En las últimas semanas el Perú ha sido testigo de una creciente confrontación y polarización en la política local; así como de acciones aparentemente dirigidas a provocar escándalo, con el probable propósito de crear confusión.
Como punto de partida hay que señalar que los acontecimientos que más sorprenden y llaman la atención tienen su origen en el enfrentamiento, que parece estar tomando fuerza, entre los que combaten la corrupción y los que se oponen a cualquier avance en su contra.
Hay que indicar, también, que la gran corrupción que corroe a las instituciones encargadas de administrar la justicia comenzó hace varias décadas, a mediados de los setenta, cuando empieza a florecer el narcotráfico. En este largo periodo, su penetración en la policía, la fiscalía, el Poder Judicial y la política, ha sido tan alta que, en algunas de estas instituciones, se alcanzó una masa crítica dominante. Como resultado, protegen ahora diversas formas de delito organizado y han avanzado en la construcción de redes internas, así como externas, conectadas con algunas fuerzas políticas. Esto determina que, en estos casos, las discusiones sobre nombres de las autoridades que encabezan estas instituciones carezcan de relevancia, ya que se necesita reorganizar o refundar los entes.
Esta percepción se refuerza si se tiene en cuenta que cuando se reveló la red de corrupción que existía en el Brasil, conocida como Lava Jato, no hubo en nuestro país ninguna investigación que vinculara a las filiales de las empresas brasileñas con casos de corrupción en el Perú. Solo luego de denuncias en Brasil y Estados Unidos, que descubrieron sobornos de la empresa Odebrecht a autoridades peruanas, que provocaron el escándalo periodístico, se iniciaron investigaciones y acuerdos de colaboración con testigos. Sin embargo, hasta ahora, la acción de la fiscalía y el Poder Judicial se ha centrado en el financiamiento de esta empresa a las campañas electorales de algunos partidos políticos en 2011, lo que ha levantado más escándalos que han servido como cortinas de humo para ocultar el poco avance que se registra en el delito mayor: los sobornos de Odebrecht y sus socios nacionales a autoridades públicas, a todo nivel, para obtener contratos públicos.
Los intentos por vincular al Presidente de la República, Martín Vizcarra, con presuntas acusaciones de corrupción, y el encarcelamiento de Keiko Fujimori y miembros de su partido (que a todas luces parece una expresión adicional del abuso del derecho) por el caso de los cócteles (medio para canalizar supuestos aportes de Odebrecht a su campaña electoral), parecen continuar con los mismos artificios de crear escándalo y distraer la atención de la población sobre temas de fondo.
Las grabaciones legales de conversaciones de autoridades del Poder Judicial en la región Callao, que ponen al descubierto la extensión de su corrupción, y su relación con personajes políticos, han producido el segundo gran escándalo que conmovió al país, que puede estar ocasionando un cambio en el balance de fuerzas, hasta ahora a favor de los corruptos. El que no hayamos tenido ningún jefe de estado, juez o policía con la credibilidad y voluntad para liderar la lucha contra la corrupción, es una muestra del grado de penetración que esta ha alcanzado en nuestras instituciones.
Ha tenido que surgir un personaje como el Presidente Vizcarra, que por tener una trayectoria política alejada de Lima (el centro de la política nacional), no está manchado por acusaciones de corrupción creíbles, por lo que, al identificar oportunamente el sentir de la población, ha podido ponerse al frente de la cruzada con el apoyo cada vez más amplio de los peruanos. Sin embargo, las virtudes que lo llevan a calificar para asumir este trascendente rol son a la vez fuente de su debilidad principal: el Presidente Vizcarra
carece de bancada congresal y de equipo de gobierno propios, que son relevantes si se tiene en cuenta que entre sus enemigos políticos están, no solo las fuerzas de la oposición sino, sobre todo, las instituciones del Estado y los personajes que temen ser puestos al descubierto.
El gran activo con el que cuenta el Presidente es el creciente respaldo popular que está recibiendo, lo cual no es poco, si se tiene en cuenta que el rechazo de la población se está poniendo de manifiesto de diversas formas. La principal, hasta ahora, es el castigo que ha recibido Fuerza Popular y su lideresa Keiko Fujimori. En las elecciones regionales y municipales, Fuerza Popular obtuvo un número menor de autoridades electas en relación con las que manejaba, y Keiko Fujimori ha experimentado una caída estrepitosa en las encuestas, que la afecta severamente como candidata de fuerza para 2021. En consecuencia, el Presidente Vizcarra tiene un camino cuesta arriba con el equilibrio de fuerzas tornándose en su favor. El reto será, por supuesto, la forma en la
que va a utilizar esa acumulación de fortalezas y un posible resultado plebiscitario a su favor el 9 de diciembre, para relanzar el crecimiento y un buen manejo económico que funcione en los próximos 30 meses que le quedan de gobierno.
