Author: Ana Albin

Los números de julio

En julio, el Sector Público Nacional No Financiero (SPNF) registró un superávit primario de $1,75 billones; al incorporar el pago de intereses, que sumaron $1,92 billones, se obtuvo el primer déficit financiero del año por $0,17 billones. Esto se explica principalmente por el pago de intereses de los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- que pagaron renta y amortización el pasado 9 de julio.

En esta oportunidad, los ingresos crecieron impulsados por un buen desempeño de los ingresos vinculados a la actividad y al comercio exterior, mientras el gasto primario se contrajo levemente, concentrado principalmente en la reducción del gasto de capital y de los subsidios económicos. Con el último dato, el SPN acumula un resultado primario de 1,1% del PIB y un resultado financiero de 0,3% del PIB, teniendo en el horizonte la ambiciosa meta de cerrar 2025 con un superávit primario de 1,6% del PIB.

Tanto julio como diciembre suelen mostrar una fuerte estacionalidad por el pago de aguinaldos y subsidios. Si se descuenta este efecto, se observa que, a diferencia de los meses previos, caracterizados por una trayectoria descendente, en julio ingresos y gastos retomaron un sendero de crecimiento mensual.

El crecimiento mensual de los ingresos totales (+4% i.m.) fue liderado principalmente por la buena performance de los ingresos tributarios, mientras los recursos provenientes del comercio exterior y de la seguridad social crecieron levemente respecto a junio. Por el lado de las erogaciones, el gasto primario revirtió la caída del mes pasado, creciendo casi 11%, con una fuerte suba mensual en los subsidios y en el gasto social en la serie sin estacionalidad. Con estos movimientos, los ingresos y gastos se mantienen con una tendencia constante desde enero 2024.

Un vistazo al interior de las cuentas públicas

Como ya nos había adelantado el dato de la recaudación (+4,3% i.a. en términos reales), los ingresos totales crecieron en julio 2,8% i.a. de la mano de la mejora en los ingresos tributarios. Recordemos que el año pasado se encontraba vigente el Impuesto PAIS que explicó casi el 9% de los recursos en julio 2024 mientras la recaudación total se desplomaba 8%i.a. real.

Desmenuzando, los ingresos provenientes de la Seguridad Social volvieron a crecer en julio (+9,7% i.a.) y acumulan once meses de crecimiento consecutivo. Más aún, ya se encuentra 1% por encima de lo recaudado en julio 2023 y es el mayor desde julio 2019. El resto de los tributos vinculados a la actividad como Ganancias (+13% i.a.), Débitos y Créditos (8,3% i.a.) e IVA (+0,9% i.a.), también le ganaron a la inflación.

Por el lado del Comercio Exterior, tanto los Derechos de Exportación como los Derechos de Importación crecieron en términos reales, con subas interanuales de 51% y 32%, respectivamente. Los primeros, que habían marcado un récord en junio por los incentivos a liquidar ante la expectativa de aumento de alícuota, se mantuvieron en un nivel elevado en julio producto de operaciones registradas en junio. De hecho, se liquidaron USD 4.102 millones, el mayor valor para un séptimo mes del año tomando la serie desde 2003.  En paralelo, los derechos de importación también se mantuvieron en un ritmo elevado en línea con el mayor volumen importado.

Del otro lado de la cuenta, los Gastos Totales, se contrajeron 1,3% i.a. en julio y acumulan un crecimiento real de 4% i.a. Sin embargo, al comparar con el gasto acumulado en el mismo período de 2023, este se ubica 28% por debajo.

Al interior, el crecimiento de las Jubilaciones y Pensiones (+16,5% i.a.) y de la Asignación Universal Por Hijo (+9,5% i.a.) fue más que compensado principalmente por la reducción en: Subsidios Económicos (-27% i.a.), en Gasto de capital (-27,7% i.a.), en Salarios y otros gastos de funcionamiento (-5% i.a.) y en Transferencias a Universidades (-8% i.a.), Por el contrario, las Transferencias a Provincias se duplicaron respecto a julio 2024, fenómeno que responde principalmente a una medida cautelar de la Corte Suprema que falló a favor de CABA.

Perspectivas

El último tramo del año se presenta especialmente desafiante para el Gobierno, que busca sostener la meta de superávit primario de 1,6% del PIB.

