El Ejecutivo está decidido a lograr la menor intervención posible del Congreso en su política económica. Algo que no solo ha logrado pudiendo administrar el gasto público por segundo año consecutivo sin una ley de presupuesto sancionada, sino que intenta lograr al anunciar que toda ley sancionada que afecte el gasto público será vetada. Como sucederá con las tres leyes que la Cámara de Diputados acaba de aprobar y que Milei anticipó que vetará.
La Cámara Baja aprobó la semana pasada tres iniciativas (dos en materia previsional y otra en materia de discapacidad), que implican un aumento en el gasto público para atender necesidades en esos dos ámbitos sensibles de la realidad social. Dos de ellas (el aumento extraordinario a los jubilados y la ley de emergencia en materia de Discapacidad) fueron aprobadas por más de dos tercios de los votos.
No llamó la atención que bloques que vienen asumiendo una posición más opositora votaran a favor de estas leyes (Unión por la Patria, Encuentro Federal, los Radicales opositores de Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, o la izquierda), pero sí llamó la atención que bloques provinciales o los legisladores de la propia UCR y algunos del PRO acompañaran estas iniciativas, o al menos se abstuvieran de rechazarlas.
Si nos guiamos por el antecedente inmediato, uno puede interpretar que muchos de los legisladores que acompañaron estas iniciativas no siendo estrictamente diputados opositores, lo han hecho sabiendo que el Presidente tiene la facultad de vetar. Y especulando que posiblemente, una vez sancionada y vetada la ley, puedan negociar la no insistencia para salvar al Gobierno del costo fiscal por la imposición de estas normas. Lo cierto es que la posibilidad de que las leyes salgan es cierta, restará saber nuevamente si el Ejecutivo tiene la capacidad política de juntar los 86 votos que se necesitan para bloquear la insistencia legislativa del Congreso.
