Durante octubre, el Ejecutivo logró cortar la escalada de la crisis cambiaria: el nuevo esquema económico acordado con el FMI estabilizó al dólar, que incluso bajó más de 10% en el mes. Además, consiguió sanción del Presupuesto 2019 (con déficit primario cero) en la Cámara de Diputados, destrabando la aprobación formal del FMI del segundo acuerdo y la llegada de fondos frescos.
Sin embargo, no todo fue color de rosa. En primer lugar, el Banco Central tuvo que subir la tasa de interés de referencia por encima del 70% anual, lo que atenta contra el aparato productivo profundizando la recesión. Las perspectivas de relajación del apretón monetario no llegarían antes de fin de año: el BCRA se comprometió a mantener las tasas por encima de 60% hasta que no se observen dos meses consecutivos de baja considerable de las expectativas de inflación (suba promedio para los próximos 12 meses que surge del Relevamiento de Expectativas de Mercado).
Además, pese a la aprobación del Stand By ampliado, el Riesgo País no se redujo. Es que la probabilidad de default o reestructuración de los bonos soberanos sólo se pospuso a 2020 (ese año los desembolsos netos del FMI serían inferiores a los USD 2.000 M). Asimismo, a fines de junio el ratio Deuda Pública-PBI rozó 80% y la deuda relevante (en mano de privados y organismos internacionales) alcanzó el promedio de la región 45%. El desembolso del Fondo a fin de mes elevó las Reservas Internacionales pero abultó la deuda en moneda dura, que ya representa 75% del stock.
Por último, para flexibilizar el incremento cuasi-nulo de la base monetaria, el dólar tiene que perforar el límite inferior de la zona de no intervención, permitiéndole al BCRA comprar divisas sin retirar los Pesos que surjan de dicha operación. El problema de esta relajación monetaria es que tocar la banda inferior implica volver a un Tipo de Cambio Real (TCR) que no está atrasado, pero no es competitivo. El repago de la elevada deuda en moneda dura no sólo exige reabrir el mercado de capitales, sino reducir al mínimo el déficit de la cuenta corriente, lo cual solo es posible con un TCR competitivo.
De todas maneras, el saldo del primer mes de vigencia del nuevo esquema económico es favorable: pese a que el gobierno no puede (ni debe) aún cantar victoria, el riesgo de la espiralización de las variables nominales se ha reducido. La pérdida del vértigo de los acontecimientos no significa que la situación crítica haya sido resuelta, pero sí es el primer paso (fundamental) para encontrar una salida a la crisis y evaluar daños sobre el tejido productivo y social para aplicar medidas paliativas.
Si la estabilización cambiaria se sostiene, igualmente habrá que atravesar varios meses de deterioro de las variables reales y sociales. Es que la tensión entre la mejora de los desequilibrios gemelos (fiscal y externo) y el deterioro de la actividad y de la demanda interna será elevada. Por caso, si no bajan rápido las tasas de interés, si la cosecha agrícola no repunta o si la recesión se prolonga, los cuestionamientos al “tratamiento” propuesto por el FMI irán en ascenso, jaqueando la viabilidad socio-política del planteo económico. En un extremo, el deterioro del frente interno forzaría al Ejecutivo a flexibilizar el ajuste monetario y fiscal incumpliendo lo acordado con el Fondo; en el otro, se lograría atravesar durante el primer semestre de 2019 el duro desierto en materia real y social.
Si bien es posible que la actividad crezca en la segunda mitad del año que viene, para que ello suceda deberían disiparse dos grandes focos de inestabilidad cambiaria: el proceso electoral y las dudas de los inversores externos sobre el repago de la deuda en moneda extranjera a partir de 2020.
Asimismo, consolidar una mayor estabilidad cambiaria permitiría moderar significativamente la inflación tras los primeros meses de 2019 (período en el cual terminarían de acomodarse los precios relativos a los sucesivos saltos cambiarios producidos este año). La magnitud de la baja de la inflación dependerá de lo que suceda con el tipo de cambio y las paritarias. El gobierno puede acotar más rápidamente la suba de precios apelando al ancla cambiaria, pero se lograría a costa de mayor atraso. También puede aceptar una menor reducción de la inflación, si convalida mayores subas salariales para garantizar una recomposición del poder adquisitivo de los trabajadores.
En síntesis, el gobierno vuelve a apostar a una recuperación económica en el “segundo semestre” (ahora de 2019). Si bien es posible que la economía mejore en la previa electoral, existen demasiados riesgos latentes: hay que atravesar un largo desfiladero sin dar ningún paso en falso.