Esto se debe a que, en el frente legislativo, el Congreso avanza con proyectos que tienen un impacto fiscal significativo: jubilaciones, moratoria previsional, emergencia en discapacidad y mayores recursos destinados a provincias que podrían implicar un costo cercano al 0,7% del PIB en 2025 y hasta 1,5% en 2026 (algo que comprometería el superávit primario previsto de 1,6% del PIB). Aunque el Poder Ejecutivo anticipó su intención de vetar o judicializar cualquier iniciativa que comprometa las cuentas públicas, Milei es consciente de que un enfrentamiento abierto con los gobernadores podría poner en riesgo su gobernabilidad. Por ello, es probable que combine la confrontación con intentos de negociación para asegurar el respaldo político que necesitará a la hora de impulsar reformas estructurales.

En el haber del resultado primario, menores ingresos se prevén por derechos de exportación ya que en los últimos días de julio el Gobierno anunció la baja permanente de las retenciones. Recordemos que, esta es la principal fuente de recaudación en lo que va de 2025 y que se ha intensificado en los últimos meses producto de las liquidaciones récord.

En paralelo, la política fiscal se ve condicionada por un esquema financiero cada vez más delicado. El Tesoro enfrenta vencimientos de deuda en moneda local por $92 billones hasta diciembre, con más de la mitad concentrados antes de las elecciones legislativas de octubre. Las últimas licitaciones mostraron dificultades de renovación, obligando al Gobierno a acortar plazos y convalidar tasas más elevadas con el objetivo de “no dejar pesos en la calle” que puedan presionar el dólar en la previa electoral.

La situación se agravó tras el desarme de las LEFIs, trasladando tensiones al frente monetario y cambiario, y generando dudas sobre la sostenibilidad del programa financiero tras licitaciones fuera de calendario en la búsqueda de absorber la liquidez sobrante (complementado con otras medidas como la habilitación de la ventanilla de pases).

Las implicancias sobre las cuentas públicas son claras: mayores tasas encarecen el crédito, deprimen el consumo y la inversión, erosionan la recaudación y aumentan el costo de financiamiento del Tesoro. Incluso si los intereses de instrumentos capitalizables se registran por debajo de la línea, lo cierto es que engrosan el stock de deuda y condicionan el resultado financiero hacia adelante.

Por último, en su staff report de finales de julio, el FMI subrayó la urgencia de reducir los derechos de exportación y avanzar en reformas impositivas de fondo previstas para 2026, en el marco del proyecto de presupuesto a presentarse a mediados de septiembre. El organismo internacional sugiere, además, una postura fiscal más ambiciosa para apoyar el proceso de reducción de la inflación aliviando la presión sobre la política monetaria y la consecuente vuelta a los mercados.

La relación entre Milei y las provincias

Desde la llegada de Javier Milei al poder, el vínculo entre el Gobierno Nacional y las provincias ha sido tenso. A lo largo de 2024, la flamante administración llevó a cabo un ajuste fiscal sin precedentes y fiel a la retórica de campaña, aplicó la “motosierra” sobre la obra pública, los subsidios y las transferencias provinciales, mientras encendió la “licuadora” para que la pérdida del poder adquisitivo licuara el gasto social en términos reales. Esta combinación de medidas tuvo un impacto profundo en las cuentas públicas provinciales, alterando de forma significativa el vínculo entre los dos niveles de gobierno.

Históricamente las provincias en su conjunto han mostrado un desempeño fiscal más sólido que la Nación. De hecho, desde 2018 las provincias tuvieron superávit primario de manera consecutiva, mientras que la Nación registró su último superávit en 2009.

Con esta premisa, no sorprendió que el consolidado de provincias y CABA cerrara 2024 con superávit primario y financiero. Lo verdaderamente interesante, y lo que vale la pena analizar, es qué estrategias debieron adoptar los gobernadores para sostenerse a flote en tiempos de austeridad y caída en la actividad. En un año de vacas flacas, la receta fue clara: priorizar lo urgente y afinar el lápiz del gasto.

Radiografía de las cuentas públicas

Contrario a toda historia fiscal reciente, el Sector Público Nacional terminó el ejercicio 2024 con un superávit primario de 1,8% del PIB y un superávit financiero de 0,3% del PIB. No fue magia: el gasto primario comprimió 27% real, con recortes casi generalizados en todas las partidas, siendo la AUH el único ítem que creció en términos reales. Por su parte, el gasto de capital, el gasto en subsidios económicos, y el gasto en transferencias a provincias, se hundieron hasta un piso histórico.

