El pasado 7 de junio el Gobierno entregó el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas (RRCC) al Parlamento que, de ser aprobado, regirá el año próximo, último de la actual administración.
La RRCC incorpora un incremento del gasto público que será financiado con la mayor recaudación asociada al crecimiento de la economía (estimado en 3,3%) y por las utilidades del Banco República (BROU).
De confirmarse estos pronósticos el déficit fiscal que alcanzó al 3,6% del Producto Bruto Interno (PBI) al cierre de 2017, no se incrementaría e incluso se reduciría al 2,5% del PBI
Sin embargo no compartimos la base de proyección optimista del Gobierno por varios motivos: 1) el PBI en 2019 crecería por debajo del 3% lo que reduciría la recaudación impositiva; 2) lejos de reducirse en los últimos años de gobierno el déficit se incrementa producto de la “inercia” presupuestal del sector público; 3) no fue contemplado por el Gobierno partidas extras para atender los desembolsos de la solución legislativa para los “cincuentones” – jubilaciones que deberá contemplar el Banco de Previsión Social (BPS) –
Es probable que el déficit fiscal se reduzca del actual 3,9% del PBI (según cifras a abril de 2018) pero se mantenga muy próximo a este.
La presentación de la RRCC también genera efectos en el ámbito político y social.
La bancada parlamentaria oficialista presenta discrepancias con algunos de los temas: i) si bien los mayores recursos presupuestales se dirigen a la educación, no se cumple con la promesa electoral de alcanzar el 6% del PBI; ii) se califica de insuficiente los asignado a vivienda y salud.
Los sindicatos de la educación y del sector público han manifestado que realizaran paros de actividad en rechazo al planteamiento del Gobierno, por lo que se pronostica un año de alta conflictividad.
Un aspecto que debe ser considerado al momento de la evaluación del resultado del sector público consolidado es el de las Empresas Públicas (EEPP) y su incidencia en la inflación.
El último registro inflacionario es de 7,2% interanual a abril de 2018, por encima de límite superior del rango meta del Banco Central (BCU) de 7%, por lo que de generarse economías en las empresas públicas – de electricidad, telefonía y producción de combustibles – podrían destinarse a reducir los precios al consumo, y no en contribuir a financiar el gasto del Estado.
Además, se debe atender la demanda de inversión para infraestructura que en su mayoría son atendidas por proyectos de Participación Pública Privada (PPP) que no representan erogaciones inmediatas para el Estado, pero que en el futuro representa resignación de ingresos.
Conclusión. La segunda mitad del año se presenta desafiante para el Gobierno en el ámbito, económico, político y social, producto de los acotados márgenes con que cuenta en cada uno de ellos.
