En septiembre, la valoración de desempeño del gobierno anota su cuarto mes consecutivo de deterioro. La valoración positiva cae algo más de 1 p.p. y la negativa sube algo más de 1 p.p. Como lo venimos advirtiendo en panoramas anteriores, este proceso de deterioro se inicia en mayo, y desde allí venimos viendo un proceso lento pero continuo de deterioro de la composición de imagen del desempeño del gobierno. La otra particularidad de este proceso de deterioro es que los valores de Muy Bueno han caído desde 32,8% en mayo a 23,4% en septiembre, marcando una pérdida de calidad en la valoración.
En la perspectiva histórica, la valoración positiva del Gobierno se ubica unas décimas del nivel que observábamos en septiembre de 2016 durante el mandato de Mauricio Macri, y se ubica unos 4 puntos por encima del nivel observado en septiembre 2020 durante el mandato de Alberto Fernández.
Siguen siendo niveles de apoyo considerables, pero lo preocupante para el gobierno es la tendencia declinante que debería ser revertida por una recuperación económica que parece demorarse más de lo previsto o de lo deseado por el oficialismo, luego del proceso de recesión atravesado durante el primer semestre.
La condición de minoría de Javier Milei en el Congreso es tal, que no solo podía ocasionarle dificultades para poder avanzar en la sanción de leyes deseadas, sino también provocarle dificultades para evitar leyes no deseadas. Parte de esto último no se observó en la escena durante los primeros 6 meses, debido a la natural buena predisposición que toda oposición muestra con un oficialismo al inicio de todo ciclo, pero con el paso del tiempo podía sobrevenir. Para lograr leyes deseadas se necesitan reunir la mitad más uno de los votos (o estar cerca de ella si no se requieren mayoría absoluta); para evitar leyes no deseadas se necesitan tener un tercio de los votos. Para lo primero, La Libertad Avanza está muy lejos. Pero para lo segundo también, y es allí donde los aliados pueden cumplir un rol fundamental para evitar que el Poder Ejecutivo sufra no solo derrotas legislativas, sino que quede neutralizada (mediante la insistencia legislativa) su herramienta de defensa frente a las leyes indeseadas (el veto).
Los riesgos de no tener siquiera una minoría para defenderse de la insistencia legislativa (cuando el Congreso se impone al veto presidencial con la mayoría de los 2/3 de las dos cámaras), estuvieron expuestos ante la sanción de la Ley de Movilidad Jubilatoria, una ley no deseada por el Ejecutivo por el impacto fiscal de la misma. La Ley había sido sancionada por 2/3 de los presentes en las dos cámaras y podía repetirse la misma escena para insistir con su sanción, pero el oficialismo logró negociar apoyos para reunir la minoría bloqueadora de la insistencia.
En el bloqueo a la insistencia, sobresale el PRO, que ya había votado en contra de la ley en la discusión original, y que esta vez aportó 34 votos en contra de la insistencia. Pero el oficialismo logró otros apoyos que fueron clave para bloquear la insistencia: 5 radicales de los cuales 4 habían votado a favor de la ley en junio, 3 diputados tucumanos de Jaldo que originalmente se habían ausentado, 2 sanjuaninos que responden el Gobernador Orrego del bloque Producción y Trabajo y que en junio se habían abstenido, al igual que la tucumana Omodeo (CREO).
La cuestión de fondo es que esta situación (la debilidad del ejecutivo para evitar leyes indeseadas) no es coyuntural sino estructural y obedece a su condición de hiperminoría, lo que obliga al oficialismo a buscar alianzas defensivas para protegerse de insistencias legislativas. El PRO aparece como aliado principal, pero con ello no alcanza.
Las tensiones entre los sectores dialoguistas y los combativos dentro de la CGT se agudizaron en el marco del diálogo que algunos están llevando adelante con los funcionarios de la Secretaría de Trabajo para afinar los detalles de la reglamentación del capítulo de reformas laborales que fueron aprobados en la Ley Bases. Mientras algunos intentan mitigar el impacto de esas reformas, otros manifiestan una actitud más combativa y llaman a definir un plan de lucha en contra del gobierno. Algo de eso se discutió en una reunión que mantuvieron dirigentes sindicales afines a Cristina Kirchner y la ex vicepresidenta el pasado 16 de agosto.
Pero en el medio está la discusión sobre los aspectos reglamentarios de la reforma laboral que el sector dialoguista está intentando aprovechar para morigerar el impacto de los cambios. Allí sobresalen 3 aspectos centrales para el sector sindical: 1) la forma en que se reglamente el Fondo de Cese Laboral, sobre todo el ámbito y alcance de aplicación, y la condición (que esté sujeta a un acuerdo plasmado en el Convenio Colectivo de Trabajo); 2) la forma en que se reglamente la figura de trabajadores con colaboradores, ya que es un mecanismo que consideran de precarización laboral; y 3) los detalles de la reglamentación de los cambios en términos de regulación de la acción gremial, en el capítulo que busca penalizar los bloqueos a las platas y establecimientos.
Por su parte, también las diferentes instancias de representación empresarial acercaron al Gobierno sus recomendaciones para la reglamentación de las reformas laborales. La reglamentación aún no fue oficializada, pero se está trabajando tratando de considerar todas las opiniones recibidas. Aquí los ejes de estas reformas.
En definitiva, la discusión sobre la reforma laboral vuelve a instalar las 2 posiciones que prevalecen en el sindicalismo cuando se suceden gobiernos no peronistas: 1) establecer canales de diálogo para promover decisiones que respondan a los intereses sindicales o para morigerar o atenuar las decisiones no deseadas, o 2) fijar postura de combate a la acción de un gobierno que señalan como contrario al interés de los trabajadores. Una vieja discusión que se repone nuevamente con el gobierno de Javier Milei y que se está viendo reflejada dentro de la CGT.
