El actual escenario político no presenta dificultades en términos de gobernabilidad. El reciente empoderamiento al presidente y al ministro no se deben a un problema de gobernabilidad, sino a uno de centralidad en la toma de decisiones.
Aún dejando de lado los errores no forzados (errores en las decisiones), hay ciertos condicionantes del proceso de toma de decisiones que han provocado errores en las decisiones tomadas. Principalmente, los condicionantes son dos: sociales y políticos.
Los primeros son propios de la situación socioeconómica y de un gobierno que prometía el fin del ajuste y se chocó con la pandemia. Los segundos son internos y consecuencia de la heterogeneidad de la coalición. El formato de la coalición de Gobierno, el contexto social y un particular tipo de liderazgo político consensual que ejerce Alberto Fernández, están provocando que, además de los errores no forzados, se estén cometiendo errores forzados por la falta de centralidad en la toma de decisión que caracteriza al actual proceso político.
El éxito en política está directamente relacionado con la capacidad de administrar correctamente los condicionantes de la realidad. Para ello, es esencial contemplar no solo los beneficios de una decisión, sino también los costos. Cuando los últimos superan ampliamente a los primeros, sostener una decisión deja de ser viable.
Esto es precisamente lo que hizo la vicepresidenta en su carta del 26 de octubre. Los objetivos explícitos de su comunicación ya han sido extensamente analizados: diferenciarse del rumbo de Gobierno, reconocer la autoridad de Alberto Fernández al frente de la coalición y legitimar al presidente como interlocutor del FDT para dialogar (negociar) con todos los actores.
Ahora bien, hay un cuarto objetivo implícito en su carta que se relaciona con el análisis costo-beneficio previamente mencionado y con el cambio (o intención de cambio, al menos) de rumbo en la política económica que se ha visto en las últimas semanas. CFK reconoció implícitamente que los condicionantes de la realidad estaban transformando la relación costo-beneficio de una política económica laxa en lo fiscal.
Los beneficios de una expansión fiscal que buscó evitar una ruptura total de la demanda interna comenzaban a ser ampliamente superados por las tensiones cambiarias. Las presiones propias del “bimonetarismo” de nuestra sociedad, amplificadas por las políticas económicas del gobierno, empezaban a poner en jaque la competitividad política del FDT de cara a la elección de medio término.
Por este motivo, la carta buscó darle más capacidad de acción al presidente y a Guzmán para llevar a cabo una política de mayor responsabilidad fiscal (léase, ajuste). Y aquí es donde toma sentido la diferenciación inicial que hace la ex-presidenta: no gobierno yo y “hay funcionarios que no funcionan”.
En definitiva, no es la gobernabilidad sino la centralidad. Y a ello apuntó la carta y apuntan las medidas recientes.
