Author: Ana Albin

La valoración del desempeño del gobierno de Javier Milei viene mostrando cierta estabilidad en los primeros 4 meses del año, y ese es el dato más destacado del clima de opinión pública. La estabilidad es un dato porque ocurre en un contexto económico muy adverso para el oficialismo, producto del proceso de corrección de desequilibrios que el Gobierno intenta lograr. De hecho, la curiosidad es que en los dos últimos meses, quizá motivada por el éxito que el gobierno está mostrando en materia de desinflación, se registró una ligera mejora en la evaluación de desempeño del Gobierno, subiendo en este período más de 2 puntos porcentuales.

En perspectiva histórica, los niveles de aprobación del gobierno son niveles elevados si los comparamos con los niveles de apoyos que reunía Mauricio Macri en abril 2016. La comparación con Alberto Fernández es compleja, porque en abril el ex presidente ya gozaba del impacto positivo que produjo la pandemia en su imagen, llevándola a niveles extraordinarios producto de una situación extraordinaria. Pero también los niveles de rechazo son elevados, por lo pronto más elevados que lo que registraba Macri en abril de 2016.

Esta composición del indicador, altos niveles de aprobación y de rechazo, son la nota característica de todo el clima de opinión: una sociedad dividida en dos grandes grupos antagónicos, lo que se ve reflejado en la mayoría de los indicadores, y que muestran dos grupos con miradas muy contrapuestas sobre lo que está pasando.

De la mano de la búsqueda de aprobación de la ley Bases, el oficialismo intentará además avanzar con la sanción del paquete fiscal, el conjunto de iniciativas fiscales e impositivas que buscan mejorar la situación fiscal de la Nación y de las Provincias. Se trata del cebo o incentivo que el Gobierno ofreció a los Gobernadores para recoger apoyos para aprobar las medidas propuestas en la Ley Bases.

Pero también se agregará un paquete de reformas laborales propuestas por el bloque de la UCR, pero que en algún punto surgen de las propuestas de reformas laborales que el propio oficialismo promovió a través del DNU 70/2023 y que fuera suspendido por una medida judicial, en el marco del control que el Poder Judicial hace sobre la constitucionalidad de los DNU, trámite que deberá terminar con un fallo de la Corte Suprema avalando o no la vigencia del mencionado DNU.

Ambas iniciativas podrían sufrir modificaciones en la discusión tanto en la discusión en comisión como en el recinto, pero llegan al Congreso con una redacción que contempla las siguientes reformas fiscales:

Por su parte, la propuesta de reforma laboral, acercada por el bloque de la UCR, contempla una serie de modificaciones a la legislación laboral. Según los autores, el mercado laboral presenta actualmente enormes desafíos como la alta tasa de informalidad laboral, el desempleo, la precarización laboral, y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Por ello, afirman que es necesario actualizar el marco normativo para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y el desarrollo económico del país.

Según el sector del radicalismo que promueve la iniciativa, la propuesta contempla una serie de modificaciones a la legislación laboral que reflejan un enfoque de modernización de la misma, buscando equilibrar los derechos de los trabajadores con las necesidades de adaptación a las nuevas realidades del mercado laboral, promoviendo la formalización del empleo y la simplificación de los procesos administrativos.

Liderar un gobierno en minoría en un régimen presidencialista tiene sus riesgos. No solo por la dificultad para poder tomar decisiones (las leyes requieren acuerdos con sectores opositores) y el riesgo de bloqueo, sino por el riesgo de tener decisiones adoptadas por el Poder Legislativo contra el deseo del Poder Ejecutivo. Cuando se está en hiperminoría (el caso de Milei), para minimizar esos riesgos se vuelve conveniente la fragmentación de la oposición. Y eso efectivamente ocurre en este inicio de ciclo del libertario. Pero en el inicio de mandato hay otro factor que ayuda a minimizar esos riesgos: la presión que la sociedad ejerce -de manera implícita- contra cualquier actitud obstruccionista de los actores opositores. Una presión que “obliga” a ayudar.

La oposición tiene hoy la capacidad de bloquear o rechazar las decisiones de Milei, tiene los votos en el Congreso para no aprobar leyes o para rechazar DNU’s. Pero esa capacidad está condicionada por el riesgo de pagar un alto costo ante la sociedad (aparecer obstaculizando a un gobierno nuevo) y el riesgo de hacerse corresponsable del eventual futuro fracaso de Milei (si ello ocurre, se alegará que fracasó porque la oposición le puso palos en la rueda y obstaculizó la gestión de gobierno). Estos son los fundamentos que explican las ventajas de esta ventana de oportunidad para tomar decisiones que tiene Milei al inicio de ciclo, ya que frente a una oposición fragmentada y amañatada para obstaculizarle o bloquearle decisiones, él puede avanzar por la vía de excepción (DNU´s), a la espera de que la vigilia social lo proteja de actitudes opositoras bloqueadoras.

