Las complicaciones surgidas de la discusión por el Presupuesto, que derivaron en dudas sobre los apoyos de los Gobernadores a la Reforma Laboral, hicieron que el Gobierno evaluara que era mejor postergar el debate por los cambios laborales. Sobre todo porque la discusión de la Reforma podía ser utilizada como una instancia de presión y negociación adicional de los Gobernadores sobre el Ejecutivo en momentos de discusión del Presupuesto. Al no existir voluntad firme de acompañamiento de los aliados, LLA en el Senado postergó el debate para febrero 2026.
Esta decisión se tomó en el mismo momento en que la CGT efectuaba una movilización a la Plaza de Mayo intentando hacer una demostración de fuerza para forzar una negociación sobre los contenidos de la reforma. Las líneas de acción de la dirigencia sindical para intentar frenar (al menos parte de la reforma) son la protesta en la calle, el diálogo en el Congreso con aliados y los reclamos en la Justicia si la reforma se sanciona.
Con la postergación, se amplifica el tiempo de negociación, tanto del Gobierno como de la CGT con los sectores dialoguistas. Descontado el apoyo del oficialismo y de sus aliados más afines a la reforma (PRO), y descontado el rechazo del peronismo opositor, la búsqueda de apoyo (para sancionarla del gobierno o para frenarla de la CGT) se concentra en los bloques dialoguistas y en los Gobernadores. El objetivo de la CGT no es frenar toda la ley saben que es imposible-, sino al menos frenar los componentes más perjudiciales según ellos.
