Como consecuencia del triunfo electoral en la elección de 2025 la dinámica legislativa durante este 2026 sufrirá un cambio radical, con un oficialismo que pasará de haber estado tratando de bloquear leyes no deseadas, a estar tratando de sacar leyes deseadas en el Congreso. Con la renovación legislativa, el oficialismo se ha visto fortalecido y ha quedado a algo más de una treintena de votos para sacar leyes de la Cámara baja, ya algo más de una quincena de senadores para sacar leyes de la Cámara alta. Ya no se necesitarán más “héroes” -como lo llamó el presidente-, que presten su voluntad para evitar la insistencia de leyes no deseadas en el Congreso. Ahora se necesitarán legisladores que presten su voluntad para lograr las mayorías necesarias para sacar leyes.
Pero la novedad no es solo que el oficialismo ha quedado más cerca de sacar leyes, sino que también se han multiplicado las opciones de negociación del oficialismo entre los múltiples bloques opositores. En parte porque los sectores dialoguistas siguen mostrando predisposición de negociación, y en parte porque en otrora sectores más opositores (sobre todo del PJ disidente), ahora se muestran predispuestos a negociar -por ahora- la sanción de leyes. Aquí un panorama de todas esas opciones de negociación que tiene el oficialismo:
Cómo se puede apreciar, las opciones de negociación son múltiples, pero al mismo tiempo son todas interesadas. Es decir, hay para negociar, pero habrá que negociar cada uno de los votos que se necesitarán para sacar leyes.
LA REFORMA LABORAL, ENTRE EL RECLAMO DE LOS GOBERNADORES Y LA RESISTENCIA SINDICAL
El Gobierno nacional avanza en el tratamiento de la denominada Ley de Modernización Laboral, uno de los proyectos estructurales más relevantes de la gestión de Javier Milei. La iniciativa busca introducir cambios profundos en el régimen laboral argentino, con el argumento de reducir la litigiosidad, fomentar la creación de empleo y adaptar el sistema a los cambios tecnológicos y productivos. Sin embargo, el debate excede ampliamente el plano estrictamente laboral. La reforma incorpora modificaciones impositivas de alto impacto fiscal, particularmente sobre el Impuesto a las Ganancias, que es un tributo coparticipable.
En este marco, la discusión legislativa se transformó en una pulseada política, no solo entre el Gobierno y los sindicatos, sino también entre la Casa Rosada y los gobernadores, quienes condicional el respaldo a la reforma a lograr una compensación por el costo fiscal que implicaría para los distritos los cambios impositivos.
