El escrutinio definitivo de las elecciones Primarias del 12 de septiembre le puso forma final a un resultado tremendamente adverso para el oficialismo. Sin contar los votos de partidos aliados como el Frente Renovador de Misiones (Oscar Ahuad) o Chubut Somos Todos (Mariano Arcioni), el Frente de Todos recogió menos de 1 de cada 3 votos afirmativos y apenas algo más del 20% de los votos de todos los empadronados. Una cosecha que, si la comparamos con los votos que convirtieron a Fernández en presidente en octubre del 2019, representa un 45% menos de los casi 13 millones de votos de la elección presidencial, o dicho nominalmente, unos 5.875.000 votos menos que los obtenidos dos años atrás. Por ello no hay que detenerse en los porcentajes (32,5% sobre afirmativos), porque la cantidad de gente que efectivamente votó fue menor.
El resultado electoral, de confirmarse en noviembre, afectará las condiciones de gobernabilidad de este ciclo, ya que el oficialismo perdería el quórum en el Senado y retrocedería algunas bancas en diputados, con lo que se vería obligado a negociar más apoyo opositor para sancionar leyes. Pero quizá no es tanto la Gobernabilidad externa (la capacidad de implementar decisiones la que preocupa de observar la dinámica, sino que lo que genera incertidumbre es ver descompuesto el proceso de toma de decisión interna de la coalición por pérdida de centralidad del presidente), sino la Gobernabilidad interna. El problema para esta coalición no ha sido ejecutar una decisión, sino que el problema ha sido tomar una decisión. Un problema que surge por la falta de centralidad del presidente en la conducción del proceso político, y que obedece a la naturaleza extraña de la coalición que tiene a un presidente sin votos, sin territorio y ahora sin popularidad.
Si repasamos lo que ha sucedido en el último año, el comienzo mostró a un presidente tomando decisiones costosas como la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria. Evidenciando que se tenía registro de la necesidad de corregir los desequilibrios macroeconómicos. Pero la pandemia puso al Gobierno a conducir la política económica con más criterio político que económico.
El susto del dólar informal a $200 de octubre hizo corregir el criterio que la coalición se había impuesto para definir la política económica durante la pandemia. Sin embargo, a fines del 2020, la vicepresidenta comenzó a intentar imponer una lógica más política en la política económica sugiriendo la necesidad de alinear precios, tarifas, salarios e inflación. Su visión crítica de la política económica austera del ministro Guzmán quedó explicitada en la carta del jueves 16 de septiembre, cuatro días después de la derrota electoral, y allí volvió a surgir la presión del sector más poderoso de la coalición gobernante en conducir la política económica, atendiendo las necesidades políticas (que son las necesidades sociales de la gente) más que las propias necesidades económicas (ordenamiento de las cuentas fiscales).
A lo largo de este periplo, hemos visto a un Gobierno ir zigzagueando de una política económica más racional a una más de sesgo populista. Pero lo que seguro ha sucedido es que se ha perdido centralidad en el proceso de toma de decisión y eso afecta peligrosamente la capacidad que la coalición tenga de tomar decisiones en un contexto económica delicado, que es justo cuando se requiere mayor centralidad en la conducción política de la gestión de crisis.