Por el lado de los ingresos, la recaudación nacional cerró 2024 con una caída real del 5,3%. Un número que, a primera vista, no parece tan alarmante considerando el contexto, pero que esconde una dinámica desigual: se sostuvo principalmente gracias a tributos extraordinarios como el impuesto PAIS, y al comercio exterior, cuya recaudación se destinaba enteramente a la nación, mientras que los impuestos estrechamente ligados a la actividad, como IVA o Ganancias, no pudieron evitar el impacto de la recesión y cerraron el año con retrocesos marcados, condicionando la masa coparticipable. De este modo, tanto la caída en los recursos de origen nacional derivado del contexto recesivo, como la reducción deliberada de las transferencias discrecionales afectaron los ingresos de las provincias. En detalle, mientras las transferencias automáticas cayeron un 10% en términos reales en el acumulado de 2024, las transferencias discrecionales pasaron de representar el 0,8% del PIB en promedio de los últimos años, al 0,1% del PIB en 2024.

Sumado a ello, la ralentización de la economía afectó la recaudación de los tributos de origen provincial que se contrajeron 8,7% en términos reales respecto a lo recaudado en 2023. Al interior, todos los tributos mostraron retrocesos, pero la caída de 9,3% i.a. que experimentó el impuesto a los ingresos brutos explicó casi la totalidad de la caída de la recaudación provincial.  

Aún así, el consolidado de las Provincias más CABA cerró el año con superávit primario del 0,4% del PIB, mientras que solo tres provincias culminaron con déficit -Buenos Aires, Catamarca y Chaco-. ¿Cómo lo lograron? Con una reducción del gasto superior a la caída de los ingresos, acompañado de un cambio en la composición de este, priorizando el gasto corriente en detrimento del gasto de capital, que redujo su participación en el gasto total, pasando del 12,4% en 2023 a 9,4% del PIB en 2024.

Estructura fiscal subnacional

A saber, los ingresos totales del consolidado de provincias y CABA se componen en un 29% de la recaudación de tributos provinciales (TOP), en un 45% de recursos provenientes de Nación (RON) y el monto restante de diversas fuentes, entre las que se incluyen ingresos de capital, regalías, seguridad social, entre otros.

A grandes rasgos, las provincias del norte argentino tienen una alta dependencia de los recursos de origen nacional que representan el 70% de los ingresos, mientras que las provincias del sur y CABA son más autosuficientes. Además, en el universo Sur, las regalías son la principal fuente de ingresos.

Por el lado del gasto total, el mismo se distribuye de la siguiente manera: gasto de personal (43%), transferencias corrientes (22%), gasto de capital (12%), seguridad social (12%) y otros (10%).

En 2024, los ingresos totales del consolidado de provincias más CABA se redujeron en 1,6 p.p. del PIB, mientras que los gastos totales lo hicieron en 2 p.p. A esta contracción se sumó un cambio en la composición del gasto: disminuyó de 12,5% en 2023 a 9,3% en 2024 el gasto en capital, resultando en un incremento del peso relativo de las transferencias corrientes y del gasto en personal. Como estos movimientos se dieron en un contexto de caída de la actividad, reflejan que su contracción fue incluso más pronunciada que la de la actividad económica.

Primer trimestre de 2025: ¿rebote o estabilización?

En lo que va de 2025, tanto los ingresos como los gastos del consolidado de provincias y CABA finalizaron el trimestre con crecimiento. Sin embargo, los recursos dieron señales mixtas.

Por un lado, hubo una mejora en las transferencias de Nación a las Provincias. Las automáticas crecieron 14,5% i.a. en términos reales y las discrecionales más que se duplicaron, pero más del 60% de esa suba se explica por los giros a CABA derivados de la medida cautelar de la Corte Suprema en el marco del conflicto sobre la Coparticipación. De todas formas, pese a esta mejora, las transferencias a provincias se mantienen por debajo de los niveles de 2023.