Ese costo potencial frente a la sociedad que limita el accionar de la oposición, y que está presente en este inicio de ciclo, será marginalmente decreciente ante el eventual incremento de las probabilidades de fracaso del plan de gobierno de Milei. Es decir, en la medida que Milei no pueda ofrecer resultados, las restricciones que operan sobre la oposición para ejercer un papel obstruccionista o bloqueador irán disminuyendo, de la mano del crecimiento del mal humor social. Este es el riesgo y la urgencia que enfrenta Milei.

Un aspecto interesante es observar que la dispersión opositora está reflejada en la ausencia de consenso sobre quién es el líder de la oposición. De hecho, la principal respuesta a la pregunta de quién es hoy el líder de la oposición, en base a un listado con las figuras políticas nacionales más importantes, fue “otro”. Y la mayoría de las respuestas de la opción “otro” señalaban, ante una repregunta, que no veían líderes en la oposición.

Entre los que votaron a Sergio Massa, en su gran mayoría de extracción kirchnerista, un 41,3% percibe que el líder de la oposición es Axel Kicillof, pero ese porcentaje cae a 24,% entre los que votaron a Javier Milei.

Otra forma interesante de analizar la dispersión de liderazgos opositores, es contrastar la percepción (a quién ves como líder) con el deseo (a quién queres como líder). Si el 41,3% percibe a Kicillof como líder opositor, solo el 33,4% desea que lo sea. También baja Grabois, de 18,9% a 14,1%. Y crecen Cristina Kirchner de 10,6% a 14,1% y especialmente Sergio Massa, que pasa del 4,7% a un 13,8%. Sigue siendo Axel Kicillof el más deseado como líder opositor de parte del electorado opositor, pero no llega a superar el tercio de menciones.

En definitiva, Javier Milei sufre restricción decisional, gobierna en minoría, pero esa debilidad hoy no termina de quedar expuesta en parte porque la oposición está condicionada o a colaborar o a no obstaculizar la acción de Gobierno, y fragmentada en varios espacios y sin liderazgo. Milei gozará de esta ventaja durante el comienzo de su ciclo, pero podría perderla si los resultados no aparecen en los tiempos que la sociedad espera.

De la mano del descenso de la inflación que se viene registrando en el IPC desde el pico de diciembre, y de la tendencia que pareciera sostenerse en marzo, la preocupación por inflación cede este mes 10 puntos porcentuales, llegando al nivel más bajo de los últimos 7 meses. Este descenso de la preocupación por el aumento de los precios se traslada a otras tres preocupaciones que suben en marzo, y que son: la preocupación por la corrupción, la preocupación por la inseguridad y la preocupación por el narcotráfico. Entre la preocupación por la inseguridad y por el narcotráfico (que creció el mes en que recrudeció esta problemática en Rosario) acumulan casi 10 puntos porcentuales de menciones, mientras que la preocupación por la corrupción crece más de 4 puntos porcentuales entre el registro de febrero y el de marzo.

A su vez, continua mejorando la expectativa sobre cuándo se logrará bajar la inflación. Sin lugar a duda la desaceleración de la inflación viene siendo el principal resultado que el oficialismo le puede ofrecer a una opinión pública mayormente preocupada por el aumento de los precios.

De hecho, la desaceleración observada en el IPC de febrero -mayor a la esperada-, puede haber contribuido en cambios en la percepción que la opinión pública tiene sobre las responsabilidades sobre la inflación presente. Si en febrero un 37,4% de la gente creía que la inflación actual es responsabilidad de este gobierno, en marzo esa percepción bajó a 29,8%, mientras que por el contrario, el porcentaje de los que creen que la inflación es responsabilidad del anterior gobierno subió de 48,1% a 51,9% de los encuestados.

También se registró en marzo una mejora en las expectativas de la opinión pública sobre cuándo se logrará bajar la inflación. Entre la percepción que se tenía en enero y la de marzo, los que creen que en 6 meses se logrará bajar la inflación a un dígito aumento de 7,9% a 18,6%, mientras que los que creen que lo logrará en un año se incrementó de 12,7% a 20,9%. Como contrapartida, los que creen que no logrará bajar la inflación a un dígito se redujo de 50,8% en enero a 37,5% en Marzo.

También se registran cambios en la paciencia social respecto de la tolerancia al gobierno para que baje la inflación. Si en enero el 41% de los consultados respondían que le daban 3 meses al Gobierno para bajar la inflación, en marzo ese porcentaje se redujo al 23,4%, lo que puede evidenciar que la desaceleración de la inflación pudiera estar repercutiendo positivamente en la paciencia que la gente dice tener para esperar que el Gobierno logre bajar la inflación efectivamente.

