, mientras que nuestro país retrocedería más de 12,5% i.a.), sino también a la pérdida de competitividad argentina, producto del salto del Real brasileño (+30% desde que comenzó 2020) en una economía casi sin inflación.

 

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Colombia | Cayó la aprobación de Iván Duque

Economía

En Colombia, se espera un crecimiento económico de -7% para 2020 y de 2% para 2021. En particular, la alta tasa de desempleo y las quiebras empresariales hacen difícil pensar que la economía tenga una recuperación en forma de V y por lo tanto un crecimiento alto en 2021. Por su parte, la inflación ha bajado a niveles del 2,2%, lo que se debe a caídas importantes en la demanda y a políticas de reducción de las tarifas de los servicios públicos y del día sin IVA. En materia de política económica, las presiones de gasto público generadas por la emergencia sanitaria han llevado a la suspensión de la regla fiscal del Gobierno, lo que permite autorizar un mayor gasto. Sin embargo, el gasto público generado por el COVID-19 es apenas cercano al 3% del PIB (sin incluir garantías), lo cual es bajo en comparación con otros países en desarrollo. En cuanto a la política monetaria, en junio se redujo la tasa de interés de 2.5% a 2.25%, lo que sugiere que estamos cerca de finalizar las
reducciones.

Política

La crisis generada por el COVID-19 llevó a incrementos importantes en la popularidad de los mandatarios regionales y locales. Sin embargo, los efectos negativos que han traído las medidas de aislamiento en la economía empiezan a hacer mella. Así, en el mes de abril, el presidente Iván Duque tuvo una aprobación del 52% la cual cayó en el mes de junio a 43%. Por su parte, la alcaldesa de Bogotá Claudia López tuvo una aprobación en el mes de abril de 89% la cual cayó en el mes de junio a 76%. La caída en la popularidad de los mandatarios en junio obedece al descontento social generado por la crisis del COVID-19 y puede tener efectos en el desarrollo de la respuesta del gobierno a la crisis sanitaria. Así, se reduce la probabilidad de decretar una segunda cuarentena nacional, en la medida que es económica y políticamente insostenible. Lo anterior es particularmente riesgoso en materia de salud pues la economía colombiana estaría forzada a reabrir y depender de las medidas de autocuidado por parte de los ciudadanos para controlar el contagio que sigue en aumento.

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Chile | La actividad caería un 4,6% en 2020

Economía

En el mes de junio la caída de la actividad (-12,4% en doce meses) fue menor a la esperada por el mercado, lo que obedecería a una buena capacidad de adaptación de la producción de bienes y servicios a las consecuencias de las cuarentenas y restricciones de movilización en general. De hecho la actividad registró un repunte respecto del mes previo en una serie desestacionalizada. Paralelamente, la aprobación del retiro de hasta un 10 por ciento de los ahorros previsionales personales de los afiliados al sistema de AFP´s, significará una importante inyección de recursos, a la economía, con un impacto sobre el consumo privado que alcanzaría a un 3,6 por ciento del PIB, concentrado principalmente entre los meses de agosto y diciembre de este año. Nuestra estimación de caída para el PIB del año se acota ahora a un 4,6 por ciento, con una recuperación parcial para el próximo que registraría un 4,3 por ciento de crecimiento. El desempleo muestra un marcado incremento, con una tasa que supera el 12 por ciento en el último trimestre móvil terminado en junio. Dicha tasa sería significativamente mayor si no se considera la brusca caída de la fuerza de trabajo y el efecto atenuador de trabajadores que aparecen como empleados pero que tienen su trabajo suspendido. Si se corrige por dichos factores, el desempleo efectivo podría empinarse a niveles cercanos al 25 por ciento. A pesar del buen nivel del precio del cobre y de una importante liquidez de dólares en el mercado, acentuada por las liquidaciones de inversiones externas de las AFP´s, por el retiro del 10 por ciento de los fondos, el tipo de cambio registra una importante volatilidad, acusando recibo de un escenario externo más incierto y, sobre todo, de una situación político institucional interna más amenazante. La inflación se mantiene contenida, con proyecciones que la sitúan en la parte baja del rango meta para fines de este año, lo que permitirá sostener tasas de interés muy expansivas por un prolongado período de tiempo.

Política

La coalición de gobierno ha tenido que enfrentar una importante crisis política en las últimas semanas, gatillada por la aprobación del retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales, medida que rechazaba el ejecutivo y que contó con el respaldo de varios parlamentarios oficialistas. Ello ha derivado en un profundo cambio de gabinete, que involucra principalmente al equipo político. El gobierno centrará sus esfuerzos en la última parte de su período en atenuar el impacto económico de la crisis y propiciar una recuperación por la vía de un fuerte impulso de gasto público. Sin embargo, la importante concentración de eventos electorales en los próximos 18 meses, incluido un plebiscito para una nueva constitución, además de elecciones de alcaldes, gobernadores, parlamentarias y presidenciales, genera un importante grado de incertidumbre en relación al rumbo político institucional que seguirá el país en los próximos años. Ello sin duda incide en una mayor percepción de riesgo económico, lo que dificultará una recuperación más robusta en la inversión privada. Mientras el manejo político del ejecutivo ha estado muy lejos de lo necesario para recuperar el apoyo ciudadano, con falta de liderazgo e iniciativa, además de gruesos errores comunicacionales, la oposición e incluso parte de la centro derecha da muestras preocupantes de tendencias hacia el populismo. Tanto la oposición como, en menor medida, la coalición gobernante, dan señas de fragmentación, en un clima de mucha intolerancia respecto de posturas políticas distintas. La amenaza solapada de nuevas movilizaciones sociales que deriven en violencia sigue latente, lo que ha sido particularmente utilizado por los partidos políticos más disruptivos de la extrema izquierda.