Hace más de una década que la inflación volvió a configurarse como uno de los principales problemas de la economía argentina. En este lapso, mostró una tendencia al alza que la llevó a ser, hoy en día, una de las principales preocupaciones de la sociedad y el Gobierno.
Habiendo transcurrido tres cuartas partes del año, podemos afirmar que la inflación volvería a acelerarse en 2021. De este modo se ubicaría apenas por debajo del 50% anual, a pesar de la pauta oficial de 29% estipulada hace 12 meses. Así, volvería a niveles cercanos a los de 2019 (54% anual), que marcó un máximo en 3 décadas. Peor aún, luego de mostrar cinco meses a la baja, la inflación volvió a trepar en septiembre y, de acuerdo con nuestros relevamientos, no revertiría su comportamiento en octubre, desdibujando la incipiente desaceleración.
Considerando la importancia de esta variable en las decisiones económicas y su impacto sobre la economía real, corresponde analizar el pasado reciente para responder cómo llegamos a alcanzar estas cifras, pero también para pensar qué podemos esperar para el futuro próximo. Además, el anuncio reciente de un nuevo programa de control de precios revive la inquietud de cuál será su efecto sobre la inflación general. Veamos.
De la calma al retorno de las presiones; y al modo electoral de los precios
Con la irrupción de la pandemia vimos un atípico proceso de desaceleración de la inflación. Debido a la caída abrupta de la demanda e incluso el cierre completo de algunos sectores (lo que hace que sus precios no varíen), las subas mensuales perforaron el 2% en la etapa de cuarentena más estricta. Esta evolución se dio en un contexto extraordinario, con bajas presiones salariales (postergación de paritarias) y una elevada demanda de dinero (frente a la incertidumbre, creció la mantención de liquidez por motivos precautorios). Adicionalmente, los controles aplicados sobre los bienes de consumo masivo -como el programa de Precios Máximos- y la suspensión de aumentos de tarifas colaboraron a la ralentización de los precios.
Sin embargo, la calma fue transitoria y con la vuelta a la normalidad las presiones inflacionarias reaparecieron. A medida que las actividades económicas reabrían, los salarios se recuperaban y la demanda retornaba a niveles previos, la elevada emisión monetaria le dio combustible a una nueva aceleración del proceso inflacionario, de la mano de un aumento de los dólares financieros. De esta manera, la inflación pasó de la zona del 2% entre abril y julio del 2020 a 3,6% en el último trimestre del año. Peor aún, en el inicio del 2021 la inflación siguió acelerándose, alcanzando un 4,1% promedio en el primer trimestre del año (con un pico en marzo, donde llegó a trepar 4,8%).
Así, la creciente inflación hacía cada vez más difícil a la meta propuesta en el Presupuesto (+29%). En respuesta a eso, el Gobierno -previendo que una disminución del ritmo de aumentos lo favorecería en los comicios- abandonó el crawling peg, aumentando la cotización del dólar oficial muy por debajo del resto de los precios. A la vez, postergó la suba de tarifas de servicios públicos y redujo los aumentos de precios regulados. Por último, disminuyó el ritmo de emisión monetaria y reforzó los controles para contener los tipos de cambio financieros.
Sin embargo, esta receta aplicada en otros años electorales surtió esta vez un efecto menor: la inercia alimentada por la emisión de dinero en 2020, con una elevada brecha cambiaria y mucho terreno por recuperar por parte de los trabajadores y empresarios de rubros golpeados por la cuarentena, junto con la expectativa de correcciones pendientes a fin de año, dificultaron el descenso de la inflación. Adicionalmente, el programa de Precios Máximos, implementado para contener los aumentos al comienzo de la pandemia, se había extendido demasiado: la suba de estos productos quedó 15 p.p. por debajo de la inflación general en 2020. Por este motivo, el desarme del programa (finalizado en junio) aceleró los precios de este grupo de productos, que pasó de mostrar una inflación menor a 1% en los meses de pleno congelamiento a promediar incrementos de casi 4% entre abril y septiembre de este año. Estos bienes tienen un peso relativamente importante sobre la canasta general (casi un quinto del índice) y contribuyeron a una desaceleración más lenta de lo esperado.