Por el contrario, esta recuperación no se reflejó en los tributos de origen provincial destinados al consolidado de provincias más CABA, que al descontar el efecto de la inflación retrocedieron 3,4%. En su interior, pese al repunte de los tributos, el deterioro de la recaudación se explica por ingresos brutos que se contrajo 9,4% i.a. en el primer trimestre.

Con todo, en el primer trimestre de 2025, Corrientes, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Rioja y Chaco terminaron con déficit primario y financiero revirtiendo su comportamiento interanual. Por el contrario, las provincias más disciplinadas fueron CABA, Jujuy y Mendoza, caracterizadas por su mayor cercanía política al Gobierno Nacional. No obstante, el resultado primario medido como porcentaje de los ingresos totales fue menor para la mayoría de las provincias si comparamos con el primer trimestre de 2024, como consecuencia de la mejora en el gasto.

Perspectivas

En las últimas semanas, la tensión entre Nación y las Provincias se ha intensificado en el Congreso. Las provincias se han alineado en el reclamo por el recorte de los fondos y la paralización de la obra pública, presentando proyectos de ley para incrementar la participación destinada a las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que se recaudaron durante 2024 pero no fueron ejecutados, así como para modificar la distribución del impuesto a los Combustibles Líquidos a fin de aumentar la participación provincial.

Desde su presentación, Milei dejó en claro que vetará cualquier ley que ponga en riesgo el orden fiscal. Sin embargo, las negociaciones continuaron y ambos proyectos ya obtuvieron media sanción en el Senado. El pasado miércoles, el Gobierno dio un paso más al presentar una contrapropuesta, señal de que reconoce que no podrá frenar la iniciativa únicamente con un veto y que está dispuesto a abrir algún canal de diálogo. En este marco, será clave seguir de cerca la evolución de estas leyes en debate, no solo por su impacto fiscal, sino porque constituirán una prueba concreta del poder de negociación de Milei frente a los gobernadores, en la antesala de la discusión del Presupuesto 2026. Pese a todo, la disciplina fiscal del Gobierno Nacional llegó para quedarse, y se mantendrá la premisa de que una suba en el gasto se dará solo de la mano de una mejora en los ingresos.

Por el lado de las provincias, la aprobación de las Leyes oxigenará los ingresos y les permitiría sostener niveles de gasto corriente para amortiguar el impacto de una economía que luce estancada y podría resentirse aún más por la suba de tasas de interés. En este escenario, contar con mayores ingresos podría marcar la diferencia entre mantener el equilibrio o llevar al déficit los resultados provinciales.

Todo indica que la disciplina fiscal del Gobierno Nacional llegó para quedarse y, en poco más de veinte meses de gestión, constituye un logro innegable. Sin embargo, el desafío que se abre hacia adelante trasciende el orden de las cuentas públicas: el Gobierno deberá demostrar capacidad de negociación con las provincias para construir consensos y avanzar en las reformas de fondo que se propone.

En esta nueva etapa, ya no alcanza con la austeridad ni con el enfrentamiento permanente entre Nación y provincias. La sostenibilidad del rumbo económico dependerá de tender puentes, generar apoyos y transformar la disciplina fiscal en una plataforma sobre la cual impulsar cambios más profundos y duraderos.

 

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¿Cómo le fue al fisco en junio?

El Sector Público Nacional No Financiero (SPNF) cerró junio con un superávit primario de $0,79 billones. Al sumar intereses por $0,24 billones, el superávit financiero alcanzó los $0,55 billones. En esta ocasión, tanto los ingresos totales, impulsados por un buen desempeño del agro, como los gastos primarios, marcados por la estacionalidad del mes, crecieron por encima de la inflación en la comparación interanual con una suba de 1,6% y 0,6% respecto a junio de 2024.

A diferencia de los meses anteriores, que venían marcados por una trayectoria mensual ascendente de los ingresos y gastos, en junio, ambas partidas cayeron 3% y 7% respecto a mayo en la serie desestacionalizada. Al interior de los ingresos, el único componente con un crecimiento mensual notable fue el comercio exterior. Tal como había anticipado el dato de la Recaudación, el agro aceleró el ritmo de liquidación en el último mes de vigencia de la reducción arancelaria (que se mantiene solo para trigo y cebada hasta marzo de 2026). Por el lado del gasto, todas las partidas registraron un retroceso mensual.