Luego de idas y vueltas, el Senado logró tratar en el recinto el mega DNU 70/2023 firmado por Javier Milei apenas asumió su mandato, y una mayoría de 42 senadores votaron por el rechazo del mega decreto. Se trató de una derrota política del oficialismo en el Congreso, pero que no sorprendió, ya que se especulaba que en el Senado esto podía pasar, dado que con la oposición del peronismo y sus 33 Senadores, el rechazo del DNU solo necesitaba de 4 senadores más. Fueron finalmente 9 senadores más los que se sumaron al rechazo del bloque peronista, dentro de los cuales resaltan 6 senadores patagónicos: Carambia, Gadano (Santa Cruz), Silva (R. Negro), Crexell (Neuquén), Terenzi (Chubut) y Blanco (T. del Fuego). Los 3 restantes que se sumaron al peronismo fueron Carlos Espínola (Corrientes), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y Martín Lousteau (CABA).

La posición de los senadores patagónicos, aún no siendo definitorios para el rechazo, fue el dato político de la jornada, ya que se trata de provincias que habían entrado en conflicto con el Gobierno nacional por el recorte de los fondos discrecionales que la Nación enviaba a esos distritos y que provocaron el enojo de sus gobernadores.

La derrota política del oficialismo en el Senado no es otra cosa que un síntoma inocultable de la debilidad legislativa del poder ejecutivo, y señal de la restricción decisional que opera sobre el Presidente, que no tiene los votos para sancionar leyes pero tampoco tiene los votos para defender en el Congreso la posibilidad de tomar decisiones por una vía de excepción, como son los Decretos de Necesidad y Urgencia.

Una debilidad que lo expone a decisiones no deseadas de parte del Congreso. Como lo que ocurrió el miércoles pasado, cuando bloques opositores casi consiguen el quórum para emplazar a la cámara a tratar en Comisión los proyectos de cambio de la movilidad jubilatoria que hay con estado parlamentario para evitar que la inflación sigua licuando los salarios a jubilados y pensionados.

La sesión se frustró por la ausencia de 10 diputados. Pero si se cuenta que no pudieron estar 7 diputados de Unión por la Patria y tampoco pudo estar la diputada Margarita Stolbizer, la cuenta se achica a un puñado de diputados los que le faltaron a este grupo de bloques opositores para propinarle otra derrota al oficialismo.

La clave para desactivar esta sesión estuvo en la ausencia de diputados que responden a gobernadores. Los 3 diputados cordobeses que faltaron a la convocatoria de su propio bloque, lo hicieron por decisión de Martín Llaryora, quien evitó aparecer impulsando decisiones contrarias al oficialismo. Algo parecido pasó con los diputados Florencia Kalipawka Lewtak (Misiones), Francisco Morchio (Entre Ríos) y Jorge Ávila (Chubut). Todos legisladores del bloque Hacemos Coalición, que había convocado a la sesión especial en cuestión.

Esta actitud de los gobernadores de no contribuir a la movida no deseada por el oficialismo está vinculada con la apertura del diálogo ofrecida por el Gobierno nacional para rediscutir la Ley Bases y el Paquete Fiscal. Esta ventana de oportunidad para negociar consensos que satisfagan intereses de ambas partes (del oficialismo en sancionar su ley y de las provincias en obtener alivio financiero), ha servido como paraguas para el oficialismo. Una forma de desactivar avances no deseados en el Congreso.

Lo que resta saber es cómo va a prosperar el diálogo entre Ejecutivo y Gobernadores, ya que aún no hay acuerdo y de ello dependerá la tesitura que los Gobernadores tengan en el Congreso para apoyar o no las decisiones no deseadas que el Legislativo decida impulsar en contra de los intereses del Poder Ejecutivo, como el rechazo del DNU. Esa es la clave para entender lo peligroso que se puede volver el Congreso para los intereses de Javier Milei.

Javier Milei aprovechó su discurso de inauguración de sesiones ordinarias para retomar la senda del diálogo y volver a explorar la posibilidad de sacar la Ley Bases y el paquete fiscal que ha intentado sacar del Congreso en sus primeros meses de mandato. La pelea con el gobernador de Chubut había provocado una reacción en cadena en contra del presidente de parte de la mayoría de los gobernadores, lo que obligó al presidente a retomar la posibilidad de un entendimiento con Gobernadores, sobre todo porque el FMI lo está presionando para que logre acuerdos políticos que le den sustento al programa de ajuste fiscal. Así surgió la propuesta de Pacto de Mayo y el preacuerdo previo que permita avanzar con la Ley Bases a cambio de dar alivio fiscal a las provincias.

