No hay disenso en que la inflación -que hace más de quince años registra variaciones de dos dígitos en nuestro país- tiene un impacto directo en la vida de las personas, y que las distorsiones que genera complican el normal funcionamiento de la economía. Por este motivo, es un tema que no pierde vigencia en las agendas de los distintos gobiernos -más aún en años electorales-. En los últimos años se fueron implementando distintas políticas económicas con el objetivo de frenar la inflación.
Una de estas políticas fueron los distintos controles de precios, principalmente a bienes de primera necesidad y consumo masivo. El objetivo de frenar la inflación de este grupo de bienes radica en que afecta relativamente más a los que menos tienen (representan el 18% de la canasta del decil de menores ingresos en contraste con el 7% del más rico, según la Encuesta Nacional de Gastos en Hogares de INDEC).
El Índice de Precios de Consumo Masivo, que construimos en base a la información del IPC INDEC Nacional, está compuesto principalmente por productos empaquetados de alimentos y bebidas y excluye productos frescos -que tienen un gran componente estacional- como carnes, frutas y verduras. Estos bienes ponderan un 16% del total de la canasta que mide la inflación, por lo que su impacto en el IPC es no menor. Si bien dentro del Índice de Precios de Consumo Masivo se ubican los bienes de cuidado personal, excluyendo estos el índice ocupa la mayor parte del índice de alimentos y bebidas: del casi 27% que pesa este capítulo en el IPC general, 13,2% son productos de consumo masivo, 8,9% carnes y 4% frutas y verduras.
Estos últimos son menos susceptibles de verse impactados por acuerdos de precios. Aunque hubo intentos de mantenerlos dentro del esquema (como el programa Cortes Cuidados), su aplicación resulta compleja por el grado de atomización de los actores involucrados en la producción y comercialización, con precios fuertemente atravesados por factores estacionales. En consecuencia, la dinámica de los frescos es uno de los riesgos exógenos que pueden frustrar el objetivo de estos programas.
En este contexto, cabe preguntarse: ¿los acuerdos de precios actuales pueden ser más efectivos que los del pasado reciente? ¿efectivos para qué? ¿en qué se diferencian de los anteriores?
Análisis de los programas de los últimos años: Precios Cuidados y Precios Máximos
En los años recientes, los controles de precios tomaron distintas formas, estuvieron acompañados por diversas políticas económicas y buscaron cumplir diferentes objetivos, comenzando por la creación del programa de Precios Cuidados en 2014. Su primer objetivo fue marcar precios de referencia, mediante una canasta de bienes de primera y segunda necesidad con actualizaciones trimestrales de 200 (2014) a 500 (2015) productos.
Entre 2016-2019 la dinámica fue similar, aunque la canasta se redujo significativamente y prevalecieron segundas marcas. El objetivo no era que existieran productos líderes de referencia, sino que hubiera una canasta accesible para sectores de menores ingresos, con actualizaciones al mes o a los dos meses.
El cambio de gobierno a finales de 2019 implicó un nuevo viraje. Se buscó nuevamente establecer precios de referencia, por lo que se amplió la canasta de Precios Cuidados (a más de 600), añadiéndose nuevamente productos de primeras marcas.
Ante la irrupción de la pandemia y la necesidad de frenar la inflación ante un deterioro en los ingresos, el Gobierno lanzó el programa Precios Máximos, que abarcó una gran cantidad de bienes de consumo masivo -llegó a incluir 2.300 productos, en su mayor parte de primera línea-. La novedad respecto al resto de los controles es que fue un congelamiento que sólo contempló dos aumentos a lo largo de todo 2020, buscando no sólo ser una referencia, como los programas anteriores, sino también frenar la inflación (al menos en el corto plazo).
En este programa se observó un efecto favorable sobre la evolución de los precios: mientras la inflación general acumuló 26% entre abril y diciembre de 2020, la de los bienes de consumo masivo fue de 16%, y mientras que los bienes de consumo masivo crecían en promedio al 1,7% mensual, el nivel general lo hacía al 2,6%. Más aún, tomando sólo los meses de pleno congelamiento (abril-junio), la inflación de este grupo era menor al 1%.