Con todo, la suba de precios bajó de un máximo de 4,8% en marzo a 2,5% en agosto, pero al costo de disminuir un 10% la competitividad externa y licuar 7% el precio relativo de los servicios públicos. Aun a pesar de ello, la “tregua” inflacionaria fue breve y en septiembre (+3,5%) y octubre (proyectamos en torno al 3%) se habría visto interrumpida.
Frente a la necesidad de tomar medidas, el Gobierno volvió a recurrir a una receta conocida: anunció esta semana un nuevo control de precios a bienes de primera necesidad. Este programa lanzado por la Secretaría de Comercio congelaría más de 1200 productos de las principales empresas de consumo masivo por 90 días. Dada su magnitud, se asemeja al programa de Precios Máximos. Este tipo de políticas puede contener transitoriamente la inflación de un grupo de bienes en el corto plazo, pero pierde efectividad a medida que pasan los meses. La suba de costos de las empresas productoras, que no pueden trasladar al consumidor, tarde o temprano deriva en desabastecimiento, estrategias de evasión del programa (como cambios en el packaging, presentación o gramaje de los productos) o, directamente, incumplimientos. Así, sin un acompañamiento del resto de la política económica (que permita apuntalar la estabilidad transitoria y su potencial efecto sobre las expectativas con una corrección de desequilibrios de fondo) el único efecto de dichas políticas termina siendo el de postergar subas inevitables. Para peor, los precios de muchos de estos productos ya se encontraban atrasados por el espacio cedido en el congelamiento previo, por lo que la efectividad del programa podría verse comprometida por este factor adicional.
Según nuestras estimaciones, si el programa es efectivo, la suba de precios de consumo masivo sería alrededor de 35% en 2021, ubicándose muy por debajo de nuestra proyección de inflación general para el año (que estará cerca del 50%). De esta manera, el atraso acumulado desde marzo de 2020, como consecuencia del programa de Precios Máximos y de este nuevo congelamiento, rondaría casi 40 p.p. en el cierre del 2021. Esta cifra surge de comparar a la inflación de los productos de consumo masivo acumulada entre el inicio de Precios Máximos y el cierre del 2021 (rondaría el 50%) con la inflación general, que para el mismo periodo sería de alrededor de 89%.
Un piso alto para 2022
En el proyecto de Presupuesto nacional para 2022, el Gobierno postuló que espera una inflación de 33% para el año entrante. Un aumento de precios de dicha magnitud requeriría que el esquema cambiario no se modifique y el dólar siga corriendo por debajo del IPC. Sin embargo, si tenemos en cuenta que el año que viene se normalizaría el flujo de turismo internacional y los precios de los commodities que exportamos tienen riesgos a la baja, es probable que no se pueda mantener el actual ritmo de apreciación mensual. Adicionalmente, aunque no hace explícito el sendero de subas, el mismo proyecto postula una recuperación del valor real de las tarifas, para que el usuario pague un monto mayor del costo del servicio. Como la experiencia reciente indica, esto también genera aumentos de segunda ronda, incrementando la inflación general.
Para cumplir la meta presupuestada, la inflación mensual del 2022 debería ubicarse, en promedio, por debajo de la cifra más baja de este año (+2,5%). Si consideramos que a lo largo del año habrá subas de servicios públicos y que el tipo de cambio no operará como ancla como este año, además del salto que implicaría la finalización del acuerdo de precios de consumo masivo en enero, estas proyecciones tienen serios riesgos de no poder cumplirse. Al mismo tiempo, la reapertura de paritarias y la aceleración de la emisión monetaria en la segunda mitad del 2021 también contribuirían a dificultar la meta. Por último, la inflación internacional se encuentra al alza (en Brasil ya superó el 10%, mientras que en Estados Unidos y Europa se ubica en valores inferiores, pero máximos en una década), un factor que tampoco ayuda a la contención de los precios domésticos.
En definitiva, la tendencia actual no luce optimista. Aunque los controles anunciados pueden tener efectos positivos en el corto plazo, del mismo modo que los congelamientos de tarifas o tipo de cambio, conllevan en sí mismos la garantía de una suba posterior. Si esa suba efectivamente ocurriera en 2022, las pautas del Presupuesto podrían quedar nuevamente subestimadas.