De ese modo, el SPN acumula en el primer semestre un superávit primario equivalente al 0,9% del PIB y un superávit financiero del 0,4%, con una dinámica heterogénea entre ingresos y gastos. En concreto, los ingresos totales registraron una contracción real del 1,6% interanual, afectada por la eliminación del impuesto PAIS y una performance menos favorable del impuesto a las Ganancias y de los Derechos de Exportación. En contraste, el gasto primario creció por encima de la inflación, con un aumento real cercano al 5% interanual. Esta expansión se explica principalmente por una mejora en las prestaciones sociales y en las transferencias a provincias. Mientras que los subsidios económicos, la inversión pública y otros gastos operativos profundizaron su ajuste.

Un vistazo al interior de las cuentas públicas

En junio, el crecimiento real de los ingresos totales fue sostenido principalmente por el Comercio Exterior, Bienes Personales, y otros vinculados a la actividad.

En detalle, tanto los Derechos de Exportación como los Derechos de Importación crecieron de forma significativa en términos reales, con subas interanuales de 93,5% y 72,6%, respectivamente. Sin embargo, estas variaciones deben leerse teniendo presente la baja de comparación de junio pasado ya que, gran parte del aporte del comercio exterior se concentró en mayo -y que por lo tanto afectó a la comparación interanual de mayo-. Más allá de esa distorsión, los derechos de exportación marcaron un récord en junio, incluso por encima del nivel de mayo de este año, por los incentivos a liquidar ante la perspectiva de aumento de alícuota (que se efectivizó en julio). En concreto, se liquidaron USD 3.700 millones en el mes, lo que representa un crecimiento real del 75% interanual. En contraste, en mayo 2024 el volumen liquidado -a valores constantes- fue de USD 2.400 millones.

En sintonía, el impuesto a los Bienes Personales evidenció un notable incremento interanual (160% real) pero esta magnitud también se encuentra condicionada por la base de comparación producto de la postergación de los vencimientos de personas humanas para agosto y septiembre de 2024.

Mirando el resto de los recursos tributarios: Ganancias y el Impuesto a los Débitos y Créditos se mantuvieron en terreno negativo, cayendo 29% y 13%, respectivamente, mientras los ingresos por Seguridad Social avanzaron 12,9% interanual y el IVA, que en mayo había alcanzado su mínimo valor desde mayo del 2021, creció 7,6% i.a., impulsado tanto por el consumo interno como por el IVA aduanero.

Por el lado de las erogaciones, este mes se observó una reversión en la tendencia mensual alcista que venía acumulando el gasto primario, tras caer casi 7% respecto a mayo en la serie sin estacionalidad.

Como ya mencionamos, el gasto primario registró en junio una suba de 0,6% i.a. consistente con un incremento de 1,6% i.a. del Gasto corriente y un retroceso de casi 30% real para el Gasto de Capital que acumula quince meses de caídas. Recordemos que para acumulado del primer semestre, el peso de esta partida en términos del producto promediaba en años anteriores el 0,6%, mientras que en la primera mitad de 2024 y en lo que va de 2025 este ratio se redujo a 0,1% del PIB.

Dentro del gasto primario, las Prestaciones Sociales continuaron en ascenso y acumulan siete meses de crecimiento real. Desglosando, las Jubilaciones y Pensiones (incluyendo las Pensiones No Contributivas) que explicaron en junio más del 70% del gasto social, le ganaron 5,8% a la inflación en la comparación interanual. En la misma línea, la AUH se mantuvo al alza (+13,6% i.a. real). Por el contrario, el ítem Otros Programas profundizó su recorte y tocó el mínimo valor desde febrero del 2020.

En tanto, los Subsidios Económicos que en mayo habían alcanzado su valor más alto del año en términos reales influenciado por la estacionalidad, cayeron en junio 28% i.a. pese a estar influido por un nivel de referencia bajo.

En la misma línea, al interior de los Gastos de Funcionamiento, los Salarios públicos, que explican el 80% de este rubro, se mantuvieron por debajo de la inflación (-7,5% i.a.). La performance de esta partida no sorprende si tenemos en cuenta que los salarios públicos relevados por UPCN vienen creciendo a un ritmo de 1% mensual, bien por debajo de la inflación, incluso teniendo en cuenta la desaceleración.