La estrategia del oficialismo pareciera esta vez estar focalizada en seducir a los gobernadores con un intercambio de necesidades: 1) apoyar la aprobación de una versión de Ley Bases que incluya la declaración de emergencias, el otorgamiento de facultades delegadas, y los capítulos orientados a desregular los mercados de energía y minería y a establecer incentivos para grandes inversiones, con la inclusión de la nueva ley de movilidad jubilatoria; a cambio de 2) ofrecer alivio fiscal a las provincias a través de la aprobación de un paquete fiscal que contemple la reposición del Impuesto a las Ganancias, a la que se sumarían el capítulo fiscal de la Ley Bases (régimen de blanqueo, moratoria y el adelanto de bienes personales, sin la suba de retenciones que generaba complicaciones en provincias agropecuarias).

En principio, esta propuesta no tendría pleno consenso entre los gobernadores, y los mandatarios insistirán con coparticipar el impuesto PAIS y reclamarán una propuesta de alivio fiscal que contemple revertir los recortes efectuados por Nación en materia de transporte y fondos para el salario docente.

Si este preacuerdo se logra (Ley Bases a cambio de alivio fiscal), entonces Milei ofrecerá rediscutir los términos de su propuesta de Pacto de Mayo, que contempla el compromiso para acordar 10 puntos que constituirían un nuevo régimen económico, que estaría acompañado de reformas estructurales que le den una plataforma sólida a la recuperación de la economía argentina y que sería firmado el 25 de mayo próximo.

De esta negociación dependerá de la capacidad que tenga el oficialismo de sacar la Ley Bases del Congreso. Da la sensación que va a ser difícil que haya consenso pleno entre todos los gobernadores, sobre todo porque los gobernadores del peronismo parecieran querer sostener una posición maximalista en la negociación. Pero dependerá de qué consensos se logren entre los otros mandatarios para saber si los incentivos de la negociación arrastraran a todos a algún consenso. Esto es lo que se inició luego de que el presidente rehabilitara la vía del diálogo nuevamente en búsqueda del consenso político que ayude a darle consistencia al programa económico.

La relación entre el Gobierno y la dirigencia sindical se ha deteriorado vertiginosamente. La dirigencia sindical se siente agredida por el gobierno y por sus iniciativas, lo que la ha llevado a adoptar una actitud combativa. Parte de eso explicó el Paro General que decidió la CGT realizar, una decisión que recogió muchas críticas por lo temprana de la medida con un gobierno recién comenzado. Por este motivo, para evitar esa crítica, la CGT ha decidido mantener su actitud combativa y adoptar una estrategia menos visible de confrontación: acompañar todos los conflictos y las medidas de fuerza que se resuelvan en los diferentes gremios que integran la CGT. Y algo de eso ya se vio a lo largo de los últimos 30 días con el triunvirato acompañando los diferentes conflictos.

Y los conflictos se han multiplicado, al punto que hemos tenido muchos de ellos que derivaron en medidas de fuerza. Estos conflictos son los que la CGT está decidida a apoyar en su puja contra el Gobierno de Javier Milei.

Sin lugar a duda, el hecho político más destacado del inicio de ciclo de Javier Milei fue el tratamiento de la Ley Bases, que contenía una serie de reformas y decisiones que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para obtener las herramientas que a su percepción requería para poder avanzar con parte de su programa de gobierno.

El tratamiento frustrado de la Ley sirvió como elemento ilustrativo de la restricción decisional que opera sobre la voluntad del Poder Ejecutivo de ejecutar un plan de gobierno. 

Lo interesante era auscultar en la opinión pública la percepción sobre las responsabilidades del frustrado tratamiento de la ley. En ese sentido, y consultada sobre el asunto, la opinión pública repartió responsabilidades casi equilibradas entre oficialismo y oposición. Mientras un 46,7% le asignó más responsabilidad a la oposición por el frustrado tratamiento, otro 42,3% consideró que la mayor responsabilidad por la no aprobación de la ley era del presidente. Un 6,9% se inclinó por repartir culpas a ambos lados del mostrador, y un 4,1% no supo o no quiso asignar responsabilidad.

Con la caída de la ley, en algún momento se especuló (Milei lo había advertido durante la campaña) con la posibilidad de que el presidente decidiera convocar a la gente a decidir y someter la decisión a una consulta popular no vinculante. Y a pesar de que hay una ligera mayoría que se inclina por avalar ese método (48% dice estar de acuerdo con que el presidente decida hacer eso), hay una ligera mayoría que votaría en contra del proyecto (50,4%). En conclusión, si miramos estos números, parece acertada la decisión de no someter a discusión popular la iniciativa, ya que no teniendo asegurado que la votación la ganará, sería un golpe muy fuerte, políticamente hablando, para el oficialismo perder una votación de estas características al inicio de ciclo.

La presente es una síntesis del Panorama de opinión pública, exclusivo para clientes Corporate.