¿Cuál fue el resultado fiscal en julio?
En el séptimo mes del año, los ingresos del Sector Público Nacional superaron a los gastos primarios en más de ARS 4.000 millones. De esta forma, Hacienda pudo mostrar un superávit operativo por quinta vez en el año y, a pesar de la recesión, sigue mejorando el balance fiscal previo al pago de intereses. Este resultado fue una consecuencia de que los gastos continúan creciendo a un ritmo menor a los ingresos: mientras que los primeros cayeron 4% i.a. en términos reales, los segundos pasaron a terreno positivo al crecer 5% i.a. deflactado. Así, el resultado primario acumula un ahorro de ARS 34.500 millones en el año, mejorando más de 1 p.p. del PBI respecto al mismo período del año pasado (+0,2% del Producto en 2019 vs -1,0% en 2018, considerando los Programas de Inversión Prioritaria -PIP-).
En cuanto al pago de intereses, este ascendió a ARS 82.000 millones en el mes, trepando 11% i.a. en términos reales. Así, el pago del servicio de la deuda acumula casi ARS 400.000 millones en el año y su peso crece como proporción del Producto. Sin embargo, por la mejora del balance primario, mientras que en los primeros 7 meses del año pasado el déficit financiero fue de -2,3% del Producto (incluyendo los PIP), este año el rojo se contrajo a -1,8% del PBI.
¿Cuál es el impacto de las medidas recientes?
A comienzos de la semana pasada, el dólar escaló cerca de 25% y, en respuesta, el Gobierno lanzó un paquete de medidas de alivio para un grupo variado de contribuyentes, fuertemente influido por el proceso electoral. Con estas políticas buscó morigerar el impacto de la depreciación sobre los ingresos y, a su vez, recolectar apoyos electorales de cara a octubre. Estas medidas tienen un costo fiscal estimado de 0,3% del PBI y abarcan la reducción de Aportes Personales y del Impuesto a las Ganancias, la exención del pago del componente impositivo del monotributo y el pago extra de asignaciones y becas, todas por tiempo limitado. Una de las medidas más controversiales fue la eliminación del cobro de IVA para una canasta de productos alimenticios. Esta política busca reducir el traspaso de la depreciación a los precios internos, recortando la caída del poder adquisitivo. A pesar de ello, por el diseño de la política (sólo se exime del pago al último eslabón de la cadena productiva, es decir al valor agregado por el comercio minorista, siempre y cuando esté en blanco), su impacto será acotado, tanto en sus efectos económicos como en su costo fiscal.
Si bien el palacio de Hacienda anunció que reasignaría partidas para financiar estas medidas, parte del costo de las mismas será afrontado a costa del sobrecumplimiento que venía registrándose en las metas fiscales primarias. También, algunas de las políticas mencionadas pueden considerarse dentro del ajustador por gasto social que se incluyó en el acuerdo con el FMI. Por último, por la actualización automática de las prestaciones sociales, los aumentos para lo que resta del año en las jubilaciones, pensiones y asignaciones ya están pautados. Así, el aumento de la inflación provocado por la depreciación no incrementa el monto de estos pagos, sino que licúa su peso para el fisco, dándole espacio para implementar nuevos gastos.
¿Qué esperamos en materia fiscal para los próximos meses?
A pesar de las respuestas por parte del Gobierno, que incluyeron tanto políticas fiscales expansivas (reducción del IVA) como monetarias (venta de reservas internacionales para frenar la escalada del tipo de cambio), la suba del dólar tendrá un impacto sobre los precios. La aceleración inflacionaria de los próximos meses deteriorará los ingresos reales de las familias, descartando la -muy incipiente- recuperación económica. De esta forma, los ingresos públicos podrían verse afectados. Así, a pesar de que el Gobierno parecía encaminado a cumplir su meta fiscal anual (alcanzar un resultado primario de -0,5% del PBI, usando en su totalidad los ajustadores del acuerdo con el FMI), un agravamiento de la recesión podría poner este objetivo en duda.