Por último, a pesar de haber más que duplicado su valor respecto a 2024, las Transferencias a Provincias representan hoy la mitad de lo que históricamente representaban. Esto se debe principalmente a una medida cautelar de la Corte Suprema que establece en 2,95% el índice de Coparticipación de CABA.

Perspectivas

Con los logros fiscales obtenidos, no caben dudas sobre el compromiso fiscal asumido por el Gobierno Nacional. No obstante, de cara a la segunda parte del año surgen múltiples interrogantes que la administración deberá despejar si pretende alcanzar su ambiciosa meta fiscal (superávit primario de 1,6% del PIB).

En las últimas semanas, la oposición logró aprobar en el Senado -con más de dos tercios- una Ley que contempla: un aumento del 7,2% para las jubilaciones y pensiones, un bono de $110.000 indexado y reincorpora la moratoria previsional. Paralelamente, también se aprobó la Ley de Emergencia en discapacidad.

Sumado a ello, los gobernadores impulsaron un proyecto -que tuvo media sanción en el Senado- en la búsqueda por resguardar las finanzas provinciales. La iniciativa propone, por un lado, una distribución automática a las Provincias del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de acuerdo con la Ley de Coparticipación, evitando así su asignación discrecional. Por otro lado, cambia el esquema de distribución de la recaudación del impuesto a los combustibles. En detalle, el actual reparto le otorga un 10,4% a las provincias, otro 10,4% al Tesoro Nacional, y el resto a Seguridad Social, Transporte y Fideicomisos de Infraestructura. El proyecto propone que esos fondos correspondientes a dichos fideicomisos (equivalentes al 58,36% del impuesto) se redirijan directamente a las provincias.

El impacto fiscal combinado de estas iniciativas se estima en un 0,7% del PIB para 2025 y en un 1,5% para 2026. Frente a este escenario, el Poder Ejecutivo anticipó su intención de vetar o judicializar cualquier proyecto que ponga en riesgo las cuentas públicas. No obstante, si las iniciativas avanzan por insistencia legislativa y el Gobierno decide sostener su meta fiscal, el ajuste deberá recaer en una mejora de los ingresos, ya que el margen para seguir reduciendo el gasto es cada vez más limitado.

En este contexto, la reimplantación desde julio de alícuotas más altas para las exportaciones de soja, maíz y sus derivados podría contribuir a fortalecer los recursos en los próximos meses. No obstante, las liquidaciones récord observadas recientemente obedecen, en parte, a un adelantamiento de operaciones por parte de los exportadores que aprovecharon los beneficios fiscales por lo que se espera que compriman las cantidades de cara a los meses venideros.

En paralelo, la estrategia financiera del Gobierno sigue teniendo un rol clave en la discusión sobre el superávit financiero. Como se ha señalado en análisis anteriores, la emisión de títulos que capitalizan sus intereses forma parte de una práctica deliberada que permite “ocultar” el costo del financiamiento por debajo de la línea, favoreciendo así la presentación de mejores resultados fiscales.

De hecho, el resultado financiero acumulado de 0,5% del PIB se convertiría en un déficit de 1,6% si los intereses capitalizados se contabilizaran como intereses pagados, dado que el costo de estos títulos registrados debajo de la línea como amortización representó el 1,9% del PIB en la primera parte del año.

Habrá que seguir de cerca la evolución del stock de la deuda capitalizable ya que esta práctica se profundizó en las últimas jornadas con el desarme de las LEFIs y la licitación fuera del calendario que esconde el costo financiero debajo de la línea. En detalle, en una primera instancia estos títulos fueron absorbidos por el BCRA y canjeados por instrumentos de deuda del Tesoro capitalizables. Parte de esa operación se transformó en liquidez y Finanzas tuvo que salir con una licitación extra para absorber pesos ($ 5 billones de valor efectivo) con un menú compuesto de títulos que capitalizan los intereses, a muy corto plazo y con tasas elevadas.

Sin más, con la mirada puesta en julio, la historia reciente sugiere que podríamos enfrentar el primer déficit financiero del año, impulsado por el peso de los pagos de intereses de los bonos soberanos. No obstante, ciertos indicadores invitan a no anticipar un escenario del todo negativo: una actividad económica en recuperación, un consumo que muestra señales de repunte y un agro que aún sostiene un buen ritmo podrían inclinar la balanza y dejar espacio para una nueva sorpresa fiscal.