Bajo la firma de del presidente de la cámara baja Sergio Massa, el oficialismo presentó un proyecto en Diputados para elevar el piso de impuesto a las ganancias. Luego de la suba del mínimo no imponible en enero, el gravamen alcanza hoy a los trabajadores solteros que perciben un ingreso de $74.810 y a los casados que perciban salarios iguales o superiores a $98.963. De esta manera, más de de 2.300.000 personas están actualmente alcanzadas por el impuesto. Esto representa al 25,6% de los trabajadores registrados, ya sean públicos o privados.
El proyecto busca modificar el “Mínimo no Imponible” para reducir la cantidad de empleados y jubilados que se ven alcanzados por el gravamen. Con la modificación del mínimo no imponible comenzarían a pagar el gravamen aquellos que tienen un ingreso de al menos $150.000, o quienes perciben jubilaciones superiores a ocho haberes mínimos garantizados. De esta manera, solo el 10% de los trabajadores registrados debería pagar el impuesto a las ganancias.
¿Cómo quedaría cada situación en caso de que la iniciativa se aprobase?
Para los trabajadores en relación de dependencia se establece un nuevo “piso” a partir del cual se pagará el impuesto. La ganancia neta sujeta a la imposición será nula para aquellos cuya remuneración mensual (sin considerar el SAC) no supere la suma de $150.000. Este “piso” será actualizado anualmente con el mismo coeficiente que actualmente se encuentra vigente para las deducciones. Para quienes su remuneración mensual liquidada supere la suma anteriormente mencionada, pero no exceda los $173.000, se faculta al Poder Ejecutivo a incrementar la deducción especial prevista.
Para los jubilados, la deducción específica se eleva al equivalente a 8 veces la suma de los haberes mínimos garantizados, lo cual implica que deberán empezar a pagarlo si perciben $ 152.000 mensuales aproximadamente.
El resto de los trabajadores y jubilados que superen los “pisos” indicados mantendrán el beneficio ya previsto en la ley referido al incremento automático para sus deducciones (superior al 35% para el 2021).
A pesar de que el costo fiscal se encuentra estimado en aproximadamente $42.000 millones, el proyecto recibió el apoyo de diferentes bloques opositores, lo cual implica que su aprobación se encuentra virtualmente garantizada. Se preveé que pueda estar aprobado antes del inicio de las Sesiones ordinarias el 1 de marzo.
