Como en todo comienzo de año en la Argentina durante los últimos tiempos, el desafío luce ser siempre el mismo: coordinar de la manera más saludable posible la puja entre los precios y los salarios, de modo que sean consistentes con los objetivos de política macroeconómica.
Suena sencillo a la hora de formularlo, sin embargo, siempre ha resultado complejo ejecutarlo en la práctica. El proceso aparenta ser aún más difícil de lo habitual habiendo tenido ya tres años consecutivos de caída del salario real. Dicha dificultad va in crescendo al considerarse que la dirigencia gremial tiene por objetivo recuperar todo (o al menos parte) de ese poder adquisitivo perdido.
El objetivo del Gobierno es el de utilizar el ya poco creíble parámetro de inflación contemplado en el Presupuesto 2021 (29% de aumento en el IPC) como una suerte de pauta oficial, para asegurar compromisos empresarios y sindicales de no desviarse demasiado de dicha referencia. Sin embargo, la falta de consistencia entre dicho pronóstico y aquellos del mercado (el último REM pronosticó una inflación para 2021 de 45%) le pone un gran interrogante al acuerdo, el cual se ve más como una formalidad que como una posibilidad real de coordinar con éxito los precios y los salarios.
Desde el sindicalismo ya se hizó la bandera de siempre frente a este tipo de propuestas de anclar expectativas de aumentos salariales: cualquier tipo de acuerdo que no le ponga un techo a las paritarias será viable. De hecho, al no estar interiorizados sobre la propuesta que deslizó la última reunión del Gabinete económico, desde la CGT ya se le pidió una reunión al Ministro de Trabajo Claudio Moroni para conocer los detalles de este plan y, eventualmente, poder discutir internamente los márgenes de apoyo que pueda tener desde el universo sindical.
A la falta de precisión sobre estos acuerdos se le suma la particularidad de que los mismos no serán canalizados por el Consejo Económico y Social, el cual fue lanzado de apuro a fines del año pasado bajo la conducción de Gustavo Béliz y que pareciera ser el ámbito más adecuado para lograr acuerdos de este tipo. En principio, desde el Ministerio de Economía se apuntó a “una metodología” que no se definirá en el marco del Consejo.
Las dudas y la desconfianza sobre lo que finalmente el Gobierno proponga como “metodología” también atraviesan al sector empresarial. Si los sindicatos plantean su reclamo de que no se le ponga techo a la paritaria, desde el sector empresario plantean la necesidad de que la base sobre la cual se parta para alinear precios y salarios incluya una recomposición de precios que estuvieron pisados durante el 2020.
Probablemente todos los sectores empresarios estén de acuerdo con la idea de alinear precios y salarios, siempre y cuando la base de la cual se parta sea razonable para ambas partes. El sector empresario sostiene que algunos sectores tuvieron paritarias que acompañaron la inflación, sin embargo, los precios (que definen los ingresos de las empresas) estuvieron pisados, motivo por el cual habría que alinearlos antes de iniciar con la “metodología”.
Lo cierto es que pareciera no haber todavía demasiada consistencia en la propuesta del Gobierno para contener la puja distributiva, la cual luce ser más bien una expresión de deseo de la conducción de la política económica. Ésta requerirá de una serie de acuerdos que no se ven fáciles de lograr dado el delicado contexto empresario y sindical, tanto por las pérdidas que ocasionó la pandemia como por las disputas que podrán surgir al interior de la CGT si las elecciones de las nuevas autoridades finalmente se llevan a cabo en el 2021.
