Economía
La inflación del mes de mayo de 2020, medida a través de la variación intermensual del Índice de Precios al Consumidor, se ubicó en -0,6%. Con este resultado la inflación acumulada para los primeros 5 meses del año fue de -0,4%. Un resultado de esta magnitud no se observaba desde el año 2009, cuando, en medio de la crisis financiera mundial, cayeron los precios de las materias primas y los alimentos. Por su parte, la inflación interanual se situó en 0,7%, la menor variación registrada para dicho mes históricamente.
Sobre el resultado inflacionario de mayo incidió, en gran medida, la disminución en el precio internacional del petróleo. Cabe recordar que Paraguay es importador neto de combustible. En línea con la mencionada trayectoria descendente en el precio del crudo, por decreto presidencial se redujo el precio del pasaje del transporte público, en un entorno de cuarentena inteligente, que implicó la habilitación de la actividad productiva de algunos sectores económicos, por ejemplo, la ejecución de obras públicas y civiles, que son esenciales para la reactivación económica del país.
Las estimaciones de inflación, para el cierre del año 2020, apuntan a una tasa inferior al 2,0%. No obstante, se mantendrá el pronóstico preliminar (2,4%), a la espera de nuevos indicadores de alta frecuencia para el sector real.
Política
El Poder Ejecutivo rindió cuentas ante la Cámara de Senadores sobre la ejecución de recursos de la Ley de Estado de Emergencia. De los USD 1.600 millones aprobados, USD 1.000 millones se obtuvieron de la emisión de los Bonos Soberanos; USD 20 millones de un crédito con el Banco Mundial, mientras que restan por contratar USD 580 millones. A la fecha se han ejecutado USD 925 millones.
Además, el gobierno ha estado trabajando en el Plan de Recuperación Económica, cuyo inicio se pautó para el mes de junio del presente año y se prolongará a lo largo de 2021. El plan abarca tres áreas fundamentales: i) inversiones públicas, que se espera generen alrededor 124.240 empleos directos e indirectos; ii) financiamiento para el desarrollo, que estará dirigido a inversiones de empresas o adquisición de vivienda; y iii) protección social, que buscará ampliar la cobertura de programas de asistencia a familias vulnerables, adultos mayores y subsidios. También contemplan medidas transversales de apoyo a las Mipymes, a través del financiamiento con la banca pública; reconversión laboral y subsidio para cuentapropistas.
Finalmente, plantean, entre otras, reformas estructurales en el sistema de salud pública; educación; responsabilidad fiscal; así como la adopción de medidas para la convergencia gradual a resultados fiscales sostenibles.