No obstante, en junio de 2021 se desarma Precios Máximos porque se revierte su impacto inicial: la inflación de consumo masivo acelera los meses previos porque los precios congelados comienzan a actualizarse tras meses sin moverse y presionan al nivel general. Mientras que de abril a diciembre de 2020 los bienes de consumo masivo explicaban en promedio el 11% de la variación del nivel general, entre marzo y mayo 2021 representaban el 17%. El desarme vino acompañado de una nueva canasta básica de Precios Cuidados con apenas 70 productos, con sus precios congelados hasta diciembre de ese mismo año.
En un contexto electoral con aceleración de la inflación, en octubre de 2021 se anuncia un nuevo congelamiento que sólo se mantiene hasta diciembre, cuando es reemplazado por un nuevo programa de Precios Cuidados que luego permanecería hasta 2022.
Este congelamiento tuvo efectos positivos sólo en el muy corto plazo: en noviembre el IPC Consumo Masivo se desaceleró a 1,5% (promediaba 3,7% entre febrero y octubre), pero volvió acelerarse en diciembre a 2,9%, y, sumado a un shock en el precio de la carne (subió 9,1% dicho mes), el capítulo de alimentos y bebidas se ubicó por encima del nivel general por primera vez en cinco meses.
En enero de 2022 el Gobierno lanzó un nuevo programa de Precios Cuidados que incluía una canasta de 1.321 productos (hasta julio, desde ahí en adelante 949 productos), casi el triple del plan previo implementado de octubre de 2021, aunque con un potencial menor impacto, ya que no incluía el congelamiento del anterior programa. Se extendió hasta el 11 de noviembre del mismo año, donde fue reemplazado por el actual Precios Justos. El efecto fue nulo: el índice de consumo masivo pasó de promediar 5,7% los primeros cinco meses del período a 6,8% los segundos, y tuvo una incidencia de alrededor de 17% para ambos períodos. Si bien el programa era más grande en magnitud, no tuvo efecto dado que la actualización de los precios era mensual, y no se trató de un congelamiento como el anterior.
De lo expresado en los párrafos anteriores se desprende que los acuerdos de precios han tenido rendimientos marginales decrecientes: mientras más acuerdos se fueron acumulando, más poder de anclaje perdieron, en un contexto donde la confianza en la conducción de la economía juega un rol determinante a la hora de apaciguar las expectativas y garantizar un mayor grado de acatamiento.
Actualidad: Precios Justos en conjunto a nuevos acuerdos sectoriales
En cinco meses como ministro, Massa cerró cerca de diez acuerdos de precios a nivel sectorial, algunos de los cuales incluyen congelamientos. La nave insignia es Precios Justos, que entró en vigor el 11 de noviembre de 2022 y fija los precios de alrededor de 1.800 productos de primera necesidad por 120 días, mediante acuerdos con empresas productoras y comercializadoras. La novedad es que, además, aplica un tope de aumentos de 4% para el resto de los artículos de consumo masivo que se venden en grandes cadenas de supermercados por parte de las empresas que firman el acuerdo.
En el marco del mismo programa, también se acordó con petroleras una suba en los combustibles de hasta el 4% mensual en diciembre, enero, febrero y marzo; y con las principales cámaras del sector farmacéutico un sendero de precios desde diciembre hasta el 31 de marzo de 2023 para los medicamentos, donde sólo podrán aumentar 3,8% mensual[1].
El capítulo de Prendas de vestir y calzado fue el que más creció en 2022 (+120,6% i.a). En este marco, se firmaron tres acuerdos de precios con el sector: con la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), con empresas de telas e hilados y con marcas de zapatillas, que incluyeron desde congelamientos o reducciones de precios hasta compromisos para mantener por algunos meses determinados porcentajes de remarcación.
¿Viene siendo efectivo el programa Precios Justos?
Los dos meses en los que estuvo vigente el programa de Precios Justos, el IPC Consumo masivo desaceleró (pasó de promediar 6,5% en septiembre-octubre a 5,4% en noviembre y diciembre). No obstante, la inflación del IPC Consumo Masivo fue mayor a la del Nivel General y, mientras que en los primeros diez meses del 2022 los precios de consumo masivo explicaban en promedio el 16% de la inflación general, en este período este grupo de bienes explicó 17,8% de la variación del nivel general en promedio.
En este marco, el programa no tuvo un papel fundamental en la desaceleración del índice general en noviembre ni en la desaceleración del índice de alimentos y bebidas en ambos períodos como sí lo tuvo la menor dinámica en los precios de la carne (mientras que en 2021 explicó en promedio cerca del 12% del aumento en el nivel general, en noviembre y diciembre explicó, en promedio, 3,8%) y particularmente en noviembre la caída en los precios de la verdura (tuvieron un retroceso de 3,2% luego de un octubre creciendo 10,7%), que no correspondieron al congelamiento, sino más bien a factores estacionales.
Entonces, ¿hay diferencias entre los nuevos acuerdos y las ediciones pasadas? Con la experiencia reciente, vimos que los programas de controles de precios pueden ser útiles a la hora de otorgar a los consumidores una canasta más económica de bienes de primera necesidad, pero utilizarlos en forma aislada para frenar la inflación puede resultar más controversial. En este sentido, aunque estos programas tuvieran algún impacto sobre los bienes de consumo masivo, -en particular en el muy corto plazo, como fue el caso de Precios Máximos gracias a la magnitud del programa-, traen riesgos de corto-mediano plazo, ya que cuando se levanta el congelamiento los precios se actualizan intentando recomponer el terreno perdido y terminan por acelerar nuevamente la inflación.
Sin embargo, si bien al igual que los anteriores buscan moderar las expectativas inflacionarias, en esta edición los acuerdos se ven acompañados por la implementación de una política económica de sesgo contractivo: se está ajustando el gasto en términos reales, subieron con fuerza las tasas de interés y se busca restringir la asistencia monetaria directa del BCRA, en conjunto a la intención de acordar paritarias con una pauta más acotada para este año (60% anual) y moderar el crawling peg sin incurrir en un mayor atraso cambiario. Además, ya no se trata de un sólo acuerdo de precios limitado a un canal, sino de una decena y con múltiples sectores.
Entonces el objetivo del programa actual necesariamente tiene que ser otro:
- Al igual que en los programas anteriores, Precios Justos busca moderar las subas de precios en una canasta principalmente orientada a los deciles de menores ingresos, a quienes relativamente les impacta más la inflación de los productos de consumo masivo. De todos modos, al ser un programa con vigencia y control en supermercados y grandes comercios, puede tener un impacto menor al esperado, teniendo en cuenta que los deciles más bajos consumen en mayor medida en los tradicionales comercios de cercanía.
- El resto de los acuerdos, con precios creciendo al 4%, dejan en claro que se busca que la inercia se modere a un rango similar a ese guarismo, teniendo en cuenta la dificultad de bajarlo mucho más que eso en el corto plazo sin un robusto plan de estabilización.
Conclusión
Los programas de controles de precios resultan insuficientes para utilizarse de manera aislada como herramienta desinflacionaria: en los pocos casos en los que existió un efecto positivo, terminó por volverse en contra al poco tiempo de finalizado el congelamiento.
Sin embargo, pueden ser un instrumento que complemente en su etapa inicial a un plan integral y consistente para al menos, y en el muy corto plazo, alcanzar el objetivo de moderar la elevada inercia inflacionaria, calmar expectativas y contribuir a reducir la suba de precios un escalón más, pero comprendiendo su rol y sus limitaciones.
Ahora bien, en la medida en que no se instrumente un programa creíble, sostenible y con consenso en la política, donde las políticas fiscales (reducción del déficit mediante), monetarias (tasas de interés reales positivas, menor asistencia monetaria del BCRA) y cambiarias sean el eje central para combatir la inflación y coordinar expectativas a la baja, los controles de precios no constituirán una alternativa sostenible.
[1] Se prevé una cláusula gatillo por la cual, en caso de que la inflación supere el 5%, al mes siguiente las empresas podrán aplicar un aumento hasta un punto por debajo de la medición del INDEC.
